miércoles, 15 de octubre de 2014

Indígenas Choles realizan bloqueos carreteros intermitentes en norte de Chiapas para condenar masacre de Iguala y exigir justicia para Ayotzinapa, y manifestar su rechazo a Autopista San Cristóbal-Palenque.

Radio Proletaria Chiapas

Tila, Chiapas. 12 de octubre de 2014.


BOLETÍN DE PRENSA

 Alrededor de 700 indígenas choles pertenecientes a la organización Laklumal Ixim-Norte Selva (Nuestro Pueblo de Maíz) en el marco del 12 de octubre que se cumplen 522 años de Resistencia Indígena, Campesina, Negra y Popular realizamos 2 bloqueos carreteros intermitentes en la carretera Yajalón-Tila iniciando a partir de las 7 horas y concluyendo alrededor de las 16:00 horas. El primero en el punto conocido como Pulpitillo justo a la altura del desvío a Tumbalá con cerca de 400 integrantes de nuestra organización del municipio de Tumbalá, y el segundo en el desvío a Sabanilla con aproximadamente 300 integrantes de nuestra organización del municipio de Tila.


Estas acciones son para sumarnos al clamor nacional que exige juicio político contra Ángel Aguirre Rivera y Enrique Peña Nieto como los principales responsables de crímenes de lesa humanidad en la masacre de Iguala cometida contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos con un abominable saldo de 6 personas ejecutadas sumariamente, decenas de heridos y 43 normalistas que continúan desaparecidos forzadamente. Exigimos justicia para Ayotzinapa y de los crímenes de lesa humanidad que organismos de derechos humanos internacionales califican de genocidio.

Los testimonios de los sobrevivientes demuestran claramente que lo acontecido en Iguala, Guerrero fue un crimen de Estado, planeado y ejecutado con antelación y dirigido hacia los estudiantes normalistas de Ayotzinapa como parte de una estrategia más amplia que se ha implementado en Guerrero con el objetivo de destruir la desidencia y la protesta social.

En este día no hay nada que festejar nuestro México se encuentra en una emergencia nacional y lleno de rabia y dolor.

El día de hoy comunidades de la región Norte-Selva expresamos nuestro rechazo al proyecto de despojo de la Autopista San Cristóbal-Palenque, que se está impulsando sin proporcionar información a las comunidades y violentando nuestros derechos agrarios y a la consulta como lo garantiza la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello presumen la entrada en vigor de las llamadas reformas estructurales (energética, educativa, hacendaria, telecomunicaciones, amparo, aguas nacionales…) que legalizan el despojo de nuestras tierras, bosques, selvas, minerales, electricidad, aguas para entregarlas a empresas extranjeras y para que hagan sus propios negocios, al costo que sea: la masacre de Iguala es un mensaje de lo que están dispuestos a hacer para despojarnos de nuestros derechos y territorios como pueblos campesinos e indígenas.

En Chiapas se están generando condiciones para una masacre como la ocurrida en Guerrero, el gobierno de Manuel Velasco Coello en estos casi dos años de gobierno ha mostrado su verdadero rostro represor llenando las cárceles de presos político y ha demostrado su incapacidad e insensibilidad política para atender las demandas y las situaciones de alta conflictividad social que persisten en distintas regiones de Chiapas. Apenas en días recientes fue detenido Antonio Gómez Álvarez del Frente Campesino Popular de Chiapas a pesar de estar en un proceso de diálogo.

Manuel Velasco Coello se burla de la necesidad y la miseria de nuestro pueblo entregando láminas, uniformes, pollitos y despensas condicionando su entrega en apoyo a su partido y candidatos, cometiendo delitos electorales pues usa recursos públicos del pueblo de Chiapas para su propio beneficio y de su camarilla.

¡Justicia para Ayotzinapa!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡TODOS Y TODAS A EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA!

TODAS Y TODOS A EXIGIR JUICIO POLÍTICO CONTRA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO Y ENRIQUE PEÑA NIETO RESPONSABLES DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN IGUALA  GUERRERO!

LAKLUMAL IXIM-NORTE SELVA (NUESTRO PUEBLO DE MAÍZ)

viernes, 10 de octubre de 2014

Caos: catarsis del sistema en México

Radio Proletaria Chiapas

Juan Danell Sánchez


ALAI AMLATINA, 09/10/2014.- En historia, como en política, no existen las coincidencias. Los hechos registrados son producto de proyectos y planes bien definidos y que pueden estar diseñados para que sucedan a corto, mediano o largo plazos. Todo depende de los objetivos que se persigan. Son producto de estrategias de los grupos de poder, Estados y gobiernos. Un ejemplo de esto es lo que vivimos hoy los mexicanos: el caos como catarsis del sistema capitalista.

Hace 20 años y diez meses, al igual que hoy día, México experimentó la zozobra y el miedo a la guerra, la sociedad vivió el pavor ante una posible revuelta armada generalizada. En 1994 la razón de ello fue la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, con el Subcomandante Marcos al frente, que por cierto resultó ser una botarga.

