viernes, 30 de septiembre de 2011
IX ENCUENTRO DE ESCUELAS CAMPESINAS SUBSEDE ATENCO
Los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2011 se realizó el IX Encuentro de Escuelas campesinas, en el que los temas principales serán: crisis alimentaria, organización rural y futuro del campo mexicano.
La Inauguración fue en la Universidad Autónoma Chapingo, el 23 de septiembre se realizaron las actividades programadas en cada una de las subsedes, siendo San Salvador Atenco una de ellas y la Clausura en Tlalmanalco.
Desde los años setenta del siglo pasado, los campesinos y pequeños productores se comenzaron a organizar y se propusieron desarrollar “otra educación y capacitación”, que fuera más dirigida a la solución de su problemática y que se realizara en sus condiciones agroecológicas y comunidades de trabajo. De esa manera surgieron, a fines de la década de los noventa las Escuelas de Campo y en el año 2003, el concepto que en Chapingo se ha denominado “Escuelas Campesinas”.
Hasta la fecha se han organizado ocho Encuentros Nacionales de Escuelas Campesinas con buenos resultados. Ahora, le correspondió desarrollar el Encuentro a organizaciones campesinas de la Región Suroriental del Estado de México (Sierra Nevada) y de la Región sur del Distrito Federal siendo la Subsede San Salvador Atenco Estado de México.
El viernes 23de septiembre desde temprano comenzaron los preparativos en el Parque los Ahuehuetes de Atenco para recibir a los asistentes al IX Encuentro de escuelas Campesinas organizado en esta Subsede por la Universidad Autónoma Chapingo, el Comisariado Ejidal y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Alrededor de las 9:30 am el comisariado Ejidal Hermenegildo Márquez y los demás integrantes del comisariado ejidal y el FPDT dieron la bienvenida a los asistentes a esta subsede.
El Comisariado Hermenegildo Márquez en su intervención destaco que en Atenco la tierra no está en venta, que la cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestro campo deben seguir defendiéndose, dio una pequeña remembranza histórica del parque Ejidal “los Ahuehuetes”, hizo un reflexión de la situación de los productores locales de alimentos y de la problemática de acaparamiento y especulación de los “coyotes” en las centrales de abasto y el pago debajo del costo de producción por lo que propuso como alternativa a este problema la venta directa de los productores a los consumidores, es algo que se debe impulsar para beneficiar directamente a los campesinos de la región.
En su mensaje de bienvenida a los participantes de este IX Encuentro de Escuelas campesinas reconoció el trabajo que el FPDT ha realizado de manera incansable estos ya casi 10 años de lucha.
Ignacio del Valle integrante del FPDT también dio la bienvenida a los asistentes al encuentro destaco la importancia de este tipo de eventos para la organización y difusión de las diferentes luchas por defender la tierra y las formas tradicionales de organización.
Enseguida se realizó un recorrido por el parque ejidal los ahuehuetes donde se visitaron las albercas, la maquinaria que el ejido posee y los troncos de ahuehuete que aún quedan en el parque, además de ver también los arboles de ahuehuete sembrados hace un tiempo por algunos jóvenes de la comunidad.
Después se realizó la visita a algunas parcelas demostrativas y al ejido de Nexquipayac al cerro de Tepetzingo, donde se realizo una ceremonia por un campesino de Veracruz en la que se pedía permiso para subir al cerro y además la bendición para que todo el evento se realizara sin ningún contratiempo o accidente.
En este lugar los campesinos de Nexquipayac expresaron los trabajos que están realizando en su ejido, su situación actual y sus planes a futuro.
En el ejido de Acuexcomac se visitó la parcela del señor Belino Pérez padre de Martha Pérez en la que se han iniciado a cristalizar varias de las ideas de trabajo en el campo, en ella este ciclo agrícola se sembró un cultivo diversificado es decir varias siembras de semillas entre ellas maíz, frijol y hortalizas; todo orgánico, teniendo en casi todos ellos buenos resultados, cabe mencionar que tanto don Belino como doña Martha han trabajado con mucho empeño y con la asesoría del equipo de agroecológica de la Universidad Autónoma Chapingo.
Otra iniciativa de Acuexcomac es la de realizar lombricomposta una técnica para obtener abono orgánico a partir de desechos orgánicos como sobrantes de verdura, plantas secas y con la ayuda de lombrices, este proyecto se está realizando en la parcela del Señor Gerardo González con el apoyo y asesoramiento de estudiantes de agroecológica de la Universidad de Chapingo.
Una vez concluidas las visitas a las parcelas demostrativas regresamos al Parque los Ahuehuetes a la comida.
Después de la comida se iniciaron los trabajos de compartir experiencias entre los asistentes, escuchando cada una de las participaciones se puede observar que en todas partes se hablas el mismo lenguaje, el amor a la tierra, la defensa de los recursos naturales, el cultivo orgánico de los productos y su comercialización directa.
Los temas se trabajaron para la tarde fueron: crisis alimentaria, organización rural, futuro del campo mexicano y movimientos sociales y medio ambiente, de esta tarde de trabajo se derivaron algunos acuerdos y resolutivos en los que se plasmo lo ya platicado durante el día.
En el programa cultural se realizo una exposición de fotografía de la historia del FPDT en las que en collage se plasmaron algunos acontecimientos de la historia del movimiento social en Atenco en cinco temáticas:
· La Lucha contra el aeropuerto
· La represión de los días 3 y 4 de mayo de 2006 con fotografías del fotógrafo de la Jornada Jesús Villaseca.
· La gira por los estados que la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, realizó como parte de las acciones para lograr la libertad de nuestros 12 compañeros presos por más de cuatro años por los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006.
· La libertad de los compañeros presos tras el veredicto de la SCJN en el año 2010.
· Nuestras raíces: tierra, cultura y tradiciones ejes de la lucha de Atenco con fotografías de la comisión de comunicación del FPDT
Para finalizar las actividades de este día en el encuentro de escuelas campesinas durante la cena se presento el video ¡La tierra no se vende… se ama y se defiende! Realizado por la comisión de comunicación en el año 2002 en el que se resume la lucha de Atenco en contra del aeropuerto.
FPDT
Pronunciamiento conjunto en contra de las amenzas de Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y en La 72
Por:Proyecto Ambulante 29 septiembre, 2011
Palenque, Chiapas, 27 de septiembre del 2011
A las organizaciones no gubernamentales
A la comunidad internacional
A los medios de comunicación
Al pueblo de México
Somos un grupo de organizaciones y de ciudadan@s indignados ante los hechos sucedidos el día 17 de septiembre, donde agentes de la policía municipal, estatal y elementos del Ejército mexicano, retuvieron, amenazaron y hostigaron por más de 3 horas a los compañeros defensores de derechos humanos que colaboran en el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y en La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes.
El 17 de septiembre, aproximadamente a las 5 de la tarde, Fray Tomas González, Rubén Figueroa y otr@s compañer@s que apoyan la Casa del Migrante “La 72”, estaban en su camioneta estacionados frente al campus de la UJAT en Tenosique, Tabasco, cuando miembros del Ejército mexicano a bordo de una camioneta con número 0818304, se acercaron y nos dijeron que tenían que inspeccionar la unidad porque éramos sospechosos. A este hecho se unieron la policía estatal y municipal, así como agentes de tránsito intimidando, hostigando y reteniendo por aproximadamente 4 horas a Fray Tomas y su equipo, llegando incluso a encañonarlos y dar una bofetada a uno de los compañeros.
Y aunque estos hechos son indignantes, existen tres actos más que nos parece trascendental vincularlos a lo sucedido el sábado para entender lo preocupante de la situación:
1. Fray Tomas ha venido sufriendo hostigamiento y fuertes amenazas contra su persona, apenas una semana antes le acababan de hacer una amenaza.
2. Un día antes de los hechos, el viernes 16, Fray Tomas y su gente estuvieron en Palenque acompañando la Caravana por la Paz e hicieron pública la denuncia de esas amenazas.
