Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 19 de septiembre del 2014
Víctor M. Quintana S.
ALAI AMLATINA, 17/09/2014.- Lo que está en juego estos
días, estos meses en México con referencia al campo no es sólo un proyecto
sexenal más de reforma al medio rural; es la imposición de un modo
civilizatorio que está calentando al planeta y a la sociedad global y el
paciente surgimiento de una alternativa humanista, incluyente al mismo.
1. Se agota una fase del neoliberalismo en el campo…
El campo mexicano lleva más de treinta años de despojo no
sólo intenso sino también consagrado por las leyes y las instituciones.
La reforma institucional impuesta a sangre y fuego durante los gobiernos de
Salinas y de Zedillo cumplió un papel importante: hacer funcionales nuestras
leyes y nuestras instituciones al nuevo ciclo de expansión del capitalismo en
el campo, ese que Blanca Rubio llama “la nueva fase agroalimentaria
global”. Con ellas se integró el país al manejo global de los alimentos
como “commodities”, como importador de cereales, oleaginosas, cárnicos y
lácteos a la vez dejaba de ordenar el mercado de alimentos.
Los instrumentos salinistas para lograrlo fueron: la
contrarreforma agraria, la apertura comercial, principalmente a través del
TLCAN, la política bancaria-financiera que llevó a la quiebra a miles de
productores –de ahí nació El Barzón, formidable movimiento de deudores de la
banca- la separación de los programas oficiales en programas para los
productores de “potencial” y los de “bajo potencial”, para hacer más
productivos y rentables a los primeros (Procampo) y a los segundos, condenarlos
a las políticas de compensación social (Oportunidades).
Para contener la disidencia y acotar o cooptar a las
organizaciones de productores, el salinismo-neoliberalismo creó dos espacios de
concertación diferentes: el Consejo Agrario Permanente, para las organizaciones
campesinas y el Consejo Nacional Agropecuario, instancia de los empresarios
agrícolas de diversos niveles. Al interior de estos espacios ha tratado el régimen,
no de debatir lo esencial de sus políticas hacia la agricultura, sino poner una
válvula de escape y de procesamiento de los conflictos que surgen con la
implementación de sus políticas excluyentes.
2. La acumulación por despojo en el campo mexicano
Con el avance de la globalización y de los intentos de
los Estados Unidos y sus aliados, OTAN y empresas trasnacionales,
por mantener un mundo unipolar a toda costa y salvar su hegemonía
amenazada, se inicia un nuevo ciclo ya no sólo para mantener y conservar
la dominación a través del control de los alimentos, sino ahora también a
través de la utilización de las riquezas naturales, como son los recursos
energéticos, los minerales, el agua, como “commodities” en los mercados
financieros globales.
Por eso se hace necesario para el neoliberalismo
extractivista un nuevo marco institucional para la explotación económica de los
espacios rurales y de dominación de los actores que en ellos operan, cuya
lógica de base es la “acumulación por despojo”, que conceptualiza David Harvey
e ilustra notablemente la declaratoria final de las Jornadas Nacionales en
Defensa de la tierra, el agua y la vida, celebradas en Atenco el 16 y 17 de
agosto: “ El despojo es una realidad cotidiana que padecemos todas y todos: despojo
de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad, de nuestros saberes, del
patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos
individuales y colectivos, de nuestros sueños y nuestras esperanzas… Nos
despojan los proyectos mineros, las represas, las carreteras y ductos. Nos
imponen urbanización desordenada, desarrollos turísticos, privatización de los
servicios básicos, se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio,
comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural. Son los agro negocios, los
talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, el crimen
organizado y el crimen de cuello blanco los responsables de este saqueo”.
3. La reforma al campo que sí está en marcha
Este despojo, característico de la “fase demencial del
totalitarismo neoliberal” como la llama el periodista argentino-canadiense
Alberto Rabilotta, se hace posible legalmente por las 21 reformas
constitucionales y de leyes secundarias en materia energética y las que habrá a
la Ley de Aguas y a la de Bioseguridad, entre otras. Este nuevo marco
institucional consagra una nueva forma de explotación económica en el campo
mexicano, cuyas principales implicaciones son:
Legalización del extractivismo como la actividad económica
prioritaria en el campo: extracción de petróleo, gas natural, gas shale, aguas
termales, de agua, simplemente, minerales, por sobre todo uso agrícola,
ganadero o forestal del suelo. Despojo de los territorios a las
comunidades, ejidos o propietarios, bajo la forma de “ocupación temporal” o de
“servidumbre energética”; autorización del método de fragmentación hidráulica
para la extracción de gas de lutita, con los consiguientes daños ambientales y
agotamiento de acuífero.
