martes, 9 de julio de 2013

Carta de la CRAC-PC de los pueblos fundadores a la Red Nacional contra la Represíon y por la Solidaridad

Radio Proletaria Chiapas 
¡LLAMADO DE ALERTA: CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD!

Territorio Comunitario, a 7 de julio de 2013

Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad
A los Defensores de Derechos Humanos
A todas las personas y organizaciones solidarias
A los Medios de Comunicación honestos

Escribimos respetuosamente, preocupados por el escenario de violencia y confrontación, la campaña mediática de mentiras y las amenazas de represión que se imponen en nuestro Territorio Comunitario. Hacemos un llamado a promover el respeto al derecho de nuestros pueblos Na Savi, Me´phaa y Mestizo de la Costa-Montaña de Guerrero a reconstituir nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia. Llamamos a estar atentos a la palabra de nuestra Asamblea Regional y a no seguir abonando al cerco mediático que los medios de comunicación y los que pretenden dirigir a la CRAC nos han impuesto.
Denunciamos las agresiones y linchamiento mediático sobre luchadores sociales históricos de esta región que hoy son autoridades comunitarias y que nunca han dejado de dar servicio a sus Pueblos ni a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policia Comunitaria (CRAC-PC) desde su fundación en 1995.

Alertamos que la integridad física de los compañeros CIRINO PLÁCIDO VALERIO: fundador del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia; acompañante del Congreso Nacional Indígena desde 1996 y de la Marcha del Color de la Tierra con el EZLN en 2001; fundador, ex coordinador y consejero de la CRAC-PC y actual Presidente del Comisariado Ejidal de Buena Vista, municipio de San Luis Actalán; y APOLONIO CRUZ ROSAS: fundador delConsejo de Autoridades Indígenas (CAIN), organización pionera en la formación de la Policía Comunitaria; fundador, ex coordinador y consejero de la CRAC-PC y actual Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec; así como la de otros líderes comunitarios hoy se encuentra en serio peligro.

Desde diciembre de 2012, autoridades comunitarias, consejeros y principales de más de 20 comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia comenzamos a reunirnos para evaluar una serie de irregularidades cometidas por los entonces coordinadores de la CRAC-PC de San Luis Acatlán.Vemos que nuestra palabra fue enterrada y tramposamente acusada de traición, bajo la coartada de la supuesta confrontación mediatizada entre la CRAC y la UPOEG, en realidad confrontación entre dirigencias y grupos que tienen sus propias agendas y que buscan imponerlas en nuestras comunidades.

Lo grave es que se ha desatado una campaña mediática en la que se utilizan recursos y medios de la propia CRAC-PC, como es el caso de las radiodifusoras de San Luis Acatlán y Espino Blanco, para acusar injustamente a nuestro movimiento y en especial a estos compañeros de ser traidores, paramilitares, pistoleros, agentes del gobierno, agentes de empresas mineras, todo esto sin pruebas ni argumentos. Han utilizando constantemente la frase “derramamiento de sangre”, lo cuál es absurdo porque nuestros pueblos siempre han sabido caminar con la palabra.

Diferentes medios de comunicación (prensa local, periódicos como El Sur y La Jornada, e incluso, medios alternativos) se han prestado a esta campaña y al uso que le ha dado el gobierno estatal y federal y este grupo que pretende dirigir la CRAC y no ha sido honesto ni transparente con nuestros pueblos. Los medios de comunicación que se han prestado a esta campaña atentan contra la objetividad, la ética y el profesionalismo periodístico, al no investigar ni dar voz a nuestras comunidades, existiendo siempre un sesgo en la información, dejándonos en la total indefensión y sin que se escuche nuestra palabra.

El nombramiento de coordinadores el 23 de febrero, se hizo en una “asamblea”donde dirigentes de la CRAC y la UPOEG ya habían pactado las reglas sin consultar a los pueblos. No se permitió la discusión ni la participación de los ciudadanos. Algunas comunidades fundadoras hemos mantenido reuniones regionales en las que hemos analizado, entre otras cosas, esta campaña de acusaciones y agresiones, así como la actuación violenta del grupo de “fuerzas especiales” de la CRAC, creado por los anteriores coordinadores y actualmente operado desde San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres, mismo que ha sido usado para amedrentar a ciudadanos y autoridades comunitarias, siendo un grupo armado sin la legitimidad, al no haber sido aprobado y nombrado en la asamblea regional, que violenta el propio reglamento interno de la CRAC, teniendo incluso un salario mensual.

Si bien se han hecho llamados a la discusión pública y principalmente a devolverle las decisiones a la Asamblea Regional, la campaña mediática de agresiones, engaños y mentiras ha llevado a nuestras comunidades a la conclusión de que el diálogo está cerrado y que los dirigentes que operan desde la Casa de Justicia de San Luis Acatlán están dispuestos a reprimir a los que nos hemos inconformado.

Hoy los que pretenden dirigir esa CRAC, igual que la UPOEG y su Sistema de Seguridad Ciudadana, se han sentado en la mesas de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas del gobierno federal y reciben dinero del gobierno del estado. Es con esos recursos que los que hoy dirigen esa CRAC mantienen a su grupo de “fuerzas especiales” y recorren las comunidades en camionetas nuevas con esta campaña de agresiones, ofreciendo proyectos y obras públicas a los Comisarios.

Hacemos un llamado a respetar nuestro derecho colectivo a disentir, organizarnos y tomar decisiones libres, como es la decisión de más de 20 comunidades fundadoras de reconstituir nuestra Asamblea Regional, revocar el mandato que, de una u otra manera, le dimos a los coordinadores de San Luis Acatlán y nombrar nuevas autoridades regionales provisionales, como lo hicimos en la Asamblea Regional del pasado 16 de junio de 2013.

Como comunidades hemos expuesto nuestros argumentos y hemos dejado claro que buscamos convencer y no vencer, que no buscamos la confrontación, mucho menos lastimar a la CRAC-PC. Hemos manifestado nuestra convicción de recuperar los principios y los modos de nuestro Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria, a saber: las Asambleas Comunitarias y la Asamblea Regional como máximo órgano de discusión y toma de decisiones, así como nuestras Autoridades Regionales como cargo honorífico de servicio a los pueblos; que jamás dejaremos que la CRAC-PC sea supeditada al gobierno; que defenderemos nuestro Territorio Comunitario frente a los planes mineros y conservacionistas, frente al proyecto de la muerte que busca destruir nuestro proyecto de vida como pueblos originarios.

Denunciamos que después de las expulsiones del 26 de mayo, mismas que no cumplieron los criterios comunitarios, después de la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias del 16 de junio en la que nombramos nuevas Autoridades Regionales provisionales de la CRAC-PC, los compañeros Apolonio Cruz Rosas y Cirino Plácido Valerio fueron citados el 19 de junio en la Casa de Justicia de San Luis Acatlan. Los citatorios fueron entregados por el grupo de “fuerzas especiales” que vigila de manera ostentosa sus movimientos.

De forma lamentable, el periódico El Faro de la Costa Chica, publicó el 24 de junio una nota donde se afirma que el domingo 23 de junio por la noche elementos de la Policía Federal y la Marina realizaron un operativo en la comunidad de Buena Vista, donde supuestamente decomisaron 24 armas largas y detuvieron al hijo de Cirino Plácido Valerio, hecho totalmente falso que indigna y preocupa a nuestras comunidades, ya que este medio publica impunemente mentiras que son muy peligrosas y pueden preparar un terreno propicio para la represión.

No llamamos a tomar partido por personas o grupos, para eso están nuestras Asambleas Comunitarias y la Asamblea Regional que deben garantizar que la gente y las comunidades estén representadas y tomen sus decisiones de manera colectiva. Si pedimos respeto a nuestros compañeros, a las comunidades que hemos decidido nuevamente organizarnos y a nuestras nuevas Autoridades Regionales. Llamamos a que nuestra palabra no sea enterrada, los llamamos a que nos escuchen y a poder escucharlos.

Respetuosamente
Coordinadores y Comandantes Regionales de la CRAC-PC
Asamblea Regional de Autoridades, Consejeros, Principales, Policías Comunitarios y ciudadanos de comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia




Rechazan privatización de agua potable en Chiapas

Radio Proletaria Chiapas

fuente:Organización Editorial Mexicana
9 de julio de 2013

Mariana Morales / El Heraldo de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Organizaciones, alianzas y comités a favor del ambiente y de derechos humanos lanzaron un pronunciamiento en el que rechazaron la privatización del agua y particularmente la que se pretende para el servicio municipal del agua potable de esta capital tuxtleca.

Señalaron que con esta privatización se pretende que para el 2016 a todos los hogares no les falte le líquido y se congelen las tarifas por tres años (aunque más adelante subirá los costos por la inflación). Esto parece una excelente alternativa sin embrago, las experiencias de sistemas privatizados a nivel internacional y nacional no han sido tan exitosas como nos lo quieren hacer creer, dijeron las organizaciones.

En un documento dirigido a los capitalinos, al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y al Congreso del Estado, detallaron que de acuerdo a las experiencias en otros países, después vendrán los cobros excesivos a beneficio de unos pocos, cortes del servicio, falta de transparencia, mala calidad del agua, despido de trabajadores.

La quiebra y rescate público de empresas privadas velando por los intereses económicos de la empresa que por el derecho de los y las ciudadanas al agua, el cual está reconocido en los instrumentos internacionales y en el artículo 4° constitucional.

"Reconocemos el agua como generadora de vida, un bien común y de la naturaleza que no puede ser tratado como una mercancía, cuya gestión debe ser democrática, pública, sustentable y transparente, dijeron.

A su vez, exhortaron a la Comisión Permanente del Congreso del Estado se abstenga de hacer cualquier aprobación sin abrir un proceso de análisis, debate y consulta con la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez.

Denunciaron la falta de información, transparencia y consulta con la que se han llevado a cabo estas negociaciones privatizadoras del SMAPA. En Chiapas, el problema no es la cantidad del agua, sino que ésta se encuentra mal gestionada y mal distribuida, insistieron.

Eso se debe al modelo de desarrollo neoliberal imperante en el país y en la región, que no solamente seca y contamina los ríos y arroyos por medio de descargas de elementos tóxicos de la industria, agricultura y drenajes, sino que está llevando a cabo un creciente proceso de privatización del recurso, agregaron.

"El agua bien común y de la naturaleza, desde hace varios años en México y en el mundo se ha ido convirtiendo en un recurso, que a la lógica del mercado genera buenas ganancias convirtiéndose en un excelente negocio y ante lo cual se promueven diversas formas de privatización", resaltaron.

Recordaron que recientemente el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova con los regidores del ayuntamiento aprobaron el proyecto que transfiere el manejo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) mediante un "Contrato de prestación de servicios" a una empresa privada, como una acción favorable para la economía de la ciudad.

La empresa ganadora del concurso de licitación tendrá el manejo del Sistema de Agua Potable por un periodo de entre 20 y 25 años, misma que dispondría de una inversión inicial de 589 millones de pesos.

El documento fue firmado por el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.(CEPAZDH), Otros Mundos Chiapas A.C, la Alianza Cívica Chiapas, el Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y Cambio Climático. MOVIAC- Chiapas, COCYP-Chiapas, MOCRI CNPA-MN, Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa y otros más.