3. Al poco tiempo de iniciados el hostigamiento el 17 de septiembre apareció una persona más en una camioneta lobo blanca con placas de Nuevo León, por su manera en que iba vestido parecía civil, pero lo cierto es que llegó dando órdenes a la gente del ejército, “les dijo que revisaran la camioneta a la fuerza y que bajaran a la fuerza a la gente”. 1 Tal persona fue identificada posteriormente como el “Capitán Rodríguez”.
En noviembre del año pasado el presidente Calderón habló de que toda política migratoria debe estar apegada a los derechos humanos, garantías que, dijo, están por encima de cualquier soberanía y aseguró que México tiene compromiso con la legalidad. Según sus palabras,“….El Estado mexicano, la sociedad mexicana, deben apoyar de manera categórica e indubitable la defensa de los derechos de los migrantes. Somos partidarios de una migración legal, segura, ordenada y, sobre todo, respetuosa de la dignidad humana…”
Mientras el Presidente en su discurso habla de solidaridad con los migrantes, la CNDH documenta que de abril a septiembre de 2010 hubo 214 secuestros masivos de migrantes, en los que hubo 11 mil 333 víctimas; de los cuales el 67% de los casos ocurrió en el sureste de México.
Ante esta realidad organizaciones no gubernamentales y grupos eclesiales han estado apoyando el caminar de los migrantes enfrentándose no sólo contra los traficantes de personas y los delincuentes que se enriquecen valiéndose de los sufrimientos de nuestros hermanos centroamericanos, con gran dolor podemos afirmar que también han tenido que enfrentarse a diversas instituciones gubernamentales que representan al Estado, contradiciendo las palabras del Presidente.
Considerando que la situación de hostigamiento que ha venido sufriendo Fray Tomas y su equipo de trabajo es preocupante, nos solidarizamos con ellos y condenamos enérgicamente las acciones de las que han sido presas los colaboradores y compañeros del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, por lo que exigimos a las autoridades federales y estatales correspondientes del Estado mexicano:
1. Que se investiguen las amenazas que ha venido sufriendo Fray Tomas y sus colaboradores.
2. Que se investiguen a fondo los hechos sucedidos el 17 de septiembre, en especial el papel del supuesto “Capitán Rodríguez” que llegó en su camioneta lobo blanca y las razones por las cuales tanto los soldados como policías aceptaron la intervención de este señor.
3. Que se garantice la seguridad e integridad de los defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, en Tenosique, Tabasco.
A T E N T A M E N T E
ORGANIZACIONES
Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A.C., (Palenque, Chiapas), Salud y Desarrollo Comunitario, A.C., (Palenque), Pastoral de Migrantes de la Parroquia de Santo Domingo, (Palenque), Coalición Ciudadana, (Palenque, Chiapas), Pastoral Juvenil de la Parroquia de Santo Domingo (Palenque), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba , San Cristóbal de las Casas), Crecimiento Humano y Educación para la Paz, A.C. (Ciudad Juárez, Chihuahua), Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C. La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes (Tenosique, Tab.), Maderas del Pueblo del Sureste, AC, Comunicación y Capacitación A.C., Colectivo Isitame A.C., SERAPAZ Chiapas, CORECO A.C., GIAADEC, A.C., Programa Interdisciplinario de Desarrollo Humano en Chiapas de la UAM-Xochimilco. (México), Ixiktak (Tabasco), Centro de Derechos Humanos Oralia Morales, Melel Xojobal, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Ocosingo), Brigada Feminista por la Autonomía y la Dignidad, Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA), Parroquia de Santo Domingo
(Palenque).
PERSONAS
Pedro Álvarez Aguilar, Cristina González Serna, Mónica Vázquez Arcos, Luz Ma. Soto Pizano, Miriam Hernández Tovar, Cornelia Thate, Guadalupe Díaz Torres, Luz Ma. Soto Pizano, Silvia Torres Contreras, Delia Álvaro Sánchez, Luis Menéndez Medina, (Ocosingo), Montserrat Balcorta Sobrino, Doctorante en Ciencias Sociales, CESMECA. (San Cristóbal de las Casas, Chiapas), Teresa de Jesús López Hidalgo, Claudio Figueroa Domínguez (Comitán), Mtro. Hugo Almada Mireles, Cd. Juárez, Fr. Tomás González Castillo, Rosario Adriana del Rocío González Serna, (Zacatecas), Aguilar Pizaña (Aguascalientes), Martha Hilda Márquez Rocha (Aguascalientes), María Esther de la Cruz López (Tabasco), Antonio Cortés Tejada (Aguascalientes), Guillermo Villaseñor, Maestro, mexicano, Lourdes Gutiérrez Zuñiga (San Cristóbal de las Casas).
Palenque, Chiapas, 27 de septiembre del 2011
A las organizaciones no gubernamentales
A la comunidad internacional
A los medios de comunicación
Al pueblo de México
Somos un grupo de organizaciones y de ciudadan@s indignados ante los hechos sucedidos el día 17 de septiembre, donde agentes de la policía municipal, estatal y elementos del Ejército mexicano, retuvieron, amenazaron y hostigaron por más de 3 horas a los compañeros defensores de derechos humanos que colaboran en el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y en La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes.
El 17 de septiembre, aproximadamente a las 5 de la tarde, Fray Tomas González, Rubén Figueroa y otr@s compañer@s que apoyan la Casa del Migrante “La 72”, estaban en su camioneta estacionados frente al campus de la UJAT en Tenosique, Tabasco, cuando miembros del Ejército mexicano a bordo de una camioneta con número 0818304, se acercaron y nos dijeron que tenían que inspeccionar la unidad porque éramos sospechosos. A este hecho se unieron la policía estatal y municipal, así como agentes de tránsito intimidando, hostigando y reteniendo por aproximadamente 4 horas a Fray Tomas y su equipo, llegando incluso a encañonarlos y dar una bofetada a uno de los compañeros.
Y aunque estos hechos son indignantes, existen tres actos más que nos parece trascendental vincularlos a lo sucedido el sábado para entender lo preocupante de la situación:
1. Fray Tomas ha venido sufriendo hostigamiento y fuertes amenazas contra su persona, apenas una semana antes le acababan de hacer una amenaza.
2. Un día antes de los hechos, el viernes 16, Fray Tomas y su gente estuvieron en Palenque acompañando la Caravana por la Paz e hicieron pública la denuncia de esas amenazas.
3. Al poco tiempo de iniciados el hostigamiento el 17 de septiembre apareció una persona más en una camioneta lobo blanca con placas de Nuevo León, por su manera en que iba vestido parecía civil, pero lo cierto es que llegó dando órdenes a la gente del ejército, “les dijo que revisaran la camioneta a la fuerza y que bajaran a la fuerza a la gente”. 1 Tal persona fue identificada posteriormente como el “Capitán Rodríguez”.
En noviembre del año pasado el presidente Calderón habló de que toda política migratoria debe estar apegada a los derechos humanos, garantías que, dijo, están por encima de cualquier soberanía y aseguró que México tiene compromiso con la legalidad. Según sus palabras,“….El Estado mexicano, la sociedad mexicana, deben apoyar de manera categórica e indubitable la defensa de los derechos de los migrantes. Somos partidarios de una migración legal, segura, ordenada y, sobre todo, respetuosa de la dignidad humana…”
Mientras el Presidente en su discurso habla de solidaridad con los migrantes, la CNDH documenta que de abril a septiembre de 2010 hubo 214 secuestros masivos de migrantes, en los que hubo 11 mil 333 víctimas; de los cuales el 67% de los casos ocurrió en el sureste de México.
Ante esta realidad organizaciones no gubernamentales y grupos eclesiales han estado apoyando el caminar de los migrantes enfrentándose no sólo contra los traficantes de personas y los delincuentes que se enriquecen valiéndose de los sufrimientos de nuestros hermanos centroamericanos, con gran dolor podemos afirmar que también han tenido que enfrentarse a diversas instituciones gubernamentales que representan al Estado, contradiciendo las palabras del Presidente.
