El flujo del río Apatlahuaya será interrumpido para ser
reconducido por un túnel que conecta con una tubería que cumple la función de
una gran vena de acero, por la cual el agua circulará cuesta abajo a lo largo
de 800 metros. De esta forma, se logrará la fuerza hídrica suficiente para que
la casa de máquinas genere 42 megavatios de electricidad para el capital
privado.
Se trata del caso de la primera mini hidroeléctrica inscrita en el
Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL que ha sido construida en la sierra de
Zongolica del estado de Veracruz. Estudios realizados por la CFE indican que se
tienen identificados 510 sitos para la instalación de hidroeléctricas en los
ríos de todo el país, de éstos, más de 100 se ubican en el estado de Veracruz.
Otros estados considerados con gran potencial hidroenergético son Chiapas,
Tabasco, Oaxaca, y Guerrero.
No necesitamos mayor información técnica para poder imaginar
la magnitud del desastre ecológico si todos estos proyectos llegan a
concretarse desviando las afluentes naturales de los ríos. Sin embargo, estos
proyectos son promovidos por el Estado como proyectos que ayudarán en el
cuidado del medio ambiente.
En la mayoría de los territorios donde se encuentran los
sitios elegidos para la instalación de las hidroeléctricas habitan pueblos
originarios. Y al igual que en el pasado, la función que cumple el Estado es
una política colonizadora que permite la invasión de territorios por parte de
las transnacionales, interesadas en extender sus inversiones hacia nuevos
mercados. Como ocurrió en Zongolica, se trata de proyectos para los que se
realizan estudios de suelo o incluso comienzan a ser instalados sin que medie
ningún tipo de información pública hacia la población que será afectada.
Sin embargo, en la medida en que el rumor sobre la
construcción de hidroeléctricas se extiende hacia los pueblos asentados en las
cuencas hidrícas del país, las resistencias colectivas a estos proyectos
emergen y comienzan a interconectarse en una lucha común: el intento por
impedir la privatización del flujo del agua en sus ríos. En las comunidades se
articulan claros argumentos que sostienen las resistencias, la lucha que
emprenden es por los bienes naturales que permiten la reproducción de su forma
de vida; por el derecho al usufructo del agua que no pueden concebir para el
uso exclusivo de empresas sin rostro; para impedir la invasión de sus
territorios y; por el derecho a la vida.
Las resistencias comenzaron a confluir hace ya diez años,
cuando nació el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de
los Ríos
Existen resistencias sistemáticas que se han mantenido ya
por muchos años –algunas llevan ya más de 40 años–, las cuales emergieron como
potente protesta a las grandes represas que inundaban grandes extensiones de
tierra provocando el desplazamiento y desalojo forzoso de poblaciones enteras.
Un ejemplo es el pueblo Chinanteco, afectado por la presa Cerro de Oro en
Oaxaca, que continúa luchando por el resarcimiento de daños y lo que llaman la
deuda histórica por las represas. Estas antiguas resistencias y las que
recientemente emergen, comenzaron a confluir hace ya diez años, cuando nació el
Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER).
En este espacio de lucha participan frentes estatales,
organizaciones sociales y civiles, y comunidades afectadas por las presas
hidroeléctricas, de irrigación, y de usos múltiples. A través del MAPDER
recientemente se realizó la Pre-audiencia del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP) “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, en la que fueron
presentados 11 casos. Desde el MAPDER las luchas, se conectan a nivel
continental en la Red Latinoamericana Contra Represas y por los Ríos, sus
Comunidades y el Agua (REDLAR). El V Encuentro de esta red, fue celebrado
recientemente en la comunidad de Retalteco, municipio de las Cruces, el Petén,
Guatemala, del 7 al 12 de octubre 2013, con la participación de 537 personas de
14 países latinoamericanos.
De esta forma, se extiende la lucha por el libre fluir de
los ríos, hacia comunidades y pueblos que resisten a estos proyectos, desde una
perspectiva de cuidado e interdependencia con la naturaleza. Mientras tanto el
capital genera ininterrumpidamente nuevos mecanismos de expansión, como el
Mercado de Bonos de Carbono de reciente creación.
Mercado de Bonos de Carbono o Comercio de Emisiones
Durante las últimas tres décadas el fluir desenfrenado de
capital transnacional hacia territorio nacional mexicano, ha utilizado como
vehículo complejas e intrincadas formas de mercado. Uno de estos nuevos
dispositivos para la inversión capitalista, es el denominado “Mercado de Bonos
de Carbono” en el que se busca insertar a los proyectos hidroeléctricos que en
la actualidad emprende la iniciativa privada y promueve el Estado.
El “Mercado de Bonos de Carbono” también llamado “Comercio
de Emisiones”, tuvo su génesis en la década de los noventa construyendo su
justificación ideológica en el énfasis que a nivel global se dio a la
problemática del Cambio Climático. El primer antecedente ocurrió en el año de
1992 cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, adoptó la Convención Marco sobre Cambio Climático [1]. En dicha
Convención se estableció el objetivo de lograr estabilizar las concentraciones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cinco años más tarde (año 1997)
a esta Convención le fue añadido el Protocolo de Kyoto, a través del cual se
establecieron medidas jurídicamente vinculantes a los Estados firmantes.
El Protocolo de Kyoto ordena medidas diferenciadas a los
países desarrollados o industrializados y a los países en desarrollo. Los
países desarrollados debieron asumir compromisos cuantitativos de reducción de
emisiones, que deberían cumplir en una primera etapa entre los años 2008-2012
[2]. Por otro lado, la participación de los países en desarrollo se acota a los
llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio” (MDL), aplicables a proyectos cuya
actividad productiva reduzca o prevenga las emisiones de gases de efecto
invernadero como el dióxido de carbono (CO2).
El MDL permite a los proyectos considerados verdes –de
los sectores energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura, gestión
de desechos–, la obtención de Unidades Certificadas de Reducción de Emisiones,
abriéndoles la posibilidad de vender bonos de carbono a las empresas
contaminantes. De esta forma comenzó un proceso que contradice el loable
compromiso que los Estados Nacionales hicieron con el medio ambiente. En pocas
palabras, lo que en realidad fue generado a través del protocolo de Kyoto, con
auspicio de organismos internacionales como el Banco Mundial [3] y el Fondo
Monetario Internacional, fueron nuevas área para la inversión capitalista como
el ya mencionado Comercio de Emisiones.
El nombre genérico mercado de Bonos de Carbono o Comercio de
Emisiones, se creó para establecer una serie de instrumentos económicos y de
mercado, que funciona a través de la distribución de permisos de emisiones a
las empresas contaminantes que al negarse a reducir sus niveles de
contaminación por resultarles más costoso, hacen opción por la compra de bonos
de carbono.
Dichas compras se hacen a las empresas “limpias” que cuentan
con el instrumento llamado Certificado de Reducción de Emisiones. De esta
manera se puso en marcha un complejo sistema financiero en el que se estableció
el valor de cambio del dióxido de carbono (CO2), creándose una serie de
equivalencias falsas entre las emisiones industriales y la absorción de carbono
de los ecosistemas. Para hacer posible el intercambio comercial se estableció
una unidad de medida: el Bono de Carbono.
Cada uno representa el derecho a emitir una tonelada de
dióxido de carbono. Estos bonos son pues, para el comercio de emisiones, el
bien canjeable con un precio establecido en el mercado. Además de la
complejidad para entender su funcionamiento, este sistema entraña una
perversidad mayúscula, la cual consiste en que a partir del Mecanismo de
Desarrollo Limpio, las empresas contaminantes pueden comprar Bonos de Carbono a
las empresas que han desarrollado este tipo de proyectos “limpios” y así
cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, sin reducir los niveles
de contaminación en sus propios procesos de producción.
Los proyectos insertos en la llamada “Economía Verde”
–sostiene Fabrina Furtado— encuentran su justificación en la ideología
difundida por la economía neoliberal que intenta “legitimar al capital privado
como el único sujeto social capaz de salvar tanto a la economía como al
planeta”. Uno de los argumentos neoliberales, es la pretensión falaz de que la
ciencia y la tecnología modernas desarrolladas en los países del primer mundo,
tienen el potencial de aplicación en proyectos que permiten procesos
productivos no contaminantes. Sin embargo, el problema de fondo estriba en el
hecho de que la Economía Verde representa para el capitalismo neoliberal la
apertura de un ambicioso campo para emprender lucrativos negocios, y una
renovada estrategia de invasión territorial desde la apropiación (y
tendencialmente la privatización) de recursos vitales tan preciados como el
agua.
La participación del gobierno mexicano en el Comercio de
Emisiones ha sido notable a nivel mundial, pues es el país de los
pertenecientes al grupo II en el Protocolo de Kyoto (clasificados como países
en desarrollo), que ha realizado más acciones conducentes a crear
instituciones, adaptar legislaciones internas, desmantelar o reestructurar
organismos estatales, establecer alianzas comerciales y crear los mecanismos
necesarios que permitan desarrollar el MDL, y de forma simultánea la
privatización de recursos y servicios.
Hasta la fecha, en el área de energías renovables, en México
se han impulsado y desarrollado con mayor énfasis proyectos de generación de
energía eólica y energía hídrica. Revisamos a continuación el área de inversión
de las energías renovables, desde el caso específico de las hidroeléctricas.
Hidroeléctricas privadas – despojo de los afluentes de agua.
Desde hace más de dos décadas de forma acelerada, las
hidroeléctricas han sido impulsadas por el Estado mexicano y desarrolladas por
las empresas como proyectos limpios generadores de energía eléctrica y de bonos
de carbono. La gravedad de estos proyectos no es solamente la privatización
paulatina de la generación de energía eléctrica, sino también la apropiación
del agua que fluye en los ríos, por parte de empresas transnacionales a partir
de concesiones que duran de 25 a 30 años y que pueden ser renovables.
En 1992 fue reformada la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica para poder otorgar permisos de producción de energía a
personas físicas o morales, a través de figuras como, el autoabastecimiento, la
cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, o la
importación o exportación.
Para hacer factible la producción de energía eléctrica en
manos de empresas privadas, se comenzaron a realizar cambios estratégicos en
materia jurídica desde el gobierno salinista. En este tiempo fueron realizadas
importantes reformas a la constitución –particularmente las reformas al
artículo 27 que genera condiciones para que la tierra ejidal pueda ser
vendida–, y a algunas leyes secundarias.
Entre las leyes secundarias, fue reformada la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica –publicada en el diario oficial de la
federación en el mes de diciembre de 1992–, en la que se facultó a la
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para otorgar permisos a
personas físicas o morales para la producción de energía, a través de figuras
como, el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la
pequeña producción, o la importación o exportación (artículo 36). Después se
comenzaron a otorgar permisos para la producción de energía eléctrica a
empresas particulares, aun cuando el artículo 27 constitucional continua
estableciendo la exclusividad de la nación en su producción, distribución y
abastecimiento [4].
Los proyectos para autoabastecimiento son los que pueden
insertarse en el mercado de bonos de carbono significando un doble negocio, la
venta de energía eléctrica y de bonos de carbono. Estos son los proyectos que
han resultado ser los más atractivos para las transnacionales.
A raíz de estas modificaciones la CFE, antes dedicada al
desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas, comienza a hacer estudios para
determinar el mini, micro y pequeño potencial hidroenergético. Esto no resulta
extraño si consideramos que las denominadas pequeñas centrales o
“mini-hidroeléctricas”, según las reformas a la Ley de Servicio Publico de
Energía Eléctrica, son las que pueden ser desarrolladas desde la figura de
auto-abastecimiento por las empresas privadas (con la ventaja adicional de que
se interconectan a la red pública).
Los primeros estudios de factibilidad para la instalación de
pequeñas centrales hidroeléctricas, a lo largo de los ríos del país, fueron
realizados por la Comisión Nacional de Energía (CONAE) [5], hoy Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE. Estos estudios proponían
la generación de energía hídrica con el modelo llamado al filo del agua, el
cual consiste en el aprovechamiento de los desniveles naturales de los ríos
para producir electricidad con la fuerza de la caída del agua, sin almacenarla
y sin realizar desvío de sus afluentes naturales.
Los estudios de la CONAE son retomados por las empresas, sin
embargo, para hacer más rentables los proyectos están construyen presas de
derivación, consistentes en represas en las que se retiene el agua, para luego
desviarla hacia un sitio río abajo que les permita mayor fuerza de agua para
producir más electricidad.
Esta forma irracional de apropiación absoluta de la
naturaleza por parte del capital, requiere que sus razones justificadoras sean
aceptadas por la población común. Para lograrlo se construye un imaginario
colectivo en el que estos proyectos que despojan a las comunidades de sus
afluentes de agua, son presentados desde una concepción de desarrollo limpio.
Los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, han tenido un
papel fundamental en la aceptación de estos proyectos, que van logrando
implantarse como proceso natural hacia la modernización, al que ineludiblemente
avanzamos desde el único camino transitable para México en su articulación con
la economía mundial.
En 2010, el 48% de la generación de energía eléctrica en
el país la realizan empresas privadas, entre ellas Iberdrola, Unión Fenosa, EDF
Internacional y Mitsubishi.
De forma paralela a las reformas estructurales realizadas en
la economía del país se comenzaron a formar y/o a reconfigurar redes
importantes de relación entre político-empresarios mexicanos y representantes
del capital transnacional. Un ejemplo reciente es el caso de Georgina Kessel,
quien fuera secretaria de energía en el gobierno de Calderón y actualmente
trabaja para la transnacional Iberdrola.
Para el año 2010, el 48% de la generación de energía
eléctrica en el país la realizaban ya empresas privadas, entre ellas las
transnacionales españolas Iberdrola y Unión Fenosa, la francesa EDF
Internacional, y la japonesa Mitsubishi. Del año 1994 al año 2011, entre los
periodos de gobierno de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón se habían otorgado un
total de 772 permisos, de los cuales 595 corresponden a auto-abastecedores.
Desde la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto el gobierno mexicano firmó
convenios para apoyar los proyectos de reducción de emisiones con Alemania,
Australia, Dinamarca, Canadá, España, Francia, Italia, Países Bajos y con el
Banco Japonés de cooperación internacional, y a través de la SEMARNAT creó el
Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR).
Estos proyectos muestran un ejemplo claro de que en México
padecemos un sistema de Estado que mantiene una marcada y muy grave disociación
entre las políticas de Estado, los problemas ambientales, y los derechos de los
pueblos y de los ciudadanos.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
