viernes, 2 de septiembre de 2011

Yaquis se convertirán en fuerza civil (La Jornada)

El proyecto no sólo despojará de agua el territorio yaqui, sino a la población de siete municipios de Sonora, razón por la cual la sociedad civil, conformada por comerciantes y vecinos, se ha unido a la resistencia, llamando a la desobediencia civil pacífica para “impedir que se cometa uno de los actos más injustos de la historia reciente”.


Gloria Muñoz Ramírez
En momentos en que sólo la organización puede parar los megaproyectos gubernamentales y de la iniciativa privada en territorios indígenas, la tribu yaqui de Sonora anunció que hará valer la ley y el estado de derecho y se constituirá en fuerza civil "para detener y desmantelar" las obras del acueducto Independencia, obra con la que se pretende llevar el agua de El Novillo, una de las presas intermedias del sistema de la cuenca del río yaqui, que incluye las presas La Angostura y El Oviachic.

El proyecto no sólo despojará de agua el territorio yaqui, sino a la población de siete municipios de Sonora, razón por la cual la sociedad civil, conformada por comerciantes y vecinos, se ha unido a la resistencia, llamando a la desobediencia civil pacífica para "impedir que se cometa uno de los actos más injustos de la historia reciente".

"No vamos a permitir que se cometan más injusticias contra nuestro pueblo. Haremos valer nuestra razón histórica como pueblos originarios de estas regiones áridas y nuestros derechos históricos", afirmaron este 25 de agosto las autoridades tradicionales de la tribu yaqui de Vícam y Potam, primera y segunda cabeceras de la tribu yaqui.

De acuerdo con información oficial, el año pasado compitieron siete empresas nacionales y extranjeras para adjudicarse la construcción del acueducto que se llevará el agua a Hermosillo, capital del estado. En su oportunidad, el gobernador Guillermo Padrés Elías anunció que la inversión de la obra será de 3 mil 860 millones de pesos y tendrá una longitud de 152 kilómetros. El gobernador anunció también el inicio de las operaciones para el verano de 2012, momento a partir del cual se “abastecerá de 75 millones de metros cúbicos de agua a Hermosillo.

Lo que no contemplan los gobiernos federal y estatal es el impacto ambiental del acueducto, que, a decir de los yaquis, barrerá con la fauna y flora silvestre de la región, además de que las comunidades indígenas se quedarán sin el líquido, pues se localizan debajo de la cuenca donde se levantará el acueducto.

El proyecto, señalan, viola una serie de disposiciones judiciales, como las medidas cautelares precautorias otorgadas por un tribunal agrario a la tribu yaqui "en favor de la demanda de restitución de aguas" y un amparo interpuesto por los agricultores del valle del Yaqui contra la licitación del acueducto, que ordena parar las obras.

La respuesta gubernamental, hasta el momento, es: "Nada ni nadie detendrá la construcción del acueducto Independencia". Pero, afirman los yaquis, aún no se dice la última palabra.

losylasdeabajo@yahoo.com.mx – http://desinformemonos.org


que sea liberado Pedro López Espinosa, líder estatal de la Cocyp en Chiapas

FOTO: latribunadechiapas.blogspot.com

PATRICIA DÁVILA
1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 · SIN COMENTARIOS
NACIONAL: PROCESO

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), José Jacobo Femat, solicitó la intervención del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que se frene el clima de hostigamiento en contra de líderes sociales de Chiapas.

Además, hizo un llamado a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, para que sea liberado Pedro López Espinosa, líder estatal de la Cocyp en Chiapas, quien fue detenido el 31 de agosto en esta entidad, bajo supuestos cargos de obstrucción a las vías de comunicación.

“A través de misivas a la PGR y a Gobernación, la Cocyp elabora una estrategia de unidad entre diversas organizaciones sociales que en Chiapas han visto violentados sus derechos de libre expresión por parte del gobierno estatal”, explicó.

La aprehensión de López Espinosa, precisó, se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, bajo la acusación de obstruir las vías de comunicación.

Luego cuestionó: “¿Es un crimen defender a los pobres? La pregunta viene al caso porque nuestro compañero Pedro, al igual que el resto de los líderes nacionales, estatales y regionales de la organización, son hombres y mujeres que rechazan tajantemente que la pobreza y desigualdad sean circunstancias inevitables en nuestro país”.

