Calle 13 apoya marcha internacional en embajadas chilenas por la Educación

Escrito por Diario Electrónico El Comunal

Rene Perez Joglar, el vocalista de Calle 13 y quién maneja el Twitter de la banda, hizo un llamado a sus seguidores para participar en una marcha convocada para este Sábado, 13 de agosto, en las distintas embajadas y consulados chilenos el mundo para apoyar el movimiento estudiantil.

La convocatoria se hizo a través del grupo de Facebook llamado " El mundo solidariza con los estudiantes chilenos", en donde unas 2 mil personas han confirmado su participación.

Cabe recordar que Calle 13 es una de las bandas extranjeras que más ha apoyado el movimiento estudiantil que exige el fin al lucro en la educación, siendo gratuita y de calidad.

Este domingo dio a conocer un video apoyando el paro nacional por la educación de este martes.

Koman Ilel AL AIRE EL FORO CONTRACULTURAL DESDE SAN CRISTÓBAL

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Miles de jóvenes latinoamericanos marchan en apoyo a los estudiantes chilenos en Montevideo

Posted by MadaiMoRado

Unos 3.500 jóvenes procedentes de toda América Latina marcharon esta jornada ante la Embajada de Chile en Montevideo en solidaridad con los reclamos de los estudiantes chilenos y en rechazo a la “represión” contra sus manifestaciones de protesta.

La movilización, que se realizó sin ningún tipo de incidente, marchó por el centro de la capital hasta la legación diplomática, que estuvo fuertemente guarnecida por un inusitado despliegue policial que evitó que los jóvenes pudieran acercarse a menos de cincuenta metros de la misma.

Los estudiantes chilenos se mantienen movilizados desde mediados de mayo demandando que el Estado vuelva a administrar la educación primaria y secundaria y para que se garantice constitucionalmente el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, entre otras peticiones.

La inmensa mayoría de los manifestantes que acudieron a la protesta fueron participantes del 16 Congreso de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), que comenzó este miércoles en la capital uruguaya.

Según dijo a Efe el presidente de la OCLAE, el cubano Yordanis Cachaval, esta marcha “viene a demostrar la solidaridad contundente y rotunda de un movimiento estudiantil unificado” con las luchas de los estudiantes chilenos.

“Sus demandas reivindican al estudiantado en pos de la educación, de su calidad, del acceso y su democratización, y nosotros respaldamos esos hechos. Además también repudiamos la represión a las que se vieron sometidos en las últimas manifestaciones”, añadió el líder estudiantil.

La manifestación culminó con una fiesta callejera en el centro de la capital, que sirvió también para inaugurar el congreso, cuyo objetivo, según su presidente, es “reforzar la unidad del movimiento estudiantil” en un momento en el que la región vive “una ola americana, un proceso de integración”, que cuenta con su respaldo.

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El capitalismo acaba con la vida de 29.000 niños somalíes en apenas 3 meses

No cotizan en bolsa. No producen beneficios. Por tanto régimen capitalista internacional no los rescata.

Según la ONU, unos 29 mil niños somalíes menores de cinco años han muerto en los últimos tres meses por la hambruna que azota a este país africano.

El organismo internacional detalló que ante la crisis de alimentos y agua, en la nación del cuerno de África se producen 7,4 muertes diarias por cada 10 mil personas

Asimismo, el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés), indicó que casi la mitad de los niños somalíes que se encuentran refugiados en campamentos temporales en Kenia sufren de malnutrición.

“Las noticias de niños que mueren en el camino o cuando llegan a los campos son inquietantemente frecuentes”, indicó el organismo en un informe.

La Unicef detalló que el 80 por ciento de los mil 400 somalíes que llegan a los refugios en Kenia son mujeres y niños.

“Muchas familias somalíes que cruzan la frontera de Kenia en Liboi no saben que todavía les quedan 100 kilómetros por delante para llegar a los campos de Dabaab” y estas personas ’’no pueden esperar a ser tratados en Dabaab’’, explicó la trabajadora de la Unicef, Olivia Yambi.

