CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO SOCIAL 4ª PARTE

POR OPEZ-MLN

El acuerdo del 14 de abril no se respeto. Los ganaderos acusaron al CEOIC de haber promovido más invasiones. En julio firmaron-esta vez de forma unilateral-un nuevo acuerdo con el gobierno del estado, el cual se comprometió a desalojar todos los predios invadidos si el CEOIC no aceptaba las ofertas de reubicación en otros terrenos. Pero el hecho de que el gobierno nada mas procediera a desalojar cuatro predios no solo se convirtió en una fuente de irritación para las asociaciones ganaderas, sino que (aún más importante) también era un indicio de la imposibilidad de reubicar por la fuerza a miles de familias campesinas en un contexto político que exigía una buena dosis de cautela. Al miso tiempo el CEOIC reclamo al gobierno y a los ganaderos el fracaso del acuerdo del 14 de abril, señalando el desalojo de varios predios en el municipio de Teopisca en el mes de mayo, la detención y encarcelamiento del dirigente local Enrique Pérez López, y la incapacidad de las autoridades para investigar y dar solución a las demandas presentadas desde el 1° de enero.

El gobierno respondió a la lucha por la tierra de dos maneras. Primero, implemento un programa para comprar a los propietarios privados predios en disputa y revendérselos a los solicitantes de tierra. El gobierno proporciono nuevos recursos a través de fideicomisos que los campesinos se comprometieron a liquidar con sus apoyos del PROCAMPO en un plazo de quince años. La segunda estrategia era menos institucional y consistía en desalojar las tierras invadidas con el apoyo de guardias blancas al servicio de los terratenientes. Como resultado de ello, los conflictos agrarios se han quedado sin solución debido a la corrupción en el caso de la primera estrategia y a la naturaleza obviamente de la segunda. Según datos tomados de fuentes oficiales en agosto de 1995, los campesinos chiapanecos seguían aguardando la distribución de un millón de hectáreas que ya tenían resolución presidencial desde antes de la reforma ejidal de 1992.

LA ARTICULACION DE LAS LUCHAS AGRARIAS E INDIGENAS

Para el CEOIC la identificación de los objetivos sectoriales y los objetivos políticos se volvió evidente en junio, después del fracaso de las pláticas con el gobierno del estado para resolver las disputas agrarias. En una reunión realizada en Ocosingo a principio de julio, los líderes de las organizaciones más independientes expresaron su frustración por el tiempo perdido en las negociaciones. Apoyaron el llamado del EZLN para formar un gobierno de transición y una asamblea constituyente para redactar una constitución. Aquellos líderes que adoptaron una línea más oficialista rechazaron esa posición, y el CEOIC se dividió en dos campos: el CEOIC-oficial y el CEOIC-independiente. A partir de ese momento, el CEOIC-independiente se volvió parte integral de la ASAMBLE ESTATAL DEMOCRATICA DEL PUEBLO CHIAPANECO (AEDPCH), y la mayoría de sus dirigentes apoyó la candidatura de Amado Avendaño en la contienda por la gubernatura en agosto de 1994.

Después de las elecciones de agosto el principal objetivo era impedir que el candidato priista a la gubernatura, Eduardo Robledo Rincón, tomara posesión. Ahora las invasiones de tierras respondían a una insurgencia cívica mas general, que incluía asimismo la ocupación de palacios municipales y la proclamación de gobiernos rebeldes en “regiones autónomas y plurietnicas” en diversas partes del estado. Ante la insistencia del gobierno federal de que Robledo tomase posesión, el CEOIC-independiente rehusó reconocer al gobierno del estado. En tal situación los canales para negociar las reclamaciones agrarias se vieron restringidos al gobierno federal, cuya ofensiva de febrero de 1995 coloco al CEOIC y a otros simpatizantes zapatistas en clara desventaja.

El periodo poselectoral se vio marcado por una creciente violencia en contra de las organizaciones campesinas asociadas con el CEOIC-independiente. En septiembre de 1994 un dirigente del PRD fue asesinado en Jaltenango la Paz. El mismo mes, agentes de Seguridad Publica desalojaron violentamente varios predios en Suchiate. Policías Judiciales impidieron una reunión de la OCEZ-CNPA en Chicomuselo. La insurgencia civil de la AEDPCH comenzó el 20 de noviembre con la ocupación de nueve presidencias municipales y el bloqueo de cinco carreteras. Una marcha realizada en Comitán fue reprimida por policías que abrieron fuego y lanzaron gases lacrimógenos. Cuatro personas quedaron gravemente heridas.

Una de las señales más preocupantes del agravamiento de los conflictos fue la presencia de guardias blancas en el desalojo de predios y palacios municipales. En mayo de 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió que se investigara el asesinato de seis campesinos, ocurrido el 10 de enero de 1995 en Chicomuselo, ese día, un grupo de campesinos que pertenecían a la AEDPCH ocupo pacíficamente la presidencia municipal. La policía los desalojos de manera violenta con el apoyo de guardias blancas y terratenientes locales. Aparte de los seis muertos, varias personas más fueron heridas, incluyendo un sacerdote y una monja a los que se les disparo en la iglesia. En abril y mayo de 1995 hubo más desalojos violentos y asesinatos en los municipios de Salto de Agua, Venustiano Carranza, Suchiate y Jaltenango. La expulsión de tres sacerdotes extranjeros de la diócesis de San Cristóbal a finales de Junio también obedeció a los infundados reclamos de los caciques locales en Sabanilla, Yajalon y Venustiano Carranza.

Fue en ese contexto que el CEOIC-independiente acepto negociar con Dante Delgado Rannauro, representante del gobierno federal para los programas de desarrollo social en Chiapas. Las negociaciones no produjeron resultados significativos y los líderes del CEOIC consideraron que Dante Delgado formaba parte del plan de contrainsurgencia del gobierno federal. Era evidente que el gobierno ponía condiciones políticas, forzando a las comunidades a ser leales a una u otra parte, para tener acceso a recursos y dar una solución a las disputas agrarias; para mayo de 1995 estas eran ya más de mil casos que representaban noventa mil hectáreas.

