lunes, 10 de octubre de 2011
5to. ANIVERSARIO ENCUENTRO DE MEDIOS Y COLECTIVOS ALTERNATIVOS
ESTIMADOS COMPAÑER@S.
Compañeros con motivo a un año del desmantelamiento de radio proletaria por parte del Gobierno del Estado y en el marco del 5º año del nacimiento de este proyecto comunitario Radio Proletaria los convocamos al 3er Foro de Medios y Colectivos Alternativos, un espacio de renovación que queremos construir de manera conjunta con ustedes, en donde se expresen las visiones alternativas a las impuestas por el poder, un espacio en donde encontrarnos, vernos y hablarnos, en donde podamos manifestar nuestra palabra, nuestra danza, música o cualquiera que sea nuestra forma de expresión
En el contexto en el que nos encontramos es necesario de la construcción de lugares de debate abierto para la sociedad, de foros donde manifestar nuevas visiones que son posibles, de lugares donde discutir cívicamente las razones de nuestra inconformidad.
Es por ello, que los invitamos a este tercer foro de medios y colectivos alternativos que se une al esfuerzo que realizan muchos y diferentes compañeros a los largo de México y otras partes para que conociéndonos podamos ver las cosas de forma diferente y saber de las distintas maneras en las cuales se le hace frente a una guerra intensa que el estado con sus malos políticos y sus especialistas dominados por el capitalismo buscando siempre la máxima ganancia a cualquier costo, una guerra contra los trabajadores, territorios, comunidades, lenguas, culturas, costumbre, saberes, es decir contra todo lo que significa la vida.
Nosotros al igual que muchos otros creemos en la construcción de espacios a partir de una multiplicidad de ideas y propuestas diversas; de visiones a partir de perspectivas distintas, trabajemos pues contra la parálisis de la imaginación, fomentemos el retorno de los saberes subyugados, sometidos y hagamos énfasis en la insurrección de las imaginaciones reprimidas.
compañeros, como se nos ha recordado, como sociedad civil encontremos el valor de manifestarnos, de aparecer, de volvernos visibles los unos para los otros y de actuar, es decir de pronunciar palabras que son también actos. Busquemos pues conociéndonos más que modelos a seguir, la fuerza inspiradora para crear algo, para regenerar relaciones, para buscar eso tan necesario para la subsistencia humana que es la comprensión del otro, del diferente, como nos los enseñan las comunidades.
El esquema de desarrollo del Encuentro está planeado bajo la siguiente estructura y temática:
1) FORO INFORMATIVO (ponencias)
1.1. Derechos humanos,
1.2. Comunicación alternativa
1.3. Movimientos sociales.
1.4. Movimientos Culturales
2) MESA DE DIÁLOGO.
a) Objetivos y propósitos del quehacer de cada participante.
b) Dificultades u obstáculos que enfrentan los medios/colectivos alternativos.
3) Expocicion
El evento mencionado comenzará a partir de las 10 a.m. del día 12 de octubre, Además de esto se contará con un *tianguis cultural, el cual estará en las instalaciones donde se realice el 5to. Aniversario de Radio Proletaria Chiapas y el Encuentro de Medios y Colectivos Alternativos.
LUGAR: FORO CULTURAL SAN ROCKER EN 3RA ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR BARRIO SAN ROQUE, COL. CENTRO.
A T E N T A M E N T E
COLECTIVO RADIO PROLETARIA CHIAPAS.
«SOMOS REBELDIA, SOMOS PUEBLO
MAYOR INFORMACIÒN
radioproletaria107.5@hotmail.com.
http://radioproletariachiapas.blogspot.com
Faceebok: radioproletaria Chiapas.
Twitter: Rproletariachiapas.
Cel. 961 107 95 30
Confirmen compas por favor…
viernes, 7 de octubre de 2011
PLANTON Y HUELGA DE HAMBRE DE COCYP EXIGEN SE LIBEREN SUS PRESOS!!!
Tras a un año de represión y de mentiras por parte del gobierno del estado de Chiapas en contra de la central de Organizaciones Campesinas y populares A.C. (cocyp), de nueva cuenta toman el palacio de gobierno el día martes 27 de septiembre del año en curso, con un plantón indefinido e iniciando una huelga de hambre esto para exigir la liberación de sus presos políticos ya que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos de liberar a los presos de dicha organización que se comprometió, En meses anteriores.
El día jueves 29 de septiembre mujeres y hombres familiares de presos se declara en huelga de Hambre indefinido es decir llevan 8 días sin probar alimentos.
Ya estamos artos de mentiras por parte del gobierno del estado, no desmayaremos en esta lucha hasta ver a nuestros esposos, hijos y hermanos libres por que ellos no han cometido ningún delito el único delito que han cometido es luchar por su pueblo además nos han causado daño a nuestras familias por que los delitos son prefabricados e injustos .
En el transcurso de nuestra lucha por la liberación de nuestros presos hemos sido reprimidos en dos ocasiones, uno en san Cristóbal de las casa el año pasado en un plantón que se realizaba a las afueras de la ONU y después desalojados frente al palacio de gobierno en este año explica militantes de la cocyp.