En estos días del otoño de 2014, el origen está en el desgobierno que ha criminalizado al país, lo cual ha desencadenado sucesos abominables como la masacre de estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y la violencia desenfrenada de las bandas criminales en todo el territorio.

En aquel año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por México, Estados Unidos y Canadá, que, no obstante la evidente asimetría de las economías, en teoría catapultaría a nuestro país para pertenecer al grupo de las naciones desarrolladas.

Se pusieron sobre la mesa todas las ramas y actividades productivas para su libre comercio entre los tres países. Sólo se dejó fuera el petróleo mexicano. En la IV Reunión Ministerial, realizada en Chantilly, Virginia (8 al 11 de febrero de 1992), se logró un acuerdo tripartita para que las restricciones constitucionales en materia de petróleo y petroquímica de México no se llevarán a la mesa de negociación.

El resultado de eso, hoy, es que el vecino del Norte se convirtió en nuestro principal socio comercial, dependemos en más de 80% de sus importaciones, la producción nacional de exportación se concentró en aquella frontera, además de que 60% de los alimentos que consumimos provienen de allá. Es decir, estamos atados al mercado de los Estados Unidos.

Además, también, creció la pobreza, a 53% de la población total, y la quiebra de medianas y pequeñas empresas. El campo está prácticamente desmantelado, así lo demuestra la creciente importación de alimentos; y las oportunidades de elevar la condición de vida del grueso de la población, cada vez se alejan más, tanto que ahora son los empresarios quienes demandan que se aumente el salario mínimo, porque ya entendieron que con el actual ingreso promedio de las familias nunca se podrá dinamizar al mercado nacional.

En 1994 el miedo a la guerra fue la herramienta del Estado para sofocar la protesta, la inconformidad y posible oposición a la entrada en vigor del TLC.

Veinte años después, es decir, en estos días de 2014, el Gobierno está comprometido a hacer realidad lo que quedó pendiente en Virginia 20 años atrás, con las grandes empresas petroleras y energéticas trasnacionales, que es abrirles las reservas naturales de combustibles fósiles y generación de electricidad, para lo cual estructuró la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias, que ya fueron aprobadas por el poder legislativo, pero que, sin embargo, no cuentan con la aceptación de una gran parte de la sociedad, sobre todo de aquellos que serán afectados en su patrimonio de manera directa y contundente, como son las comunidades indígenas y campesinas.

Y aunque no se difunde en los medios de comunicación la protesta y resistencia de los pueblos, a los planes de explotación de sus tierras por las transnacionales, los hechos saldrán a la luz pública de una u otra forma, como sucede con el desalojo de los habitantes de los terrenos de Texcoco, donde se construirá el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y cuando esto suceda, el Estado tendrá que contener las expresiones de inconformidad y la solidaridad que pueda despertar en el resto de la sociedad esa lucha.

En este caso, los signos de la estrategia gubernamental son claros. Se muestra condescendiente, incluyente y hasta paternal, con las expresiones de inconformidad de movilizaciones como la de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y les resuelve a su favor el pliego petitorio que le presentaron.

En el caso del asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, manifiesta su indignación por los hechos y sentencia que el crimen no quedará impune. Remite la responsabilidad de los hechos a la autoridad local y estatal de Guerrero. Destaca la complicidad, en la masacre, de esos poderes con las bandas criminales que dominan la entidad, y gran parte del país.

Se hace del asesinato un teatro del terror, para que todo mundo lo vea. Exhiben los cadáveres descarnados y la desolación de los deudos. Se juega con los sentimientos de la sociedad e inspira a la protesta, al reclamo, pero sobre todo se deja patente el horror de que la violencia llegue a generalizarse. Anidan, así, el miedo en la conciencia de la sociedad, que por otro lado le proyectan la benevolencia del Estado justiciero.

Y la voz del gobierno mexicano se escucha en los foros internacionales, de los que recibe apoyo, aprobación y promesa de colaboración para el esclarecimiento del crimen, como lo expresaron los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así, los hechos justifican la presencia e incursión del Ejército y cuerpos policiacos federales en todas partes para dar con los culpables, y éstos podrían estar en cualquier lado, puesto que las bandas criminales han permeado todos los sectores sociales y gran parte del territorio nacional.

En esa búsqueda, que en caso de que se dificulte podría recibir el apoyo policiaco y militar del extranjero, también, de paso, se pueden apagar las protestas y resistencias de los pueblos que se oponen a que las empresas trasnacionales los despojen de sus tierras, haciéndolos pasar como cómplices de los criminales. De esa forma se limpiaría el camino para que se cumpla con los compromisos adquiridos en la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias, como sucedió con el TLC hace dos décadas. El sistema sigue firme.