Considerando que la situación de hostigamiento que ha venido sufriendo Fray Tomas y su equipo de trabajo es preocupante, nos solidarizamos con ellos y condenamos enérgicamente las acciones de las que han sido presas los colaboradores y compañeros del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, por lo que exigimos a las autoridades federales y estatales correspondientes del Estado mexicano:
1. Que se investiguen las amenazas que ha venido sufriendo Fray Tomas y sus colaboradores.
2. Que se investiguen a fondo los hechos sucedidos el 17 de septiembre, en especial el papel del supuesto “Capitán Rodríguez” que llegó en su camioneta lobo blanca y las razones por las cuales tanto los soldados como policías aceptaron la intervención de este señor.
3. Que se garantice la seguridad e integridad de los defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, en Tenosique, Tabasco.
A T E N T A M E N T E
ORGANIZACIONES
Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A.C., (Palenque, Chiapas), Salud y Desarrollo Comunitario, A.C., (Palenque), Pastoral de Migrantes de la Parroquia de Santo Domingo, (Palenque), Coalición Ciudadana, (Palenque, Chiapas), Pastoral Juvenil de la Parroquia de Santo Domingo (Palenque), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba , San Cristóbal de las Casas), Crecimiento Humano y Educación para la Paz, A.C. (Ciudad Juárez, Chihuahua), Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C. La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes (Tenosique, Tab.), Maderas del Pueblo del Sureste, AC, Comunicación y Capacitación A.C., Colectivo Isitame A.C., SERAPAZ Chiapas, CORECO A.C., GIAADEC, A.C., Programa Interdisciplinario de Desarrollo Humano en Chiapas de la UAM-Xochimilco. (México), Ixiktak (Tabasco), Centro de Derechos Humanos Oralia Morales, Melel Xojobal, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Ocosingo), Brigada Feminista por la Autonomía y la Dignidad, Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA), Parroquia de Santo Domingo
(Palenque).
PERSONAS
Pedro Álvarez Aguilar, Cristina González Serna, Mónica Vázquez Arcos, Luz Ma. Soto Pizano, Miriam Hernández Tovar, Cornelia Thate, Guadalupe Díaz Torres, Luz Ma. Soto Pizano, Silvia Torres Contreras, Delia Álvaro Sánchez, Luis Menéndez Medina, (Ocosingo), Montserrat Balcorta Sobrino, Doctorante en Ciencias Sociales, CESMECA. (San Cristóbal de las Casas, Chiapas), Teresa de Jesús López Hidalgo, Claudio Figueroa Domínguez (Comitán), Mtro. Hugo Almada Mireles, Cd. Juárez, Fr. Tomás González Castillo, Rosario Adriana del Rocío González Serna, (Zacatecas), Aguilar Pizaña (Aguascalientes), Martha Hilda Márquez Rocha (Aguascalientes), María Esther de la Cruz López (Tabasco), Antonio Cortés Tejada (Aguascalientes), Guillermo Villaseñor, Maestro, mexicano, Lourdes Gutiérrez Zuñiga (San Cristóbal de las Casas).
Protestas en Wall Street: Anonymous identificó a policía agresor
Por MadaiMoRado 29 septiembre, 2011
Difundieron su información personal por Internet al culparlo de rociar con gas pimienta a dos manifestantes pacíficas
Los videos que registraron la violencia de la represión policial contra los manifestantes que marcharon cerca a la sede del Wall Street en Manhattancausaron el rechazo de parte de muchas personas en Internet, sobre todo de parte de sus organizadores, entre ellos el grupo de hackers Anonymous.
Precisamente estos últimos decidieron tomar cartas en el asunto alrededor de uno de los videos más controversiales: en el que se ve cómo un oficial le roció gas pimienta a dos chicas que ya habían sido controladas por la policía y que se encontraban detrás de un cordón sin ofrecer ninguna resistencia.
Los hackers decidieron identificar al policía y difundir su información personal por Internet. Fue así como le atribuyeron la agresión a Anthony Bologna, un oficial del Departamento de Policía de Nueva York.
Anonymous, a través de una publicación en el portal pastebin.com, dio a conocer su nombre completo, su cargo en el departamento, todas las direcciones de sus domicilios recientes y el nombre de 10 familiares, entre ellos su esposa e hijos.
RECHAZO DE LOS MANIFESTANTES
Los organizadores de la marcha denominada en Twitter como #OccupyWallStreet mostraron su rechazo a la difusión de la información personal de Bologna, a pesar de que contaron con el apoyo de varios integrantes de Anonymous en su convocatoria y movilización.
Según el portal Death and Taxes, Chelsea Elliot, una de las chicas que protestaba en la zona sur de Nueva York, calificó el hecho como “asqueroso” y aseguró que nunca desearía que Bologna o sus hijos sean víctimas de acoso o agresiones de ningún tipo.
ANTECEDENTES VIOLENTOS
No solo Anonymous se encargó de difundir información personal de Bologna. El portal de difusión de información Cryptome.org recopiló e hizo públicos varios antecedentes del policía, entre ellos otro incidente en el que se le acusó de abuso policial durante una protesta en el 2001.
En la nota se califica al policía como uno “conocido por el trato fuerte contra manifestantes.”
Otras noticias relacionadas a Bologna, como eventos públicos donde participó y fotografías suyas, también fueron recompiladas en esta web con la clara intención de convertirlo en una figura pública reconocible.
Difundieron su información personal por Internet al culparlo de rociar con gas pimienta a dos manifestantes pacíficas
Los videos que registraron la violencia de la represión policial contra los manifestantes que marcharon cerca a la sede del Wall Street en Manhattancausaron el rechazo de parte de muchas personas en Internet, sobre todo de parte de sus organizadores, entre ellos el grupo de hackers Anonymous.
Precisamente estos últimos decidieron tomar cartas en el asunto alrededor de uno de los videos más controversiales: en el que se ve cómo un oficial le roció gas pimienta a dos chicas que ya habían sido controladas por la policía y que se encontraban detrás de un cordón sin ofrecer ninguna resistencia.
Los hackers decidieron identificar al policía y difundir su información personal por Internet. Fue así como le atribuyeron la agresión a Anthony Bologna, un oficial del Departamento de Policía de Nueva York.
Anonymous, a través de una publicación en el portal pastebin.com, dio a conocer su nombre completo, su cargo en el departamento, todas las direcciones de sus domicilios recientes y el nombre de 10 familiares, entre ellos su esposa e hijos.
RECHAZO DE LOS MANIFESTANTES
Los organizadores de la marcha denominada en Twitter como #OccupyWallStreet mostraron su rechazo a la difusión de la información personal de Bologna, a pesar de que contaron con el apoyo de varios integrantes de Anonymous en su convocatoria y movilización.
Según el portal Death and Taxes, Chelsea Elliot, una de las chicas que protestaba en la zona sur de Nueva York, calificó el hecho como “asqueroso” y aseguró que nunca desearía que Bologna o sus hijos sean víctimas de acoso o agresiones de ningún tipo.
ANTECEDENTES VIOLENTOS
No solo Anonymous se encargó de difundir información personal de Bologna. El portal de difusión de información Cryptome.org recopiló e hizo públicos varios antecedentes del policía, entre ellos otro incidente en el que se le acusó de abuso policial durante una protesta en el 2001.
En la nota se califica al policía como uno “conocido por el trato fuerte contra manifestantes.”
Otras noticias relacionadas a Bologna, como eventos públicos donde participó y fotografías suyas, también fueron recompiladas en esta web con la clara intención de convertirlo en una figura pública reconocible.
lunes, 26 de septiembre de 2011
México, ante la incapacidad del gobierno derechista y la crisis, se impone un Estado policíaco
Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)
1. Felipe Calderón, el presidente ilegítimo, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que autoriza detenciones “en caso de urgencia” mediante un sistema de “investigación sin autorización judicial”, que incluye el cateo de domicilios por denuncia anónima, revisión y grabación de personas y vehículos, el uso de llamadas telefónicas entre particulares y conformar un cuerpo de “agentes infiltrados”. Propuso a los diputados que la policía grabe en video las inspecciones a vehículos, que en una conversación por teléfono quien participe en ésta pueda entregarla como prueba, “y de esta manera no se altera la confidencialidad de las comunicaciones”. ¿Qué harán los legisladores del PAN, PRI, PRD y demás? Aprobar el Código reformándole algunos puntos que no cambian la esencia del mismo.