Los militantes exigen que cese la represión y el acoso en sus comunidades principalmente en el Mpio. De Pueblo nuevo e Ixtapa que son bastiones de cocyp y donde el gobierno del estado concentra su fuerza para desarticularlos.
Hacemos un llamado a los centros de derechos humanos, organizaciones independientes y a los medios de comunicación a que estén pendientes y se solidaricen con nuestra lucha concluyeron.
AU: Asesinan a comunero de Ostula, representante ante el Movimiento por la Paz
FUENTE: CENCOS
AU
AJAGI
Por medio del presente, hacemos del conocimiento público y manifestamos nuestra preocupación e indignación por el asesinato el día de ayer 6 de octubre del 2011 del comunero Pedro Leiva Domínguez, de la comunidad nahua de Santa María de Ostula en la Costa de Michoacán, fue asesinado alrededor de las 21:00 horas con arma de fuego en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan, lo que representa una fuerte agresión a la lucha por el territorio y autonomía de la comunidad.
Pedro se ha resaltado por su constancia y activismo comunal en la lucha por el territorio que les fue titulado en su resolución presidencial y antes en sus títulos virreinales.
Como comisionado por la comunidad en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, asistió a varias reuniones como parte de la negociación con el gobierno federal a fin de que se dé solución definitiva al conflicto territorial que mantiene la comunidad desde hace mas de 40 años, para dar certeza jurídica y promoviendo una conciliación económica a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria (S.R.A.). La mas reciente el pasado jueves 29 de septiembre y asistiría al diálogo de evaluación con el poder ejecutivo.
Pedro era también hijo del Comisariado de Bienes Comunales, lo que hace preocupante el que se haya dado este asesinato siendo que el pasado 27 de octubre, se realizó una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de México entre la comunidad, organizaciones y redes de derechos humanos como es el caso de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y los representante del gobierno federal y estatal de Michoacán, donde uno de los puntos fue la seguridad de las autoridades comunitarias, debido al temor y riesgo fundado que corren.
Es de resaltarse que esta agresión se dá a unos días que La comunidad concluya una consulta interna a fin de de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que está sosteniendo entre las partes del conflicto y la S.R.A. en la que participa también el gobierno del estado de Michoacán. La consulta no ha podido ser concluidas por la ola de violencia que ha padecido Ostula en contra de sus líderes, que según sus denuncias suman ya 26 muertos y 4 desaparecidos desde junio del 2009 hasta antes de Pedro, pues con él ya suman 27 los asesinados.
Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos paramilitares desde el 29 de junio de 2009 tras la recuperación de alrededor de 1,300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán. Ante los ataques a manos de grupos armados, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
Las acciones que han enmarcado la violencia han sido descritas como "contrainsurgentes" por la propia comunidad, a manos de grupos militares, policiacos y narco paramilitares, así como una constante presión por abandonar las tierras recuperadas. Y actualmente también para violar el acuerdo de su asamblea general de no permitir la instalación de casillas para el venidero proceso electoral, dentro del territorio comunal.
Por lo anterior hacemos un enérgico llamado al gobierno federal y estatal de Michoacán a lo siguiente:
Que den cumplimiento a las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la presentación con vida de los desaparecidos.
Que cese el hostigamiento militar y paramilitar contra líderes comunitarios y autoridades civiles y agrarias.
Que se dé urgente solución al conflicto agrario mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural de la Secretaría de Reforma Agraria.
Que se otorguen las garantías legales necesarias para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal.
Que sea respetada la decisión comunitaria referente a no participar en el proceso electoral venidero en el estado de Michoacán.
Sin más por el momento agradecemos la atención al presente comunicado y exhortamos a mandar acciones urgentes a las autoridades de gobierno competentes.
AJAGI, AC. ACCIÓN URGENTE
Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
A los pueblos indígenas de México
A las organizaciones civiles de derechos humanos
A la Otra Campaña
A los medios de comunicación
ATENTAMENTE
A 7 DE OCTUBRE DE 2011
ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS
Las acciones urgentes pueden ser dirigidas a:
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@ohchr.org
Gobernador de Michoacán
lgodoy@@michoacan.gob.mx
Secretario de Gobernación
secretario@segob.gob.mx
Felipe Calderón Hinojosa
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Boletín de prensa del pueblo de Ostula, Michoacán
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Pasa la voz Pasa la voz
AU
AJAGI
Por medio del presente, hacemos del conocimiento público y manifestamos nuestra preocupación e indignación por el asesinato el día de ayer 6 de octubre del 2011 del comunero Pedro Leiva Domínguez, de la comunidad nahua de Santa María de Ostula en la Costa de Michoacán, fue asesinado alrededor de las 21:00 horas con arma de fuego en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan, lo que representa una fuerte agresión a la lucha por el territorio y autonomía de la comunidad.
Pedro se ha resaltado por su constancia y activismo comunal en la lucha por el territorio que les fue titulado en su resolución presidencial y antes en sus títulos virreinales.
