martes, 3 de marzo de 2015

Otro párroco de Chiapas denuncia corrupción y abuso de autoridad a migrantes

Radio Proletaria Chiapas.


2 de marzo de 2015

Mariana Morales/ El Heraldo de Chiapas

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.- La situación que se vive en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en la zona norte de Chiapas sigue siendo de corrupción, abuso de autoridad y extorción a migrantes. El grupo armado Los Diablos sigue "operando" desde la comunidad La Ermita, un sitio rodeado de montañas.

Luego de que la procuraduría chiapaneca detuviera al ex alcalde perredista Enoc Díaz, por abuso de autoridad y delitos de tortura a consecuencia de la denuncia de un grupo de empresarios de la zona, a dicha organización se le sigue relacionando con el alcalde detenido.

La entrada al municipio se mantiene bloqueada por personas que se manifiestan y que aseguran, podrían quemar la alcaldía. La intención sigue siendo de quien está detrás de ello, el alcalde detenido, dijo el párroco de ese municipio Fray Blas Alvarado, quien arribó a la capital y tras salir de la conferencia de prensa, fue escoltado por elementos de seguridad estatal.

"Lo único que queremos es que en el municipio se viva en armonía", expresó el representante del clero en compañía de Luis Abarca del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa.

Recientemente, el párroco de Simojovel -la tierra del ámbar- en la zona norte del estado, Marcelo Pérez denuncio el aumento de cantinas con venta de drogas, tráfico de armas y corrupción por parte de las autoridades que no ejercen justicia.

El Concejo Municipal nombrado por el Congreso de Chiapas, luego de la detención del alcalde, no está trabajando, dijo Blas Alvarado. A principios del mes pasado, varias personas salieron a las calles para denunciar que la que hoy es la nueva presidenta del concejo municipal, Alejandra Maldonado, es esposa de uno los policías municipales prófugos que deberían estar en la cárcel con el ex edil.

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3724502.htm#sthash.HVVB7fD5.dpuf

martes, 24 de febrero de 2015

Corrupción, injusticia e impunidad en México llegaron a “niveles insoportables”: Iñárritu

Radio Proletaria Chiapas
24 de febrero del 2015

PROCESO
La Redacción
24 de febrero de 2015

Destacado

Iñárritu se lleva el Oscar a Mejor Director por Birdman.
Foto: AP / John Shearer
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El cineasta Alejandro González Iñárritu señaló que los niveles de corrupción e injusticia en México llegaron a “niveles insoportables”.
“Creo que el nivel de insatisfacción, de injusticia, de corrupción, de impunidad ha llegado a niveles insoportables”, sentenció el cineasta al referirse a su discurso en la ceremonia de entrega de los premios Óscar.
“Lo que dispara digamos mi frustración como la de todos los mexicanos es el nivel de impunidad y corrupción que reina ahora como un sistema generalizado… Son las cosas que todos los días, a diario, hay noticias que son indignantes, ¿no?, porque un gobierno debe servir a una sociedad, no utilizar a esa sociedad”, enfatizó el cineasta.
González Iñárritu señaló que la clase política por lo general está respaldada por empresarios corruptos con quienes tejen alianzas: “La impunidad es la sangre vital de la corrupción, porque si hubiese justicia los primeros que irían a la cárcel son los que cometen esos delitos y que son los de arriba”.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el cineasta censuró que los mexicanos radicados en Estados Unidos sean tratados con desigualdad: “Hay como una especie de trato de segunda categoría en muchos aspectos de derechos humanos, por eso repito mi petición, mi oración que quise dar ayer es que los mexicanos tienen que tener la misma dignidad y el respeto que las generaciones de inmigrantes que antes llegaron a este país”.
“Nosotros deberíamos de cerrar esas fronteras de las armas, de los armamentos que se cuelan por nuestra frontera hacia nosotros para los narcotraficantes, y se debería de cerrar la frontera para la droga que consumen también los americanos”, sugirió.