Es por esas razones, comentó Jacobo Femat, “que demandamos la liberación inmediata de nuestro compañero, que se suma a otros seis miembros de la organización que en ese estado han sido privados de su libertad”.

El líder de la Cocyp sostuvo que “no somos delincuentes, simplemente somos personas que legítimamente se indignan por la miseria en que unos potentados han sumido al país”.


BRIGADA DE OBSERVACIÓN Y SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS

Las agresiones a las comunidades zapatistas son cada vez sistemáticamente más violentas y continuas
Los actos de provocación contra el EZLN parecen más que obvios.
Esta brigada estuvo racabando datos y registrando el ambiente para mostrar que nuestros compañeros zapatistas no están solos.
Invitan a los medios alternativos, libres y tradicionales a una conferencia de prensa para dar a conocer el informe realizado durante su recorrido del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2011.

La conferencia se celebrará el día 2 de septiembre, a las 11:00 am, en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

CONFERENCIA EN VIVO

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miércoles, 31 de agosto de 2011

Revive el debate sobre la Ley de Medios



Reunión de la JUCOPO con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el 17 de agosto. Foto: http://www.diputadosfederalespan.org.mx/

En los encuentros que ha sostenido el Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad con el Congreso se ha vuelto a poner sobre la mesa la necesaria reforma al marco jurídico de los medios de comunicación.


Primero en el encuentro sostenido en el Alcazar de Chapultepec el 28 de julio, y luego en la reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el 17 de agosto, Aleida Calleja, actual presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) enfatizó que sin una ley de medios no será posible la reconstrucción del tejido social.

Por su parte el Diputado Javier Corral, principal promotor de la democratización de los medios de comunicación, ha señalado que la aprobación de la reforma política debe acompañarse por una reforma a la ley de medios.

Aleida Calleja señaló en el Alcazar: “una parte central de la defensa de los derechos de las víctimas, de la reconstrucción del tejido social, del impulso de los procesos de paz, de la posibilidad de tener la información como un recurso social, indispensable para que se escuchen las voces diversas y plurales, pasan necesariamente por una transformación del modelo mediático que actualmente tenemos en el país.”

Por su parte Javier Corral mencionó: “Sería de alto riesgo para la vida democrática del país mandar varias de las instituciones de la democracia representativa al mundo de los poderes fácticos, pues los referéndum, las iniciativas, los plebiscitos pues nos los van a ganar Televisa y Televisión Azteca si no tenemos una legislación de medios acotada en términos de reglas para la competencia de límites a la propiedad cruzada, de reconocimiento a los medios públicos, del establecimiento del régimen legal de la radiodifusión comunitaria, sea para radio o para televisión.”

¿Por qué es importante una reforma a la ley de medios?

La información es uno de los elementos fundamentales para una mejor participación del ciudadano en democracia, y los medios de comunicación (principalmente la televisión) constituyen la fuente principal de información de la mayoría de los habitantes del país. 8 de cada 10 personas reconocen que se informan a través de la televisión


Sin embargo, en México los medios de comunicación se encuentran en pocas manos lo que ocasiona que sólo unos pocos decidan lo que se informa a la mayoría. En la radio 13 cadenas dominan el 70% de las estaciones comerciales, y en la televisión 2 empresas (Televisa y TV Azteca) tienen el 95% de las concesiones.



Además, los medios públicos (llámese canal 11, canal 22 o canal 34, por citar algunos) no tienen las condiciones para fungir como contrapeso de la televisión privada porque tienen un escaso presupuesto debido a que no pueden comercializar sus espacios, no tienen un marco jurídico que les garantice independencia del poder público y tampoco poseen la cobertura nacional para que sus canales puedan ser sintonizados por la mayoría de la población.

Por eso es necesario que haya mayores jugadores en la televisión y en la radio, se fortalezca a los medios públicos, y para que eso suceda, el Ejecutivo debería licitar nuevas estaciones y nuevos canales, o el Legislativo mandatar desde la ley para que esto se realice.

¿Por qué es necesario para la reforma política?

Un ciudadano más y mejor informado tendrá una mejor participación en democracia. Esto quiere decir que se preocupará más por los problemas públicos, exigirá rendición de cuentas a sus gobernantes, colaborará en la solución de los problemas públicos y emitirá un voto razonado en las elecciones.