Según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se necesitan mil 600 millones de dólares sólo para Somalia, donde "cada día mueren niños y adultos a un ritmo terrible". Una cantidad irrisoria comparada con la destinada a salvar a las entidades financieras internacionales.

La hambruna en África ha generado en los últimos meses el desplazamiento de cientos de miles de personas que buscan refugio ante la sequía y violencia que viven en Somalia, indicó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Los indignados: ¡la globalización del poder social ha comenzado!

Víctor M. Toledo

Todo indica que conforme el tiempo pasa más miembros de nuestra especie estamos indignados. Mientras las noticias de los atracos financieros, las crisis de los partidos políticos, la corrupción de las iglesias, el desastre de los bancos o la imbecilidad de los poderosos intentan saturar todos los espacios de la comunicación, cada vez más se cuelan por las rendijas que quedan las novedades en torno a los que estamos indignados. Porque cada día que pasa es mejor que el que viene, cada vez hay más indignados. Brotan como hormigas y se multiplican como conejos. En Egipto como en Túnez, en Italia como en España, en Marruecos como en Siria. Y la indignación llega hasta lo más norte y vuelve realidad un sueño: en Islandia los ciudadanos expulsan a su gobierno corrupto y ponen en la cárcel a los empresarios cómplices. ¿En cuantos países más habrá que hacer lo mismo?

Algunos ciudadanos notables ayudan a procrear la indignación: Michael Moore en Norteamérica o Julian Assange y su Wikileaks desde Australia y el continente europeo. La tecnología de la Internet también ayuda, no detiene, la revolución de las conciencias y contribuye a construir el poder ciudadano, según nos lo indica en una entrevista el famoso comunicólogo Manuel Castells.

Y este juicio es crucial porque ello supone la implicación de los más jóvenes en las batallas cotidianas. Hoy hay que quitarse el sombrero ante los estudiantes chilenos que por miles se han arrojado a las calles (250 mil), y a los un poco menos jóvenes españoles que viven sin trabajo a pesar de su gobierno de "izquierda". Otros, como Alejandro Nadal, nos explican con sencillez la monumental irracionalidad de la economía de mercado y sus secuelas sociales, es decir, nos sugieren que ya "tiembla el capitalismo".

Y en plena era de la indignación, los pueblos más lejanos a la modernidad neoliberal también ponen su ejemplo. En los países andinos no solamente auspician gobiernos progresistas, también les marcan directrices con sus cosmovisiones. La naturaleza reaparece, se torna actriz vital para un futuro diferente y la ecología sagrada toma de nuevo los aires del mundo. Sin el rencuentro ecológico la superación de la crisis es imposible, y ello significa recrear a la tradición y ver-de-frente. En México, donde la indignación la encabeza un poeta, no solamente las comunidades indígenas son las que practican los modelos de civilización más avanzados, sino que frente a un gobierno timorato e inútil, incapaz de controlar el crimen y la inseguridad, crean su propia defensa e inventan sus propias policías comunitarias en casi 80 localidades de Guerrero y Michoacán. Y, en fin, en 34 países se consolidan casi 400 proyectos de aldeas en transición que buscan vivir sin petróleo quebrando las formas de vida dominantes mientras se impulsa el poder local (www.transitionnetwork.org).