Como comisionado por la comunidad en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, asistió a varias reuniones como parte de la negociación con el gobierno federal a fin de que se dé solución definitiva al conflicto territorial que mantiene la comunidad desde hace mas de 40 años, para dar certeza jurídica y promoviendo una conciliación económica a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria (S.R.A.). La mas reciente el pasado jueves 29 de septiembre y asistiría al diálogo de evaluación con el poder ejecutivo.
Pedro era también hijo del Comisariado de Bienes Comunales, lo que hace preocupante el que se haya dado este asesinato siendo que el pasado 27 de octubre, se realizó una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de México entre la comunidad, organizaciones y redes de derechos humanos como es el caso de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y los representante del gobierno federal y estatal de Michoacán, donde uno de los puntos fue la seguridad de las autoridades comunitarias, debido al temor y riesgo fundado que corren.
Es de resaltarse que esta agresión se dá a unos días que La comunidad concluya una consulta interna a fin de de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que está sosteniendo entre las partes del conflicto y la S.R.A. en la que participa también el gobierno del estado de Michoacán. La consulta no ha podido ser concluidas por la ola de violencia que ha padecido Ostula en contra de sus líderes, que según sus denuncias suman ya 26 muertos y 4 desaparecidos desde junio del 2009 hasta antes de Pedro, pues con él ya suman 27 los asesinados.
Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos paramilitares desde el 29 de junio de 2009 tras la recuperación de alrededor de 1,300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán. Ante los ataques a manos de grupos armados, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
Las acciones que han enmarcado la violencia han sido descritas como "contrainsurgentes" por la propia comunidad, a manos de grupos militares, policiacos y narco paramilitares, así como una constante presión por abandonar las tierras recuperadas. Y actualmente también para violar el acuerdo de su asamblea general de no permitir la instalación de casillas para el venidero proceso electoral, dentro del territorio comunal.
Por lo anterior hacemos un enérgico llamado al gobierno federal y estatal de Michoacán a lo siguiente:
Que den cumplimiento a las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la presentación con vida de los desaparecidos.
Que cese el hostigamiento militar y paramilitar contra líderes comunitarios y autoridades civiles y agrarias.
Que se dé urgente solución al conflicto agrario mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural de la Secretaría de Reforma Agraria.
Que se otorguen las garantías legales necesarias para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal.
Que sea respetada la decisión comunitaria referente a no participar en el proceso electoral venidero en el estado de Michoacán.
Sin más por el momento agradecemos la atención al presente comunicado y exhortamos a mandar acciones urgentes a las autoridades de gobierno competentes.
AJAGI, AC. ACCIÓN URGENTE
Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
A los pueblos indígenas de México
A las organizaciones civiles de derechos humanos
A la Otra Campaña
A los medios de comunicación
ATENTAMENTE
A 7 DE OCTUBRE DE 2011
ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS
Las acciones urgentes pueden ser dirigidas a:
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@ohchr.org
Gobernador de Michoacán
lgodoy@@michoacan.gob.mx
Secretario de Gobernación
secretario@segob.gob.mx
Felipe Calderón Hinojosa
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Boletín de prensa del pueblo de Ostula, Michoacán
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Pasa la voz Pasa la voz
jueves, 6 de octubre de 2011
Presos políticos de la Voz del Amate adherentes a la Otra Campaña del EZLN
Presos políticos de la Voz del Amate adherentes a la Otra Campaña del EZLN y los Solidarios de la Voz del Amate, y los presos adherentes a la Otra Campaña de Mitzitón y el preso político de Voces Inocentes, recluidos en el penal nº5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Despues de soportar las injusticias que nos a causado mucho daño con nuestras familias con estos encarcelamientos injustos y la prefabricación de los delitos que nos tiene privados de nuestras libertades por la unica causa y motivo en algunos en defender el derecho y otros por ser carentes de todo recurso y analfabetos, en esto han violado nuestros derechos y siguen violando ya que en muchas ocasiones hemos sido ignorados en exigir justicias por parte de las instituciones incompetentes.
Es por eso hoy hacemos publicamente que tomamos una decisión conjunta de demostrar nuestras inocencias a traves de esto que iniciaremos siendo las 10.30 de la mañana este día 29 de septiembre del año en curso donde nos declaramos 7 personas en huelga de hambre, son los siguientes:
1.- Rosario Diaz Méndez: Preso político de “La Voz del Amate”
2.- Pedro López Jiménez: Solidario de “La Voz del Amate”
3.- José Diaz López: Solidario de “La Voz del Amate”
4.- Alfredo López Jiménez: Solidario de “La Voz del Amate”
5.- Alejandro Diaz Santis: Solidario de “La Voz del Amate”
6.- Manuel Heredia Jiménez: Preso adherente a la Otra Campaña de Mitzitón
7.- Juan Diaz López: Preso político de Voces Inocentes
Y cuatro personas en planton y ayuno de 12:00 horas diarias por motivos de enfermedades y son los siguientes:
1.- Alberto Patishtán Gómez: Preso político de “La Voz del Amate”
2.- Andrés Nuñez Hernández: Solidario de “La Voz del Amate”
3.- Rosa López Diaz: Solidario de “La Voz del Amate”
4.- Juan Jiménez Pérez: Preso adherente a la Otra Campaña de Mitzitón
En tiempo indefinido que lleva como fin exigir la justicia verdadera.
