martes, 4 de octubre de 2011

EU introdujo armas a México desde 2006

fuente: milenio diario


El gobierno estadunidense condujo antes del operativo “Rápido y furioso” otro similar llamado “Receptor abierto” entre 2006 y 2007, indican documentos oficiales obtenidos por el diario “Los Angeles Times”.

Washington DC -Baltimore • Estados Unidos condujo antes del operativo “Rápido y furioso” otro similar llamado “Receptor abierto” (Wide receiver) entre 2006 y 2007 que permitió también la entrada ilegal de armas a México, de acuerdo con nuevos documentos oficiales.

El operativo “Receptor abierto”, realizado desde la oficina de la Administración contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Tucson, era conocido por altos funcionarios del Departamento de Justicia, según los documentos obtenidos por “Los Angeles Times”.

“En ‘Receptor abierto’ también se compraron armas por parte de intermediarios ilegales y se perdieron en México”, señaló el reporte.

La existencia del operativo fue develada en una serie de correos electrónicos entregados por la administración de Barack Obama a investigadores del Congreso y funcionarios del Departamento de Justicia que discutieron ambos operativos desde octubre del año pasado, añadió.

Un funcionario estadunidense que pidió no ser identificado dijo al diario que altos funcionarios del Departamento de Justicia sí sabían que se permitió la entrada de armas a México a través de “Receptor Abierto” pero desconocían el operativo de “Rápido y furioso”.

“Jason Weinstein, subprocurador de justicia de la División Criminal, aludió a ambos casos en un correo electrónico de octubre de 2010 preocupado aparentemente de que los casos se traslaparan”, señaló el reporte.

El correo electrónico fue dirigido a James Trusty, jefe en funciones de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas del Departamento de Justicia, quien respondió que no sería sorpresivo si se descubriera que “un montón de armas estadunidenses están siendo usadas en MX (México)”.

“Así que no sé cuanto nos van a criticar por ‘dejar caminar armas’. Más bien será algo como ‘finalmente están persiguiendo a las personas que enviaron las armas aquí”, señaló Trusty ante la posibilidad de que se revelara la existencia de los operativos.

Los investigadores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que preside el republicano Darrell Issa, señalaron que los correos son un fuerte indicativo de que los funcionarios del Departamento de Justicia sabían del trasiego ilegal a través de “Rápido y furioso”.

Los mismos correos sugieren que el procurador general Eric Holder, quien dijo haber conocido las operaciones este año, supo en general de “Rápido y furioso” en julio, octubre y noviembre de 2010, antes que se hiciera público, según el reporte.

En total, la operación “Rápido y furioso” permitió la entrada ilegal a México de más dos mil rifles de asalto y 50 rifles estilo francotirador, además de miles de municiones.

El sistema penal mexicano permite la tortura, reveló el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas

Agencia de Noticias Independiente


Las amplias facultades del ministerio público conllevan a actos de tortura.

Los arraigados llegan golpeados, pero se manipulan los certificados médicos; hay abuso sexual contra mujeres.

La tortura y condiciones infrahumanas en los reclusorios generan más violencia.

Tras una visita al país en 2008 -en la que acudió a 24 centros de detención en el Distrito Federa y los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca- el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU emitió en 2009 un informe de 87 páginas en el cual identifica numerosas fallas estructurales en el sistema penal mexicano que alientan la tortura, pero el gobierno mexicano mantuvo dicha información bajo reserva, y fue hasta este año que la dio a conocer debido a que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” promovió un recurso al respecto ante el IFAI.

En su informe, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas deplora las irracionalmente amplias facultades del ministerio público, declarando que el que los detenidos se queden bajo custodia del MP a pesar de ser éste una parte acusadora en el proceso, hacen que los agentes ministeriales cometan tortura para arrancar confesiones que luego pasan a ser pruebas, lo cual se constató a partir de “abundantes, sólidos y coincidentes elementos de juicio derivados de todo tipo de fuentes consultadas.” Esto se agrava a la luz del abuso reiterado de la “flagrancia” para detener arbitrariamente y luego poner al detenido a disposición del MP en vez de llevarlo ante un juez, agregó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Por ello, dicha Red demandó la urgente obligación de eliminar las excesivas facultades del ministerio público en las etapas anteriores al juicio, garantizando que sean las autoridades judiciales las que ejercen el control sobre las detenciones y tomen las declaraciones utilizadas como pruebas.

