jueves, 25 de noviembre de 2010

En Guerrero, persiste la discriminación y la violencia en contra de las mujeres

· El CDHM/Tlachinollan ha documentado, en 11 meses, más de 500 casos de violencia contra las mujeres.

· El caso de una menor de 7 años que fue violada sexualmente, en riesgo de quedar impune por ineficacia de las autoridades

· Las sentencias de la CoIDH en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo todavía no son acatadas por el Estado mexicano

Tlapa de Comonfort, a 24 de noviembre de 2010- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la montaña de Guerrero los derechos de las mujeres son violados de manera flagrante. La pobreza ancestral que padecen, la violencia doméstica que sufren a diario, la indolencia de las autoridades encargadas de investigar sus casos y de hacer justicia, son hechos que hacen de la vida de la mujer un martirio que parece interminable.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado más de 500 casos de violencia contra las mujeres de enero a noviembre de este año que muestran claramente la violencia que día a día sufren las mujeres indígenas. De estos 500 casos, el 50 por ciento se refiere a casos de violencia doméstica; el 25 por ciento a casos de discriminación por parte de autoridades, el 15 por ciento se refiere a falta de debida diligencia por parte de autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y el 10 por ciento son casos de agresión sexual. Los casos documentados, son de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Cochopa el Grande, Malinaltepec, Atlamalcingo del Monte, Acatepec, Tlacoapa, Cualác, Olinalá, Huamuxtitlán, Atlixtác y Copanatoyac.

Más allá de las cifras, hay una miríada de casos concretos en los que la violación de derechos humanos que sufren las mujeres es muy patente. A pesar de que el derecho internacional ha recogido en diversos instrumentos los derechos de las mujeres, así como la obligación de los estados de respetarlos, la realidad contrasta con el marco normativo y con las dependencias que debieran proteger a la mujer.

Lo que sufrió una menor de tan solo 7 años, que fue violada sexualmente en Tlapa de Comonfort el 9 de noviembre de este año, es un caso emblemático de la ineficacia y corrupción de las autoridades. A pesar de que sus progenitores denunciaron la violación que sufrió, la Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales del sexo femenino, con argucias legales insostenibles, favoreció los intereses del inculpado con graves perjuicios para la menor. A pesar de que existían pruebas contundentes de violación consumada, clasificó el delito en grado de tentativa como quedó consignado en el expediente 216-2010-II. El centro de Derechos Humanos Tlachinollan solicitó al Juez la reclasificación del delito y, dado el grado, de las pruebas este terminó accediendo.

Este caso muestra el poco compromiso, la ineficacia, la corrupción y la falta de una perspectiva de género en los funcionarios que procuran y administran justicia, así como la impunidad que gozan a pesar de cometer flagrantes faltas en su trabajo. De nada sirven los estándares internacionales, si las autoridades de nuestro estado carecen de una perspectiva de género, discriminan, estereotipan el rol inferior de las mujeres y vulneran lo que establecen los tratados internacionales y las leyes de nuestros que protegen los derechos de las mujeres.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido el 25 de noviembre por la Asamblea General de Naciones Unidas, los institutos, secretarías, direcciones y fiscalías permanecen impasibles ante la vorágine de casos de violencia. Cuando el Estado mexicano es acusado por una mujer de haber violado sus derechos, estas dependencias cumplen la función de justificar las violaciones y de elaborar informes, haciendo análisis jurídicos que niegan las imputaciones que hacen las víctimas.

En este sentido, son igualmente significativas las sentencias que recientemente emitió La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, donde quedó al descubierto la ineficacia de las autoridades que procuran justicia, así como la falta de debida diligencia en que incurrieron las autoridades encargadas de las investigaciones.

A pesar de que estas omisiones hicieron más lacerante durante años el sufrimiento de las víctimas, todos los poderes del Estado mexicano han hecho causa común para evitar que se haga justicia a las mujeres cuyos derechos fueron vulnerados por las autoridades: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mostrado reticencias para considerar la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH. El poder legislativo ha sucumbido ante las presiones de los mandos militares y se aprestan aprobar una reforma al Código de Justicia Militar que no solucionaría el problema de impunidad de los que han sido y son víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares. El Estado todavía no ha sido capaz siquiera de dar las indemnizaciones a las víctimas.

Por todo lo anterior, como CDHM/Tlachinollan solicitamos a las autoridades:

1.- Cumplir con los tratados internacionales y las leyes que protegen los derechos de la mujer.

2.- Acatar las recomendaciones de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que debe existir un acceso pleno a una adecuada protección judicial, garantizar la debida diligencia a fin de que los casos de violencia por razón de genero sean investigados de manera oportuna, completa e imparcial y un compromiso del estado por abatir la impunidad.

3.- Cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

4.- Sancionar de manera efectiva a los funcionarios que hayan incurrido en falta de debida diligencia, que hayan negado el acceso a un recurso judicial y que haya incurrido en acto de violencia contra las mujeres.

