Publicado en: Nacionales, Recientes
La territorialidad, los recursos naturales y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas en América Latina y en México en particular, son sitiados y amenazados sistemática y permanentemente por las corporaciones del capitalismo neoliberal, dentro de las cuales incluyo al narcotráfico. Ante el desempleo generalizado en el mundo rural, la debacle del campo provocado -en parte- por los tratados de libre comercio que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, muchas comunidades son penetradas por el crimen organizado para forzarlas o inducirlas al cultivo de la amapola o la mariguana en sus tierras, y jóvenes indígenas son reclutados para el transporte de la mercancía por las redes de los cárteles.
Paralelamente, con el pretexto del “combate contra el narcotráfico”, extensas zonas indígenas son víctimas de los operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y los que corresponden como pueblos originarios. A esto se suman las labores contrainsurgentes de las fuerzas armadas en territorios indígenas que acarrean actividades lesivas para los pueblos de dos actores armados más: grupos paramilitares y guerrilleros.
Colombia es un caso ilustrativo de esta situación en la que los indígenas se encuentran entre tres fuegos: militares, narco-paramilitares y guerrilleros. La etnia Nasa, en el norte del departamento del Cauca, por ejemplo, se ha visto forzada a poner en práctica una ordenanza para que su guardia indígena, armada solo con sus bastones adornados con colores vivos para ser vistos a larga distancia, expulse a los narcotraficantes de su territorio, dentro del cual operan las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización con la cual también han negociado los Nasa el cese del reclutamiento indiscriminado de sus jóvenes. En otros territorios colombianos se han dado desplazamientos de miles de indígenas huyendo del enfrentamiento entre ejército y los narco paramilitares con guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional.
En el caso de México han sido denunciados grupos del narco operando en zonas indígenas con mayor frecuencia en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y en las cárceles de estos estados se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud. Incluso, se ha externado especial preocupación por índices de drogadicción creciente entre los propios pueblos, como en el caso de los Raramuris en Chihuahua. Se calcula que alrededor de 50 mil indígenas han sido víctimas de las redes del narco en al menos 60 comunidades del país. Así, se criminaliza a los pueblos indios y en muchas regiones de nuestros países la lucha contra el narcotráfico encubre una gran variedad de extorsiones e injusticias adicionales a las que secularmente han sufrido los indígenas por parte de autoridades militares, policiales y judiciales.
En Centroamérica tenemos que en poblados mayas del oriente y occidente de Guatemala, mafias mexicanas han instalado a sangre y fuego sus estructuras delictivas y controlan el transporte hacía México y Estados Unidos. En Puerto Lempira, Honduras, hay hostigamiento del narco hacia los indígenas misquitos. En Nicaragua, Daniel Ortega declaró recientemente que las redes del narcotráfico han penetrado las comunidades misquitas de la Costa Caribe, así como las urbes multiétnicas de Bilwi y Bluefields, datos que pudimos corroborar en el terreno con testimonios de costeños. En el área fronteriza entre Panamá y Colombia, conocida como Tapón de Darién, el narco despliega una red terrestre y marítima que se extiende por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala para sus destinos finales en México-Estados Unidos.
También recientemente, la ONU expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas transfronterizos víctimas de la militarización y el tráfico de drogas en las regiones limítrofes entre Bolivia, Ecuador y Perú. En este último país, se denunció que colonos procedentes de la región andina de Ayacucho invaden territorio indígena en la selva central para cultivar coca. En Bolivia, el Chaman que entrego el bastón de mando a Evo Morales en el 2006, se encuentra en prisión acusado por narcotráfico.
Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, buscan apoderarse de los recursos acuíferos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, que constituye el fundamento material de la reproducción de los pueblos y el espacio estratégico de sus luchas. La finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza de trabajo y, a través de la criminalización que esto conlleva, facilitar las actividades del ejército en sus tareas represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de los grupos paramilitares que con frecuencia operan como el brazo clandestino de las fuerzas armadas para las tareas de la guerra sucia. Desde luego que ello representa una problemática sumamente compleja, que en los hechos significa un conflicto permanente por la tierra-mercancía (y también por los recursos naturales, estratégicos y patrimonios culturales tangibles e intangibles de los pueblos indígenas, todos ellos considerados mercancías).
La militarización con fines de lucha contra el narcotráfico no trae de ninguna manera una disminución de sus actividades delictivas, como lo prueba el caso de extensas zonas de la República mexicana bajo virtual ocupación militar. En el plano mundial el caso de Afganistán es ilustrativo ya que con la ocupación neocolonial de las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados se intensifica a más del doble la siembra y el trasiego de drogas.
“En la trastienda de las drogas existen servicios de espionaje estadounidenses, empresas importantes e intereses financieros y, desde este punto de vista, el control geopolítico y militar de la ruta de las drogas es tan estratégico como el de los oleoductos. El grueso de los beneficios asociados al comercio mundial de las drogas no se los apropian los grupos terroristas y los señores de la guerra… Resulta una amarga ironía que la presencia militar estadounidense ha servido para restablecer, en lugar de erradicar, el tráfico de drogas… En otras palabras, las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de las rutas de la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las drogas están depositados en el sistema bancario occidental. La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de narco dólares. (Michel Chossudovsky. “¿Quién se beneficia del comercio de opio afgano”. La Haine, 5 de octubre de 2006).
Desde hace varias décadas y en reiteradas ocasiones han sido denunciados los operativos de la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos de inteligencia occidentales en el trasiego de drogas con la finalidad de financiar sus gastos militares en Centroamérica, Vietnam y ahora en Afganistán. Recordamos la forma como la CIA cubrió sus gastos ocasionados por la Contra nicaragüense a través del trasiego de droga en sus aviones sin supervisión alguna.
El periodista Michael Gallant Smith sostiene acertadamente que:
“El régimen de Estados Unidos aprovecha al narcotráfico para afianzar su dominio en el continente americano, en especial en América Latina. El aparato de propaganda del régimen estadunidense ha difundido en el orbe la imagen de que Estados Unidos es la víctima mundial del tráfico de narcóticos mientras las autoridades de ese país fingen combatirlo. ¿Cómo es que la nación más poderosa del mundo en el plano económico y militar es impotente para derrotar al narcotráfico? La respuesta es clara. El narcotráfico es aliado perfecto de Estados Unidos. El narcotráfico dota al régimen de Estados Unidos de un flexible mecanismo de control interno, da pretextos para presionar a otras naciones, en especial latinoamericanas, y fortalece la economía estadunidense al exportar inflación mediante el lavado de dinero. Decomisos ocasionales de narcóticos, arrestos espectaculares de jefes del narcotráfico, tiroteos con muertos, imágenes conmovedoras de jóvenes adictos y robos violentos relacionados con las drogas son sólo parte del espectáculo con actores reales montado por la propaganda del régimen de Washington”. (Veneno, Numero 1, abril de 1997).
La delincuencia organizada actual no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente desbocada, sicópata y sin mediación política que la encubra; esta rama empresarial es altamente rentable desde el punto de vista económico, tanto financieramente, como a partir del hecho que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco. The Independent daba a conocer en el 2004 que “el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo tras el petróleo y el tráfico de armas” (29 de febrero de 2004).
También, la llamada guerra contra el narcotráfico es especialmente funcional -una vez desaparecida la guerra fría– para justificar las tareas represivas del Estado capitalista transnacionalizado y para los planes de dominación estratégica de los centros imperialistas hegemonizados por Estados Unidos. Los Estados transnacionalizados se caracterizan por el vaciado de sus tareas sociales y de sus responsabilidades frente a las grandes mayorías de nuestros países y el fortalecimiento de sus afanes de control autoritario de la fuerza de trabajo, la criminalización de las resistencias y de todo tipo de disidencia, incluso las de carácter meramente democrático.
La única posibilidad de defensa frente a este fenómeno en el mundo indígena, como se muestran los casos de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, los Nasa de Colombia y la Policía Comunitaria de Guerrero es el fortalecimiento de las autonomías, a partir de las cuales se ha logrado controlar -no sin dificultades- la presencia del crimen organizado en los territorios indígenas.
Gilberto López y Rivas
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