La reforma políticaotorga herramientas para que el ciudadano tenga una mejor participación en democracia. La reelección, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el plebiscito, sin embargo, si no se avanza la formación de un ciudadano mejor informado, estos instrumentos servirán de muy poco.

O lo que es peor, imaginar cómo se convertiría en un laste el que medios como Televisa apoyen a un candidato ciudadano (recordemos como en 2006 un precandidato surgido de la nada pero que se promovió algunas semanas en la televisión, Bernardo de la Garza, aumentó su presencia y aceptación ciudadana por casi 12 puntos porcentuales), suponer la consulta ciudadana sobre la misma ley de medios difundida a través de TV Azteca, o pensar en el gasto en medios de un gobernador, alcalde o legislador que se busque reelegir.

El duopolio televiso ya nos ha demostrado una y otra vez el uso faccioso que le dan a la pantalla. Recordemos como critican una y otra vez la reforma electoral aludiendo a una supuesta libertad de expresión cuando lo que está de por medio son las ganancias que antes tenían por vender tiempo a los partidos para la difusión de su propaganda electoral. Y en esta misma sintonía TV Azteca arremete una y otra vez contra el IFE difundiendo información parcializada.


Es importante aclarar que con la reforma a la ley de medios no se pretende en ningún momento limitar la libertad de expresión, lo que se busca es que haya más pluralidad de información y con ello, el ciudadano tenga la posibilidad de contrastar y formarse su propio criterio.

Y como lo dice Aleida Calleja, la ley de medios no sólo es importante para la reforma política, sino para todos los temas que tienen un interés público y que es importante que se difundan, discutan y deliberen.

Una demanda añeja

La pertinencia de una reforma (o una nueva ley de medios) ha sido debatido en repetidas ocasiones y se han presentando diversas iniciativas. La más integral es la que presentó el diputado Javier Corral Jurado el 8 de abril de 2010.

La demanda de una reforma proviene desde finales de los años 70 del siglo pasado cuando con la reforma electoral de 1977 se añadió al artículo sexto de la Constitución: “el derecho a la información será garantizada por el Estado”.

A partir de ahí han existido números intentos, exigidos principalmente por la sociedad civil, para que el derecho a la información sea garantizado, sin embargo en 1981 el legislativo dijo que no “se le encontró la cuadratura al círculo”, en 1999 el legislativo sucumbió ante una linchamiento mediático que decía que se quería aprobar una “ley mordaza”, en 2002 cuando se avanzaba en la discusión del tema por parte de la sociedad civil con una parte del Legislativo, el Ejecutivo ordenó el decretazo para reducir los tiempos fiscales a los medios y con ello terminó con toda esperanza reformadora, y en 2005 cuando también se discutía en el Senado la reforma integral por algunos legisladores, en la Cámara de Diputados se inició una contrarreforma que de forma inmediata fue aprobada (denominada Ley Televisa).

La Ley Televisa fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta en junio de 2007, de manera poco usual pero plausible, echó abajo los principales artículos de dicha reforma y ordenó al Congreso volver a legislar.


Posteriormente el Legislativo aprobó la reforma electoral de 2007 y prometió legislar el derecho de réplica en un plazo no mayor a un año.

Sin embargo hasta la fecha no se ha concretado nada. En el Senado, el legislador del PRD, Carlos Sotelo buscó avanzar en una reforma parcial en abril de 2010, y en la Cámara de Diputados Javier Corral presentó una iniciativa integral. Ambos no encontraron la disposición del resto de los legisladores para aprobar dichas reformas.

Ni siquiera se ha avanzado en un dictamen. En la Cámara de Diputados la Comisión obligada a generarlo es la Comisión de Comunicaciones, pero aunque en mayo de este año se distribuyó un pre proyecto de plan de trabajo, hasta la fecha no se han vuelto a reunir para abordar el tema.

¿Por qué no avanza la ley de medios?

Hay que reconocerlo, falta de voluntad política ocasionada por el peso que tienen los medios electrónicos de comunicación hoy en día. Los políticos están dominados por la necesidad de aparecer en los medios, y por lo tanto no hacen nada que pueda afectar a los radiodifusores. Incluso, los medios tienen sus representantes directos en la política.