2. ¿Por qué se puede hablar de Estado policiaco en México? Porque en un Estado policiaco el gobierno mantiene o busca implantar –con cualquier pretexto- un estricto control sobre la sociedad, de manera particular a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión de dinero público –también privado- en vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno está contra la voluntad de los individuos que están siendo vigilados. Así, un Estado policial es totalmente antidemocrático, es más o menos una ley marcial. Se asemeja a un régimen totalitario que utiliza la excusa de guerra (en este caso contra el narcotráfico) constante para permitir que la policía y las cámaras de seguridad controlen –mediante una estricta vigilancia- a la población.
3. El gobierno de Obama, a través de su embajada en México, ha estado ensayando un Plan Afganistán para aplicar contra “la delincuencia organizada” y la “insurgencia” que asoma la cabeza en varios estados mexicanos. Ha introducido recientemente a México –siguiendo la llamada “Iniciativa Mérida”, más de dos mil agentes yanquis militares y especializados en contrainsurgencia; éstos, a la cabeza de miles de agentes mexicanos entrenados en los EEUU e Israel, están tomando en la frontera Norte, aunque también en la Sur, el control de todos los migrantes. No tengo la menor duda de que el llamado Código Federal de Procedimientos Penales que ha mandado Calderón a los legisladores obedece a órdenes de los EEUU; aunque Calderón se siente feliz por obedecer estas medidas que respaldan a su gobierno en estos momentos en que parece desplomarse.
4. Me recuerdan estas terribles medidas de vigilancia policíaca cuando el llamado “Comité de Asignaciones del Senado Estatal de Arizona” aprobó hace poco tiempo medidas impulsadas por el legislador republicano Russell Pearce que de manera criminal y racista buscan negar a los indocumentados mexicanos y demás países, servicios médicos de emergencia, así como vivienda pública y centros laborales.
Las propuestas legislativas obligan a escuelas, hospitales y centros policiales que reporten sobre inmigración, y requiere la confiscación de propiedad de los que sospechan que están ilegalmente en el país. Este es un Estado policíaco, pero envuelto con el velo de la “democracia” que sólo sirve a los intereses yanquis. Es la democracia que los yanquis con toda habilidad han difundido desde hace un siglo en los medios.
5. La legislatura mexicana, que se ha presentado como plural, al aprobar estos cambios fascistoides e introducirlos al marco constitucional del país haría que el llamado régimen de derecho en México se reconfirme como inexistente y falso. Como bien se ha dicho: 1. Reconfirmaría, como ha escrito mi amigo Javier Garrido, a los funcionarios federales atribuciones propias de un régimen dictatorial o de excepción, al permitirles allanar y catear domicilios sin mandato judicial y llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión y, 2. Cancelaría una garantía fundamental, la de seguridad jurídica, que establece la inviolabilidad del domicilio y de la persona si no media un mandamiento escrito, conforme a la Constitución. Es decir, los mexicanos entenderíamos, una vez más, que vivimos una falsa democracia o una democracia burguesa formal.
6. Todos aquellos espacios que hemos ganado para manifestarnos en las calles serían perdidos. Todas aquellas batallas contra las rejas o cercas metálicas de los bloqueos policíaco-militares ahora serían reprimidas con más brutalidad. Todavía recuerdo que en los sesenta, cuando se convocaba una manifestación en la ciudad de México, los primeros 100 o 200 en llegar, teníamos que hacernos tontos alrededor del lugar de la cita hasta que un grupo se atrevía a tomar el espacio para reunirnos a todos. En las asambleas anteriores siempre analizábamos si la manifestación sería reprimida o terminaría en paz, y si esta sí podría llegar al Zócalo o sólo en el Monumento a Juárez por estar bloqueado el paso por policías y soldados. Imagines nada más no poder realizar plantones ni tener libertad para desahogarnos mentándole la madre al gobierno.
7. Además de poner todas nuestras fuerzas para luchar contra esas medidas de “Ley de seguridad” que la burguesía busca imponer para reprimir a los trabajadores, no debemos olvidar que hay que transformar –como diría un dirigente chino, las cosas malas en cosas buenas que favorezcan al pueblo, es decir, hay que transformar la guerra de los poderosos en revolución de los oprimidos. ¿O, acaso, vamos a ir a nuestro rincón a llorar nuestras desgracias o meter nuestra cabeza a la arena para no ver lo que sucede? Nada de eso: a pesar de las leyes fascistas y sus prohibiciones seguiremos en las calles para ver si tienen suficientes cárceles para encerrar al pueblo. Además no sería la única vez en que las clases dominantes quieren imponer su orden. Al pueblo se le puede oprimir, perseguir, reprimir, un año, diez años, pero no toda la vida. ¿Por qué en lugar de joder al pueblo no joden a su madre?
Pueblos indígenas y narcotráfico
PROYECTO AMBULANTE
Publicado en: Nacionales, Recientes
La territorialidad, los recursos naturales y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas en América Latina y en México en particular, son sitiados y amenazados sistemática y permanentemente por las corporaciones del capitalismo neoliberal, dentro de las cuales incluyo al narcotráfico. Ante el desempleo generalizado en el mundo rural, la debacle del campo provocado -en parte- por los tratados de libre comercio que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, muchas comunidades son penetradas por el crimen organizado para forzarlas o inducirlas al cultivo de la amapola o la mariguana en sus tierras, y jóvenes indígenas son reclutados para el transporte de la mercancía por las redes de los cárteles.
Paralelamente, con el pretexto del “combate contra el narcotráfico”, extensas zonas indígenas son víctimas de los operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y los que corresponden como pueblos originarios. A esto se suman las labores contrainsurgentes de las fuerzas armadas en territorios indígenas que acarrean actividades lesivas para los pueblos de dos actores armados más: grupos paramilitares y guerrilleros.
Colombia es un caso ilustrativo de esta situación en la que los indígenas se encuentran entre tres fuegos: militares, narco-paramilitares y guerrilleros. La etnia Nasa, en el norte del departamento del Cauca, por ejemplo, se ha visto forzada a poner en práctica una ordenanza para que su guardia indígena, armada solo con sus bastones adornados con colores vivos para ser vistos a larga distancia, expulse a los narcotraficantes de su territorio, dentro del cual operan las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización con la cual también han negociado los Nasa el cese del reclutamiento indiscriminado de sus jóvenes. En otros territorios colombianos se han dado desplazamientos de miles de indígenas huyendo del enfrentamiento entre ejército y los narco paramilitares con guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional.
En el caso de México han sido denunciados grupos del narco operando en zonas indígenas con mayor frecuencia en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y en las cárceles de estos estados se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud. Incluso, se ha externado especial preocupación por índices de drogadicción creciente entre los propios pueblos, como en el caso de los Raramuris en Chihuahua. Se calcula que alrededor de 50 mil indígenas han sido víctimas de las redes del narco en al menos 60 comunidades del país. Así, se criminaliza a los pueblos indios y en muchas regiones de nuestros países la lucha contra el narcotráfico encubre una gran variedad de extorsiones e injusticias adicionales a las que secularmente han sufrido los indígenas por parte de autoridades militares, policiales y judiciales.
En Centroamérica tenemos que en poblados mayas del oriente y occidente de Guatemala, mafias mexicanas han instalado a sangre y fuego sus estructuras delictivas y controlan el transporte hacía México y Estados Unidos. En Puerto Lempira, Honduras, hay hostigamiento del narco hacia los indígenas misquitos. En Nicaragua, Daniel Ortega declaró recientemente que las redes del narcotráfico han penetrado las comunidades misquitas de la Costa Caribe, así como las urbes multiétnicas de Bilwi y Bluefields, datos que pudimos corroborar en el terreno con testimonios de costeños. En el área fronteriza entre Panamá y Colombia, conocida como Tapón de Darién, el narco despliega una red terrestre y marítima que se extiende por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala para sus destinos finales en México-Estados Unidos.