Fuente

Se reactiva amenaza minera en municipios del norte de Chiapas: Servicio Geológico Mexicano y empresa GYMSA pretenden realizar exploración en comunidades de casi 20 municipios del norte y altos de Chiapas.

Radio Proletaria Chiapas
24 de febrero del 2015

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas recibió una copia de una carta de fecha 13 de diciembre del 2014 dirigida al párroco de Simojovel Marcelo Pérez Pérez , firmada por el Dr. Juan Carlos Salinas Prieto quien se autodenomina Coordinador del Proyecto y representante del Servicio Geológico Mexicano y de la empresa Geoquímica y Perforación SA de CV (GYMSA), en donde le solicita que el citado párroco interceda ante las representaciones de las comunidades “para tener acceso a sus territorios comunales y particulares…”expresa que en un lapso de 3 meses  “tiene programado llevar a cabo la cartografía geológica de la región comprendida de los Municipios Jitotol de Zaragoza, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Bochil, San Andrés Duraznal, El Bosque, Simojovel de Allende, Huitipán, Tapilula, Rayón, Pantepec, Allende Esquipulas, Las Maravillas, Unión de Zaragoza, Carmen Zacatal, Álvaro Obregón, Rincón Chamula, La Competencia, El Bosque, Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón, Sitalá, San Juan Cancuc, Pantelhó y Chalchihuitán” [sic].
En la carta se indica que los responsables de estas acciones de exploración estarán a cargo de “los CC. Dr. Juan Carlos Salinas Prieto, Ings. Eduardo Taurino Martínez Morales, Raymundo Silva Barragán, Ma. Georgina Ramírez García. Alfredo De la Calleja Moctezuma y Alfonso Castillo Madrid. Así como los Sres. Jorge Ríos Arredondo, Jorge Ríos Martínez, Juvencio Sánchez Chávez, Luis Ignacio Muñoz González y Francisco Ramírez Guerrero, personal de la empresa GYMSA Geoquímica y Perforación S.A. de C.V contratada para este programa” [sic].
Las actividades que manifiestan llevarán a cabo son: cartografía de los diferentes tipos de piedra que se identifiquen en la región; descripción de las principales características de la piedra; medición e inclinación de las capas de los diferentes tipos de roca; muestreo de sedimentos de arroyos; identificación, cartografía y medición de fallas y fracturas geológicas registradas en los diferentes tipos de piedra; medición de desplazamientos de bloques, provocadas por las fallas; tomar fotografías de los sitios visitados y paisajes.
Este Comité Digna Ochoa manifiesta que se confirma que el gobierno de Chiapas y las empresas mineras van por más territorios de municipios del norte y altos de Chiapas y que la amenaza del saqueo y despojo está a la puerta de las tierras y territorios campesinos e indígenas. El denominado  Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, la denominada por el gobierno reforma energética modificó los artículos constitucionales 25, 27 y 28 legalizando de manera constitucional la entrega de los recursos de la nación a empresas extranjeras  dejando en un estado de total indefensión legal a las comunidades y ejidos del país.
Este Comité Digna Ochoa señala que al concederse el carácter de interés social y orden público a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos,  así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y de actividad preferente sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas, se abrió la puerta para legalizar el despojo de las tierras y recursos pertenecientes a cientos de comunidades y pueblos campesinos e indígenas sin que medie un recurso eficaz de defensa jurídica como el juicio de amparo y la consulta comunitaria sustentada en el convenio 169 de la OIT.
Según el excelente reportaje publicado recientemente por el diario El Universal México en poder de mineras se indica que actualmente aproximadamente el 15% del territorio chiapaneco está concesionado para explotación minera, principalmente en las regiones Sierra y Costa de Chiapas. También se señala que todo el norte y selva de Chiapas se encuentra reservado para la explotación petrolera mediante la figura legal de las asignaciones. (para más detalles consultar http://www.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados14/EU_Mineria_Mexico/)