Las pláticas con Dante Delgado también crearon tensiones en la AEDPCH a propósito de si convenía aceptar negociaciones en un momento en que el EZLN estaba siendo atacado. Los zapatistas necesitaban presentar una posición muy fuerte en la negociación y temían que un acuerdo paralelo sobre algo tan fundamental como la reforma agraria en Chiapas podría debilitarlos. Algunos dirigentes del CEOIC y de la AEDPCH argumentaron que querían coordinar sus luchas con las del EZLN pero que no habían recibido respuesta a su solicitud para reunirse con los comandantes zapatistas. En todo caso, los campesinos que enfrentaban el desalojo de las tierras en disputa no podían esperar hasta que el gobierno y el EZLN firmaran un acuerdo de paz. El EZLN y el CEOIC obedecían a dinámicas diferentes y, dados los fallidos intentos de coordinar sus respectivas luchas, la AEDPCH siguió adelante y acordó reunirse con Dante Delgado.

CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO SOCIAL 3ª PARTE

POR OPZ-MLN

En 1989, el gobierno de Salinas de Gortari acelero esas tendencias con una serie de reformas institucionales, que también estuvieron relacionadas estrechamente con las directivas del Banco Mundial para la agricultura mexicana. Ese banco condiciono el desembolso de nuevos préstamos de ajuste estructural a una revisión radical del sector agrícola, con la recomendación de privatizar las empresas propiedad del estado y de eliminar gradualmente los apoyos a los precios y otros subsidios en los insumos.

El nuevo discurso sobre la construcción de consensos, o “concertación”, en principio fue bien visto por las organizaciones campesinas que llevan años quejándose de las demoras burocráticas y de la manipulación política. Sin embargo, las reformas no fueron acompañadas por el tipo de apoyo financiero ni de comercialización que se requería para reactivar la economía rural. En cambio, en la mayoría de los casos, tales reformas fueron simplemente medios para abandonar a su suerte a los productores en pequeño- eso sí, todo dentro de discurso de las responsabilidades y la concertación.

La transición al libre mercado en el México rural estuvo regida por decisiones macroeconómicas muy alejadas de la realidad de los campesinos. Hacia finales de 1989, era evidente que el futuro del sector agrícola estaría subordinado a los objetivos económicos del gobierno de Salinas: la reducción de la inflación a través del control de los precios y los salarios, la privatización de las empresas estatales y la liberalización del comercio.

Después de 1989 solo el maíz y el frijol continuaron gozando de un precio de garantía. En os casos de otros granos, como el sorgo, la soya, el arroz, el trigo y cártamo, se sustituyeron los precios de garantía por un nuevo esquema en el que los precios son fijados mediante negociaciones entre el gobierno, los productores y los compradores. Pero este nuevo esquema se implanto a ismo tiempo que dejaron de exigirse permisos de importación, lo cual tuvo efectos catastróficos para muchos ejidatarios. En 1990, por ejemplo, miles de productores de soya y sorgo en Sonora, Guanajuato y Tamaulipas se vieron imposibilitados de vender su cosecha debido a la repentina llegada de granos más baratos provenientes de Estados Unidos.

La relativa protección a la producción de maíz y frijol se subordino finalmente a los imperativos del libre mercado. A pesar de la oposición de todas las organizaciones campesinas nacionales, los dos cultivos se incluyeron en las negociaciones del TLC. Reconociendo que en la nueva área de libre comercio el maíz y el frijol son “cultivos sensibles”, el Tratado de Libre Comercio otorga quince años para eliminar por etapas los aranceles y las cuotas de importación. Los fundamentos del TLC parten de que cada país debería producir bienes y servicios en los cuales pueda tener ventajas comparativas. Ese argumento implica que más de dos millones de pequeños productores en México no podrán sobrevivir como productores de maíz. En México, los rendimientos promedio son de 1.7 toneladas por hectárea, en comparación de las 6.9 toneladas que se producen en Estados Unidos. Las disparidades en términos de desarrollo tecnológicos también sitian a los productores mexicanos en gran desventaja. Esos puntos no se les escaparon a los zapatistas, quienes sincronizaron su rebelión con la entrada en vigor del TLC, el 1° d enero de 1994.

Para determinar cuántos productores de maíz perderían a causa de TLC, el punto crucial seria la fijación de nuevos mecanismos de precios. Con el TLC, el gobierno mexicano decidió que los precios de garantía tendrían que eliminarse por etapas, permitiendo que el precio internacional se impusiera gradualmente. Después de varios meses de debate, Salinas anuncio en octubre de 1993 el Programa Nacional de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), descrito por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos como “un nuevo programa de apoyo para el sector campesino mexicano”. No de los rasgos característicos de PROCAMPO era que incluía a 2.2 millones de agricultores que producían únicamente para la subsistencia de sus familias y que habían carecido del apoyo oficial, en especial del crédito.

A primera vista parecía que los campesinos de Los Altos y de la Selva Lacandona esperaban ganar con PROCAMPO. Se trata de zonas deficitarias en maíz, y la baja de los precios de este grano teóricamente debía conducir a una reducción del hambre, especialmente en los Altos, donde los rendimientos pueden no pasar de 0.5 toneladas por hectáreas.

En cambio, los grupos afectados de manera más negativa parecían ser los ejidos pequeños y medianos en la Frailesca y en el Valle Grijalva, que dependen de la venta de maíz, pues esta es una parte importante de su ingreso.

Por su parte, el subsidio de PROCAMPO generalmente era visto como un paliativo. Los pagos simplemente eran utilizados para cubrir cualquiera de las varias necesidades urgentes – como mida, vestido o atención medica- en vez de brindar un estimulo a la producción. De esa manera el subsidio tendía a encontrar su camino de regreso a las manos de los comerciantes locales y de los intermediarios privados, que a su vez controlaban los precios y la comercialización de los productos básicos. En síntesis, sin cambios políticos, la nueva política de precios habría de beneficiar más a los comerciantes que a los productores o los consumidores rurales.

EL RESURGIMIENTO DE LA LUCHA POR LA TIERRA

La rebelión Zapatista tuvo efecto de reanimar los movimientos campesinos independientes en Chiapas. La formación, a finales de enero de 1994, del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) dio lugar a un periodo de movilización campesina que involucro a por lo menos ocho mil solicitantes de tierras de once organizaciones. Durante los primeros seis meses de 1994 fueron invadidos trescientos cuarenta predios privados que abarcan más de cincuenta mil hectáreas.