Por su parte, el Subcomité de la ONU en su informe insta al Estado a implementar el sistema acusatorio, pero precisa que éste sin más no bastará para corregir el problema de fondo: el que la autoridad ministerial tenga la custodia de las personas detenidas por amplios periodos de tiempo.

Así mismo informó que constató la falsificación de certificados médicos por peritos ministeriales con el fin de encubrir lesiones presentes a la llegada de los detenidos; incluso algunos médicos le confirmaron al organismo de Naciones Unidas que reciben órdenes para que falsifiquen los datos. Esto, precisó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, reviste especial gravedad, puesto que es común que los abusos ocurren en el momento de la detención y posterior traslado.

El Subcomité también documentó graves abusos a las personas arraigadas y que éstas habían sido amenazadas para que no hablaran con el Subcomité. En el Centro Nacional de Arraigo, de acuerdo con el propio registro médico, la mitad de los arraigados llegan con lesiones de origen reciente, con un promedio de 17 lesiones; la totalidad de los entrevistados denunció haber sido golpeada y una mujer denunció haber sido violada varias veces.

El Subcomité dedica un apartado a los grupos vulnerables como las personas indígenas, quienes de manera rutinaria son obligadas a firmar confesiones sin entender los delitos que se les imputan y sin contar con intérprete.

Finalmente, el informe hace un recuento de las condiciones en varios centros de detención, en los cuales se documentó la comisión de actos de tortura brutal, el hacinamiento y condiciones carcelarias infrahumanas, factores que califica de desencadenantes de violencia.

Ante los graves abusos documentados por el Subcomité de la ONU en cada etapa de la detención y reclusión de las personas privadas de libertad, la Red de ONGs expresó su rechazo a tales prácticas y exigió el cumplimiento de las recomendaciones del organismo de Naciones Unidas.

Consideramos urgente, agregó, la eliminación de la tortura tanto desde el enfoque de los derechos humanos como cuestión de seguridad pública, puesto que la violencia estatal que se vive en los lugares de detención es totalmente contraria al fin de reinserción social, y propicia que las corporaciones encargadas de la persecución e investigación de los delitos no realicen sus funciones con la debida diligencia lo cual tiene como consecuencia investigaciones deficientes y poca seguridad.

En días recientes el Estado dio a conocer la existencia de un Plan de Acción para implementar las recomendaciones del Subcomité, por lo que la Red exigió que dicho Plan se dé a conocer en forma completa y escrita, así como que se implemente con un enfoque en los mecanismos de control y rendición de cuentas, entre los cuales deberá estar el acotamiento de las facultades del ministerio público, la implementación de un registro de detenciones que cumpla con las recomendaciones del Subcomité y sobre todo, la necesidad de investigar y sancionar todo acto de tortura, la cual actualmente se mantiene en la impunidad casi universal.

Finalmente, la Red recordó que la respuesta del Estado ante numerosos órganos internacionales ha sido la de ofrecer cada vez más cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos, sin embargo dijo que sería ingenuo creer que los actos de tortura a veces escalofriantes documentados por el Subcomité fueran producto de una mera falta de capacitación, puesto que no se requiere de conocimientos especializados del derecho para saber que tales actos son totalmente ilegales. Es en cambio, el clima de impunidad absoluta y la estructura del sistema penal que alienta el uso de la tortura, son los factores que más propician la comisión de la tortura, y que se deben atender de manera urgente, concluyó la Red de los organismos defensores de los Derechos Humanos.

