Las amplias facultades del ministerio público conllevan a actos de tortura.
Los arraigados llegan golpeados, pero se manipulan los certificados médicos; hay abuso sexual contra mujeres.
La tortura y condiciones infrahumanas en los reclusorios generan más violencia.
Tras una visita al país en 2008 -en la que acudió a 24 centros de detención en el Distrito Federa y los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca- el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU emitió en 2009 un informe de 87 páginas en el cual identifica numerosas fallas estructurales en el sistema penal mexicano que alientan la tortura, pero el gobierno mexicano mantuvo dicha información bajo reserva, y fue hasta este año que la dio a conocer debido a que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” promovió un recurso al respecto ante el IFAI.
En su informe, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas deplora las irracionalmente amplias facultades del ministerio público, declarando que el que los detenidos se queden bajo custodia del MP a pesar de ser éste una parte acusadora en el proceso, hacen que los agentes ministeriales cometan tortura para arrancar confesiones que luego pasan a ser pruebas, lo cual se constató a partir de “abundantes, sólidos y coincidentes elementos de juicio derivados de todo tipo de fuentes consultadas.” Esto se agrava a la luz del abuso reiterado de la “flagrancia” para detener arbitrariamente y luego poner al detenido a disposición del MP en vez de llevarlo ante un juez, agregó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Por ello, dicha Red demandó la urgente obligación de eliminar las excesivas facultades del ministerio público en las etapas anteriores al juicio, garantizando que sean las autoridades judiciales las que ejercen el control sobre las detenciones y tomen las declaraciones utilizadas como pruebas.
Por su parte, el Subcomité de la ONU en su informe insta al Estado a implementar el sistema acusatorio, pero precisa que éste sin más no bastará para corregir el problema de fondo: el que la autoridad ministerial tenga la custodia de las personas detenidas por amplios periodos de tiempo.
Así mismo informó que constató la falsificación de certificados médicos por peritos ministeriales con el fin de encubrir lesiones presentes a la llegada de los detenidos; incluso algunos médicos le confirmaron al organismo de Naciones Unidas que reciben órdenes para que falsifiquen los datos. Esto, precisó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, reviste especial gravedad, puesto que es común que los abusos ocurren en el momento de la detención y posterior traslado.
El Subcomité también documentó graves abusos a las personas arraigadas y que éstas habían sido amenazadas para que no hablaran con el Subcomité. En el Centro Nacional de Arraigo, de acuerdo con el propio registro médico, la mitad de los arraigados llegan con lesiones de origen reciente, con un promedio de 17 lesiones; la totalidad de los entrevistados denunció haber sido golpeada y una mujer denunció haber sido violada varias veces.
El Subcomité dedica un apartado a los grupos vulnerables como las personas indígenas, quienes de manera rutinaria son obligadas a firmar confesiones sin entender los delitos que se les imputan y sin contar con intérprete.
Finalmente, el informe hace un recuento de las condiciones en varios centros de detención, en los cuales se documentó la comisión de actos de tortura brutal, el hacinamiento y condiciones carcelarias infrahumanas, factores que califica de desencadenantes de violencia.
Ante los graves abusos documentados por el Subcomité de la ONU en cada etapa de la detención y reclusión de las personas privadas de libertad, la Red de ONGs expresó su rechazo a tales prácticas y exigió el cumplimiento de las recomendaciones del organismo de Naciones Unidas.
Consideramos urgente, agregó, la eliminación de la tortura tanto desde el enfoque de los derechos humanos como cuestión de seguridad pública, puesto que la violencia estatal que se vive en los lugares de detención es totalmente contraria al fin de reinserción social, y propicia que las corporaciones encargadas de la persecución e investigación de los delitos no realicen sus funciones con la debida diligencia lo cual tiene como consecuencia investigaciones deficientes y poca seguridad.
En días recientes el Estado dio a conocer la existencia de un Plan de Acción para implementar las recomendaciones del Subcomité, por lo que la Red exigió que dicho Plan se dé a conocer en forma completa y escrita, así como que se implemente con un enfoque en los mecanismos de control y rendición de cuentas, entre los cuales deberá estar el acotamiento de las facultades del ministerio público, la implementación de un registro de detenciones que cumpla con las recomendaciones del Subcomité y sobre todo, la necesidad de investigar y sancionar todo acto de tortura, la cual actualmente se mantiene en la impunidad casi universal.
Finalmente, la Red recordó que la respuesta del Estado ante numerosos órganos internacionales ha sido la de ofrecer cada vez más cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos, sin embargo dijo que sería ingenuo creer que los actos de tortura a veces escalofriantes documentados por el Subcomité fueran producto de una mera falta de capacitación, puesto que no se requiere de conocimientos especializados del derecho para saber que tales actos son totalmente ilegales. Es en cambio, el clima de impunidad absoluta y la estructura del sistema penal que alienta el uso de la tortura, son los factores que más propician la comisión de la tortura, y que se deben atender de manera urgente, concluyó la Red de los organismos defensores de los Derechos Humanos.
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