La política de hoy pasa por los medios (Manuel Castells lo llama la política mediatizada). Esto ocasiona que el político esté más necesitado de aparecer en la televisión que en realizar su trabajo legislativo, que le importe más decir frases que impacten en los medios que en ofrecer un discurso articulado, en quedar bien con el concesionario de Televisa y TV Azteca (que para colmo son de los más ricos del país), que en legislar una ley que beneficie a la mayoría y qué afecta a la élite empresarial de los medios.

Pero también los medios tienen sus propios legisladores, se les denomina la telebancada y está conformada por legisladores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, y cabildean directamente en el Congreso, inclusive presiden comisiones, para que avancen las iniciativas que les favorecen, y se vayan a la congeladora las que no.

Y cuando se acercan los periodos electorales la dificultad para que estas reformas prosperen aumenta porque son tiempos donde el político necesita aparecer en los medios para tener mayores posibilidades de victoria electoral.

Perspectivas

Es casi imposible que se apruebe las reformas a la ley de medios en los meses que le quedan a la presente legislatura. Como dice el diputado Javier Corral: “no veo una clase política con la altitud de miras necesaria para legislar por el bien común.”

Tiene que ser la sociedad civil quien debe presionar a los políticos para que cumplan con la función que le corresponde. Como lo dijo Julián Le Barón, lo que se requiere es una reforma ciudadana, “ni el gobierno ni nadie van a hacer por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos.”

Enhorabuena por el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia y por volver a poner en la mesa la necesidad de una reforma a la ley de medios que tanto le hace falta a nuestro país.



Organizaciones denuncian 28 desapariciones forzadas de defensores de DDHH



La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México reveló que de 2005 a la fecha han registrado 28 desapariciones forzadas de defensores de Derechos Humanos. Fue en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Además, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas informó que desde 2006 han desaparecido alrededor de 3 mil personas en México.

Las más de 70 organizaciones que integran la Campaña denunciaron que "hasta la fecha existe 100% de impunidad en todos estos casos".

Del mismo modo, la acusación señala que familiares de las victimas no pueden recurrir a instancias internacionales por la negativa del Estado mexicano de reconocer su competencia. Se hizo referencia a entidades como el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.

Los organismos añadieron que el incremento en las cifras de este delito es un claro ejemplo de que no existe voluntad política de las autoridades para erradicar esta problemática.

Ante tal escenario, las agrupaciones establecieron un pliego de 16 puntos al Gobierno mexicano.

Allí se exige la promulgación de una Ley contra la Desaparición Forzada de Personas a fin de garantizar la prevención, sanción y erradicación de esta práctica.

Demandaron que las autoridades creen un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas. Agregaron que el diseño, implementación y seguimiento del registro cuente con la participación de la sociedad civil.

Por último, solicitaron que el Estado funde una instancia especializada para la localización de personas desaparecidas.(PÚLSAR)

al/Alejandro Pacheco (Corresponsales / México)
31/08/2011


martes, 30 de agosto de 2011

Camino al revés

Informe Anual 2010, Late la Tierra en las veredas de la resistencia En el marco de este informe recordamos a nuestros desaparecidos y exigimos su presentación con vida

Hoy 30 de agosto de 2011, damos a conocer nuestro Informe 2010, “Late la Tierra en las veredas de la resistencia” donde abordamos la situación de los derechos humanos, de los procesos de defensa integral y del ejercicio de derechos durante el periodo que va abril de 2010 a marzo de 2011.

En este informe sostenemos que los derechos colectivos de los pueblos indígenas se encuentran seriamente amenazados por la presencia de proyectos y planes de los gobiernos federal, estatal y municipal, que fomentan el despojo del territorio mediante intereses ajenos a quienes ancestralmente los habitan.

Mujeres y hombres de diversos pueblos del estado de Chiapas han compartido las problemáticas que existen al interior de las comunidades, debido a la imposición de proyectos de “desarrollo” de carácter “verde”, los cuales son impulsados por el Estado a través de planes de “ecoturismo”, “eco-arqueoturismo”, “turismo alternativo”1, “ciudades rurales”2, entre otros, en complicidad con las empresas nacionales e internacionales que monopolizan el mercado, generan dependencia y pobreza. Estos planes neoliberales ocasionan que los pueblos se vean sometidos en muchos casos a la expulsión de sus lugares de origen o a divisiones internas que los confrontan.