A un año de las sentencias de la CoIDH a favor de Inés y Valentina México no avanza en su cumplimiento


Difusión Cencos México D.F., 4 de octubre de 2011

Boletín de prensa
Tlachinollan / Cejil / OPIM

Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y México no avanza en su cumplimiento

Hace un año, el 1º de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, en las cuales determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal Interamericano denominó “violencia institucional castrense”.

Las sentencias impusieron al Estado Mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares, así como asegurar que las violaciones a derechos humanos que sufrieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no vuelvan a cometerse, esto al ordenar reformas de índole estructural. En este sentido, las reparaciones implican diversas acciones, incluyendo medidas de alcance en el ámbito comunitario, hasta el deber de reformar el Código de Justicia Militar y posibilitar un recurso efectivo para impugnar su intervención, así como la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otras. Tales medidas son inapelables, como lo señaló la CoIDH ante el intento del Estado de recurrir los fallos al presentar solicitudes de interpretación, carentes de motivación, que a la postre fueron desechadas por el Tribunal Internacional.

No obstante, habiendo transcurrido un año desde que las decisiones fueron emitidas, los avances sustantivos en su cumplimiento siguen siendo escasos. Más aún: en todo momento, el impulso de los trabajos relacionados con la concreción de las reparaciones ha recaído en las propias señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú y sus representantes. Por ejemplo, en octubre de 2010, ambas mujeres presentaron un plan de trabajo al Estado Mexicano para guiar la implementación de las sentencias, el cual fue ratificado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General República (PGR) y la Consejería Jurídica de la Presidencia. Este plan, sin embargo, no fue formalizado sino hasta marzo de 2011 y actualmente permanece, en buena medida, sin acatarse.

La persistencia de la impunidad que protege a los militares que torturaron y violaron sexualmente a las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú es prueba de la reticencia del Estado para cumplir las sentencias. Las averiguaciones continuaron en el fuero militar durante prácticamente todo este año, y solo de modo muy reciente, los expedientes fueron turnados a la PGR, luego de que ambas mujeres me’phaa lo solicitaran formalmente. Esta demora hace que al día de hoy las indagatorias todavía no hayan sido consignadas, y que aún no se haya posibilitado que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú accedan a ellas para aportar pruebas.

La omisión de acatar las sentencias se verifica también en otros rubros como el acceso de ambas mujeres indígenas a la salud y a la educación, que sigue sin materializarse; o la reforma del Código de Justicia Militar para extraer de la competencia castrense todos los casos de violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la iniciativa presentada por el Presidente Felipe Calderón al Senado, se pretende contraer sólo a algunos supuestos, de modo contrario a lo ordenado por la CoIDH.

El incumplimiento de estas medidas implica una grave contravención a las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en su conjunto, incluyendo al Poder Legislativo, que no ha avanzado en lo que le compete. En este sentido, destaca la falta de una regulación adecuada del amparo que abriera la posibilidad de impugnar el fuero militar, de modo acorde a lo mandado por el Tribunal Interamericano.

Como parte del proceso de verificación de las sentencias, el Estado Mexicano debió ya haber informado a la CoIDH las acciones concretas realizadas durante este año para cumplir lo dispuesto por el Tribunal. Dada la insuficiencia de las acciones realizadas, es de esperarse que el máximo Tribunal Interamericano emita resoluciones, en relación a ambas sentencias, reiterando los compromisos del Estado Mexicano para su cumplimiento.

Instamos, por lo tanto, al Estado Mexicano, a dar pronto y adecuado cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas por la CoIDH en sus sentencias.

Para mayor información y entrevistas

Área de Comunicación de Tlachinollan
Román Hernández
Teléfonos: (+52) (757) 476 3704 / 476 1220
Móvil: (+52) 757 106 6095
cdhm@tlachinollan.org tlachinollan.difusion@gmail.com
Skype: tlachinollan

Contacto de prensa en Costa Rica
Darío Chinchilla
dchinchilla@cejil.org
Tel. +(506) 2281-3280

Tlapa, Guerrero, México-San José, Costa Rica, 3 de octubre de 2011.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos