jueves, 1 de julio de 2010

Aún presos, dos líderes del FPDT por 'trámites': abogado




Es totalmente irregular. El director del Altiplano está incurriendo en un desacato a la Corte, aseguró.

La Jornada en línea
Publicado: 01/07/2010 10:23

México, DF. Leonel Rivero, abogado de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, dijo que el director del Altiplano, donde aún se encuentran recluidos, se ha negado a acatar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda vez que desde la noche de ayer miércoles la secretaría general de gobierno giró un oficio solicitándole su liberación.

Rivero agregó que las autoridades federales han argumentado cuestiones administrativas, tales como fundametación o cotejar si están bien los nombres de los ex condenados. Tales trámites, denunció, no precisan de más de dos o tres horas, y ahorita ya llevan más de ocho horas, y más de 20 desde que la Corte le envió un telegrama ordenándole ejecutar su la "inmediata" liberación.

En diferentes declaraciones radiofónicas, consideró que tal situación es "totalmente irregular" ya que las autoridades federales solamente resguardan a los tres presos plano. Es incluso un desacato a la resolución de la Corte, por lo que "está incurriendo en este momento en el delito de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad", por lo que procederá legalmente en contra de las autoridades federales por esta situación.

"Vamos a dar cuenta a la Primer Sala de la Suprema Corte del franco desacato en que ha incurrido el gobierno federal y procederemos también por los cauces legales, no podemos admitir que el gobierno federal incumpla con una resolución" del máximo tribunal, aseguró.

Por otra parte -en declaraciones radiofónicas- el defensor de los atenquenes, incluido también Héctor Galindo y los otros nueve que se encontraban presos en Molino de Flores, consideró que la determinación de los ministros Arturo Zaldívar, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero es importante, sobre todo la interpretación de la legitimidad de la protesta social enmarcada en el ejercicio de libertad de expresión.



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