Por la defensa de los Derechos Humanos de nuestro Pueblo

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa

México: ante el deterioro, legislatura de coalición

Radio Proletaria Chiapas
24 de Febrero del 2015

Víctor M. Quintana S.
ALAI AMLATINA, 18/02/2015.-  En una coyuntura de rampante deterioro de la clase política y fracaso del plan económico y de reformas de Peña Nieto, México se acerca a las elecciones federales de medio término, a celebrarse el próximo 7 de junio. Ahí se renovará por completo la Cámara de Diputados.
La Procuraduría General de la República acaba de dar “carpetazo”, es decir, acaba de declarar cerrado el caso de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Pronunció su “verdad histórica” sobre los hechos afirmando que los jóvenes fueron ultimados por narcotraficantes e incinerados en el basurero público de Cocula, en el sureño estado de Guerrero. Además exculpó al Ejército de cualquier participación en la desaparición de los jóvenes estudiantes normalistas. Con esto se echa aun más leña al fuego, no se ha respondido a la demanda de justicia de toda la Nación. Mucho menos se arroja luz sobre la desaparición forzada de más de veinte mil compatriotas estos últimos años.
En Michoacán, estado vecino al de Guerrero, la intervención federal fracasó, como toda la estrategia anticrimen. Se apresó a los principales dirigentes de las Autodefensas, a los más críticos del gobierno. Se detuvieron importantes capos, sin embargo, la violencia sigue corroyendo ese estado, como también Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, el Estado de México y varios más.
La victoria de Syriza en Grecia es una muestra de cómo la indignación puede expresarse -y ganar- por la vía electoral. Con todo lo que haya que cambiar no deja de ser una referencia para la multitud de indignadas e indignados que todos los días brotan en este país por múltiples y muy justificadas causas.
La figura del Presidente de la República se erosiona a pasos agigantados por los escándalos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que se develan un día sí y otro también. El Enrique Peña Nieto que hace dos años que era el “golden boy” de los medios informativos de esta economía globalizada, ahora es criticado acremente por los mismos órganos que ayer lo ensalzaban: el Wall Street Journal y The Economist. Su poca o nula legitimidad hace que a pesar de haber entregado todos los recursos de la Nación con sus reformas, la atracción de inversiones productivas no despunte y la economía no crezca como se requiere.
Los escándalos de corrupción de servidores públicos bullen por todo el país y en todos los medios informativos. No sólo las residencias multimillonarias en dólares del presidente, de su esposa, de su secretario de Hacienda. También los contratos de privilegio a empresas como HIGA. Escándalos también de corrupción en varios estados más como en Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Sinaloa. Parece que ninguno de los principales partidos se libra de que al menos uno de sus ínclitos representantes sea señalado por el dedo de fuego de una opinión pública harta ya de la partidocracia. El poder presidencial parece construirse ahora con base en los acuerdos de impunidad y de cobijamiento mutuo con los señores feudales de las entidades federativas.
También se deteriora el salario de todo tipo y todos los niveles de trabajadores. Salario que es el único en América Latina que está por debajo de la línea de pobreza. Por eso vuelven a cobrar dinamismo las maquiladoras en la frontera, porque México es muy competitivo para machacar el ingreso de las familias.
Por todo esto es que día a día aumenta y se diversifican las insurgencias. La de Ayotzinapa, en primer lugar, de dimensiones ya nacionales e internacionales, persistente, combativa. La de los pueblos y comunidades que defienden su agua, su territorio, su vida. La que clama por la liberación de presos políticos como el Doctor Mireles o Nestora Salgado y el respeto absoluto a los derechos humanos. Las que piden se investiguen y se castiguen casos de corrupción de gobernadores, como lo demanda Unión Ciudadana e Chihuahua. La de los agricultores, hundidos por el derrumbe de los precios de sus productos…
En este contexto, no sin razón son muchas las voces que piden no se lleven a cabo las próximas elecciones o que se promuevan el abstencionismo y la anulación del voto. Porque es evidente que o no hay puentes, o hay muy pocos, entre la arena de las luchas sociales y la arena política partidaria.
Sin embargo, hay voces que señalan que valdría la pena intentar, experimentar algo que pueda comunicar a las insurgencias con el proceso electoral federal y sobre todo, con la legislatura que de ahí surja. Se trataría de que todos los partidos de verdadera oposición al régimen se pusieran de acuerdo en una plataforma mínima y que se comprometan a impulsarla conjuntamente en la Cámara de Diputados. Se trataría de retomar las demandas básicas de la insurgencia social que recorre el país actualmente y convertirlas en iniciativas de ley, en políticas, en cursos de acción eficaces.
Se dice que esta plataforma para una legislatura de coalición podría tener cuatro ejes básicos: derechos humanos, lucha contra la corrupción e impunidad, aumento salarial de emergencia y austeridad de la clase política. Con medidas y compromisos concretos, sin maximalismos.
La plataforma común debería incluir compromisos para retomar las demandas fundamentales en torno a Ayotzinapa, los presos políticos y las desapariciones forzadas. Debería también incluir acciones eficaces para aumentar el poder adquisitivo de las familias y frenar el deterioro de la economía popular.
Habría que abordar con valentía el combate eficaz a los casos concretos de corrupción, comenzando por las residencias de Peña Nieto y su esposa, el tráfico de influencias a favor de empresas, las denuncias contra los gobernadores.
En un contexto en que los partidos y los diputados son quienes menos credibilidad tienen para la ciudadanía, sería muy bueno que los futuros diputadas y diputados comenzaran por su propia casa. Es decir, que comenzaran por reducir sus percepciones y privilegios y garantizar un manejo transparente y de verdadera rendición de cuentas del Legislativo.
Lo más probable es que el deterioro presente por todos los rumbos de este país haga perder al PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero sería terrible que no se constituyera una nueva mayoría comprometida al menos en lo mínimo con las causas más urgentes de este país. Ya no podemos permitirnos un parlamento de minorías pulverizadas y paralizadas. Urge que haya una mayoría que al menos se haga eco de las muchas insurgencias.
- Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de  la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/80880