Por lo tanto exigimos al C. Lic Juan Sabines Guerrero gobernador del estado a que intervenga de inmediato por nuestras libertades incondicionales que nos corresponde.
Por último invitamos a los compañeros y compañeras y a las organizaciones independientes nacionales e internacionales y a los centros de los derechos humanos ONGs a velar por nuestras causas de exigir la justicia y de nuestras libertades y de todos los presos políticos del país.
-- Comunicate con nosotros vía Skype: medios.frayba Comunicación Social Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México Código Postal: 29240 Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548 Fax +52 (967) 6783551 medios@frayba.org.mx www.frayba.org.mx Facebook: Frayba Derechos Humanos Twitter: chiapasdenuncia
martes, 4 de octubre de 2011
EU introdujo armas a México desde 2006
fuente: milenio diario
El gobierno estadunidense condujo antes del operativo “Rápido y furioso” otro similar llamado “Receptor abierto” entre 2006 y 2007, indican documentos oficiales obtenidos por el diario “Los Angeles Times”.
Washington DC -Baltimore • Estados Unidos condujo antes del operativo “Rápido y furioso” otro similar llamado “Receptor abierto” (Wide receiver) entre 2006 y 2007 que permitió también la entrada ilegal de armas a México, de acuerdo con nuevos documentos oficiales.
El operativo “Receptor abierto”, realizado desde la oficina de la Administración contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Tucson, era conocido por altos funcionarios del Departamento de Justicia, según los documentos obtenidos por “Los Angeles Times”.
“En ‘Receptor abierto’ también se compraron armas por parte de intermediarios ilegales y se perdieron en México”, señaló el reporte.
La existencia del operativo fue develada en una serie de correos electrónicos entregados por la administración de Barack Obama a investigadores del Congreso y funcionarios del Departamento de Justicia que discutieron ambos operativos desde octubre del año pasado, añadió.
Un funcionario estadunidense que pidió no ser identificado dijo al diario que altos funcionarios del Departamento de Justicia sí sabían que se permitió la entrada de armas a México a través de “Receptor Abierto” pero desconocían el operativo de “Rápido y furioso”.
“Jason Weinstein, subprocurador de justicia de la División Criminal, aludió a ambos casos en un correo electrónico de octubre de 2010 preocupado aparentemente de que los casos se traslaparan”, señaló el reporte.
El correo electrónico fue dirigido a James Trusty, jefe en funciones de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas del Departamento de Justicia, quien respondió que no sería sorpresivo si se descubriera que “un montón de armas estadunidenses están siendo usadas en MX (México)”.
“Así que no sé cuanto nos van a criticar por ‘dejar caminar armas’. Más bien será algo como ‘finalmente están persiguiendo a las personas que enviaron las armas aquí”, señaló Trusty ante la posibilidad de que se revelara la existencia de los operativos.
Los investigadores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que preside el republicano Darrell Issa, señalaron que los correos son un fuerte indicativo de que los funcionarios del Departamento de Justicia sabían del trasiego ilegal a través de “Rápido y furioso”.
Los mismos correos sugieren que el procurador general Eric Holder, quien dijo haber conocido las operaciones este año, supo en general de “Rápido y furioso” en julio, octubre y noviembre de 2010, antes que se hiciera público, según el reporte.
En total, la operación “Rápido y furioso” permitió la entrada ilegal a México de más dos mil rifles de asalto y 50 rifles estilo francotirador, además de miles de municiones.
El gobierno estadunidense condujo antes del operativo “Rápido y furioso” otro similar llamado “Receptor abierto” entre 2006 y 2007, indican documentos oficiales obtenidos por el diario “Los Angeles Times”.
Washington DC -Baltimore • Estados Unidos condujo antes del operativo “Rápido y furioso” otro similar llamado “Receptor abierto” (Wide receiver) entre 2006 y 2007 que permitió también la entrada ilegal de armas a México, de acuerdo con nuevos documentos oficiales.
El operativo “Receptor abierto”, realizado desde la oficina de la Administración contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Tucson, era conocido por altos funcionarios del Departamento de Justicia, según los documentos obtenidos por “Los Angeles Times”.
“En ‘Receptor abierto’ también se compraron armas por parte de intermediarios ilegales y se perdieron en México”, señaló el reporte.
La existencia del operativo fue develada en una serie de correos electrónicos entregados por la administración de Barack Obama a investigadores del Congreso y funcionarios del Departamento de Justicia que discutieron ambos operativos desde octubre del año pasado, añadió.
Un funcionario estadunidense que pidió no ser identificado dijo al diario que altos funcionarios del Departamento de Justicia sí sabían que se permitió la entrada de armas a México a través de “Receptor Abierto” pero desconocían el operativo de “Rápido y furioso”.
“Jason Weinstein, subprocurador de justicia de la División Criminal, aludió a ambos casos en un correo electrónico de octubre de 2010 preocupado aparentemente de que los casos se traslaparan”, señaló el reporte.
El correo electrónico fue dirigido a James Trusty, jefe en funciones de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas del Departamento de Justicia, quien respondió que no sería sorpresivo si se descubriera que “un montón de armas estadunidenses están siendo usadas en MX (México)”.
“Así que no sé cuanto nos van a criticar por ‘dejar caminar armas’. Más bien será algo como ‘finalmente están persiguiendo a las personas que enviaron las armas aquí”, señaló Trusty ante la posibilidad de que se revelara la existencia de los operativos.
Los investigadores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que preside el republicano Darrell Issa, señalaron que los correos son un fuerte indicativo de que los funcionarios del Departamento de Justicia sabían del trasiego ilegal a través de “Rápido y furioso”.
Los mismos correos sugieren que el procurador general Eric Holder, quien dijo haber conocido las operaciones este año, supo en general de “Rápido y furioso” en julio, octubre y noviembre de 2010, antes que se hiciera público, según el reporte.
En total, la operación “Rápido y furioso” permitió la entrada ilegal a México de más dos mil rifles de asalto y 50 rifles estilo francotirador, además de miles de municiones.
El sistema penal mexicano permite la tortura, reveló el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
Agencia de Noticias Independiente
Las amplias facultades del ministerio público conllevan a actos de tortura.
Los arraigados llegan golpeados, pero se manipulan los certificados médicos; hay abuso sexual contra mujeres.
La tortura y condiciones infrahumanas en los reclusorios generan más violencia.
Tras una visita al país en 2008 -en la que acudió a 24 centros de detención en el Distrito Federa y los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca- el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU emitió en 2009 un informe de 87 páginas en el cual identifica numerosas fallas estructurales en el sistema penal mexicano que alientan la tortura, pero el gobierno mexicano mantuvo dicha información bajo reserva, y fue hasta este año que la dio a conocer debido a que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” promovió un recurso al respecto ante el IFAI.
En su informe, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas deplora las irracionalmente amplias facultades del ministerio público, declarando que el que los detenidos se queden bajo custodia del MP a pesar de ser éste una parte acusadora en el proceso, hacen que los agentes ministeriales cometan tortura para arrancar confesiones que luego pasan a ser pruebas, lo cual se constató a partir de “abundantes, sólidos y coincidentes elementos de juicio derivados de todo tipo de fuentes consultadas.” Esto se agrava a la luz del abuso reiterado de la “flagrancia” para detener arbitrariamente y luego poner al detenido a disposición del MP en vez de llevarlo ante un juez, agregó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Por ello, dicha Red demandó la urgente obligación de eliminar las excesivas facultades del ministerio público en las etapas anteriores al juicio, garantizando que sean las autoridades judiciales las que ejercen el control sobre las detenciones y tomen las declaraciones utilizadas como pruebas.
Por su parte, el Subcomité de la ONU en su informe insta al Estado a implementar el sistema acusatorio, pero precisa que éste sin más no bastará para corregir el problema de fondo: el que la autoridad ministerial tenga la custodia de las personas detenidas por amplios periodos de tiempo.
Así mismo informó que constató la falsificación de certificados médicos por peritos ministeriales con el fin de encubrir lesiones presentes a la llegada de los detenidos; incluso algunos médicos le confirmaron al organismo de Naciones Unidas que reciben órdenes para que falsifiquen los datos. Esto, precisó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, reviste especial gravedad, puesto que es común que los abusos ocurren en el momento de la detención y posterior traslado.
El Subcomité también documentó graves abusos a las personas arraigadas y que éstas habían sido amenazadas para que no hablaran con el Subcomité. En el Centro Nacional de Arraigo, de acuerdo con el propio registro médico, la mitad de los arraigados llegan con lesiones de origen reciente, con un promedio de 17 lesiones; la totalidad de los entrevistados denunció haber sido golpeada y una mujer denunció haber sido violada varias veces.
El Subcomité dedica un apartado a los grupos vulnerables como las personas indígenas, quienes de manera rutinaria son obligadas a firmar confesiones sin entender los delitos que se les imputan y sin contar con intérprete.
Finalmente, el informe hace un recuento de las condiciones en varios centros de detención, en los cuales se documentó la comisión de actos de tortura brutal, el hacinamiento y condiciones carcelarias infrahumanas, factores que califica de desencadenantes de violencia.
Ante los graves abusos documentados por el Subcomité de la ONU en cada etapa de la detención y reclusión de las personas privadas de libertad, la Red de ONGs expresó su rechazo a tales prácticas y exigió el cumplimiento de las recomendaciones del organismo de Naciones Unidas.
Consideramos urgente, agregó, la eliminación de la tortura tanto desde el enfoque de los derechos humanos como cuestión de seguridad pública, puesto que la violencia estatal que se vive en los lugares de detención es totalmente contraria al fin de reinserción social, y propicia que las corporaciones encargadas de la persecución e investigación de los delitos no realicen sus funciones con la debida diligencia lo cual tiene como consecuencia investigaciones deficientes y poca seguridad.
En días recientes el Estado dio a conocer la existencia de un Plan de Acción para implementar las recomendaciones del Subcomité, por lo que la Red exigió que dicho Plan se dé a conocer en forma completa y escrita, así como que se implemente con un enfoque en los mecanismos de control y rendición de cuentas, entre los cuales deberá estar el acotamiento de las facultades del ministerio público, la implementación de un registro de detenciones que cumpla con las recomendaciones del Subcomité y sobre todo, la necesidad de investigar y sancionar todo acto de tortura, la cual actualmente se mantiene en la impunidad casi universal.
Finalmente, la Red recordó que la respuesta del Estado ante numerosos órganos internacionales ha sido la de ofrecer cada vez más cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos, sin embargo dijo que sería ingenuo creer que los actos de tortura a veces escalofriantes documentados por el Subcomité fueran producto de una mera falta de capacitación, puesto que no se requiere de conocimientos especializados del derecho para saber que tales actos son totalmente ilegales. Es en cambio, el clima de impunidad absoluta y la estructura del sistema penal que alienta el uso de la tortura, son los factores que más propician la comisión de la tortura, y que se deben atender de manera urgente, concluyó la Red de los organismos defensores de los Derechos Humanos.
Las amplias facultades del ministerio público conllevan a actos de tortura.
Los arraigados llegan golpeados, pero se manipulan los certificados médicos; hay abuso sexual contra mujeres.
La tortura y condiciones infrahumanas en los reclusorios generan más violencia.
Tras una visita al país en 2008 -en la que acudió a 24 centros de detención en el Distrito Federa y los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca- el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU emitió en 2009 un informe de 87 páginas en el cual identifica numerosas fallas estructurales en el sistema penal mexicano que alientan la tortura, pero el gobierno mexicano mantuvo dicha información bajo reserva, y fue hasta este año que la dio a conocer debido a que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” promovió un recurso al respecto ante el IFAI.
En su informe, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas deplora las irracionalmente amplias facultades del ministerio público, declarando que el que los detenidos se queden bajo custodia del MP a pesar de ser éste una parte acusadora en el proceso, hacen que los agentes ministeriales cometan tortura para arrancar confesiones que luego pasan a ser pruebas, lo cual se constató a partir de “abundantes, sólidos y coincidentes elementos de juicio derivados de todo tipo de fuentes consultadas.” Esto se agrava a la luz del abuso reiterado de la “flagrancia” para detener arbitrariamente y luego poner al detenido a disposición del MP en vez de llevarlo ante un juez, agregó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Por ello, dicha Red demandó la urgente obligación de eliminar las excesivas facultades del ministerio público en las etapas anteriores al juicio, garantizando que sean las autoridades judiciales las que ejercen el control sobre las detenciones y tomen las declaraciones utilizadas como pruebas.
Por su parte, el Subcomité de la ONU en su informe insta al Estado a implementar el sistema acusatorio, pero precisa que éste sin más no bastará para corregir el problema de fondo: el que la autoridad ministerial tenga la custodia de las personas detenidas por amplios periodos de tiempo.
Así mismo informó que constató la falsificación de certificados médicos por peritos ministeriales con el fin de encubrir lesiones presentes a la llegada de los detenidos; incluso algunos médicos le confirmaron al organismo de Naciones Unidas que reciben órdenes para que falsifiquen los datos. Esto, precisó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, reviste especial gravedad, puesto que es común que los abusos ocurren en el momento de la detención y posterior traslado.
El Subcomité también documentó graves abusos a las personas arraigadas y que éstas habían sido amenazadas para que no hablaran con el Subcomité. En el Centro Nacional de Arraigo, de acuerdo con el propio registro médico, la mitad de los arraigados llegan con lesiones de origen reciente, con un promedio de 17 lesiones; la totalidad de los entrevistados denunció haber sido golpeada y una mujer denunció haber sido violada varias veces.
El Subcomité dedica un apartado a los grupos vulnerables como las personas indígenas, quienes de manera rutinaria son obligadas a firmar confesiones sin entender los delitos que se les imputan y sin contar con intérprete.
Finalmente, el informe hace un recuento de las condiciones en varios centros de detención, en los cuales se documentó la comisión de actos de tortura brutal, el hacinamiento y condiciones carcelarias infrahumanas, factores que califica de desencadenantes de violencia.
Ante los graves abusos documentados por el Subcomité de la ONU en cada etapa de la detención y reclusión de las personas privadas de libertad, la Red de ONGs expresó su rechazo a tales prácticas y exigió el cumplimiento de las recomendaciones del organismo de Naciones Unidas.
Consideramos urgente, agregó, la eliminación de la tortura tanto desde el enfoque de los derechos humanos como cuestión de seguridad pública, puesto que la violencia estatal que se vive en los lugares de detención es totalmente contraria al fin de reinserción social, y propicia que las corporaciones encargadas de la persecución e investigación de los delitos no realicen sus funciones con la debida diligencia lo cual tiene como consecuencia investigaciones deficientes y poca seguridad.
En días recientes el Estado dio a conocer la existencia de un Plan de Acción para implementar las recomendaciones del Subcomité, por lo que la Red exigió que dicho Plan se dé a conocer en forma completa y escrita, así como que se implemente con un enfoque en los mecanismos de control y rendición de cuentas, entre los cuales deberá estar el acotamiento de las facultades del ministerio público, la implementación de un registro de detenciones que cumpla con las recomendaciones del Subcomité y sobre todo, la necesidad de investigar y sancionar todo acto de tortura, la cual actualmente se mantiene en la impunidad casi universal.
Finalmente, la Red recordó que la respuesta del Estado ante numerosos órganos internacionales ha sido la de ofrecer cada vez más cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos, sin embargo dijo que sería ingenuo creer que los actos de tortura a veces escalofriantes documentados por el Subcomité fueran producto de una mera falta de capacitación, puesto que no se requiere de conocimientos especializados del derecho para saber que tales actos son totalmente ilegales. Es en cambio, el clima de impunidad absoluta y la estructura del sistema penal que alienta el uso de la tortura, son los factores que más propician la comisión de la tortura, y que se deben atender de manera urgente, concluyó la Red de los organismos defensores de los Derechos Humanos.
A un año de las sentencias de la CoIDH a favor de Inés y Valentina México no avanza en su cumplimiento
Difusión Cencos México D.F., 4 de octubre de 2011
Boletín de prensa
Tlachinollan / Cejil / OPIM
Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y México no avanza en su cumplimiento
Hace un año, el 1º de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, en las cuales determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal Interamericano denominó “violencia institucional castrense”.
Las sentencias impusieron al Estado Mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares, así como asegurar que las violaciones a derechos humanos que sufrieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no vuelvan a cometerse, esto al ordenar reformas de índole estructural. En este sentido, las reparaciones implican diversas acciones, incluyendo medidas de alcance en el ámbito comunitario, hasta el deber de reformar el Código de Justicia Militar y posibilitar un recurso efectivo para impugnar su intervención, así como la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otras. Tales medidas son inapelables, como lo señaló la CoIDH ante el intento del Estado de recurrir los fallos al presentar solicitudes de interpretación, carentes de motivación, que a la postre fueron desechadas por el Tribunal Internacional.
No obstante, habiendo transcurrido un año desde que las decisiones fueron emitidas, los avances sustantivos en su cumplimiento siguen siendo escasos. Más aún: en todo momento, el impulso de los trabajos relacionados con la concreción de las reparaciones ha recaído en las propias señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú y sus representantes. Por ejemplo, en octubre de 2010, ambas mujeres presentaron un plan de trabajo al Estado Mexicano para guiar la implementación de las sentencias, el cual fue ratificado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General República (PGR) y la Consejería Jurídica de la Presidencia. Este plan, sin embargo, no fue formalizado sino hasta marzo de 2011 y actualmente permanece, en buena medida, sin acatarse.
La persistencia de la impunidad que protege a los militares que torturaron y violaron sexualmente a las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú es prueba de la reticencia del Estado para cumplir las sentencias. Las averiguaciones continuaron en el fuero militar durante prácticamente todo este año, y solo de modo muy reciente, los expedientes fueron turnados a la PGR, luego de que ambas mujeres me’phaa lo solicitaran formalmente. Esta demora hace que al día de hoy las indagatorias todavía no hayan sido consignadas, y que aún no se haya posibilitado que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú accedan a ellas para aportar pruebas.
La omisión de acatar las sentencias se verifica también en otros rubros como el acceso de ambas mujeres indígenas a la salud y a la educación, que sigue sin materializarse; o la reforma del Código de Justicia Militar para extraer de la competencia castrense todos los casos de violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la iniciativa presentada por el Presidente Felipe Calderón al Senado, se pretende contraer sólo a algunos supuestos, de modo contrario a lo ordenado por la CoIDH.
El incumplimiento de estas medidas implica una grave contravención a las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en su conjunto, incluyendo al Poder Legislativo, que no ha avanzado en lo que le compete. En este sentido, destaca la falta de una regulación adecuada del amparo que abriera la posibilidad de impugnar el fuero militar, de modo acorde a lo mandado por el Tribunal Interamericano.
Como parte del proceso de verificación de las sentencias, el Estado Mexicano debió ya haber informado a la CoIDH las acciones concretas realizadas durante este año para cumplir lo dispuesto por el Tribunal. Dada la insuficiencia de las acciones realizadas, es de esperarse que el máximo Tribunal Interamericano emita resoluciones, en relación a ambas sentencias, reiterando los compromisos del Estado Mexicano para su cumplimiento.
Instamos, por lo tanto, al Estado Mexicano, a dar pronto y adecuado cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas por la CoIDH en sus sentencias.
Para mayor información y entrevistas
Área de Comunicación de Tlachinollan
Román Hernández
Teléfonos: (+52) (757) 476 3704 / 476 1220
Móvil: (+52) 757 106 6095
cdhm@tlachinollan.org tlachinollan.difusion@gmail.com
Skype: tlachinollan
Contacto de prensa en Costa Rica
Darío Chinchilla
dchinchilla@cejil.org
Tel. +(506) 2281-3280
Tlapa, Guerrero, México-San José, Costa Rica, 3 de octubre de 2011.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
sábado, 1 de octubre de 2011
Golpes y gases lacrimógenos contra manifestantes en las barbas de Wall Street (+ Video)
fuente: CUBADEBATE.
La brutalidad policial, asunto que suelen silenciar las grandes cadenas de televisión, volvió a quedar patente en este vídeo difundido por internet. En las imagenes se aprecia cómo varios policías de Nueva York emplean gases lacrimógenos contra los manifestantes pacíficos que ocupan Wall Street en protesta contra el sistema financiero de Estados Unidos.
En este fragmento se distingue cómo un oficial de policía rocía el gas pimienta en el rostro de una de las mujeres, que cae al suelo dando gritos.
El vídeo, publicado en internet, recabó en poco tiempo medio millón de visitas y causó gran indignación entre los internautas. La Policía de Nueva York tuvo que abrir una investigación interna para esclarecer el incidente.
(Con información de RT)
La brutalidad policial, asunto que suelen silenciar las grandes cadenas de televisión, volvió a quedar patente en este vídeo difundido por internet. En las imagenes se aprecia cómo varios policías de Nueva York emplean gases lacrimógenos contra los manifestantes pacíficos que ocupan Wall Street en protesta contra el sistema financiero de Estados Unidos.
En este fragmento se distingue cómo un oficial de policía rocía el gas pimienta en el rostro de una de las mujeres, que cae al suelo dando gritos.
El vídeo, publicado en internet, recabó en poco tiempo medio millón de visitas y causó gran indignación entre los internautas. La Policía de Nueva York tuvo que abrir una investigación interna para esclarecer el incidente.
(Con información de RT)
viernes, 30 de septiembre de 2011
[Vídeos] Chile: Carabineros reprimen marchas de estudiantes a horas de iniciarse diálogo con el gobierno
Fuentes: Telam / La Tercera / Twitter/ Carta Maior
Dice Carta Maior: Manifestación estudiantil es reprimida por carabineros en el centro de Santiago, este jueves/ ***aprobación de gobierno Piñera cae al 0 22%; rechazo salta de 53%, em mayo, al 66%; apoyo a los estudiantes llega al 89%
Los estudiantes chilenos consideraron hoy “una mala señal”, la represión que sufrieron manifestantes durante la marcha de esta mañana en Santiago por parte de efectivos de Carabineros, horas antes del reinicio del diálogo con el gobierno por el conflicto en el sector educativo, que lleva más de cuatro meses.
Es el colmo que se nos reprima de esta forma”, manifestó con notoria molestia Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), quien esta tarde estará junto a otros dirigentes en la mesa de diálogo, tras la multitudinaria marcha por el centro de Santiago.
Los incidentes se produjeron cuando una columna de manifestantes se desvió del recorrido por la Alameda, autorizado por la intendencia de Santiago, con el fin de llegar hasta el Parque Almagro, lugar final de la concentración, y fue reprimida con carros hidrantes por Carabineros, informaron la agencia de noticias Ansa y los diarios El Mercurio y La Tercera.
Si bien no había un escenario final, Carabineros tendría que haber colaborado para guiar la manifestación y controlarla, pero no reprimirla (…) si hay estudiantes que creen que la manifestación sigue por otro recorrido (debió) guiarlos”, sostuvo la dirigenta estudiantil.
Por ello, acusó a la policía militarizada de haber reprimido “a todos los manifestantes, absolutamente a todos, no al que tiró una piedrita, sino que al conjunto de la manifestación”.
“Ésa no es una buena señal, no es un buen gesto”, subrayó Vallejo, en referencia a la reunión que mantendrán esta tarde los dirigentes universitarios de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) con el gobierno para iniciar negociaciones que permitan solucionar el conflicto originado en las demandas estudiantiles de educación gratuita y de calidad.
Pese al hecho, Vallejo confirmó que asistirán a la mesa de diálogo con el gobierno, aunque dijo desconocer el horario de la reunión, que algunas informaciones ubicaban para las 17 hora local.
El ministro vocero del gobierno, Andrés Chawick, aseguró esta mañana que en esta nueva ronda de negociaciones se hablará “de todos los temas” y que la idea de las autoridades es “debatir” y “escucharnos”.
El ministro vocero del gobierno, Andrés Chawick, aseguró esta mañana que en esta nueva ronda de negociaciones se hablará “de todos los temas” y que la idea de las autoridades es “debatir” y “escucharnos”.
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