En algunos casos hubo confrontaciones violentas y en marzo fue asesinado un dirigente del CEOIC, Mariano López. La OCEZ-CNPA invadió más de cuatro mil hectáreas en los municipios de la Independencia y la Trinitaria. Recordaron a su fundador al nombrar los predios “Arturo Albores”, “Albores de Zapata” y “6 de Marzo”.

Debido a la gravedad de la crisis política que ya se vivía en Chiapas, el gobierno del estado llamo a los dirigentes del CEOIC y de las asociaciones ganaderas para negociar. El 14 de abril, el gobernador Javier López Moreno firmo un acuerdo con ambas partes en que prometía investigar caso por caso las demandas de cada grupo de solicitantes. Mientras tanto se suspendería los desalojos de aquellos predios invadidos antes del 14 de abril. Por su parte, El CEOIC acepto no promover más invasiones. El gobierno también ofreció una indemnización mensual de cuarenta y cinco nuevos pesos (en esa época el equivalente a unos trece dólares) por cada hectárea invadida. Evidentemente esa compensación favorecía a los grandes propietarios. Por ejemplo, las propiedades de trescientas hectáreas fueron indemnizadas con un pago equivalente a 3 900 dólares mensuales durante el tiempo en que se mantuvieron las invasiones.

CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO SOCIAL 2ª PARTE

POR OPEZ-MLN

En primer lugar, se temía que la venta de las parcelas ejidales pudiese conducir a la reconcentración de tierras. Aunque la nueva ley prohibía de manera expresa los latifundios, al mismo tiempo permitía potencialmente que compañías privadas de por lo menos veinticinco individuos poseyeran haciendas de hasta dos mil quinientas hectáreas de tierras irrigadas, cinco mil hectáreas en el caso de tierras de temporal, diez mil hectáreas de tierras para pastura o veinte mil hectáreas de tierra arbolada. Una compañía compuesta por veinticinco ganaderos podía poseer fácilmente un área equivalente a doce mil quinientas hectáreas.

No obstante, para que las tierras ejidales fueran accesibles para los propietarios privados, la asamblea de miembros del ejido debería aprobar la medida por una mayoría de dos tercios. El control y la manipulación de las asambleas, ya tradicionales, podía conducir a que se forzaran los votos a favor de la privatización. En Chiapas, la posibilidad de una nueva concentración de la tierra existe a causa de las asociaciones ganaderas políticas poderosos, que representan a más de doce mil ganaderos organizados en sesenta asociaciones locales. Los ganaderos aplaudieron las reformas al artículo 27, argumentando que la mayor seguridad en la tenencia de la tierra atraería a los inversionistas extranjeros que desearan crear plantas procesadoras de carne en la región. En ese contexto debe entenderse la competencia por la tierra con los campesinos indígenas.

En segundo lugar, el uso de la tierra como garantía o en asociaciones con inversionistas privados entrañaba el riesgo de que se llevara a juicios hipotecarios y a la perdida de los derechos sobre la tierra. La exclusión real de gran parte del sector social en lo que toca a las fuentes tradicionales de crédito podían influir en que los ejidatarios dieran sus tierras como garantía. Las mujeres se veían colocadas en una situación aun mas riesgosa, pues la cabeza masculina del hogar podía decidir unilateralmente como se disponía de lo que era patrimonio de la familia. El único derecho especial con que contaban las mujeres era el de tener la primera opción de compra de las tierras ejidales que su esposos decidieran vender. En Chiapas es posible que los ejidatarios más ricos puedan concentrar tierras dentro de las comunidades como resultado de los embargos hipotecarios.

En tercer lugar, se teme que la mayoría de las peticiones de tierra no resueltas (el llamado rezago agrario) simplemente sean rechazadas. Varias organizaciones sostienen que no es cierto que ya no haya más tierras que repartir como dice el gobierno. Algunas han demandado que se investigue las fincas privadas que supuestamente exceden los límites legales. Es significativo que esa demanda fuese adoptada por el movimiento campesino y reafirmada a la luz de la rebelión zapatista. De hecho, en vez de proceder a la inmediata expropiación y redistribución de las propiedades que rebasan esos límites, la nueva ley concedió a los propietarios un año para vender sus propiedades excedentes. El final de la reforma agraria en Chiapas y en otros estados ha cancelado también la esperanza de miles de campesinos de tener un pedazo de tierra. Al respecto, debemos distinguir entre los efectos directamente cuantificables en términos de adquisiciones de tierras, y aquellos que obran más bien al nivel de las esperanzas, los deseos y los temores. Parece evidente que al final de la reforma agrarias constituyo un rompimiento simbólico con el pasado, pero se trato de un rompimiento que no ofrecía garantías de un futuro mejor.

GRANOS BASICOS Y LIBERACION DEL MERCADO

Otra de las reformas institucionales tuvo que ver con la reestructuración de la intervención del estado en apoyo a la producción y comercialización de granos básicos. Como sucede con el café, Chiapas es el mayor productor de maíz de México. El proceso de reforma comenzó con la crisis de la deuda en 1982. Bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, los subsidios gubernamentales al sector agrícola disminuyeron un promedio de 13 por ciento por año, después de haber aumentado 12.5 por ciento por año durante los setenta. Los productores de maíz enfrentaron mayores costos en los insumos y un descenso del crédito. Para 1987 el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) proporciono crédito solo a 37 por ciento del área dedicada al cultivo de sorgo y 43 por ciento en el caso del frijol. En cambio, financio 52 por ciento del área cultivada de soya y 49 por ciento del cultivo de sorgo. La devaluación del peso hizo más costosos los insumos, pero los precios de garantía –que aumentaron más o menos de acuerdo con la inflación protegieron en parte a los productores entre 1983 y 1986-. Sin embargo, para poder pagar sus deudas, la mayoría de los pequeños productores tuvo que vender sus cultivos inmediatamente después de cosecharlos. Con una inflación de 100 por ciento y precios oficiales que solo se ajustaron dos veces en un año, en la práctica eso significaba que los productores se veían forzados a vender 20 o 30 por ciento por debajo del valor real. Fue esa situación la que llevo a os productores a protestar en varios estados entre 1984 y 1986, pero principalmente en Chihuahua, Nayarit y Chiapas.