Ahí no termina la furia extractivista-entreguista del
presidente Peña Nieto, sus mandamases y sus aliados. Según la información de
que dispone la coalición “agua para tod@s”, el próximo período ordinario de
sesiones del Congreso, el Ejecutivo presentará un “paquete verde”, con otra
serie de reformas para dar la última vuelta de tuerca a la reforma energética:
a la Ley General de Aguas que permitan una total desregulación para darle
prioridad a los usos energéticos del agua: megapresas, geotermia, enfriamiento
de centrales nucleares, fracking, etc. Reformas a otras leyes como la del
Equilibrio Ambiental, la de Vida Silvestre, la de Desarrollo Forestal, a de
Bioseguridad, para autorizar, entre otras cosas, la construcción de gasoductos
en áreas naturales protegidas, quitar funciones a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, PROFEPA, facilitar la explotación de energéticos en
selvas, humedales y suelos forestales y autorizar la siembra de semillas
transgénicas para la producción de bioenergéticas.
A estas nuevas formas de despojo corresponderá una
nueva forma de dominación política, la que trata de construir el régimen de
Peña Nieto mediante un complejo proceso de presión-negociación-cooptación o
incluso represión a los actores del campo, con las consultas sobre “la Reforma
para el Campo”, las mesas de negociación iniciadas el 23 de julio, la
apertura de nuevas instituciones como la Financiera Nacional para el crédito a
los pequeños productores, y todas las “acciones para reformar al campo” que
implicarán no sólo cambios económico-productivos, sino el establecimiento de
nuevas formas de control, de clientelismo, de relación del Estado con los
actores rurales. De aquí surgirá lo que de facto suplirá al CAP, al Consejo
Nacional Agropecuario, etc.
4. La respuesta campesina, indígena y de las comunidades
Desde el inicio de esta fase ha habido importantes procesos
de resistencia por parte de comunidades campesinas, indígenas, coordinadoras y
organizaciones regionales y nacionales. En Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí,
Michoacán, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco y otras entidades han emergido
movimientos en defensa de los proyectos mineros, de las grandes presas, de la
extracción o apropiación del agua superficial y de los acuíferos.
Cuando llega el gobierno de Peña Nieto y establece el “Pacto
por México”, algunas organizaciones piden se lleve a cabo un diálogo para
acordar un “Pacto por el Campo”. Luego demandan que se les escuche antes de
formular cualquier proyecto de Reforma para el Campo. Así, durante los meses de
mayo, junio y julio de 2014 se llevan a cabo ocho foros nacionales temáticos y
siete foros regionales, además de foros estatales donde participan muy diversas
organizaciones campesinas y los gobiernos federal y de los estados.
Sin embargo, la atropellada y atropellante aprobación de las
21 reformas legales que constituyen la reforma energética en el Congreso
durante los meses de junio y julio indigna a los campesinos que promueven una
Gran Marcha Nacional Campesina en la ciudad de México el 23 de julio. Esta
constituye la manifestación más articulada y más masiva de cualquier sector de
la sociedad mexicana en contra de la Reforma Energética aprobada por el PRI, el
PAN y sus aliados.
La manifestación logra arrancarle al gobierno una serie de
mesas de diálogo para que los representantes campesinos planteen sus propuestas
para la Reforma. Sin embargo, no todas las organizaciones aceptan acudir a
dichas mesas y paralelamente se convoca al Encuentro y Jornadas por la Defensa
de la tierra, el agua y la vida para el 17 de agosto en el emblemático pueblo
de San Salvador Atenco. El evento es todo un éxito tanto por el número de
asistentes como por el ambiente y la inspiración que en él predominan. De ahí
surge una estratégica y emotiva declaratoria que denuncia la nueva fase del
neoliberalismo en el campo mexicano con toda la estela de despojo que trae
consigo. Sin embargo, no se queda en el recuento de agravios, sino lanza un
importante llamamiento en estos términos:
“La tarea que tenemos no es poca y precisa de reconocernos,
escucharnos y respetarnos; partir de la solidaridad, como compromiso, como
principio permanente y sobre todo como oportunidad generada por la lucha misma.
Una tarea inaplazable es la liberación de todas y todos los presos políticos,
el regreso de las y los desaparecidos y la defensa de las y los perseguidos por
luchar.
Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros
territorios, no es suficiente con resistir, tenemos que ser capaces de pasar a
la construcción de alternativas que nos permitan por un lado, mantener nuestra
tierra, el agua, la vida y nuestros derechos. Y por otro, la posibilidad de
desatar todos los saberes, la imaginación y la creatividad del pueblo al
servicio del pueblo”.
Es en estas líneas estratégicas que esperamos se sigan dando
la resistencia, la lucha y la construcción de alternativas de las comunidades
campesinas e indígenas de todo México en alianza con todos los que demandamos
alimentos sanos, aire puro, agua limpia suficiente para todas y para todos,
cultura de paz.
Porque no se trata de la lucha de las y los actores rurales
en defensa de sus derechos y de sus territorios; es la resistencia a un modo
civilizatorio de muerte, injusticia y exclusión y es el cultivo de una nueva
civilización del cuidado, del compartir, de la paz.
Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático
Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.
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