El ejercicio del derecho a la autonomía a través de la libre determinación, es una asignatura pendiente del Estado mexicano con los pueblos indígenas, ya que no hay la voluntad política del gobierno en garantizar y respetar los derechos colectivos de los pueblos, pues implicaría una modificación profunda a las bases institucionales del Estado, es decir un cambio radical de sistema de gobierno.
Observamos que las violaciones a quienes defienden los derechos humanos vienen de la violencia ejercida por el Estado con la finalidad de desanimar y neutralizar a defensoras y defensores, así como a organizaciones sociales, indígenas y campesinas que reivindican y ejercen sus derechos.

Otra constante que hemos documentado en las violaciones a derechos humanos es el incremento de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así también actos de tortura hacia personas de la población civil que se les vincula con la “delincuencia organizada”. En varios de los casos es clara la acción arbitraria donde se violentan el derecho a la presunción de inocencia y debido proceso.

Es por tanto que observamos con indignación la criminal guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada y los daños irreparables que ésta causa en miles de muertes, sangre derramada diariamente en todas partes sin excepción.

Asimismo, vemos una estrategia perversa del Estado mexicano en la implementación de leyes “duras” que restringen derechos civiles y políticos, que les permiten actuar con toda impunidad para esta “guerra”, reformas legislativas y políticas públicas que tienen características limitadas y responden a un simulacro del Estado.

En cuanto a Chiapas, la imagen y la simulación de un gobierno con “vocación a los derechos humanos” pretende constituirse como el estado de la república de “vanguardia”. Este discurso se desmorona con tan sólo atisbar lo que viven los ciudadanos en Chiapas, en cuanto a las violaciones a los migrantes, las mujeres, los periodistas, comunicadores, los pueblos indígenas, entre otros grupos que son marginados y excluidos. Es un grave error creer que readecuando instituciones y expedición de leyes que “protejan los derechos humanos”, por inercia o por decreto protegerán a los ciudadanos de las violaciones que cotidianamente padecen por la irresponsabilidad del gobierno. Es así que afirmamos que la corrupción en el sistema político y en las instituciones actuales necesita deconstruirse para así acabar con esta perversión justificada en la razón de Estado.

A pesar de lo anterior sigue siendo alentador el impulso de pueblos que sobreviven ante tal frivolidad de los gobiernos. Ellos son los que crean y transforman a través de acciones de justicia en la construcción de una sociedad nueva que avanza con una mayor conciencia, exigencia y ejercicio de los derechos.

Finalmente constatamos que las personas siguen en resistencia y responden organizadamente por sus derechos, desde la memoria, en el no olvido y desde la práctica; en el tiempo, espacio e instantes donde se recuerda a las víctimas asesinadas y desaparecidas forzadamente. Es por tanto que hoy, en el marco de la presentación de nuestro informe, Día Internacional de los Desaparecidos, memoria viva y presente de Chiapas, México y América, nos sumamos a la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, con la consigna de exigencia ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!:
  • Amado Gómez Torres, desaparecido forzadamente el 7 de mayo de 1996, en Unión Juárez, Sabanilla.
  • Antonio González Méndez, desaparecido forzadamente el 19 de enero de 1999, en El Calvario, Sabanilla.
  • Basilio Gutiérrez López, desaparecido forzadamente el 6 de junio de 2001, en Misopá Chinal, Tila.
  • Braulio López Pérez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, Tila.
  • Cándido Vázquez Sánchez, desaparecido forzadamente el 30 de septiembre de 1994 en El Crucero, Tila.
  • Carmelino Pérez Jiménez o Carmelo Pérez López, desaparecido forzadamente el 5 de junio de 1996 en Los Moyos Sabanilla.
  • Carmelino Vázquez Sánchez, desaparecido forzadamente entre el 12 y 17 de junio de 1996 en Patastal, Tila.
  • Cruzindo Álvarez Jiménez, desaparecido forzadamente el 19 de junio de 1996 en Jesús Carranza, Sabanilla.
  • Domingo Jiménez Sánchez, desaparecido forzadamente el 2 o 3 de septiembre de 1996 en Rancho Santa Rosa, ejido Huanal, Tila.
  • Domingo Ortiz Gutiérrez, desaparecido forzadamente el 25 de junio de 1996 en Panchuc Corozil, Tila.
  • Domingo Pérez Martínez, desaparecido forzadamente en junio o julio de 1996, zona Norte.
  • Emilio Martínez Pérez, desaparecido forzadamente el 10 de septiembre de 1996, en Masojá Grande, Tila.
  • Encarnación Pérez Pérez, desaparecido forzadamente el 12 de agosto de 1996 en Masojá Chico, Tila.
  • Fernando López Martínez, desaparecido forzadamente el 19 de junio de 1996 en Jesús Carranza, Sabanilla.
  • Florencio Gutiérrez Vázquez, desaparecido forzadamente el 3 de junio de 1996 en zona Norte.
  • Florentino Pérez Sánchez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995 en el municipio Tila.
  • Guadalupe Hernández Jiménez, (indígena Chol) desaparecido forzadamente el 4 de junio de 1996, Los Moyos, Sabanilla.
  • Guadalupe Sánchez López, desaparecida forzadamente el 25 de junio de 1995 en Pachuc Corozil, Tila.
  • Gustavo Hernández Parcero, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, en El Crucero, Tila.
  • Hermelinda Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 21 de junio de 1996, en Miguel Alemán, Tila.
  • Juan Ramírez Torres, desaparecido forzadamente el 4 o 5 de junio de 1996, en Miguel Alemán, Tila.
  • Lorenzo García García, desaparecido forzadamente el 20 de noviembre de 1994, Tzaquil, Tila.
  • María López Méndez, desaparecida forzadamente el 24 de marzo de 1995, Emiliano Zapata, Tumbalá.
  • María Rebeca Pérez Pérez, desaparecida forzadamente el 12 de agosto de 1996, Masojá Chico, Tila.
  • Mateo Arcos Guzmán, desaparecido forzadamente el 1 de agosto de 1997, Aguascalientes, Tila.
  • Mateo Jiménez López, desaparecido forzadamente el 24 de mayo de 1996, Usipá, Tila.
  • Mateo Méndez Jiménez, desaparecido forzadamente el 24 de mayo de 1996, Usipá, Tila.
  • Miguel López López, desaparecido forzadamente el 4 de septiembre de 1996, municipio Tila.
  • Miguel Parcero Parcero, desaparecido forzadamente el 1 de agosto de 1997, 1 de Enero de 1997.
  • Minerva Guadalupe Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 20 de junio de 1996, Miguel Alemán, Tila.
  • Oscar Jiménez Jiménez, desaparecido forzadamente el 19 o 20 de junio de 1996 en Pachuc Corozil, Tila.
  • Pascual Ortiz Sánchez, desaparecido forzadamente el 25 de junio de 1995, Panchuc Corozil, Tila.
  • Pascual Ramírez Gómez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.
  • Pedro Álvaro Arcos, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.
  • Ramón Ramírez López, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.
  • Sebastián Vázquez Martínez, desaparecido forzadamente el 14 o 15 de agosto de 1996, municipio Tila.
  • Gerónimo Gómez López, desaparecido forzadamente el 20 de diciembre de 2000 en Simojovel.
  • José Hidalgo Pérez, desaparecido forzadamente el 10 de junio de 1999, San Cristóbal de Las Casas.
  • Antonio Guzmán González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
  • Fernando Ruiz Guzmán, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
  • Marco Guzmán Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
  • Doroteo Ruiz Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
  • Diego Aguilar Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
  • Eliseo Hernández Cruz, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
  • Eusebio Jiménez González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan,
Ocosingo.
  • Santiago Pérez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan, Ocosingo.
  • Marcos Pérez Córdoba, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan, Ocosingo.
  • Juan Mendoza Lorenzo, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Miguel, Ocosingo.
  • Elíseo Sánchez Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Miguel, Ocosingo.
  • Leonardo Méndez Sántiz, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Garrucha,
Ocosingo.
  • Carmelo Méndez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Pataté, Ocosingo.
  • Javier Hernández López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Pataté,
Ocosingo.
  • Enrique González García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
  • Marcelo Pérez Jiménez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
  • Manuel Sánchez González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
  • Nicolás Cortez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
  • Vicente López Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
  • Javier López Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Nuevo Suchilá,
Ocosingo.
  • Alejandro Sánchez López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Galeana, Ocosingo.
  • Juan N, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Ibarra, Ocosingo.
  • Floriberto López Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.
  • Pedro López García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.
  • Alfredo Sánchez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana,
Ocosingo.
  • Santiago Ramírez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juanito, Ocosingo.
  • Silverio Gómez Alvarez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Norte de Chiapas, Ocosingo.
  • Bartolo Pérez Cortés, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
  • Marcos Gómez Velasco, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Chanal, Ocosingo.
  • Arturo Aguilar Jiménez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Yaxkul, Ocosingo.
  • Francisco Gómez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.
  • Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo, desaparecidos forzadamente el 13 de noviembre de 2006 en Viejo Velasco, Ocosingo.
  • Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos forzadamente el 24 de mayo de 2007, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
  • Los y las migrantes desparecidas forzosamente en territorio mexicano…