Esta situación comenzó a deteriorarse con la firma del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE) en diciembre de 1987, diseñado primordialmente para controlar la inflación que alcanzo casi 200 por ciento en 1987. Las varias renovaciones del Pacto tenían por objeto controlar los salarios y los precios, así como limitar devaluaciones ulteriores del peso. Aunque la inflación se redujo a menos de 20 por ciento en 1991, el sector agrícola sufrió desproporcionadamente. El valor real de los precios de garantía del maíz tuvo un desfase con respecto a la tasa de incremento de los costos de los insumos. El resultado fue que la proporción de productores de maíz que operaba con perdidas aumentó de 43 por ciento en 1987 a 65 por ciento en 1988.

En Chiapas, el retiro del apoyo estatal tuvo un efecto negativo no solo en la producción y la productividad, sino en el ambiente. En la Selva Lacandona muchos campesinos, sin poder capitalizar su producción, continuaron talando tierras boscosas con propósitos de subsistencia. Los suelos tropicales son notoriamente impropios para la agricultura sustentable una vez que se ha destruido la biomasa. La tierra se conserva bien tres o cuatro cosechas antes de convertirse e pastizales, dando lugar al inicio de un nuevo ciclo de deforestación. Así, aunque el área dedicada al cultivo de maíz en Chiapas aumento en 20.6 por ciento entre 1982 y 1987 (de 600 374 a 795 053 hectáreas), el volumen de este cultivo en el mismo periodo cayó en 19.6 por ciento (de 1.5 millones a 1.25 millones de toneladas). La misma tendencia se observo con el frijol: el área dedicada a su cultivo aumento en 10 por ciento, pero el volumen de la producción cayó en 18 por ciento. El café presento un ligero aumento en el volumen de su producción, lo cual quizás pueda explicarse tomando en cuenta el desempeño de las grandes plantaciones.

CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO SOCIAL 1ª PARTE

por OPEZ-MLN

4. Gobierno de Juan Sabines Gutiérrez (1979-1982)

1979

El ejército impone toque de queda en Venustiano Carranza. Después de las veinte horas todo el que sale de su casa es detenido.

Comuneros de Venustiano Carrranza participaron en la fundación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en la comunidad de Milpa Alta, Distrito Federal.

1980

Masacre de indígenas tzeltales en la finca Wololchán, municipio de Sitalá. El primer enfrentamiento se dio entre indígenas de la oficialista Confederación Nacional Campesina (CNC) y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST); dos indígenas resultaron muertos. La segunda agresión fue el desalojo e incendio del poblado realizado por el ejército. Los soldados utilizaron ametralladoras, bombas lacrimógenas y lanzallamas: doce indígenas fueron asesinados e incinerados. Las operaciones estuvieron a cargo del entonces jefe de la XXXI Zona Militar, general Absalón Castellanos Domínguez.

Se funda la Coordinadora Provisional de Chiapas; aglutina a campesinos, indígenas y mestizos de varias regiones del estado.

1981 La policía judicial, apoyada por campesinos de la oficialista CNC, detienen en Venustiano Carranza al comunero Victórico Hernández Martínez y al arquitecto Arturo Albores Velasco.

Diecinueve presos políticos realizan una huelga de hambre en el penal de Cerro Hueco, los huelguistas fueron metidos en celdas de castigo. El ejército tiende un nuevo cerco en Venustiano Carranza y se liberan 40 órdenes de aprehensión en contra de igual número de comuneros.

1982

Primer Encuentro del Frente Nacional contra la Represión efectuado en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas.

La Coordinadora Provisional de Chiapas se transforma en Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

En Venustiano Carranza se realiza el V Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas Independientes, organizado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

En Venustiano Carranza se realiza el V Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas Independientes, organizado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Fraudes electorales y tomas de alcaldías en todo el estado, como resultado de las elecciones municipales realizadas en noviembre de este año.

Liberan a Arturo Albores Velasco. Mientras tanto los comuneros Victórico Hernández y Agustín de la Torre continúan purgando una pena de 12 años de cárcel.

5. Gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez (1982-1988)

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) realiza una movilización con el propósito de pedir la libertad de cinco presos políticos de origen campesino.

Un grupo de finqueros armados atacan a peones acasillados de la finca El Carmen Xhan, municipio de la Trinitaria. Asesinan a cinco y varios más resultaron heridos.

Huelga de hambre de la OCEZ en demanda de libertad de presos políticos campesinos y del profesor universitario Gustavo Zárate Vargas.

Manuel Vázquez Vázquez, comisariado de bienes comunales de Venustiano Carranza, fue detenido por policías judiciales y torturado en Tuxtla Gutiérrez. El secretario de gobierno, Javier Coello Trejo, conocido como el Fiscal de Hierro giró 150 órdenes de aprehensión contra comuneros de ese lugar.

Se funda en los altos el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH). Lo integran, en su mayoría, indígenas expulsados por caciques, con el argumento de que cambiaron de religión.

1985

Tres mil campesinos de la CIOAC fueron reprimidos en Tuxtla Gutiérrez, cuando realizaban un mitin. Quince personas resultaron heridas, entre ellas Fabrizio León Diez, fotógrafo del periódico La Jornada, tres diputados del Partido Acción Nacional (PAN), un alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y varios maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El licenciado Andulio Gálvez Velázquez, asesor jurídico de la CIOAC, fue asesinado en Comitán por pistoleros a sueldo. Dos de sus compañeros fueron detenidos y torturados por la policía para que se declararan responsables del crimen. La CIOAC señaló como responsable del asesinato a pistoleros del terrateniente Ernesto Castellanos Domínguez, hermano del gobernador del estado.

1987

Sesenta finqueros desalojaron, en el municipio de Comalapa, a 38 familias campesinas. Durante el desalojo asesinaron a tiros al representante del grupo. Los campesinos llevan veinte años demandando dotación de tierras.

Ocho campesinos de la OCEZ realizaron una huelga de hambre en la catedral de la ciudad de México, en demanda de libertad de presos políticos, presentación de desaparecidos, cese a la represión en el campo, suspensión de más de trescientas órdenes de aprehensión y solución a problemas agrarios.

Después de 17 días, la huelga se suspendió. Fue puesto en libertad Victórico Hernández Martínez, comunero de Venustiano Carranza.

El finquero Aniano Rodas Argueta asesinó a un campesino e hirió a dos más, en el poblado Unión Buena Vista, municipio de Chicomuselo.

Durante una manifestación pacífica, cinco campesinos fueron asesinados en la cabecera municipal de La Independencia, 16 más fueron detenidos y otros ocho resultaron heridos.

El Partido Socialista Unificado de México (PSUM) aseguró que entre 1974 y 1987, en once municipios del norte del estado, hubieron 27 desalojos, 19 intentos de desalojos, 47 campesinos asesinados, 160 heridos, 205 presos, 92 secuestrados y torturados, y 8 violaciones a mujeres.

Tres campesinos del ejido Unión Buenavista, municipio de Chicomuselo, fueron detenidos acusados de despojo de tierras y daño en propiedad ajena.1988

6. Gobierno del licenciado Patrocinio González Garrido (1988-1993)

1988

Sebastián Pérez Núñez diputado local del PMS y exdirigente de la CIOAC, fue asesinado el 28 de diciembre por el finquero Roberto Zenteno Rojas, quien se dio a la fuga.

Campesinos de la CIOAC realizaron una marcha en Bochil para demandar la detención de Roberto Zenteno Rojas, asesino de Sebastián Pérez Núñez y para exigir la libertad de 18 presos políticos. Asimismo, informó que de diciembre de 1982 a 1988 (sexenio de Absalón Castellanos) se registraron 153 asesinatos políticos, 327 desapariciones de campesinos, 692 detenciones, 503 secuestrados y torturados.

1989

Arturo Albores Velasco, fundador de la OCEZ, fue asesinado el día 6 de marzo cuando se encontraba en el interior de la papelería El Círculo, de su propiedad, en Tuxtla Gutiérrez. La OCEZ demandó castigo para los asesinos materiales e intelectuales del asesinato y responsabilizó al gobierno del estado y a los terratenientes.

Dos campesinos de la colonia Cerro Perote, municipio de Siltepec, militantes de la OCEZ, fueron asesinados por pistoleros desconocidos.

Tres mil campesinos de la OCEZ realizaron una marcha-mitin para recordar el 70 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata. Durante el mitin acusaron al gobierno de Patrocinio González Garrido de solapar la impunidad "claramente manifiesta en los asesinatos perpetrados por grupos caciquiles, guardias blancas y grupos de pistoleros". Igualmente campesinos de la OCEZ y CIOAC realizaron una marcha-mitin en Simojovel por el mismo motivo. Lo mismo ocurrió en el municipio de Bochil.

1990

La organización Solidaridad Campesino-Magisterial (Socama) denunció que en el poblado Juncaná, municipio de La Trinitaria, autoridades judiciales desalojaron a campesinos de trece hectáreas de tierras que les pertenecen.

Elementos del ejército mexicano destacamentados en Huixtla, desalojaron a campesinos que se habían posesionado del rancho El Cacao, municipio de Tuzantán. Durante la acción fueron asesinados dos campesinos.

1991

La OCEZ-CNPA denunció la detención del dirigente campesino Leandro García, quien fue recluído en el penal de Pichucalco, junto con otros tres campesinos. Fueron acusados de robo y homicidio.

El señor Julián Nazar Córdova, padre del líder estatal de Solidaridad Campesino-Magisterial, el profesor Jacobo Nazar, fue asesinado.

En Simojovel diez policías judiciales detuvieron al sacerdote Joel Padrón González y lo trasladaron al penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez. Fue acusado de incitación a la rebelión, robo, despojo, conspiración, portación ilegal de armas, asociación delictuosa, apología de delitos, amenazas, pandillerismo, etcétera.

Autoridades tradicionales y municipales de San Juan Chamula, detuvieron a treinta indígenas evangélicos de los parajes Chojtic y Los Pozos. Indígenas del CRIACH secuestraron a las autoridades municipales expulsadoras (caciques), los amarraron y raparon. Posteriormente indígenas dirigidos por los caciques agredieron a balazos, garrotazos y pedradas a los habitantes de La Hormiga y Getzemaní. El resultado fue de 53 heridos, secuestrados y desaparecidos. Domingo López Ángel, líder del CRIACH, fue detenido y trasladado a la cárcel de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, acusado de "privación ilegal" de la libertad.

En el marco de protesta por los 500 años del arribo de los españoles al continente, las organizaciones integrantes del Frente de Organizaciones Sociales por los 500 Años de Lucha y Resistencia del Pueblo Chiapaneco (FOSCH 500 Años), realizaron marchas regionales en Bochil, Motozintla y Comitán. También realizó un Encuentro Indígena Estatal en la comunidad de San Felipe Ecatepec, municipio de San Cristóbal. El día 12, hubieron movilizaciones en diferentes partes del estado: Motozintla, Venustiano Carranza, Salto de Agua, Simojovel, Tila, Sabanilla, Palenque, Oxchuc, Ocosingo. La más numerosa fue la de San Cristóbal de Las Casas, en donde participaron más de 10 mil indígenas. Los integrantes del FOSCH 500 Años fueron: el Frente Unificado Campesino de Simojovel; Organización Campesina Emiliano Zapata; Coordinadora de Lucha de los Pueblos Mayas para su Liberación; la CNPI; CRIACH; Centro de Derechos Humanos de la Sierra Madre del Sur; Chiltak A.C.; Maderas del Pueblo; Consejo Mexicano de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular; CIOAC; Lucha Campesina Independiente de Tenejapa; Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata; Chultotic; Organización Campesina Regional de Ocosingo; Cultura Solidaridad Magisterial A.C., Produssep; ARIC-Unión de Uniones. Participaron también estudiantes de Ciencias Sociales de la UNACH, Solidaridad Campesino Magisterial, maestros de la Sección VII del SNTE, La organización católica Pueblo Creyente, Comunidades Eclesiales de Base, mujeres artesanas, de cooperativas, entre otros. Los participantes llevaban pancartas con leyendas: "Basta de 500 años de represión", "No al TLC", "Exigimos respeto para los indígenas", "No a las reformas del artículo 27", "San Cristóbal es el centro de explotación y humillación de los indígenas", etcétera. Los manifestantes derribaron la estatua del conquistador y fundador de San Cristóbal de Las Casas, Diego de Mazariegos. En apoyo a las movilizaciones realizadas por el FOSCH 500 Años, dos dirigentes estatales del PRD, realizaron un ayuno por 24 horas frente a la catedral de San Cristóbal.

7. Gobierno de Elmar Setzer Marseille (1993-1994)

La OCEZ-CNPA bloqueó por seis horas la carretera de Comalapa y realizó una marcha en Tuxtla Gutiérrez para exigir el esclarecimiento y castigo para los asesinos de Arturo Albores.

Normalistas toman cuatro radiodifusoras; exigen informe sobre policías arraigados

El secretario de Gobernación y el mandatario guerrerense evalúan situación en Ayotzinapa

Sergio Ocampo, Fabiola Martínez y Alfredo Méndez
Corresponsal y reporteros
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de enero de 2012, p. 8

Decenas de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos tomaron al mediodía de ayer, por una hora, al menos cuatro radiodifusoras en Chilpancingo, Guerrero.

Exigieron al gobierno federal que informe si los policías que participaron en el desalojo del pasado 12 de diciembre se encuentran arraigados, pues "tenemos conocimiento de que ya los sacaron de Guerrero", expresó un estudiante.

Los alumnos señalaron que se enteraron por los medios de comunicación de que en Chilpancingo están arraigados 12 policías estatales y ministeriales, "pero extrañamente el gobierno federal no ha dicho en qué lugar se encuentran los federales que participaron en el desalojo de nuestro movimiento", destacó otro normalista.

La toma de las emisoras fue coordinada por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Se desarrolló de manera simultánea en Radio y Televisión de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero y dos empresas privadas.

A la entrada del inmueble donde están las emisoras ABC-Radio y Radiorama varios estudiantes de Chihuahua, Oaxaca y Morelos, con el apoyo de otros normalistas, colocaron una manta con la leyenda "No puede existir paz si no hay justicia".

A pocos días de que se cumplan dos meses del desalojo violento de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes protestaban en la Autopista del Sol, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se reunió ayer con el mandatario de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para analizar la situación en el plantel y asuntos de seguridad en la entidad, donde está en marcha el esquema Guerrero Seguro.

En tanto, fuentes ministeriales revelaron que la Procuraduría General de la República (PGR) turnó a la fiscalía de asuntos especiales, dependiente de la Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales, la averiguación previa abierta para indagar la muerte de dos normalistas en diciembre pasado.

Las fuentes de la PGR añadieron que en días pasados la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) presentó una queja por considerar que la PGR no tenía fundamentos jurídicos para atraer las pesquisas de esos hechos que, según la procuraduría estatal, implicaron la comisión de delitos de fuero común.

La dependencia federal no sólo ratificó la atracción, sino turnó la averiguación previa al área de casos especiales de la PGR y el pasado 13 de diciembre, en medio de la pugna entre el gobierno de Guerrero y la Policía Federal (PF) por la muerte de dos normalistas, la PGR informó que había ejercido su facultad de atracción para investigar el caso.

Sobre las protestas de ayer, las fuentes de la procuraduría aseguraron que hasta el momento no se ha iniciado ninguna averiguación previa por probables delitos federales.

En dichas tomas los manifestantes implementaron una suerte de monólogo. "Es cierto que algunos sectores de la sociedad piden que cambiemos los métodos de lucha. Estamos de acuerdo, pero lo vamos a hacer cuando deje de haber corrupción en los partidos políticos, sea PRI, PAN o PRD", afirmó uno de los improvisados locutores.

En otro de sus mensajes los normalistas recordaron: "Antes de la represión del 12 de diciembre pedimos audiencia cinco ocasiones, y lo hicimos de manera pacífica, pero nunca nos atendieron".

Finalmente, los normalistas, quienes se cubrían el rostro con capuchas y playeras, ratificaron su exigencia de juicio político contra el gobernador guerrerense y castigo a los autores intelectuales y materiales de la muerte de sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.

Posteriormente se trasladaron en autobuses a las instalaciones de la normal, ubicada en las inmediaciones del municipio de Tixtla.

Predominan las coincidencias en condenas al sistema en un seminario de reflexión

Universitarios, indígenas y ocupas comparten experiencias con voceros de la resistencia
Rechazo unánime de los participantes en San Cristóbal al capitalismo y la dominación

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de enero de 2012, p. 11

San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de enero. La presencia de movimientos antisistémicos y organizaciones muy involucradas en el actual proceso continental de resistencia, a lo largo de las sesiones del Seminario Internacional de Reflexión y Análisis celebrado aquí, permitió entender, como resumiera Víctor Hugo López, director del Frayba y moderador de una de las mesas, "que es sistémico el problema al que todos nos enfrentamos", y por ello todos los movimientos necesitan estar en contra de ese sistema.

Estudiantes universitarios de Chile y Cuba, líderes indígenas de Bolivia y Ecuador, representantes de Ocupa Wall Street, compartieron experiencias junto con voceros de la resistencia purépecha en Cherán y la defensa wirrárika del desierto de Wirikuta, en San Luis Potosí. La expresión cultural de zapotecos, mayas peninsulares, tzeltales y tzotziles, y el debate entre distintas corrientes del feminismo vinieron a encontrarse aquí, en un predominio de las coincidencias, la claridad de las demandas antistémicas y la condena a los partidos como monopolizadores de la política y las decisiones de gobierno.

"La lucha es de largo aliento", advirtió Daniela Carrasco, del colectivo Tendencia Estudiantil Revolucionaria de Chile, al relatar cómo el movimiento estudiantil de 2011 "desplazó a la derecha y a los partidos" en la representación estudiantil. "No somos un movimiento apolítico sino apartidista", pues "ya no creemos en los personalismos ni en los partidos; se habla por eso de una crisis de la democracia representativa chilena", sostuvo.

"Lo que no se avanzó en 20 años, se hizo en uno de lucha ferviente", celebró. También, la reivindicación de la lucha callejera, el apoyo de la población, la toma colectiva y horizontal de decisiones, la organización nacional mediante las nuevas tecnologías de comunicación, para rebasar al centralismo en un país de grandes distancias geográficas y mentales. Y aceptó como un pendiente la profundización de la unidad con los mapuche y rapa nui, los campesinos y los trabajadores de Chile. "La juventud no está dormida, está ahí, aprendiendo, y con todas las ganas de seguir luchando".

Esto, en un país tan desigual como lo es México, señaló Paulo Olivares, de la Universidad Central de Chile. "Lo nuestro no fue un movimiento espontáneo", añadió, sino cavado largamente por "el topo" de la acción popular.

En jornadas donde también participaron Luis Alberto Andrango, dirigente de la polémica Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) de Ecuador, y la dirigente indígena Julieta Paredes Carvajal, de Bolivia, confrontando las contradicciones de sus gobiernos considerados progresistas, pero aún anclados en prácticas de la vieja democracia partidaria funcionales con el sistema global de dominación, fue de particular interés la participación de los estudiantes cubanos, quienes, dijeron, "hemos heredado una revolución de 53 años y tenemos el reto de refundarla y rehacerla, sobre todo en estos tiempos", como expresó Danay Quintana, del Centro Martin Luther King, con base en Marianao, La Habana.

Según reconoció el universitario Boris Nerey, “la idea de ‘refundar’ el Estado en Cuba puede ser demasiada pretensión”, pero el socialismo "es una construcción permanente", y más aún, un verdadero "proceso civilizatorio". Reconociéndose en la tradición revolucionaria de la isla, Nerey señaló la existencia "de un proceso de reconstitución histórica de la resistencia cubana" contra el gran enemigo que no ha cesado sus agresiones. Y, citando a Fidel Castro, apuntó que el proceso revolucionario "ha producido dos fuerzas, una por la continuidad del sistema socialista", y corrientes a su interior que podrían hacerlo caer.

El rechazo frontal al sistema capitalista de dominación fue unánime en las participaciones de Marlina, del neoyorquino Ocuppy Wall Street; de Carlos Marentes, activista con los trabajadores agrícolas en Texas y Nuevo México, y miembro de Vía Campesina; de Santos de la Cruz Carrillo, representante wirrárika, quien reconoció que la resistencia indígena y no indígena ha impedido hasta que se inicie la explotación minera en el desierto, sagrado para su pueblo, de Wirikuta, en San Luis Potosí. O bien Salvador Campanur, de Cherán, donde un día la población decidió poner un ya basta a la destrucción criminal de sus bosques, así como al papel manipulador y de división de los partidos políticos en la meseta michoacana.

Por su parte, la boliviana Paredes describió la experiencia del feminismo comunitario en su país, sin negar la importancia que ha tenido para las mujeres bolivianas la lucha de las zapatistas, y denunció que la destrucción cultural y de la naturaleza "está construida también sobre la opresión de las mujeres".

caele al Foro San Roquer

Revela COCyP-Chiapas Carlos Enrique Bertoni Unda podría representar una auténtica candidatura de las izquierdas

VOZ EN TU PALABRA

Por Eleazar Domínguez Torres
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 03 de Enero de 2012.-Luego de conocer las afirmaciones del dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática; Luis Raquel Cal y Mayor Franco en el sentido de que quienes aspiran a la gubernatura del estado de Chiapas por los partidos que integran el DIA y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), todavía no son todos los que ya se conocen, el Coordinador Nacional de COCYP-Chiapas, Guillermo Hernández Pérez se pronunció a favor de que para tal efecto sea también considerado el conocido luchador social y ex diputado local por el PRD en la LX Legislatura, Carlos Enrique Bertoni Unda.
Pérez Hernández se dijo sorprendido de quienes bajo el garlito de “todas las izquierdas” se creen los redentores para contender por la gubernatura del estado de Chiapas, a lo que consideró que si bien es cierto es un legítimo derecho, tampoco se debe sorprender a la militancia asegurando que ya hay un precandidato en Chiapas de todas las izquierdas y que nada más habría que ver quienes se atribuyen para si dicha candidatura y si en efecto llevan la representación y el aval de la militancia de base.
“La COCyP –Chiapas, haciendo una valoración y los perfiles de quienes bajo el Partido de la Revolución Democrática aspiran a contender vía encuesta o por los mecanismos que se determinen ya sea internos o externos no deben cerrarse a unos cuantos y por ello consideramos que dicho proceso tiene que ser más democrático y en ese sentido nosotros le apostamos y avalamos a que nuestro compañero Carlos Enrique Bertoni Unda tenga también el mismo derecho a participar al igual que otros”, precisó Hernández Pérez.
Y para fortalecer su dicho explicó que para nadie es desconocido que en el caso del Partido del Trabajo, hay quienes impulsan la precandidatura del diputado petista Enoc Hernández Cruz, en tanto que por el PRD figuran varios nombres con una viabilidad de otorgar dicha candidatura a un externo, y que en ese sentido varias organizaciones sociales consensuan la posibilidad de emitir en los próximos días sendos pronunciamientos a favor de Bertoni Unda.
“Bertoni Unda es conocido en toda la geografía chiapaneca es fundador del PRD y en su trayectoria al lado de los que menos tienen es muy clara, nada se le puede objetar ni acusar y por ello consideramos que tiene el suficiente arraigo y presencia en Chiapas para ser considerado en una encuesta a realizarse por las fuerzas políticas que conforman el DIA y MORENA, desde aquí hacemos un llamado a estas fuerzas políticas para que al pueblo nos otorguen la certidumbre y confianza, ya que limitar una participación sin aperturarla lo suficientemente, estarían demostrando que con hechos inhiben el ejercicio democrático”.

Por ello dijo que la COCyP Chiapas en breve acudirá a la dirigencia nacional del PRD ya que el propuesto es militante de este instituto político a solicitar sea reconsiderada esta propuesta, “nosotros hoy hacemos lo propio, pero tenemos conocimiento que al igual que nosotros otros compañeros que vienen desde abajo desde las auténticas bases del partido harán lo mismo, yo lo que te puedo asegurar que Carlos Enrique Bertoni Unda si es un compañero que puede representar a la auténtica izquierda por la lucha y la militancia probada que ha mantenido a favor de los que menos tienen y que en su momento también ha sido víctima de persecuciones políticas que le han merecido estar privado de su libertad”, finalizó.
Publicado por Voz en tu Palabra en 14:08

El ruido electoral

Por Proyecto Ambulante

La coyuntura en 2012 muy probablemente ocultará el país. La nube de miles de espots, los ríos de tinta, las toneladas de páginas de diarios (árboles muertos) invisibilizarán a los mexicanos de carne y hueso, sus problemas, sus vidas, sus muertes, sus muertos.

De por sí el poder ha convertido a los habitantes de México en bultos para practicar el tiro al blanco; materia prima para que la industria norteamericana venda municiones y armas; material de reserva para la industria de la guerra.

Ahora, invirtiendo el orden de fines y medios, los mexicanos se vuelven esclavos de las elecciones. No es una elección para que los mexicanos se expresen. Es un despliegue de soberbia mediática y despilfarro de recursos económicos para usar a los ciudadanos como insumos del gatopardismo sexenal.

Basta ver los espots y anuncios de televisión del Instituto Federal Electoral para constatar el desprecio con el que tratan a los mexicanos. Un mensaje perentorio para actualizar la credencial de elector (que por otra parte muchos actualizan por ser obligados a presentarla como única identificación oficial válida, rechazando otras igualmente válidas, o más, como el pasaporte y la cartilla del servicio militar) en el cual se exhibe a los “remisos” como personas sin nada que hacer; mentirosos que pretextan cualquier cosa para no cumplir su “deber ciudadano”.

Ya no es el derecho ciudadano a votar, sino la obligación de un recluta para ir a ficharse. Y quienes no van, deben estar celebrando el cumpleaños de un perro disecado o esperando el crecimiento de una planta en una maceta. Los órganos electorales tienen tanto respeto por las mexicanas y los mexicanos como por sus votos: Ninguno.

Se han preguntado: ¿Por qué crece el amplio grupo de personas desinteresadas de su “derecho” electoral? ¿Por qué celebrar el cumpleaños de un perro disecado es más importante que sacar una credencial de elector cuyo valor está a la baja para muchos?

Los argumentos de derechas e izquierdas para apuntalar la obligación de votar no incluyen ninguna compresión para quien desusa el voto. Ya hemos comentado cómo la compulsión para votar será en gran medida producto de la guerra y del miedo a la violencia. Variantes del mismo chantaje serán lo que exhiban los candidatos de todos los partidos: Soy yo o la violencia. Pero ninguno da garantías de parar la violencia, una guerra de la que todos sus gobernantes, mujeres y hombres de poder, se han hecho cómplices. Véase si no los “operativos CONAGO”.

No obstante, hoy todo es cálculo. Las víctimas por las que se guardó silencio en su momento, hoy son argumento electorero y escurridizo. El silencio cómplice de muchos se vuelve recuerdo cuidadosamente editado, para volver a las víctimas arma arrojadiza en la contienda.

Desde los indígenas asesinados en Acteal y los muertos, torturados e injustamente presos en Atenco, hasta las víctimas de la guerra de Calderón pasan del olvido y el silencio en que los dejaron en su momento los partidos, los candidatos y los operadores de toda suerte de “votos útiles”, para que sus expedientes obren, sin su consentimiento, ahora como “argumentos” electorales. Sintomáticamente varios de esas víctimas son organizaciones que consciente y deliberadamente no participan en las elecciones.

La sola falta de respeto por la memoria de las víctimas muestra el utilitarismo de encuestas e intenciones de voto con el que ven los partidos a los mexicanos y mexicanas.

Elementos centrales para la vida del país como el Tratado de Libre Comercio, el Banco de México autónomo, la presencia de los militares en amplios aspectos de la vida pública (policía, calles, campos, medios), el intervencionismo del gobierno y del poder militar de los Estados Unidos, la grilla de las iglesias, católica y evangélicas, y muchos otros factores de poder real, fáctico (las mafias), los agresivos megaproyectos (minas, hidroeléctricas, industrias contaminantes) no están a discusión, son los supuestos inamovibles, incuestionables, temas tabú para derechas e izquierdas.

La guerra y las elecciones (como la “administración de la justicia”, los “sistemas” de educación o de salud y las maquiladoras) operan como procesos técnico- burocráticos sin la voluntad de los “beneficiados”. Se ofrece la posibilidad de reproducir el orden del poder, no de modificarlo. Las elecciones son un instrumento para optar entre miembros de una minoría política, pero no garantizan ningún control sobre los “empoderados”.

Y lo peor es que en nombre de esa contienda, se polariza y divide cada grupo ciudadano contra otro, mientras que desde el poder no hay competencia electoral ni empresarial tal que impida la unidad los poderosos cuando necesitan defender sus intereses comunes.

Además, el grito de las víctimas no será escuchado. O será apenas un rumor apagado al fondo del barullo de los altavoces electorales. ¿Es casualidad que los pueblos indios de Chiapas, Guerrero, Michoacán, cuyas autoridades son representativas, rinden cuentas, son revocables, rotativas, son pueblos que están bajo asedio paramilitar y militar?

Sintomáticamente los procesos democráticos, de justicia, de toma de decisiones colectivas, están en México bajo ataque con la complicidad, el silencio, y hasta desvergonzados llamados a callarse, de los partidos y candidatos.

Javier Hernádez Alpizar

Activistas emprenderan marcha de 500 kms en pro de derechos de migrantes

Por Proyecto Ambulante

Activistas y defensores de derechos humanos iniciarán este lunes una caminata de unos 500 kilómetros para protestar y exigir a las autoridades que frenen los abusos que sufren los migrantes centroamericanos a su paso por México. La caminata iniciará en el puente internacional que divide a México con Guatemala y llegará a Oaxaca.

El director del albergue Todo por ellos, Ramón Verdugo, explicó que “la caminata por la defensa y dignidad de los migrantes es para demandar al gobierno que se detenga la explotación sexual y laboral que padecen, sobre todo en Tapachula, cientos de menores centroamericanos”.

Los activistas saldrán en las primeras horas del río Suchiate en los límites con Guatemala, para exigir también la desaparición del Instituto Nacional de Migración, la elaboración de un reglamento para la nueva Ley de Migración que cuente con la participación de las organizaciones no gubernamentales, así como para pedir que se brinden garantías a los defensores de derechos humanos.

Durante la caminata, que se prevé durará tres días, los activistas realizarán manifestaciones pacíficas en la mayoría de los 15 municipios de la región de la costa de Chiapas, ruta donde diariamente transitan miles de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, indicó Verdugo.

El activista, agregó que con la protesta “buscamos sensibilizar a la población y tratar de erradicar la trata de personas, ya que son los centroamericanos las principales víctimas al ser enganchadas en bares y cantinas en las localidades de Chiapas”, apuntó.

Elio Henríquez / La Jornada