- Juan Danell Sánchez es reportero mexicano, especializado en temas del campo, indígenas y derechos humanos. jdanell1@hotmail.com


URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/77874

Ex-funcionario sabinista y juez abusan de mujer (detenida con irregularidades en Tonalá)

Radio Proletaria Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 9 de octubre de 2014.

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha recibido información grave y preocupante a través de su área jurídica en donde se denuncia que el exfuncionario sabinista del  de nombre Pedro Remigio López Ayanegui, quien se desempeñó como director del Centro  de Control de Confianza de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), y que actualmente es coordinador de campañas políticas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y  quien a través de su influencia que presume abiertamente en el gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco Coello, logró que el día sábado 4 de octubre del 2014 aproximadamente de las 15:30 horas, policías ministeriales detuvieran  con uso de violencia a la señora Luz Hortensia Castro Mendoza de 58 años de edad (con padecimiento de taquicardia y que presenta rotura del quinto disco de la vértebra lumbar) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  y posteriormente fuera recluida en el penal de la ciudad de Tonalá por un supuesto delito de DESPOJO que nunca se cometió, y hoy en día se encuentra  con una fuerte infección, sin la atención médica que se requiere, ya que en el CERS Número 13, se le ha negado la atención médica.

Ante estos hechos graves, compareció la señora Karla Castro Mendoza, hija de la señora Luz Hortensia Castro Mendoza, ante el área de documentación de casos del Comité Digna Ochoa, en donde narra cómo sucedieron los hechos y como la autoridad del poder judicial del Estado de Chiapas, por la influencia del señor Pedro  Remigio López Ayanegui en complicidad con el juez del ramo penal de Tonalá Juan Manuel García Flores, están a punto de consumar un abuso de poder  en contra de su señora mamá.

Según información proporcionada por Karla Castro Mendoza, señala que por una información extrajudicial se enteraron que su madre Luz Hortensia Castro Mendoza tenía una orden de aprehensión girada por el Juez del ramo penal de Tonalá Juan Manuel García Flores, por lo que el día 1 de agosto del presente año presentaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito  con sede en la ciudad de Tapachula de Córdova Ordoñez, recayendo con el Número 800/2014.
Ante el inicio del juicio de amparo, la autoridad Federal le requiere  informe justificado al Juez del Ramo Penal de Tonalá; esta autoridad se infiere que al darse cuenta que se promovió un amparo contra la orden de aprehensión, mañosamente en el expediente penal Número 283/2014, el día 6 de agosto, dicta una resolución donde manifiesta que según faltan unas fojas de la averiguación previa e informa que niega la orden de aprehensión, cuando se vislumbra que es una estrategia  para no informar la existencia del acto reclamado a la autoridad federal, ya que el día 12 de agosto del 2014, recibe el informe justificado el Juez de Distrito, donde el Juez del Ramo Penal, niega la existencia de la orden de aprehensión, con lo que causa el Sobreseimiento  del juicio de garantías.

Sin embargo, el día  8 de Septiembre emite nuevamente la orden de aprehensión en contra de la señora Luz Hortensia Castro Mendoza por el supuesto delito de despojo agravado en agravio del influyente Pedro Remigio López Ayanegui, en la cabecera municipal de Pijijiapan, para no otorgar el derecho de fianza. Fue entonces que el día 4 de octubre, elementos de la Policía especializada con uso excesivo de violencia ejecutaron la orden de aprehensión.

Por lo que en la declaración preparatoria de la señora Luz Hortensia Castro Mendoza, su abogado defensor quién es miembro de este Comité Digna Ochoa, solicitó la ampliación del término constitucional feneciendo el 10 de octubre; dentro del plazo constitucional el abogado al presentar pruebas en favor de su defendida, solicitó hora y fecha para la inspección judicial del lugar de los hechos;  no admitiendo esta petición la autoridad judicial bajo el único argumento de que no cuenta con los peritos que se requiera para la práctica de dicha diligencia, violando de esta manera derechos humanos como al debido proceso y a la defensa, particularmente lo que establece el artículo 142 del Código de Procedimientos Penales para Chiapas, por lo que se consigna una grave violación de las garantías constitucionales, ya que según el abogado es una prueba principal, puesto que el terreno que supuestamente se le despojó al influyente Pedro Remigio López Ayanegui  se encuentra amparado por una escritura inscrita en el registro público de la propiedad desde el año 1979 a favor de Luz Hortensia Castro Mendoza, actitud de la autoridad judicial que violenta flagrantemente las garantías constitucionales, ya que también  en el momento de la declaración preparatoria el abogado solicitó copia simple de todo el expediente penal  y únicamente le dieron una parte, por lo que está latente de que desaparezcan fojas del expediente para protegerse la autoridad judicial de las graves irregularidades cometidas,  y se teme que exista la intención de dictarle auto de formal prisión a Luz Hortensia Castro Mendoza.   

