jueves, 21 de abril de 2011

XX Congreso OPEZ-MLN









División Cuernavaca
Boletín de Prensa

Cuernavaca, Morelos a 19 de abril del2011

Continúa la persecución política del Gobierno Federal a miembros de la División Cuernavaca.

Aunado al escenario violento orquestado por el gobierno federal el 11 de abril de 2011 en la ciudad de México donde infiltro personas ajenas a nuestro movimiento que ocasionaron disturbios; al linchamiento mediático que de manera simultánea se le dio al suceso; de las acusaciones de actos de sabotaje en el centro histórico de esa misma ciudad; las agresiones en contra de los electricistas de la división Cuernavaca continúan, poniendo de manifiesto, que, efectivamente, en el estado de Morelos y en el país, el estado de derecho no existe.

El primer tribunal colegiado del decimo octavo circuito con residencia en esta ciudad capital, negó el amparo de la justicia federal a los compañeros Héctor Salazar Porcayo Subsecretario General de la División Cuernavaca y Marco Antonio García Barrera subsecretario de trabajo, también de esta división, derivado de la causa penal 63/2010 que se sigue en su contra en el juzgado IV federal con residencia en esta ciudad, a cargo de la Juez Griselda Sáenz Horta, al no encontrar, según sus deliberaciones y análisis, violaciones a sus derechos.

De igual forma el pasado Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en la ciudad de Guanajuato, encargado del recurso de impugnación del auto de formal prisión lo ratifico el 8 de abril pasado.

Por lo que el proceso de autoincriminación que se lleva a cabo en el juzgado IV sigue su curso, violando los preceptos constitucionales que al respecto rigen. El día 29 de abril a las 11:00 horas, se llevara a cabo esta diligencia anticonstitucional, consistente en la presentación de un cd con imágenes y video para que sea confrontado con pruebas técnicas con las voces e imágenes de los compañeros Salazar y Barrera; a pesar de que no sabemos si es auténtica dicha prueba y en los tiempos formales de presentación de pruebas no se presento.

También se realizará los procedimientos para que los compañeros sean fichados como peligrosos delincuentes a través del examen sicopedagógico y la ficha sinaléctica.

El único delito fue preguntar quiénes eran las personas que se presentaban en las instalaciones el 17 de febrero del 2010; guardado el orden en las instalaciones y en última instancia ser agremiados del SME. Reiteramos terminantemente que nunca se impidió el paso a persona alguna, tanto para salir como entrar.

Es lamentable que estos procesos no tengan sustento legal, sino más bien político, y que la impartición de justicia se encuentre a merced de los designios federales de exterminar a una organización, criminalizar un movimiento pacífico.

Los electricistas decimos, nada callara nuestra voz de lucha, podrán aprisionar nuestros cuerpos pero nunca nuestro espíritu y dignidad.

Fraternalmente
Por el Derecho y la Justicia del Trabajador
División Cuernavaca


CARTA ABIERTA A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

14 de abril de 2011

LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Distinguida Procuradora Morales:
En el marco de su reciente nombramiento como titular de la Procuraduría General de la República, las organizaciones firmantes nos dirigimos a Usted para solicitar su intervención en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en agosto y noviembre de 2010, respectivamente.

Los tres casos -paradigmáticos de los obstáculos que enfrentan en México las mujeres indígenas y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente para acceder a la justicia- se encuentran hoy en día bajo el conocimiento de autoridades militares, en abierto desacato de las sentencias del tribunal interamericano, sin que su predecesor en el cargo haya tomado medidas para acatar los fallos internacionales.

Teniendo en cuenta el rezago imperante, confiamos en que su llegada a la Procuraduría contribuya a que las investigaciones sean inmediatamente asumidas por las instancias civiles; sin duda, ello demostraría el grado de relevancia y prioridad que durante su gestión asignará al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos, dentro del ámbito de la procuración de justicia.

Es preciso recordar, por una parte, que tanto la señora Rosendo Cantú como la señora Fernández Ortega fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el año 2002, sin que hasta ahora hayan accedido a la justicia. La denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar desde el 16 de mayo de 2002. Un día después, el 17 de mayo de ese año, ocurrió lo mismo con la denuncia de Inés Fernández. Por otra parte, los señores Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad personal a manos de militares en el año de 1999.

En los tres casos las investigaciones fueron remitidas a las autoridades militares, quienes, a decir de la propia Corte Interamericana, “no eran competentes para conocer de este caso”. La falta de imparcialidad e independencia del ministerio público militar al investigar delitos cometidos por los propios elementos castrenses, surge de los hechos tenidos como probados por la CoIDH, y se manifiesta en el modo en que la carga de la prueba fue revertida en perjuicio de las víctimas, y en la impunidad que ha beneficiado a los miembros del Ejército responsables desde entonces.

La búsqueda de justicia de las dos mujeres indígenas Me’phaa y de los dos campesinos ecologistas los llevó hasta la CoIDH, la cual al resolver los casos, consideró plenamente probado que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados mexicanos, y que Rodolfo y Teodoro fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En consecuencia, ordenó al Estado en los tres casos una investigación efectiva de los hechos en la jurisdicción penal ordinaria.

La remisión de los expedientes de investigación radicados en la jurisdicción penal militar hacia el fuero civil es impostergable. Sólo a partir de ello se podrán generar condiciones para que las instituciones civiles encargadas de la persecución de los delitos efectúen una investigación que cumpla los requerimientos establecidos por la Corte Interamericana.

Por ende, en nuestra calidad de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, inclusive aquellas representantes de las víctimas de los casos mencionados, respetuosamente la instamos a que de manera inmediata solicite la remisión de las investigaciones al fuero civil federal. Siendo la primera Procuradora General de la República, no dudamos en que sabrá dimensionar la relevancia de esta medida en la construcción de una justicia más eficiente para quienes denuncian los abusos cometidos por el Ejército, así como para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género en el país. Asimismo confiamos en que valorará la importancia de garantizar el acceso a la justicia a quienes han sufrido profundamente por defender los recursos naturales de México.

Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta a esta misiva

A t e n t a m e n t e,

Organizaciones Internacionales

Amnistía Internacional; Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (EE.UU); Latin American Working Group LAWG (EE.UU); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL (EE.UU.) Misereor (Alemania); Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (España); Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF (EE.UU).

Organizaciones Mexicanas

Instituto para la seguridad y la democracia, Insyde; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C.; Comité Cerezo México; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C.; La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 72 organizaciones: Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara,
Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal).
C.c.p. Lic. Felipe de Jesús Zamora Castro. Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Para su conocimiento

libertad inmediata a los 11 presos del SME