Visto así, el mundo ya no es más ese túnel negro cuya pequeña luz es la de otro tren que se acerca para arrollarnos. No. El mundo comienza a verse como un paisaje claroscuro. El de una época que muere y el de otra que nace. Estamos en esa hora precisa del amanecer en la que el día comienza con el desvanecimiento de la noche. La de un proyecto en plena descomposición –el neoliberal, que no es sino el capitalismo en su fase corporativa y global– y el del bosquejo de otro que se prepara para sustituirlo. Estamos frente a una reconversión civilizatoria, como lo hemos dicho desde hace muchos años. Y ésta trae olor a "buen vivir", "sustentabilidad", "decrecimiento", "izquierda verde y cultural". Armando Bartra le ha llamado la carnavalización de la política; Edgar Morin, la gran metamorfosis. Más allá del título, sin embargo, está el proceso por el cual el poder político y el poder económico tendrán que sujetarse al poder de los ciudadanos mediante la creación de mil mecanismos. Hay que ir desmontando los grandes emporios y repartir las fortunas de los Slim y de los Gates. Y entonces las cooperativas sustituirán a las corporaciones, lo pequeño a lo gigante, las comunidades rurales a los latifundios, la diversidad a la monotonía, los bosques y las selvas a los campos de golf, las plazas y los espacios públicos a los malls y demás escaparates comerciales, el encuentro intercultural a las disneylandias, las energías renovables a las centrales nucleares, que son tan peligrosas como obsoletas. Sigamos con nuestra indignación, en la que ya están nuestros hijos y por lo mismo estarán nuestros nietos. Es el tiempo de organizarse. ¡Todos estamos indignados!

vtoledo@oikos.unam.mx
Fuente

La CIA ensaya en México la destrucción de la izquierda sudamericana

Por Nancy Flores


Militares en las calles
Una nueva guerra sucia tiene lugar en México y se encubre en la supuesta lucha contra las drogas que patrocina Estados Unidos y consuma el gobierno del panista Felipe Calderón 94.540 militares en las calles.

Como en las décadas de 1960, 1970 y principios de la de 1980, luchadores, líderes sociales, defensores de los derechos humanos, políticos y periodistas son victimados a mansalva.

La “guerra” contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que busca propósitos no confesados, señala el politólogo y antropólogo Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia-Morelos.

Es un proceso de militarización y de criminalización de las luchas sociales, en donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva. Como lo hizo en el pasado, a través de la Guerra Sucia con desapariciones forzadas, ahora (lo hace) con la impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.

Y es que, en lo que va de la administración federal, más de 23 mil civiles han sido ejecutados extrajudicialmente. De éstos, al menos 55 eran activistas; 33, periodistas, y 20, políticos, revela una investigación hemerográfica hecha por Contralínea.

El más reciente, ocurrido el 28 de junio pasado: el candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue acribillado junto con tres personas más de su equipo en el municipio Soto La Marina.

Además, de acuerdo con datos del Frente Democrático Oriental de México, en este gobierno se cuentan 4 mil desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales. “El narcotráfico se ha convertido en un pretexto del gobierno federal para convertir al Estado en patrullaje militar y fascismo opresor del pueblo”, indican los representantes de esa asociación.

Tal es el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 tras ser detenidos por policías federales.

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad –que depende de la Procuraduría General de la República– admite conocer 35 crímenes de lesa humanidad relacionados con desaparición forzada, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 00017000150309 hecha por este semanario.

Crímenes de Estado

Aunque el gobierno federal impulsa la creencia de que todas las personas ejecutadas y desaparecidas son víctimas de la delincuencia organizada, asociaciones civiles señalaron en su momento que cada uno de los homicidios de los activistas fueron crímenes de Estado.

Los asesinatos se caracterizan, en su mayoría, por sus victimarios: comandos armados no identificados, que acabaron con la vida de los luchadores sociales a balazos, incluyendo el tiro de gracia. Algunos activistas fueron previamente levantados y sus cuerpos presentaron huellas de tortura.

Respecto de la veintena de políticos, sus muertes sucedieron en medio de procesos electorales. En total, más de un centenar encajan en la definición de crímenes políticos o de Estado.

Uno de ellos, el que cobró la vida de Armando Villarreal Martha –dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional, líder de productores y campesinos que exigen la revisión de tarifas eléctricas para consumo agrícola y opositor al Tratado de Libre Comercio de América del Norte–, perpetrado el 14 de marzo de 2008 por un comando armado.

También, el de Benjamín Franklin Le Barón Ray –sucedido el 8 de julio de 2009–, quien encabezaba un movimiento social en contra del secuestro en Chihuahua. Según su familia, 20 hombres armados y con vestimenta militar lo secuestraron en su casa, ubicada en el municipio de Galeana.

O el del comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. El 4 de noviembre de 2009, siete narcoparamilitares, liderados por el Cuche Blanco Palacios, le tendieron una emboscada en la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán, Guerrero.

—Las violaciones a los derechos humanos seguirán presentándose mientras las Fuerzas Armadas estén en la calle. Seguirá latente, con justa razón, la percepción ciudadana de que el gobierno está reprimiendo a sus opositores, dirigentes sociales e inconformes que ya miran a la insurrección ante las condiciones económicas, de inseguridad y de acoso –señala el general brigadier en retiro Samuel Lara Villa.

Agrega: “Hay muchos casos en los que las autoridades aplican el disimulo y la impunidad a las corporaciones represoras. Asoma la guerrilla: el caso del comandante Ramiro, que preventivamente fue ejecutado por cometer el error de anunciar, de manera imprudente, la reactivación de la lucha armada. La guerrilla asciende cada día en el rango de las amenazas a la seguridad nacional”.

El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) revela que, entre 2010 y 2012, el gobierno federal intensificará su proyecto castrense de “recuperación” de territorios controlados no sólo por el narcotráfico, sino sobre todo por la guerrilla.

El antecedente inmediato a estas prácticas gubernamentales ocurrió en las décadas de 1960 a 1980, cuando los gobiernos priistas emplearon la fuerza para acabar con la disidencia política.

Ahora, las prioridades de la administración calderonista son: “Recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas” y “recuperar aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros, subvirtiendo el orden constitucional”

Caravanas de la muerte

En esta nueva guerra sucia, la responsabilidad del gobierno federal mexicano no se reduce a los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas. También alcanza a la llamada limpieza social: ejecuciones selectivas en contra de delincuentes, presuntos delincuentes, adictos, estudiantes, disidentes y civiles.

La más reciente, ocurrida el pasado 26 de junio en el Centro de Rehabilitación Fuerza para Vivir, AC, ubicado en Gómez Palacio, Durango. Ese día, un comando armado, que arribó al lugar a bordo de varios vehículos, asesinó a nueve personas e hirió de gravedad a otras ocho.

Entre las más dramáticas ejecuciones colectivas, está también la de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua. El 1 de febrero de este año, un comando armado irrumpió en una fiesta estudiantil y asesinó a 16 adolescentes. Además, lesionó a otros 12 muchachos.

Respecto de esta matanza, Calderón afirmó que se trataba de jóvenes implicados en la delincuencia organizada. Ante la imposibilidad de probar su dicho, finalmente se retractó.

Según las autoridades federales, los comandos armados son parte de la base social del crimen organizado. No obstante, podrían ser las reeditadas caravanas de la muerte que financia la propia administración calderonista.

Como lo informó la columna Oficio de Papel (el 29 de diciembre de 2008), el gobierno ha creado grupos clandestinos de elite militar similares a la Brigada Blanca (utilizada durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana).

Informantes de alto nivel del Ejército Mexicano –que solicitan el anonimato– afirman que los comandos militares operan en zonas territoriales específicas del país, aunque no como parte de los operativos conjuntos que se han acordado entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.

Desde mediados de 2008, las caravanas de la muerte estaban bajo las órdenes del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fuera procesado por abuso, tortura y desaparición de por lo menos 143 personas supuestamente vinculadas a grupos subversivos de Guerrero, en la década de 1970 y principios de 1980.

El Ejército está actuando para detectar a luchadores sociales y cualquier foco de disidencia, a través de los grupos de información de zona. El Ejército tiene infiltrada a toda la sociedad a través de esos grupos clandestinos, conocidos como Gizes. Una vez que son detectadas las personas que son incómodas al Ejército o al gobierno, las ejecutan. Aquí no pasa nada: ejecutan, torturan, violan mujeres. Hay 3 mil 175 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no pasa nada –indica el general brigadier Francisco Gallardo.

El también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que “las Fuerzas Armadas se han dedicado a desarticular los movimientos sociales, a través de ejecuciones contra objetivos seleccionados, como el caso de Ramiro en Guerrero, y de luchadores sociales en Chihuahua”.

Impunidad a criminales militares

En este contexto, la administración de Calderón se ha esforzado por garantizar la impunidad de los militares que asesinan civiles o les violan sus derechos humanos. De acuerdo con Human Rights Watch, “el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles”.

La organización internacional señala, en su reporte Impunidad uniformada, que “las investigaciones militares sobre violaciones graves de derechos humanos, cometidas por militares contra civiles durante las últimas décadas, no han concluido con sanciones de los responsables y han reforzado una cultura de impunidad”.

Cita como ejemplo que, en enero de 2009, funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional dijeron a sus representantes que eran “muchas” las imposiciones de condenas penales contra personal militar por delitos cometidos contra civiles. “No obstante, sólo pudieron recordar un único caso de 1998”.

Ante la sociedad, la administración federal ha reiterado por todas las vías posibles que las personas asesinadas son delincuentes y que la milicia está para proteger a la sociedad y combatir al crimen. Sin embargo, a lo largo de esta serie periodística, Contralínea ha documentado que la “guerra” contra las drogas es una farsa que sólo sirve para asesinar miles de civiles en total impunidad.

Uno de los casos en los cuales se incriminó de manera injustificada y sin ninguna prueba a las víctimas es el de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Asesinados por militares en su área de estudio, el pasado 19 de marzo los jóvenes fueron presentados por la administración federal como sicarios. No obstante, la institución educativa aclaró que se trataba de alumnos de posgrado, con beca de excelencia y excelente desempeño académico.

Más aún, en el ámbito de las ejecuciones extrajudiciales, el Estado mexicano siempre tiene responsabilidad, incluso cuando los acribillados sí forman parte de la delincuencia organizada.

Según su definición, la ejecución extrajudicial es la privación arbitraria de la vida de una o varias personas por parte de agentes estatales: “Una forma de pena sin proceso o pena extralegal, aplicada al margen de un proceso legal y en contravención al principio de legalidad”.

—No me consta, judicialmente hablando, que el Ejército esté asesinando luchadores sociales. Sí me consta, de acuerdo con las denuncias que se han hecho, que el Ejército está siendo acusado de cometer masivos actos de abusos de derechos humanos en México; eso sí. Sin embargo, el hecho concreto de luchadores sociales, no. El Ejército, en este momento, corre el peligro de estar siendo corrompido y capturado por los grupos criminales, de estar siendo sujeto de acusaciones masivas de abusos de derechos humanos y de que, como institución, pierda legitimidad y todo valor en el futuro –dice Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad.

El también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México indica que “hay un problema de abuso masivo de derechos humanos que está siendo investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por las Naciones Unidas, que han recibido denuncias muy graves por este tipo de atropellos”.

Del 1 de enero de 2007 al 23 de octubre de 2009, la CNDH tuvo conocimiento de 12 quejas en contra del personal castrense por trato cruel y/o degradante; nueve por retención ilegal; nueve por detención arbitraria; siete por ejercicio indebido del servicio público; seis por incomunicación; cinco por emplear arbitrariamente la fuerza pública, indica la respuesta a la solicitud de información 09000759 hecha por un ciudadano.

Además, refiere cuatro quejas por cateos y visitas domiciliarias ilegales; cuatro por ejercicio indebido de la función pública; cuatro por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones; tres por omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y sicológico, así como situación jurídica del prisionero; tres por omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con el abogado defensor o sus familiares; dos por intimidaciones; dos por ejercicio indebido del cargo, entre otros.

El general brigadier en retiro, Samuel Lara Villa, explica que “la ciudadanía pronto resintió los efectos de los retenes de control en las vías de comunicación, el patrullaje, los rondines y el empleo de las armas de fuego para responder a la capacidad de fuego y de maniobra de los malhechores. El resultado tenía que ser la muerte de gente inocente, incluyendo niños y estudiantes”.

“La responsabilidad –afirma el presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC– es de quien los mandó a esa ‘guerra’ sin respaldo legal. Tarde o temprano [el presidente] tendrá que responder ante el tribunal que la historia le depare.”

Francisco Gallardo vaticina que, con esta “guerra”, Calderón va a acabar su mandato con cerca de 50 mil ejecuciones extrajudiciales. “Va a haber una excesiva violación a los derechos humanos. Esto que está pasando en México con la militarización pasó en El Salvador, donde Estados Unidos impulsó una militarización para ‘romper’ el comunismo en Centroamérica. Allí hubo 75 mil ejecuciones extrajudiciales”.

Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicana Contralinea, Periodismo de Investigación. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investiga: lavado de dinero, paraísos fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental, temas energéticos.

Fuente: Contralínea/Red Voltaire (Tomado de Sendero de Fecal)

estudiantil en Chile con fuerte presencia policial

Posted by Proyecto Ambulante

Miles de estudiantes comenzaban a manifestarse este martes por Santiago de Chile de forma pacífica en favor de una reforma de la educación, en una marcha cuyo recorrido fue consensuado entre las autoridades y los organizadores de la protesta. Desde temprano estudiantes y profesores, apoyados por trabajadores del cobre y empleados fiscales, se congregaron en las afueras de la Universidad de Santiago, al oeste de la ciudad, para marchar por la céntrica avenida Alameda, bajo un amplio cordón policial que les impedía avanzar fuera del recorrido establecido.

Los estudiantes chilenos reclaman desde hace más de dos meses el fortalecimiento de la educación pública en un país donde el Estado tiene un rol secundario en este ámbito. En otras marchas, el punto de encuentro era la Plaza Italia (este), habitual centro de reunión de celebraciones deportivas. Pero tras una reunión con la Intendencia (Gobernación) de Santiago, se acordó un recorrido distinto, que incluye un paso por varias manzanas de la avenida de la Alameda pero que se desvía antes de pasar frente al palacio presidencial de La Moneda.

En el inicio se habían reunido por lo menos 10.000 personas, de acuerdo a cálculos de los organizadores y medios de prensa, aunque otros miles de personas se han ido sumando a lo largo de la ruta. Antes del comienzo de la manifestación, varios puntos de Santiago fueron bloqueados con barricadas, que provocaron congestión en el tráfico y que en algunos puntos fueron dispersadas por la policía con chorros de agua y bombas lacrimógenas. Durante la madrugada, el cuerpo de los Carabineros (policía) detuvo a seis menores de edad. La manifestación de este martes tiene lugar cinco días después de la violenta jornada de protestas que se vivió el jueves, cuando la policía reprimió fuertemente a estudiantes que intentaron marchar por la avenida Alameda, con un saldo de más de 800 detenidos.

[Urgente!] Panamá: Policía reprime a niños estudiantes en Colón (Video y fotos)

¿Qué dice de esto la flamante Ministra de Educación, la colonense Lucy Molinar?

Policías antidisturbios reprimieron con gases lacrimógenos a niños estudiantes, docentes y padres de familia de la Escuela República de Bolivia, de enseñanza primaria, ubicada en Calle 16 de la ciudad de Colón.

Los manifestantes se pronunciaban por la cantidad de aguas negras acumuladas frente a la Escuela. Pese a denuncias previas las autoridades no habían hecho nada.

Cuatro docentes fueron detenidos y una educadora tuvo que ser llevada al hospital por los golpes recibidos.