Ante este hechos de suma gravedad, este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, manifiesta  públicamente su preocupación ante las injusticias cometidas el gobierno del Estado  y las autoridades de justicia de Chiapas encabezadas por Manuel Velasco Coello, Raciel López Salazar y Rutilio Escandón Cadenas por lo que exigimos su inmediata intervención para que actúen en consecuencia para que no se siga violando los derechos humanos en el estado de Chiapas y particularmente de la señora Luz Hortensia Castro Mendoza ya que su caso constituye un caso paradigmático de que la procuración de justicia en Chiapas sigue persistiendo el abuso, el influyentismo y la violación de derechos humanos.

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS DIGNA OCHOA


jueves, 9 de octubre de 2014

Marchas y Actividades Políticas en Chiapas ante la convocatoria #TodosSomoAyotzinapa

Radio Proletaria Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 09 de octubre del 2014

Este miércoles 8 de Octubre se llevó a cabo diversas manifestaciones en diferentes ciudades del estado de Chiapas, destacando las realizadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez capital del estado de Chiapas.

La participación mayoritaria fue de la sociedad civil, otros grupos numerosos lo fueron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE), Organizaciones Sociales y Campesinas, estudiantes de la Normales estatales y federales, dentro de ellos la combativa Mactumatza, este fue el último contingente que entra a la plaza central de Tuxtla son las y los estudiantes de la normal Mactumactza. Los acompañan padres de familia, todos marchan en silencio y de negro, acto que conmovió a los presentes, las consignas de todos los manifestantes “Ayotzinapa vive la lucha sigue”, “justicia para Ayotzinapa”.

Todos marcharon unidos para repudiar el asesinato de 6 estudiantes, y la desaparición de otros 43 jóvenes alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, eventos lamentables sucedidos en Iguala Guerrero el pasado 26 de septiembre, perpetrado por elementos de la policía municipal y un grupo paramilitar.

En San Cristóbal de las Casas de nuevo se presentaron unos 20 mil participantes entre ellos Mujeres, hombres y niños del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional quienes marcharon en silencio en solidaridad con los grupos que exigen la aparición de los 43 estudiantes normalistas y castigo a quienes al amparo del poder asesinaron a los estudiantes.

Estos actos de barbarie injusticia y violación de derechos humanos der los  estudiantes normalistas ha causado indignación, sufrimiento en la sociedad mexicana y otras partes del mundo, los manifestantes mencionaron que el estado mexicano destapò su lado más salvaje con este acto tan atroz, la descomposición de la clase política coludida con el crimen organizado ha generado terror en la sociedad además de mandar un mensaje no solo contra sus opositores sino con la sociedad civil.

En el mitin recalcaron, “Nos hemos reunido aquí en la más triste de la razones, la más perversa de las maquinaciones, la más cobarde de las traiciones el más bajo de los crímenes el más doloroso de los llantos, de manera ruin y malvada la mano del estado Mexicano que accionó su arma homicida en iguala donde dejo 6 compañero muertos, 4 herido y 43 normalista desaparecidos, pero no solo se ha derramado sangre de estos normalistas y deportistas, hechos similares ya llevan tiempo en nuestro país. Hace unos días los repudiables asesinatos en Tlatlaya Estado de México donde 22 presuntos miembros del crimen organizado fueron ejecutados por fuerzas del ejército mexicano, completamente fuera del marco del estado de derecho, de todos estos criminales acontecimientos hay un común denominador la descomposición del estado mexicano. No podemos olvidar lo sucedido en la guardería ABC con su 49 bebes muertos y 76 heridos donde el incendio fue causado para destruir pruebas de un fraude millonario con recursos públicos del estado de Sonora.

Hoy nuestro corazón vuelve a sangrar, una vez más la sed de justicia y la exigencia del esclarecimiento de los hechos nos exige y nos obliga a unirnos al clamor nacional que tiene de luto a la Republica.

Exigimos la investigación del presidente municipal de iguala José Luis Abarca, la de Felipe Flores Secretario de Seguridad de dicho municipio y la renuncia del Gobernador Ángel Aguirre Rivero”

El nombre de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos resonó en los oídos de todos y en la garganta de los que ahí presentes reafirmábamos la necesidad de su aparición al grito de ¡Vivos se los llevaron Vivos los queremos!


Para finalizar los participantes demostraron su solidaridad con los familiares, especialmente las madres de los estudiantes asesinados y desaparecidos con gritos y consignas exigiendo justicia. 







Videos

palabras sobre la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa Guerrero.

https://www.youtube.com/watch?v=Hs5W0EK7YeE


Ayotzinapa: Crimen de Estado. Constituyente Ciudadana

Radio Proletaria Chiapas 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 09 de Septiembre del 2014


A la opinión pública nacional e internacional
A la sociedad civil
A los pueblos y naciones que integramos a la nación mexicana

Todo apunta a que la masacre de estudiantes y civiles ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser tipificada como crimen de Estado. Más allá del involucramiento directo de policías y paramilitares pertenecientes al municipio de Iguala, existen múltiples indicios que sugieren el montaje de una provocación mayor. La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense como la DEA, la CIA, el FBI, la ASN y el mismo ejército estadounidense.
No debe descartarse que el baño de sangre y el terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas. Se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre las mafias de la clase política local, entre figueroistas y perredistas.
Por el contexto político y social que vive el país y por la larga cadena de antecedentes represivos del PRI y de quienes gobiernan, tampoco debe excluirse que estamos entrando a nueva fase represiva contra la sociedad civil, donde las operaciones de los grupos de paramilitares y las fuerzas armadas se dirigen también contra los movimientos sociales y civiles.
Peña Nieto, el responsable de crimen de estado perpetrado en Atenco en mayo de 2006, tomó posesión en medio de una provocación el 1º de diciembre de 2012, en la que se coludieron los mandos de las fuerzas federales y las del Gobierno del Distrito Federal. El resultado arrojó la muerte de Juan Francisco Kuykendall, de múltiples heridos y detenidos. A la postre salió a relucir la utilización de grupos paramilitares y de policías y militares que se disfrazaron de manifestantes para provocar disturbios.
Lo acaecido en Iguala es la otra cara de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el capital trasnacional; y, al igual que la masacre de Atlatlaya, no son eventos excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de ocupación neocolonial de nuestro país. Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas “colaterales”. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia. La matanza de normalistas de Ayotzinapa es una lección ejemplar dirigida a quienes se atreven a disentir y protestar. Una provocación para incitar a que los oprimidos respondan a balazos y así justificar la represión a gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra, el capital trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.
La elección de las víctimas —los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa— no fue accidental. Tampoco la forma en que previamente se les criminalizó para luego masácralos, torturarlos y desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen perpetrado en Iguala que puede ser comparado con las masacres cometidas por el Estado mexicano en épocas recientes: con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 y las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; equiparable a la matanza de Acteal en 1997, a las masacres de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero; a los más de 500 asesinatos cometidos en contra de perredistas durante el gobierno de Carlos Salinas, y la toma violenta de San Salvador Atenco. entre otros. La condena de la ONU, la OEA y las recomendaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos ante este hecho atroz y genocida, muestran la gravedad del crimen.
En cualquier otro país que se precie de democrático, el presidente y su gobierno habrían renunciado ante un suceso como el de Tlatlaya o el de Ayotzinapa. Aquí Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero, con la abierta complicidad del poder judicial y legislativo, de los medios de comunicación y del grueso de la clase política, manipulan las indagatorias y evaden sus responsabilidades, creando chivos expiatorios. Sin embargo, no pueden ocultar los nexos que guardan los grupos criminales con el estado mexicano y un sector de empresarios. Sin el patrocinio y la tutela de ambos no sería posible la sobrevivencia de la “delincuencia organizada”. Son ellos, además de la DEA o la CIA, quien los surte de armas, de canales financieros para el lavado de dinero y de protección, tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos y más allá.
El terrorismo de estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total. Nuestra vida no les merece la menor importancia; todos y todas somos potenciales víctimas. Quienes hoy mal gobiernan ya no deben permanecer al frente de las instituciones de la Republica; todos ellos son responsables del desastre nacional; ellos abandonaron todo principio ético de respeto por la vida humana sin importar las banderas y colores partidistas que ostentan. Señor Enrique Peña Nieto y Señor Ángel Rivero, les exigimos que presenten a los desaparecidos; les pedimos, les demandamos, les exigimos que renuncien a sus altos cargos y comparezcan ante la justicia junto a todos sus cómplices.
A todos y todas les pedimos estar atentos a las acciones que promoveremos en los próximos días; además, llamamos a participar en todo tipo de acciones de resistencia civil pacífica que desde la sociedad civil se vienen impulsando. Las actividades, que por nuestra parte promoveremos, serán anunciadas en la página, el correo y el Facebook de la Constituyente.
Favor de ENVIAR SUS FIRMAS DE ADHESIÓN a este pronunciamiento al correo mencionado.
Primeras firmas:
Obispo José Raúl Vera López, Gabriela Juárez, José Guadalupe Suárez,  Alfonso Anaya, Patricia Santiago, Luz María Montoya, Leonor Cortés, Hildelisa Preciado, Rocío Eslava, Pablo Velarde, Hilda Goicochea, Eva Cárdenas, Minerva Andrade, Lázaro González, Graciela Rangel, Leticia Guerrero, Guadalupe Luquín. Leonel Ávila. Raciel Gutiérrez, Juan Melchor, Lied Miguel, Yury Zareth, Estela Cabrera, Isabelle Cauzard, Víctor Manzanares, Francisco Chew, Pedro Ramírez, Marcos Tello, Magdiel Sánchez, Romeo Cartagena, Jessica Alcázar, Fernando Márquez, Daniela Fontaine, Fernanda Tomasini, Ximena Ponce,
Firmas internacionales:
Rainer Stoeckelmann (Alemania), Silvia Tenorio (El Salvador)

Correo: constituyenteciudadana@gmail.com
Página: www.constituyenteciudadana.org

Face: @constituyenteciudadana

Organizaciones de Chiapas se suman a #JusticiaAyotzinapa

Radio Proletaria Chiapas.

Chiapas, México. 8 de octubre de 2014.

Las organizaciones campesinas, indígenas y derechos humanos abajo firmantes desde Chiapas manifestamos nuestro profundo dolor, indignación y condena a la atroz masacre de Iguala cometida por policías municipales y otros sujetos no identificados en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El día de hoy nos sumamos a las acciones y movilizaciones en Chiapas para exigir justicia para Ayotzinapa y para que el gobierno presente con vida de manera inmediata a los 43 normalistas desaparecidos forzadamente y para solidarizarnos con los padres de familia y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Nos sumamos a la indignación nacional e internacional de repudio a este cobarde crimen que según algunos organismos de derechos humanos se tipifica como genocidio.

El gobierno de México tiene la obligación de realizar una investigación profunda, minuciosa y transparente  para esclarecer los sucesos de la masacre de Iguala que ha conmocionado a México y al mundo, así como proceder de manera inmediata a presentar con vida a los 43 estudiantes normalistas que continúan desaparecidos forzadamente.

En Iguala se cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero tienen una enorme responsabilidad por sus graves omisiones y encubrimiento de funcionarios y grupos que son parte de la delincuencia organizada. Enviar más efectivos militares y la gendarmería nacional a Guerrero sólo agudizará la grave situación de criminalización, represión y violación de derechos humanos.

 Lo acontecido en Iguala no es un caso aislado como se pretende señalar desde el gobierno de Enrique Peña Nieto; lo sucedido en Iguala es el culmen de una estrategia de gobierno que se implementó en Guerrero para contener la disidencia y tiene como centro la eliminación física y encarcelamiento de luchadores sociales y defensores de derechos humanos. El atroz crimen cometido contra normalistas de Ayotzinapa es el punto de inflexión de esta estrategia.

#JusticiaparaAyotzinapa
#TodosSomosAyotzinapa
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Condena  al Genocidio de Estado en Guerrero!


Frente Popular de Ixtapa Ricardo Flores Magón, Movimiento Popular de Resistencia (Jitotol), comunidad Carmen Zacatal del municipio de Jitotol, Laklumal Ixim-Norte-Selva, Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), Frente de lucha Popular 29 de febrero de Huixtán, Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH-Filial Jitotol), Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, Red magisterial de apoyo popular, Red estudiantil  “2 de octubre no se olvida”


martes, 7 de octubre de 2014

Se inaugura oficina de la LIMEDDH en Chiapas

Radio Proletaria Chiapas

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas. 6 de octubre de 2014.

Se inauguran oficinas regionales de derechos humanos de la LIMEDDH-FIDH Coordinación Chiapas-Tabasco en Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Es para nosotros un enorme gusto informar al pueblo de Chiapas y a la sociedad civil nacional e internacional que el día de ayer 5 de octubre se inauguró formalmente la oficina de la Coordinación Regional  Chiapas-Tabasco de la LIMEDDH-FIDH, la cual estará ubicada dentro de las instalaciones de la parroquia de San Dionisio en Pueblo Nuevo Solistahuacán.

En el acto de inauguración estuvieron presentes funcionarios de gobierno de la región, defensores de derechos humanos, frailes franciscanos, representantes de comunidades y pobladores de Pueblo Nuevo Solistahuacán y Fr. Blas Jiménez Alvarado, párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán y Coordinador Regional Chiapas-Tabasco de la LIMEDDH-FIDH quién fungió como anfitrión.

Fr. Blas Jiménez Alvarado fue el encargado de dirigir unas palabras señalando que esta oficina que abre hoy sus puertas es producto del esfuerzo independiente y de la solidaridad de algunas personas y que será un espacio del pueblo y para servir al pueblo ante los abusos y las violaciones de derechos humanos. Denunció el clima de amenazas y agresiones de las que sido objeto por parte del alcalde perredista Enoc Díaz Pérez, las cuales aún persisten por lo que miembros de la parroquia y de la LIMEDDH realizan su labor bajo amenazas y riesgos.

En este acto se informó también de las acciones realizadas y el estado de las quejas interpuestas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, éstos últimos realizaron una visita a Chiapas para documentar agresiones a defensores de derechos humanos, reuniéndose el 24 de septiembre en las oficinas de SweFOR (Movimiento Sueco por la Reconciliación) con  la Coordinación Regional Chiapas-Tabasco de la LIMEDHH-FIDH y el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, en donde Braulio Gómez Gómez y Fr. Blas Jiménez Alvarado presentaron testimonios de las amenazas y agresiones que han sufrido por parte del presidente municipal de Pueblo Nuevo Enoc Díaz Pérez.

La Coordinación Regional Chiapas-Tabasco de la LIMEDDH-FIDH y el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa hemos tomado el acuerdo de coordinar esfuerzos y trabajar conjuntamente en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes en Chiapas.
¡Una llama encendida por los Derechos Humanos!

Coordinación Chiapas-Tabasco de la LIMEDDH-FIDH
LIMEDDH-FILIAL JITOTOL
LIMEDDH-FILIAL TAPILULA
LIMEDDH-FILIAL  PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

¡Por la defensa de los Derechos Humanos de nuestro Pueblo!

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS DIGNA OCHOA


CFE en Chiapas se niega a reparar transformador y deja sin luz a 44 familias

Radio Proletaria Chiapas 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 3 de octubre de 2014.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) condiciona la reparación de un transformador en Nueva Esperanza, Tila al pago de adeudos de energía eléctrica violando derechos de pobladores.

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) recibió de las autoridades ejidales de Nueva Esperanza del municipio de Tila un documento dirigido al jefe del departamento de electrificación y distribución de la CFE de San Cristóbal de Las Casas  en donde manifiestan que 44 familias del barrio Santo Domingo se encuentran sin energía eléctrica desde el pasado 23 de agosto a consecuencia de que un transformador se quemó por un rayo, y que aunque han reportado esta situación a la Agencia Comercial de la CFE de Yajalón, no ha habido ninguna solución por lo que expresan su inconformidad.

Por lo que con apoyo de este Comité Digna Ochoa procedieron a entregar dicho documento al Departamento de Distribución de la CFE en San Cristóbal de Las Casas, cuyo titular es el Ing. José Sixto Bautista López, quién se negó a dar el acuso de recibo de la queja de los ejidatarios de Nueva Esperanza señalando que en esa comunidad existe un adeudo por el servicio de energía eléctrica, por lo que primero tenían que acudir al Departamento Comercial de la misma CFE para que se revisara sus adeudos y que para que se cambiará el transformador tendrían que liquidarlos previamente.

El día de hoy un representante de nuestro Comité Digna Ochoa acudió al Departamento Comercial de la CFE en San Cristóbal de Las Casas para entregar la mencionada queja y luego de manifestar que tenían que darle el acuse de recibo con fundamento en el derecho de petición garantizado en la Constitución le recibieron la documentación.

Denunciamos que en el Departamento Comercial de la CFE les manifestaron que la queja se canalizaría a la Agencia Comercial de Yajalón y se citó a las autoridades ejidales para que se presenten el día 8 de Octubre ante el Lic. Zair Hernández Huizar, jefe de la Agencia Comercial condicionando el cambio del transformador al pago previo de adeudos de energía eléctrica. Por lo que responsabilizamos a la CFE del clima de conflictividad que se está generando en el municipio de Tila en donde recientemente la CFE realizó cortes de energía eléctrica y sigue con su estrategia de colocar medidores digitales.

Al respecto denunciamos nuevamente que la CFE viola los derechos humanos y constitucionales de pobladores del ejido Nueva Esperanza quienes se encuentran sin energía eléctrica desde el 23 de agosto, violentando lo que establecen los artículos 4 y 21 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que señalan lo siguiente:  “ Artículo 4o.- Para los efectos de esta Ley, la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende: I.- La planeación del sistema eléctrico nacional; II.- La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, y; III.- La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. “Artículo 21.- La Comisión Federal de Electricidad deberá mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio público de energía eléctrica en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad”.

Este Comité Digna Ochoa señala  que la energía eléctrica es parte del derecho humano a una vivienda adecuada. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Expertos  que revisa los compromisos de los gobiernos como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha expresado que: “Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”
Por la defensa de los Derechos Humanos de nuestro Pueblo

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa

lunes, 6 de octubre de 2014

Ni ausencia de Estado, ni hecho aislado: #Ayotzinapa es terrorismo de Estado

Radio Proletaria Chiapas a 06 de septiembre del 2104

El ataque, la ejecución extrajudicial, las desapariciones forzadas en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, no son resultado de la ausencia del Estado, ni de un hecho aislado o producto de malos funcionarios, mucho menos de la infiltración del narcotráfico en las estructuras del Estado, es el resultado de la política sistemática de violaciones a los derechos humanos en contra de todos los mexicanos y una muestra inequívoca de la estrategia de represión dirigida contra el movimiento social organizado, la cual se constituye en terrorismo de Estado.

Tal afirmación se demuestra con el fallo de la audiencia temática del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, que se llevó a cabo en Santa Fe de la Laguna, Michoacán.

Los jueces internacionales condenaron al Estado mexicano por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de crímenes de lesa humanidad: asesinato; cárcel, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, persecución de grupos o colectividades con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas y ataques contra defensores de derechos humanos, también condenó al Estado mexicano por la represión a los movimientos sociales en México y la criminalización de la protesta social, en desmedro de las libertades de expresión, manifestación pública, asociación y reunión.