También recientemente, la ONU expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas transfronterizos víctimas de la militarización y el tráfico de drogas en las regiones limítrofes entre Bolivia, Ecuador y Perú. En este último país, se denunció que colonos procedentes de la región andina de Ayacucho invaden territorio indígena en la selva central para cultivar coca. En Bolivia, el Chaman que entrego el bastón de mando a Evo Morales en el 2006, se encuentra en prisión acusado por narcotráfico.
Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, buscan apoderarse de los recursos acuíferos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, que constituye el fundamento material de la reproducción de los pueblos y el espacio estratégico de sus luchas. La finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza de trabajo y, a través de la criminalización que esto conlleva, facilitar las actividades del ejército en sus tareas represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de los grupos paramilitares que con frecuencia operan como el brazo clandestino de las fuerzas armadas para las tareas de la guerra sucia. Desde luego que ello representa una problemática sumamente compleja, que en los hechos significa un conflicto permanente por la tierra-mercancía (y también por los recursos naturales, estratégicos y patrimonios culturales tangibles e intangibles de los pueblos indígenas, todos ellos considerados mercancías).
La militarización con fines de lucha contra el narcotráfico no trae de ninguna manera una disminución de sus actividades delictivas, como lo prueba el caso de extensas zonas de la República mexicana bajo virtual ocupación militar. En el plano mundial el caso de Afganistán es ilustrativo ya que con la ocupación neocolonial de las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados se intensifica a más del doble la siembra y el trasiego de drogas.
“En la trastienda de las drogas existen servicios de espionaje estadounidenses, empresas importantes e intereses financieros y, desde este punto de vista, el control geopolítico y militar de la ruta de las drogas es tan estratégico como el de los oleoductos. El grueso de los beneficios asociados al comercio mundial de las drogas no se los apropian los grupos terroristas y los señores de la guerra… Resulta una amarga ironía que la presencia militar estadounidense ha servido para restablecer, en lugar de erradicar, el tráfico de drogas… En otras palabras, las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de las rutas de la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las drogas están depositados en el sistema bancario occidental. La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de narco dólares. (Michel Chossudovsky. “¿Quién se beneficia del comercio de opio afgano”. La Haine, 5 de octubre de 2006).
Desde hace varias décadas y en reiteradas ocasiones han sido denunciados los operativos de la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos de inteligencia occidentales en el trasiego de drogas con la finalidad de financiar sus gastos militares en Centroamérica, Vietnam y ahora en Afganistán. Recordamos la forma como la CIA cubrió sus gastos ocasionados por la Contra nicaragüense a través del trasiego de droga en sus aviones sin supervisión alguna.
El periodista Michael Gallant Smith sostiene acertadamente que:
“El régimen de Estados Unidos aprovecha al narcotráfico para afianzar su dominio en el continente americano, en especial en América Latina. El aparato de propaganda del régimen estadunidense ha difundido en el orbe la imagen de que Estados Unidos es la víctima mundial del tráfico de narcóticos mientras las autoridades de ese país fingen combatirlo. ¿Cómo es que la nación más poderosa del mundo en el plano económico y militar es impotente para derrotar al narcotráfico? La respuesta es clara. El narcotráfico es aliado perfecto de Estados Unidos. El narcotráfico dota al régimen de Estados Unidos de un flexible mecanismo de control interno, da pretextos para presionar a otras naciones, en especial latinoamericanas, y fortalece la economía estadunidense al exportar inflación mediante el lavado de dinero. Decomisos ocasionales de narcóticos, arrestos espectaculares de jefes del narcotráfico, tiroteos con muertos, imágenes conmovedoras de jóvenes adictos y robos violentos relacionados con las drogas son sólo parte del espectáculo con actores reales montado por la propaganda del régimen de Washington”. (Veneno, Numero 1, abril de 1997).
La delincuencia organizada actual no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente desbocada, sicópata y sin mediación política que la encubra; esta rama empresarial es altamente rentable desde el punto de vista económico, tanto financieramente, como a partir del hecho que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco. The Independent daba a conocer en el 2004 que “el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo tras el petróleo y el tráfico de armas” (29 de febrero de 2004).
También, la llamada guerra contra el narcotráfico es especialmente funcional -una vez desaparecida la guerra fría– para justificar las tareas represivas del Estado capitalista transnacionalizado y para los planes de dominación estratégica de los centros imperialistas hegemonizados por Estados Unidos. Los Estados transnacionalizados se caracterizan por el vaciado de sus tareas sociales y de sus responsabilidades frente a las grandes mayorías de nuestros países y el fortalecimiento de sus afanes de control autoritario de la fuerza de trabajo, la criminalización de las resistencias y de todo tipo de disidencia, incluso las de carácter meramente democrático.
La única posibilidad de defensa frente a este fenómeno en el mundo indígena, como se muestran los casos de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, los Nasa de Colombia y la Policía Comunitaria de Guerrero es el fortalecimiento de las autonomías, a partir de las cuales se ha logrado controlar -no sin dificultades- la presencia del crimen organizado en los territorios indígenas.
Gilberto López y Rivas
Publicado en: Nacionales, Recientes
La territorialidad, los recursos naturales y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas en América Latina y en México en particular, son sitiados y amenazados sistemática y permanentemente por las corporaciones del capitalismo neoliberal, dentro de las cuales incluyo al narcotráfico. Ante el desempleo generalizado en el mundo rural, la debacle del campo provocado -en parte- por los tratados de libre comercio que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, muchas comunidades son penetradas por el crimen organizado para forzarlas o inducirlas al cultivo de la amapola o la mariguana en sus tierras, y jóvenes indígenas son reclutados para el transporte de la mercancía por las redes de los cárteles.
Paralelamente, con el pretexto del “combate contra el narcotráfico”, extensas zonas indígenas son víctimas de los operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y los que corresponden como pueblos originarios. A esto se suman las labores contrainsurgentes de las fuerzas armadas en territorios indígenas que acarrean actividades lesivas para los pueblos de dos actores armados más: grupos paramilitares y guerrilleros.
Colombia es un caso ilustrativo de esta situación en la que los indígenas se encuentran entre tres fuegos: militares, narco-paramilitares y guerrilleros. La etnia Nasa, en el norte del departamento del Cauca, por ejemplo, se ha visto forzada a poner en práctica una ordenanza para que su guardia indígena, armada solo con sus bastones adornados con colores vivos para ser vistos a larga distancia, expulse a los narcotraficantes de su territorio, dentro del cual operan las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización con la cual también han negociado los Nasa el cese del reclutamiento indiscriminado de sus jóvenes. En otros territorios colombianos se han dado desplazamientos de miles de indígenas huyendo del enfrentamiento entre ejército y los narco paramilitares con guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional.
En el caso de México han sido denunciados grupos del narco operando en zonas indígenas con mayor frecuencia en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y en las cárceles de estos estados se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud. Incluso, se ha externado especial preocupación por índices de drogadicción creciente entre los propios pueblos, como en el caso de los Raramuris en Chihuahua. Se calcula que alrededor de 50 mil indígenas han sido víctimas de las redes del narco en al menos 60 comunidades del país. Así, se criminaliza a los pueblos indios y en muchas regiones de nuestros países la lucha contra el narcotráfico encubre una gran variedad de extorsiones e injusticias adicionales a las que secularmente han sufrido los indígenas por parte de autoridades militares, policiales y judiciales.
En Centroamérica tenemos que en poblados mayas del oriente y occidente de Guatemala, mafias mexicanas han instalado a sangre y fuego sus estructuras delictivas y controlan el transporte hacía México y Estados Unidos. En Puerto Lempira, Honduras, hay hostigamiento del narco hacia los indígenas misquitos. En Nicaragua, Daniel Ortega declaró recientemente que las redes del narcotráfico han penetrado las comunidades misquitas de la Costa Caribe, así como las urbes multiétnicas de Bilwi y Bluefields, datos que pudimos corroborar en el terreno con testimonios de costeños. En el área fronteriza entre Panamá y Colombia, conocida como Tapón de Darién, el narco despliega una red terrestre y marítima que se extiende por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala para sus destinos finales en México-Estados Unidos.
También recientemente, la ONU expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas transfronterizos víctimas de la militarización y el tráfico de drogas en las regiones limítrofes entre Bolivia, Ecuador y Perú. En este último país, se denunció que colonos procedentes de la región andina de Ayacucho invaden territorio indígena en la selva central para cultivar coca. En Bolivia, el Chaman que entrego el bastón de mando a Evo Morales en el 2006, se encuentra en prisión acusado por narcotráfico.
Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, buscan apoderarse de los recursos acuíferos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, que constituye el fundamento material de la reproducción de los pueblos y el espacio estratégico de sus luchas. La finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza de trabajo y, a través de la criminalización que esto conlleva, facilitar las actividades del ejército en sus tareas represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de los grupos paramilitares que con frecuencia operan como el brazo clandestino de las fuerzas armadas para las tareas de la guerra sucia. Desde luego que ello representa una problemática sumamente compleja, que en los hechos significa un conflicto permanente por la tierra-mercancía (y también por los recursos naturales, estratégicos y patrimonios culturales tangibles e intangibles de los pueblos indígenas, todos ellos considerados mercancías).
La militarización con fines de lucha contra el narcotráfico no trae de ninguna manera una disminución de sus actividades delictivas, como lo prueba el caso de extensas zonas de la República mexicana bajo virtual ocupación militar. En el plano mundial el caso de Afganistán es ilustrativo ya que con la ocupación neocolonial de las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados se intensifica a más del doble la siembra y el trasiego de drogas.
“En la trastienda de las drogas existen servicios de espionaje estadounidenses, empresas importantes e intereses financieros y, desde este punto de vista, el control geopolítico y militar de la ruta de las drogas es tan estratégico como el de los oleoductos. El grueso de los beneficios asociados al comercio mundial de las drogas no se los apropian los grupos terroristas y los señores de la guerra… Resulta una amarga ironía que la presencia militar estadounidense ha servido para restablecer, en lugar de erradicar, el tráfico de drogas… En otras palabras, las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de las rutas de la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las drogas están depositados en el sistema bancario occidental. La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de narco dólares. (Michel Chossudovsky. “¿Quién se beneficia del comercio de opio afgano”. La Haine, 5 de octubre de 2006).
Desde hace varias décadas y en reiteradas ocasiones han sido denunciados los operativos de la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos de inteligencia occidentales en el trasiego de drogas con la finalidad de financiar sus gastos militares en Centroamérica, Vietnam y ahora en Afganistán. Recordamos la forma como la CIA cubrió sus gastos ocasionados por la Contra nicaragüense a través del trasiego de droga en sus aviones sin supervisión alguna.
El periodista Michael Gallant Smith sostiene acertadamente que:
“El régimen de Estados Unidos aprovecha al narcotráfico para afianzar su dominio en el continente americano, en especial en América Latina. El aparato de propaganda del régimen estadunidense ha difundido en el orbe la imagen de que Estados Unidos es la víctima mundial del tráfico de narcóticos mientras las autoridades de ese país fingen combatirlo. ¿Cómo es que la nación más poderosa del mundo en el plano económico y militar es impotente para derrotar al narcotráfico? La respuesta es clara. El narcotráfico es aliado perfecto de Estados Unidos. El narcotráfico dota al régimen de Estados Unidos de un flexible mecanismo de control interno, da pretextos para presionar a otras naciones, en especial latinoamericanas, y fortalece la economía estadunidense al exportar inflación mediante el lavado de dinero. Decomisos ocasionales de narcóticos, arrestos espectaculares de jefes del narcotráfico, tiroteos con muertos, imágenes conmovedoras de jóvenes adictos y robos violentos relacionados con las drogas son sólo parte del espectáculo con actores reales montado por la propaganda del régimen de Washington”. (Veneno, Numero 1, abril de 1997).
La delincuencia organizada actual no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente desbocada, sicópata y sin mediación política que la encubra; esta rama empresarial es altamente rentable desde el punto de vista económico, tanto financieramente, como a partir del hecho que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco. The Independent daba a conocer en el 2004 que “el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo tras el petróleo y el tráfico de armas” (29 de febrero de 2004).
También, la llamada guerra contra el narcotráfico es especialmente funcional -una vez desaparecida la guerra fría– para justificar las tareas represivas del Estado capitalista transnacionalizado y para los planes de dominación estratégica de los centros imperialistas hegemonizados por Estados Unidos. Los Estados transnacionalizados se caracterizan por el vaciado de sus tareas sociales y de sus responsabilidades frente a las grandes mayorías de nuestros países y el fortalecimiento de sus afanes de control autoritario de la fuerza de trabajo, la criminalización de las resistencias y de todo tipo de disidencia, incluso las de carácter meramente democrático.
La única posibilidad de defensa frente a este fenómeno en el mundo indígena, como se muestran los casos de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, los Nasa de Colombia y la Policía Comunitaria de Guerrero es el fortalecimiento de las autonomías, a partir de las cuales se ha logrado controlar -no sin dificultades- la presencia del crimen organizado en los territorios indígenas.
Gilberto López y Rivas
sábado, 24 de septiembre de 2011
México es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de niñ@s y adolescentes explotados sexualmente
Proyecto Ambulante
El recrudecimiento de la pobreza, la falta de empleo, salud, educación y en general la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales repercuten en la aparición e incremento de la trata de personas. Cada vez son más las víctimas reclutadas por enamoramiento, falsas promesas o formas no violentas puesto que el sistema proxeneta promete una vida en donde las necesidades económicas, afectivas y sociales estarán cubiertas.
El sistema de la trata de personas, explota a seres humanos sin ninguna consideración a su vida, libertad e integridad personal, o derechos. Se agrava debido a la complejidad que representa la globalización, el movimiento y recursos del crimen organizado lo cual repercute en el debilitamiento de las instituciones que no logran detenerlo.
México es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente sólo rebasado por Brasil. A nivel mundial es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia.1 En México, tan solo en la capital 10 mil mujeres son explotadas anualmente.2
La legislación promulgada en nuestro país (desde el 2007) ha evidenciado sus carencias. El contenido de delito de trata de personas, las acciones consideradas ilícitas y las penas varían en las diversas entidades federativas así como en el ámbito Federal, lo cual crea un problema de acceso a la justicia para las víctimas que son explotadas a lo largo del país.
La política pública y el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no contemplan medidas adecuadas y efectivas, se sustentan en criterios subjetivos y no en información objetiva del fenómeno. Tampoco atacan la discriminación estructural preexistente que permite la existencia del delito.
Una de las causas de la deficiencia en las políticas públicas sobre el fenómeno es que no existen bases de datos del delito de trata y todos los relacionados con él como son: el feminicidio, el secuestro de migrantes y transmigrantes, el secuestro, la violencia contra la mujer, las desapariciones de mujeres, niñas y niños sin atender las obligaciones que tiene el Estado mexicano debido a los tratados ratificados por él y al incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso “Campo algodonero” que obliga al Estado mexicano a crear estas bases de datos.
No existe un diagnóstico del fenómeno que relacione las modalidades de la trata en el país con la migración, el abuso de los usos y costumbres de comunidades indígenas y campesinas, la pobreza, la corrupción, las carencias afectivas y la pérdida de la solidaridad siendo que éstos son factores que facilitan el fortalecimiento y operación del sistema proxeneta.
En materia de acceso a la justicia prevalece la impunidad por la inactividad procesal en el procedimiento penal, la falta de investigación, la corrupción y las alegaciones sobre el consentimiento de la víctima para no perseguir el delito. Además, la carga de la prueba recae en la víctima, se carece de infraestructura y personal capacitado para la atención integral de la misma. La Federación reporta hasta julio del 2010, dos sentencias, el Estado de Chiapas reporta una y en el Distrito Federal tres. En 2010 los órganos de procuración de justicia de la Ciudad de México (PGJDF) investigaron formalmente sólo 40 casos de trata de personas. Lo anterior corrobora que la situación es crítica y alarmante al ubicar a México como uno de los principales países de mayor explotación sexual en el mundo.
El “combate” al crimen organizado por parte del actual gobierno mexicano ha sido utilizado por el Estado para justificar la impunidad imperante y la corrupción. Ello permite que en pleno Siglo XXI persista la explotación humana sin tomar todas las medidas propuestas en el marco internacional para erradicar la trata de personas. El Reporte del Departamento de Estado de EUA afirma que el gobierno de México no cumple con todos los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas3.
Por eso hacemos un llamado:
.Al Estado Mexicano a cumplir con sus obligaciones y proteger los derechos humanos y libertades de sus habitantes;
.A modificar la legislación acorde con los tratados firmados y ratificados, sobre todo aquellos referidos a la violencia de la mujer como son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación y Prostitución Ajena de 1949; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, también conocido como el Protocolo de Palermo; la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará”; el Convenio 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso entre otras. Estos instrumentos internacionales obligan al Estado a investigar y esclarecer las desapariciones de mujeres y el feminicidio que pueden estar vinculados con la trata o explotación sexual;
.A los habitantes del Distrito Federal a unirse a la red de informantes del OBSERVATORIO, y de manera confidencial o abierta participar en la visibilización de la problemática a través de la denuncia ciudadana.www.camontesinos.org.mx
No permitamos tan grave violación a los derechos humanos,
No a la esclavitud en México,
No a la trata de personas.
Observatorio contra la trata de personas
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos
www.camontesinos.org.mx
55-44-05-08 y55-44-05-41
Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual
—
Notas
1. CNDH, “Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México”, Óp. Cit. Pág.: 179
2. Contralínea, ―Trata de mujeres, problema de género, 12 Octubre 2010, disponible enhttp://contralinea.info/archivorevista/ index.php/2010/10/12/trata-de-mujeres-problema-de-genero. Íbid. p. 74
3. Véase Embajada de los Estado Unidos en México, disponible en: http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democracia.html
México D.F, 23 de septiembre del 2011.
http://cencos.org/node/27635
El recrudecimiento de la pobreza, la falta de empleo, salud, educación y en general la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales repercuten en la aparición e incremento de la trata de personas. Cada vez son más las víctimas reclutadas por enamoramiento, falsas promesas o formas no violentas puesto que el sistema proxeneta promete una vida en donde las necesidades económicas, afectivas y sociales estarán cubiertas.
El sistema de la trata de personas, explota a seres humanos sin ninguna consideración a su vida, libertad e integridad personal, o derechos. Se agrava debido a la complejidad que representa la globalización, el movimiento y recursos del crimen organizado lo cual repercute en el debilitamiento de las instituciones que no logran detenerlo.
México es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente sólo rebasado por Brasil. A nivel mundial es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia.1 En México, tan solo en la capital 10 mil mujeres son explotadas anualmente.2
La legislación promulgada en nuestro país (desde el 2007) ha evidenciado sus carencias. El contenido de delito de trata de personas, las acciones consideradas ilícitas y las penas varían en las diversas entidades federativas así como en el ámbito Federal, lo cual crea un problema de acceso a la justicia para las víctimas que son explotadas a lo largo del país.
La política pública y el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no contemplan medidas adecuadas y efectivas, se sustentan en criterios subjetivos y no en información objetiva del fenómeno. Tampoco atacan la discriminación estructural preexistente que permite la existencia del delito.
Una de las causas de la deficiencia en las políticas públicas sobre el fenómeno es que no existen bases de datos del delito de trata y todos los relacionados con él como son: el feminicidio, el secuestro de migrantes y transmigrantes, el secuestro, la violencia contra la mujer, las desapariciones de mujeres, niñas y niños sin atender las obligaciones que tiene el Estado mexicano debido a los tratados ratificados por él y al incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso “Campo algodonero” que obliga al Estado mexicano a crear estas bases de datos.
No existe un diagnóstico del fenómeno que relacione las modalidades de la trata en el país con la migración, el abuso de los usos y costumbres de comunidades indígenas y campesinas, la pobreza, la corrupción, las carencias afectivas y la pérdida de la solidaridad siendo que éstos son factores que facilitan el fortalecimiento y operación del sistema proxeneta.
En materia de acceso a la justicia prevalece la impunidad por la inactividad procesal en el procedimiento penal, la falta de investigación, la corrupción y las alegaciones sobre el consentimiento de la víctima para no perseguir el delito. Además, la carga de la prueba recae en la víctima, se carece de infraestructura y personal capacitado para la atención integral de la misma. La Federación reporta hasta julio del 2010, dos sentencias, el Estado de Chiapas reporta una y en el Distrito Federal tres. En 2010 los órganos de procuración de justicia de la Ciudad de México (PGJDF) investigaron formalmente sólo 40 casos de trata de personas. Lo anterior corrobora que la situación es crítica y alarmante al ubicar a México como uno de los principales países de mayor explotación sexual en el mundo.
El “combate” al crimen organizado por parte del actual gobierno mexicano ha sido utilizado por el Estado para justificar la impunidad imperante y la corrupción. Ello permite que en pleno Siglo XXI persista la explotación humana sin tomar todas las medidas propuestas en el marco internacional para erradicar la trata de personas. El Reporte del Departamento de Estado de EUA afirma que el gobierno de México no cumple con todos los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas3.
Por eso hacemos un llamado:
.Al Estado Mexicano a cumplir con sus obligaciones y proteger los derechos humanos y libertades de sus habitantes;
.A modificar la legislación acorde con los tratados firmados y ratificados, sobre todo aquellos referidos a la violencia de la mujer como son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación y Prostitución Ajena de 1949; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, también conocido como el Protocolo de Palermo; la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará”; el Convenio 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso entre otras. Estos instrumentos internacionales obligan al Estado a investigar y esclarecer las desapariciones de mujeres y el feminicidio que pueden estar vinculados con la trata o explotación sexual;
.A los habitantes del Distrito Federal a unirse a la red de informantes del OBSERVATORIO, y de manera confidencial o abierta participar en la visibilización de la problemática a través de la denuncia ciudadana.www.camontesinos.org.mx
No permitamos tan grave violación a los derechos humanos,
No a la esclavitud en México,
No a la trata de personas.
Observatorio contra la trata de personas
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos
www.camontesinos.org.mx
55-44-05-08 y55-44-05-41
Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual
—
Notas
1. CNDH, “Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México”, Óp. Cit. Pág.: 179
2. Contralínea, ―Trata de mujeres, problema de género, 12 Octubre 2010, disponible enhttp://contralinea.info/archivorevista/ index.php/2010/10/12/trata-de-mujeres-problema-de-genero. Íbid. p. 74
3. Véase Embajada de los Estado Unidos en México, disponible en: http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democracia.html
México D.F, 23 de septiembre del 2011.
http://cencos.org/node/27635
DECLARACIÓN DEL FORO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Asunción, 2 de septiembre de 2011
Cerca de 200 delegadas y delegados de las organizaciones integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina, de Paraguay, nos reunimos en Asunción, desde 31 de agosto al 2 de setiembre, en el Foro por la Soberanía Alimentaria, co-organizada por Base Investigaciones Sociales.
Analizamos los alcances del término Soberanía Alimentaria desde la cotidianeidad hasta las altas esferas de decisiones internacionales que afectan nuestra alimentación, nuestra forma de ser y estar en el mundo. Entendimos que la Soberanía Alimentaria como una propuesta de campesinas, campesinos e indígenas es un concepto en permanente enriquecimiento por las reflexiones constantes del pueblo en lucha por la vida digna y se materializa en nuestras prácticas cotidianas, en políticas agrarias autónomas, en una relación armoniosa de seres humanos con la naturaleza.
Encontramos que nuestros bienes naturales, el agua, la tierra y el territorio, los bosques, las semillas, base de nuestro sustento, están en grave riesgo ante las amenazas que trae consigo el modelo productivo capitalista. Este modelo que, engañosamente, bajo la excusa de la productividad, y con las ansias de aumentar el lucro de unas pocas empresas transnacionales que concentran las riquezas generadas de la explotación de trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad, está destruyendo el futuro de las generaciones venideras. No sólo se apropian [las empresas] de los bienes naturales, convirtiéndolos en mercancía, sino que nos desplazan con sañas y mañas engañosas, se apropian además de saberes ancestrales de nuestros padres y madres, que durante millares de años se han transmitido de generación en generación, nos despojan de nuestras costumbres imponiéndonos patrones culturales que nos homogeneízan, con lo cual se les facilita la dominación. Por eso:
Repudiamos la extranjerización de nuestras tierras, la desaparición de nuestros bosques, las privatización de nuestro Acuífero Guaraní, la biopiratería o patentización de nuestras semillas nativas y criollas, la instalación de megaproyectos mineros, energéticos y el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) en nuestros territorios y en cualquier parte; la militarización de nuestra sociedad y de nuestros territorios y la expansión de los monocultivos, el uso intensivo de agrotóxicos. Asimismo, repudiamos el acelerado proceso de criminalización de nuestras luchas, la promulgación de leyes que violan nuestros derechos, el derroche de recursos públicos para la financiación del agronegocio. Haremos lo necesario por frenar estas amenazas a la Soberanía Alimentaria.
Denunciamos al Estado, cómplice de este modelo, que lejos de garantizar el derecho elemental de la población a la alimentación, sostiene y defiende el agronegocio, la agroexportación y la megaminería, dejando en manos del "mercado" las reglas de regulación, garantizando a las empresas el "respaldo" que necesitan para sus operaciones a costa del desalojo y despojo de campesinas, campesinos e indígenas de las comunidades, implementando políticas públicas recetadas y empaquetadas desde grandes centros de poder económico, rezagando las históricas reivindicaciones de pueblo.
Proponemos:
Formarnos, estudiar estas amenazas y los riesgos que supone el modelo capitalista para la Soberanía Alimentaria, ya que sólo conociendo los daños, las estrategias del capital y las consecuencias los podremos enfrentar.
Difundir ampliamente los riesgos que corren los bienes naturales que garantizan la soberanía alimentaria de nuestro país, empleando los medios necesarios para ello. Sin los bienes naturales en manos de quienes los saben cuidar, el compromiso de quienes tomamos prestados la tierra, el agua, los bosques, las semillas, se diluye en la medida en que no podamos asegurar la vida, tanto hoy como para las generaciones futuras.
Alertar a la ciudadanía en general los peligros y amenazas que acechan a nuestra alimentación, informando sobre las formas de producción, el modelo extractivista y de saqueo; las fuentes de financiación ligadas a empresas petroleras; las trampas del procesamiento y la comercialización, el consumismo y el supermercadismo.
Articularnos todos los sectores de la sociedad para defender la Soberanía Alimentaria. Unir los extremos de la cadena de producción de alimentos, que se inicia, en el campo con la siembra y termina con el consumo, en la ciudad. Necesitamos romper la intermediación impulsando la creación de mercados locales y potenciar los ya existentes.
Denunciar públicamente las situaciones de atropello a nuestros territorios, los despojos, la apropiación y destrucción de nuestros bienes naturales. Descubrir las amenazas e impulsar acciones para frenarlas desde la resistencia activa y propositiva.
Desarrollar la producción agroecológica en todos nuestros asentamientos y comunidades. Generar consciencia sobre el consumo de productos agroecológicos. Exigimos al Estado políticas que garanticen la producción alimentaria local con dotación presupuestaria suficiente.
Impulsar la valoración de saberes ancestrales de los pueblos indígenas y buscar su incorporación a nuestros procesos de aprendizajes, de prácticas productivas y de relacionamiento.
Potenciar el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) Guaraní como un proyecto estratégico de la CLOC/Vía Campesina que apunta a la formación técnico-política de jóvenes, hombres y mujeres, en un proceso de construcción participativa en todas sus dimensiones. Consolidar el equipo permanente de educadores y educadoras del IALA Guaraní. Potenciar el compromiso de las organizaciones integrantes ante el mismo.
Construir nuevas formas de comunicación popular, especialmente las radios comunitarias, para contrarrestar las propagandas y desinformación interesada de los medios comerciales, aliados a los sectores empresariales del agronegocio.
Convocar a las organizaciones, movimientos, profesionales, mujeres, hombres, jóvenes del campo y la ciudad para sumarse a una gran:
“Alimento sano, pueblo soberano”
-Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas – CONAMURI
-Movimiento Agrario y Popular – MAP
-Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas – MCNOC
-Movimiento Campesino Paraguayo – MCP
-Organización de Lucha por la Tierra – OLT
-Organización Nacional de Aborígenes Independientes – ONAI
-Base Investigaciones Sociales – BASE IS
San Rocker y el forito nomada presentan ¡Que feo estas!!!!
en el marco de sus 26 años de la partida del profeta del nopal
Radio Proletaria Chiapas. invita tambien
Radio Proletaria Chiapas. invita tambien
A LA XXX REUNION DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA REGION CENTRO PACIFICO. “POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS”
CONVOCAMOS
A LA XXX REUNION DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
REGION CENTRO PACIFICO.
“POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS”
Considerando que en Mexico, mas del 25% de nuestro Territorio Nacional ha sido concesionado a empresas extranjeras para el saqueo de nuestros territorios, afectando directamente al pueblo de Mexico y en particular a los territorios de los pueblos originarios, destruyendo la naturaleza, rompiendo la identidad de nuestros pueblos, atentando contra la seguridad nacional, causando enfermedades y violentando nuestra soberania alimentaria.
Considerando que la lucha y la resistencia de los pueblos se manifiesta en todos los rincones de nuestra Patria y que es necesaria e indispensable la articulacion de todos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, indigenas, no indigenas, y la sociedad entera.
Considerando que la articulacion de nuestras luchas, se basa primordialmente en el dialogo, en los acuerdos, en la movilizacion y en la informacion y difusion de nuestra problemática y alternativas.
Considerando que en la pasada sesion del CNI llevada a cabo en Nurio, Michoacan, se tomo el acuerdo de que la siguiente reunion se celebre en Territorio Comunitario con motivo del XVI aniversario de la Policia Comunitaria.
Llamamos, a las distintas redes, organizaciones sociales y politicas, pueblos y comunidades, academicos, intelectuales progresistas, medios de comunicación libres y alternativos, al pueblo en general, a encontrarnos en Territorio Comunitario, en la comunidad mephaa de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Gro., los dias 14 y 15 de octubre de 2011, en el marco del 16 Aniversario de la Policia Comunitaria, para dialogar y organizarnos en torno a las siguientes mesas de trabajo.
Mesa 1.- Defensa de nuestros territorios ante las empresas y proyectos capitalistas. (sus impactos en el medio ambiente, la salud, la seguridad y soberania nacional, la seguridad alimentaria, la identidad de los pueblos)
Mesa 2.- Articulacion del movimiento indigena y social, a partir de los acuerdos, construccion de alternativas y poder del pueblo.
Mesa 3.- Radios Comunitarias, medios alternativos, libres, rebeldes. Seguimiento a la campaña “A corazon abierto, defendamos a nuestra madre tierra”, asi como a los acuerdos del primer encuentro de radios comunitarias y medios libres celebrado en territorio comunitario en el mes de febrero pasado. Estrategias de difusion, informacion y denuncia en defensa de nuestros territorios.
Congreso Nacional Indigena
“Nunca mas un Mexico sin nosotros”
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria
¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!
“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”
Organizaciones solidarias convocantes
REMA, CDHM Tlachinollan, Radio Ñoomnda
“La palabra del agua”.
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