Posteriormente, representantes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) llegaron al lugar y se comprometieron a hacer una limpieza de la zona.

Pese a su propagandizado proyecto de transformación curricular inconsulto, el Ministerio de Educación no logra satisfacer las necesidades básicas de los planteles educativos, por lo que a diario se suceden manifestaciones de estudiantes, docentes y padres de familia por doquier.

¿La ministra colonense Lucy Molinar que dirá de esta represión? Cuestionada ampliamente como prepotente y autoritaria, esta ministra, connotada miembro del Opus Dei, ha estado en el centro de la denuncia pública por el acaparamiento de tierras que realizó para luego legalizarlas a precios irrisorios, por el tráfico de influencias que efectúa para favorecer con contratos a hermanos y allegados y por la campaña sucia que lleva adelante contra los educadores panameños.

Condenamos este nuevo atropello y violación a los derechos humanos por parte del Gobierno de Ricardo Martinelli.

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MÁS DE 300 DELEGADOS DE LA COCYP CELEBRARON SU PRIMER ANIVERSARIO DE GESTIÓN EN CHIAPAS.

Más de 300 delegados de la Central de Organizaciones Sociales y Populares (COCyP) de 48 municipios celebraron su primer aniversario de gestión en la entidad chiapaneca.

En el acto su dirigente nacional José `Rafael Jacobo, en un balance de 5 años del gobierno calderonista de orientación neoliberal y sustentado en la alianza con Elba Esther, PRI, Iglesia Católica y EEUU, afirmo que ha crecido la miseria y el desempleo y se han fortalecido las mafias, los monopolios económicos, así como los cacicazgos políticos. Asentó que la tarea de la COCyP es impulsar la construcción de un frente social organizado que avance por una ruta política que permita trasformar el país.

Por su parte, Martin Longoria asesor de diversas organizaciones indígenas presento un estudio comparativo de los acuerdos de San Andrés respecto a las propuestas de la COCOPA, el Gobierno Federal y el PAN, planteando una crítica jurídica.

En el marco de la salutación fraterna, con la representación de la Coordinación de Organizaciones Sociales de ENCUENTRO AC y del Movimiento Social Chiapaneco Javier Yau Dorry asumió que la resistencia ancestral indígena, reseñando el acontecimiento de la ORCAO_UNORCA en Ocosingo, es un efecto de los agravios ancestrales que vienen padeciendo los pueblos de Chiapas desde la colonia y que en el mundo actual sustentado en un modelo económico absurdo y deshumanizante.

El académico de izquierda refirió que por esto, hoy veo un país quebrado económicamente, socialmente dividido, culturalmente mediatizado y políticamente indiferente, por lo cual este saludo fraterno es un llamado a la solidaridad; un llamado a la articulación de las conciencias de izquierda que no compartimos la visión de un mundo egoísta; un llamado a respaldar el proyecto alternativo de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y por enésima ocasión una demanda por la libertad de los compañeros Caralampio, Pathistan, el Marrito y demás hermanos de otras organizaciones sociales.

En el plan de acción se destacan la participación de delegados de Chiapas en la cumbre de los pueblos indígenas a realizarse del 18 al 21 de agosto en Papantla Veracruz, la participación solidaria con la OPEZ, los días 4 y 5 de septiembre en Frontera Comalapa y la movilización de 1200 delegados deCOCyP en la concentración de los pueblos en resistencia del 12 al 17 de septiembre en el Zócalo de la capital del país.

Con Calderón, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia

Posted by Proyecto Ambulante

En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista.

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras

El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

Militares implicados

En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó aContralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.

Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.

Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.

En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.

Para la realización de este trabajo, se solicitó una entrevista con Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; con Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, y con Ricardo Nájera Herrera, coordinador General de Investigaciones de la misma dependencia. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Restricción del fuero militar: “sólo un paso”

El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.

Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.

Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.

No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.

A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.

El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.

Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.