1 Ver: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/52/pr/pr35.pdf.
2 CDHFBC, Balance anual 2008: sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, p. 16. Disponible en:
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INFORME (FRAYBA 2010) EN VIVO

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Edgardo Buscaglia - Paradoja de la represión...




Subido por en 17/06/2011
16/6/2011. "En México la delincuencia organizada ha crecido bajo la gestión de un partido único organizado". "La delincuencia mexicana se dedica a 22 tipos de delitos y tiene presencia patrimonial en países como España y Alemania". "A estos grupos en México no se les está tocando su patrimonio. Por qué? Porque patrocinan campañas". "Lamentablemente México aún tiene mucho dolor por delante". Todas estas afirmaciones las hace el experto en materia de drogas Edgardo Buscaglia durante su intervención. ¿Te las vas a perder?

Biografía:
Edgardo Buscaglia (EE UU). Doctor en Derecho y Economía y Jurisprudencia y Política Social por las Universidades de Illinois y de Berkeley. Es Senior Law and Economics Scholar de la Universidad de Columbia (Nueva York). Desde 2001 es asesor de la Naciones Unidas, organización para la que ha trabajado en calidad de Jefe de Misiones y de director y experto en materia de reforma judicial en países como Afganistán, Jordania, Pakistán, Nigeria y Colombia.

Temas+, el formato más ágil de Casa de América
Un T+ es un bloque de tres intervenciones, de 20 minutos cada una, en torno a un asunto vinculado a la actualidad, a la reflexión, a la creación, a las tendencias o a los grandes retos y desafíos que debe encarar la comunidad internacional. Casa de América invita a participar en cada uno de esos bloques temáticos a tres brillantes personalidades que abordan el asunto desde perspectivas multidisciplinares o complementarias.


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RELATORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN SINALOA, MEXICO


COMUNICADO DE PRENSA

Washington D.C., 26 de agosto de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el secuestro y asesinato del periodista Humberto Millán, ocurrido en Sinaloa, México, y solicita a las autoridades una investigación exhaustiva que tome en cuenta la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el ejercicio del periodismo.

De acuerdo con la información recibida, Humberto Millán fue secuestrado por varios hombres armados en la mañana del 24 de agosto, en Culiacán, Sinaloa, cuando se dirigía a la emisora Radio Fórmula, donde conducía un programa periodístico. En la mañana del 25 de agosto, el periodista fue encontrado muerto, con una herida de bala en la cabeza.

Según lo informado, además de su trabajo en la radio, Humberto Millán dirigía el periódico digital A Discusión, donde se especializaba en información política local y nacional. El periodista, con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, era conocido por sus comentarios críticos y denuncias acerca de presuntos actos de corrupción política.

La Relatoría Especial tuvo conocimiento del establecimiento de una comisión de investigación para este caso, encabezada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa, en colaboración con la Procuraduría General de la República, e insta a las autoridades a hacer un análisis exhaustivo de las circunstancias del crimen y del trabajo periodístico de la víctima, como posible móvil del homicidio

Este es el sexto homicidio cometido contra comunicadores en México en 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio del periodismo. En 2011 han sido reportados la desaparición y el posterior asesinato de  Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; los homicidios de  Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; la muerte de  Miguel Ángel López Velasco, el 20 de junio en Veracruz y el asesinato de  Yolanda Ordaz, el 26 de julio en Boca del Río, Veracruz. Además, el 7 de junio desapareció en Guerrero el periodista Marco Antonio López Ortiz, cuyo paradero todavía es desconocido.   En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora de periódicos, Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero  Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.

La Relatoría Especial reitera su preocupación por los crímenes reportados y hace un llamado urgente a las autoridades para que fortalezcan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, trasladen a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera, e implementen adecuadamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad de los crímenes cometidos así como la repetición de este tipo de hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes, juzgarlos, sancionarlos y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".