ONU-DH condena la agresión en contra de la defensora de derechos humanos Margarita Martínez en Chiapas

25 de noviembre de 2010.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) rechaza de manera enérgica la agresión ocurrida el día de ayer en contra de la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ella es integrante de la organización ENLACE, Comunicación y Capacitación A.C., con sede en el municipio de Comitán, Chiapas.

Margarita fue interceptada alrededor del mediodía en pleno centro urbano por dos sujetos desconocidos que la amenazaron de muerte, además de proferir amenazas en contra de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Este hecho se produjo media hora después de que ella cumplió una cita en un lugar público con un integrante de la ONU-DH. La reunión tuvo por objeto dar seguimiento a los incidentes anteriores de agresión y amenazas contra ella y su familia, mismos que motivaron desde el 3 de marzo del año en curso el otorgamiento de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reportados por esta Oficina en la Actualización del Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México presentada el día de ayer. La protección con la que cuenta Margarita incluye escolta policial.

La intimidación y el acoso que ha enfrentado Margarita y su familia han concitado también la atención de otras organizaciones como la “Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura” (ACAT), con sede en Francia y estatus consultivo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos enviados se entrevistaron con Margarita el lunes de esta semana en Chiapas.

“Es alarmante y perturbador que esta agresión haya ocurrido a pesar de contar con resguardo policial, después de que Margarita se hubiera encontrado con nosotros, a dos días de haber visto a los delegados de ACAT y casi en los precisos momentos en que la Oficina, al unísono con la CNDH y la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, hacíamos pública nuestra preocupación por la crítica situación que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en México”, dijo Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ONU–DH reitera la necesidad de habilitar de inmediato la discusión al más alto nivel para establecer un mecanismo de protección eficaz y con recursos suficientes que garantice la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo, subraya que es indispensable que las investigaciones sobre este tipo de agresiones arrojen resultados pues el clima de impunidad es un incentivo para la repetición de este tipo de hechos y el escalamiento de su gravedad.

Este comunicado se encuentra disponible en www.hchr.org.mx

Les invitamos a seguirnos en twitter: http://twitter.com/ONUDHmexico

Denuncia COCYP

las organizaciones sociales

Al público en general

A los organismos no gubernamentales y derechos humanos

A la prensa independiente y alternativo

A la otra campaña, al EZLN, a la junta de buen gobierno

La Organización Campesina Popular Emiliano Zapata integrantes también de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP A.C), iniciamos un trabajo organizativo desde el mes de julio del presente año para buscar soluciones a nuestras demandas sociales como esta establecido en el articulo 2º de nuestra constitución política de los estados unidos mexicanos, y también decretado en los Objetivos para el Desarrollo del Milenio en el estado de Chiapas, al mismo tiempo esta establecido en la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la carta magna de la ONU, (en el cual se encuentra fundamentado las políticas sociales de desarrollo y de justicia hacia nuestros pueblos originarios).

Por lo anterior justificamos nuestra organización de trabajo con nuestras comunidades (esta entre los 28 municipios con bajo índice de desarrollo humano y también tenemos alto índice de pobreza y marginación pertenecientes al municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan). Iniciamos este trabajo por las siguientes demandas sociales:

  1. Solución a los problemas de carreteras hacia nuestras comunidades
  2. Introducción de agua potable y alcantarillado, electrificación, vivienda digna, salud, educación, pisos firmes.
  3. Sistema de financiamiento para nuestra producción y comercialización de nuestros productos del campo.

Como resultado de nuestro planteamientos se instalo una mesa de dialogo con gobierno del estado y federal desde el pasado 10 de agosto, como origen de una marcha caravana indígena y campesina. Posterior a esta fecha surgieron otras mesas de trabajo con ambas dependencias de gobierno que sumaron más de cinco mesas de trabajo, donde concluyo en nada hasta la fecha.

Resultado de esta petición de estos derechos elementales como esta establecido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (PNUD), la única salida del estado fue actuar con represiones policiacas y militares como están documentados en algunos diarios.

La primera represión se dio el 30 de octubre del presente año alrededor de las 2 am. en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan. Sin presentar órdenes de cateo ingresaron violentamente a nuestros domicilios violando nuestros derechos humanos. En esta acción hubieron dos detenidos: Froilán Días Díaz y Luis Bautista Gómez. También hubo pérdidas de cosas materiales, y económicas, como también torturas y daños psicológicos hacia la población afectada directamente.

A partir de esta acción, se dio una reunión directa con el secretario general de gobierno Noé Castañón el día 08 de noviembre a las 12 pm. en el cual se pidió su intervención ante estos hechos violentos que fuimos objetos en la fecha ya mencionada. En la reunión también se dio a conocer las demandas sociales que no han sido resueltas. A pesar de haberse dado esta reunión con el secretario de gobierno, hizo caso omiso a las peticiones de la COCYP Chiapas.

Por la insistencia de la COCYP de resolver sus demandas rezagadas, el estado y federal encamino una segunda acción de represión este 18 de noviembre hacia los dirigentes regionales y militantes de la organización, como también esta siendo reprimido y perseguido el actual ayuntamiento municipal perredista, (ha dejada de funcionar el ayuntamiento municipal por las operaciones del ejercito y algunos cuerpos policiacos que están posesionados del bien inmueble, violentándose el articulo 115 constitucional al estilo Michoacán, también están detenidos varios funcionarios municipales por el simple hecho que la actual administración esta trabajando por el pueblo). Por estar gobernando bien con su pueblo por eso es perseguido y reprimido por el estado y la federación. En esta acción se dieron los mismos daños como se dio en la primera represión del 30 de Octubre.

Desde el pasado 18 de noviembre hasta hoy, existen represiones y hostigamientos, nosotros los habitantes de Pueblo Nuevo Solistahuacan pedimos la libertad del pueblo por que se encuentra secuestrado por el ejército y algunos cuerpos policiacos federal y estatal. Ante estos hechos y todas las demandas sociales rezagadas y minutadas, pedimos la intervención de este organismo internacional para que se aplique el desarrollo, la justicia y la paz a nuestros pueblos indígenas y campesinos.

Por lo anterior pedimos:

  1. Libertad a nuestros presos, cancelación de todas las ordenes de aprehensión y alto a la persecución.
  2. Retiro inmediato del ejercito nacional, policía federal y estatal en nuestro municipio y del bien inmueble del H. ayuntamiento municipal.
  3. Cumplimiento a todas las minutas de trabajo de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares del estado, COCYP A.C convenido con las diferentes instituciones tanto estatal y federal.
  4. Exigimos el pago de todos los daños materiales y psicológicos ejercidos por los cuerpos policiacos y el ejército nacional.
  5. Instalación de una mesa única de dialogo con presencia de este organismo internacional (PNUD), mas los que convoque nuestra organización, organismo de derechos humanos no gubernamentales, y la intervención directa del Poder Ejecutivo Estatal.

Desde este lunes 22 de noviembre,opramos por manifestarnos en las oficinas de la (ONU-PNUD), por es una de las instancias inmediatas en trabajar por el desarrollo y combate a lamarginacion y popreza -algo muy caracteristico en nuestro espado de chiapas. nuestra accion no esta saliendo fuera de lugar en relacion a nuestra manifestacion en la oficinas de las Naciones Unidas Ubicado en la ciudad de San C ristobal de las Casas,Chiapas.

Este lunes asistieron mas de un centenar de compañeros militantes de la COCYP.AC. las acciones fueron la crucificcion, y este miercoles, continuaron con la siguiente accion, con la participacion de las mujeres. las acciones continuaran para que el mundo se entere del papel que esta haciendo el actual gobierno deJuan Sabines Guerrero como tamiben del presidente de la republica, Felicipe Calderon y todos sus aliados.

Agradecemos su valiosa intervención

Comisión estatal y enlace nacional de la COCYP.

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Marcha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Este 24 y 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a la asamblea y marcha para denunciar y exigir a las autoridades:
¡Alto a la violencia del sistema capitalista, neoliberal y patriarcal!
Y respeto a los:

Derecho de las mujeres a la tierra y a la propiedad familiar: no exclusión y despojo de las mujeres a la tierra y revisión inmediata de reglamentos ejidales y estatutos comunales para eliminar la discriminación a las mujeres.

Derecho a la alimentación: control de precios de los productos básicos, precio justo para los productos del campo.

Derecho a la justicia: alto a las violaciones, alto al feminicidio y castigo para los responsables.
Exigimos:

Alto a las altas tarifas de luz, agua, predial y de todos los servicios básicos.
Respeto a los derechos laborales y sindicales, respeto a las pensiones y jubilaciones, salarios justos.

Respeto a las autonomías zapatistas.
Alto a la militarización y a la paramilitarización.
Libertad inmediata de los y las presas políticas y respeto a su dignidad y a la de sus familiares.
Invitamos a participar a todas las mujeres de Chiapas del campo y la ciudad, y a los hombres solidarios con nuestras luchas, en:

LA ASAMBLEA de mujeres en lucha, que se realizará el 24 de noviembre, de 8:00 a 19:00 hs., en el CIDECI-UNITIERRA (Camino viejo a Chamula s/n. col Nueva Maravilla, San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
LA MARCHA-MITIN En Tuxtla Gutiérrez, este 25 de noviembre, desde el Parque 5 de mayo a
la Plaza Central.
Puntos de reunión:
- en San Cristóbal de las Casas: en CIDECI, a las 7:30 a.m.
- en Tuxtla Gutiérrez: en el Parque 5 de mayo, a las 10:00 a.m.
Pedimos que cada organización participante lleve sus mantas reivindicativas y su intervención para el mitín.

Los gastos serán cubiertos por cada organización.
Convocamos:
Movimiento Independiente de Mujeres (MIM),
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C;
Colectivos de mujeres de las regiones Selva-Norte, Altos y Sierra-fronteriza,
Red de mujeres sindicalistas de Chiapas, Brigada Feminista,
Coordinadora de Mujeres en Resistencia Norte, Altos y Selva-frontera,
Mujeres del Consejo Autónomo Regional de la Costa,
Organización de familiares de presos de Ocosingo “La Voz del Encino,”
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.