Las ganadoras del premio Nobel de la Paz en el marco de dicha audiencia temática llamaron a los gobiernos de México, de América Central y a la comunidad internacional a poner fin a la llamada “guerra contra las drogas” que, señalan, ha resultado en un sufrimiento humano a gran escala, nos dicen que: “En vez de controlar la oleada de las drogas, las políticas actuales han llevado a una mayor corrupción por parte de autoridades estatales y a una cultura de impunidad para los crímenes como las desapariciones [forzadas]”

Ante los inhumanos hechos ocurridos en Iguala, la Organización de las Naciones Unidas se ha sumado a la condena internacional y ha declarado que estos hechos “coloca lo acontecido entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes y nos compele a hacer un llamado humanitario a quienes tienen en su poder a las personas desaparecidas a que respeten la integridad y la vida de los jóvenes, los liberen de manera inmediata o, en su caso, hagan posible su paradero”.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las medidas cautelares 409-14 instando al Estado mexicano a determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.

Cabe resaltar que no es la primera vez que los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos han sido víctimas de otras graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, recordamos que el 12 de diciembre de 2011, dos de sus miembros fueron ejecutados extrajudicialmente por policías estatales durante una manifestación pública, hecho que ha quedado en la impunidad; la Federación Mexicana de Estudiantes Socialistas de México (FECSM) a la cual pertenecen ha sido a lo largo de muchos años víctimas de campañas de desprestigio, estigmatización, detenciones arbitrarias y tortura que han generado un clima de impunidad propicio para reprimirla.

En este caso se configura la desaparición forzada debido a que los normalistas fueron detenidos por agentes del Estado seguido de la negativa a reconocer el acto y el ocultamiento del paradero de dichos estudiantes.

Son ejecuciones extrajudiciales debido a que agentes del Estado o vinculados a este cometen una privación ilegítima de la vida; por tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”.

Ante lo expuesto anteriormente el Comité Cerezo México exige al Estado mexicano:
Cumplir su obligación de respetar el derecho a la vida de las personas defensoras de los derechos humanos o integrantes del movimiento social y político del país;

Garantice los derechos humanos a la memoria, la verdad y la justicia; es decir, a qué se sepa quiénes fueron los perpetradores materiales e intelectuales, se juzgue a los mismos y se establezcan mecanismos de reparación integral de los daños, que incluyen desmontar las estructuras que hicieron posible los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los normalista de la Escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Comité Cerezo México
Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis)
“Porque ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista”



lunes, 22 de septiembre de 2014

Católicos de la parroquia de Tila realizan marcha-peregrinación en cabecera municipal para expresar rechazo a la autopista San Cristóbal-Palenque y Villahermosa-Palenque, contra megaproyectos y el alcoholismo.

Radio Proletaria Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 21 de septiembre de 2014.

Monitores de derechos humanos de este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa informan que el día de hoy se realizó en la cabecera municipal de Tila una marcha-peregrinación y celebración religiosa en la participaron alrededor de 3000 personas provenientes de todas las comunidades de dicho municipio con el objetivo de expresar su desacuerdo con la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y Villahermosa-Palenque, manifestar su rechazo al despojo de las tierras y comunidades que se avecina con megaproyectos como la minería, hidroeléctricas y de extracción petrolera y la proliferación de cantinas en la región.

En la peregrinación se sumaron aproximadamente 300 hombres y mujeres de la organización Laklumal Ixim-Norte Selva quienes han mantenido una tenaz resistencia a los altos cobros de energía eléctrica y en contra el despojo de las tierras y territorios de las comunidades en contra del programa de despojo denominado Fondo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) y de los municipios de Tila y Tumbalá.

Esta peregrinación fue convocada por el sacerdote Heriberto Cruz Vera, párroco de Tila, quien al terminar la peregrinación celebró una homilía. Desde hace meses el párroco Heriberto ha iniciado un proceso de oración y reflexión ante la amenaza que representan los proyectos de muerte impulsados por el actual gobierno en beneficio de intereses privados.

Compañeros monitores de nuestro Comité Digna Ochoa se sumaron a esta peregrinación, ya que respaldamos plenamente al sacerdote Heriberto Cruz Vera ha decidido alzar la voz en contra del despojo que se cierne en las tierras y territorios bajo el actual gobierno. Quienes desde las medidas de sus posibilidades nos proporcionaron las fotografías que adjuntamos.

Por último, expresamos que como Comité Digna Ochoa estaremos acompañando la lucha que emprendan los pueblos y comunidades indígenas y campesinos de Chiapas en la defensa de sus tierras y territorios y continuaremos visibilizando y denunciando las violaciones de derechos humanos que se cometen en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello.

¡Por la defensa de la vida y de nuestros territorios!
¡Rechazo total a la autopista San Cristóbal Palenque y Villahermosa-Palenque!
Por la defensa de los derechos humanos de nuestro Pueblo
Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa