Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que conduzcan una revisión completa de los casos contra las y los prisioneros indígenas en huelga de hambre en el estado de Chiapas, desde el 29 de septiembre de 2011. De acuerdo a la evidencia disponible su detención, juicio y condena estuvieron colmados de irregularidades y abusos, incluyendo denuncias de tortura y malos tratos. Amnistía Internacional cree que pudieron haber sido sujetos a juicios injustos y condenas infundadas y por lo tanto deben ser repetidos sus procesos de acuerdo a los estándares internacionales sobre juicios justos o deben ser puestos en libertad.
La organización siente además preocupación de que el traslado el 20 de octubre de uno de los líderes de la huelga de hambre, Alberto Patishtán Gómez, a una prisión federal ubicada a 2000 kilómetros de distancia en Guasave, estado de Silanoa, fue una represalia por su activo papel en la huelga de hambre y en las reivindicaciones por el respeto a los derechos humanos por parte de los presos.
Amnistía Internacional llama a las autoridades federales y del estado de Chiapas a respetar el derecho de los reclusos a llevar a cabo su huelga pacifica de hambre y a proveerles de una adecuada atención medica de acuerdo a los deseos de aquellos que participan en la protesta y abstenerse de recurrir a la alimentación forzada. AI considera injustificada la alimentación forzada a huelguistas de hambre en plenas capacidades mentales, especialmente si es llevada a cabo sin una adecuada supervisión médica, antes de que exista una razón médica fundamentada o que esta sea llevada a cabo de forma cruel.
La organización está preocupada por que las autoridades han recurrido a amenazas e intimidaciones para poner fin a la protesta. De acuerdo a testimonios de los presos, la única mujer en huelga de hambre, Rosa López Díaz, ha sido amenazada con ser separada de forma permanente de su pequeño hijo. Otros participantes han reportado haber sido amenazados con alimentación forzada.
Información de contexto
El 29 de septiembre de 2011, once de los presos indígenas en la prisión estatal, CERSSS No 5, en San Cristobal de las Casas, comenzaron una huelga de hambre en protesta contra su reclusión basada en juicios durante los cuales, ellos aseguran han sido violados sus derechos fundamentales, resultado en condenas por crímenes que ellos no han cometido. Dos de ellos han ya sido liberados.
Amnistía Internacional ha documentado continuamente una inadecuada aplicación de la justicia en Chiapas y otros estados en los cuales a indígenas que se encuentran en detención frecuentemente se les niega el derecho a una defensa efectiva y juicios imparciales.
Red contra la Represión Chiapas
(RvsR-Chiapas)
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