Artículo en 4 partes sobre Simitrio

Radio Proletaria Chipas

24 de febrero del 2015

SIMITRIO: EL DERECHO AL REVÉS/I
Samuel Porras Rugerio, La Jornada Oriente, Miércoles, Enero 14, 2015
 “-¡No! ¡No! –le atajó la Reina-. ¡La sentencia primero! ¡Tiempo habrá para el veredicto!”
Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas.
La sociedad poblana está mirando dos imágenes en la pantalla de su realidad social; una, de las obras de infraestructura que se construyen con sus impuestos obtenidos mediante abusivos mecanismos de estado y se le presentan como expresión de progreso para el cultivo de los grandes negocios; otra, de las personas que -oponiéndose al cobro abusivo, al despojo como herramienta de negocio, al progreso sostenido en la esclavización de la mano de obra y en la exclusión de la población pobre de los beneficios de ese “progreso” al  no poder participar en tales negocios o ser ajena al círculo de relaciones del poder político-, son perseguidas y encarceladas por autoridades que invocan la aplicación de la ley y el estado de derecho.
Frente a esas imágenes y el discurso de la autoridad, los poblanos parecen permanecer a la expectativa cual observador externo que contempla un juego cuyas reglas desconoce y le resulta difícil determinar si éstas se cumplen o no. El sentido común indica que la aplicación de las reglas admite dos posibilidades: correcta o no; y, que, cuando las reglas se violan por quienes presuntamente tienen la tarea de vigilar que se cumplan, equivale en realidad a que no las haya. Ocurre igual con la aplicación de la ley.
El reciente encarcelamiento de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” quizá no sea novedad para quienes conocen la historia de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes “28 de Octubre”, en sus más de cuarenta años de lucha por un espacio de trabajo en el comercio para sus agremiados. Lo novedoso, que debe despertar interés general y ser noticia estelar en pantalla, audio y primera plana, son los argumentos y mecanismos utilizados por la autoridad para volverlo a prisión.
Como antecedente del caso recordaré que Simitrio fue hecho preso el 04 de julio de 1989; que estuvo interno en el Cereso San Miguel y en los penales de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco; y, Almoloya de Juárez, México. De éste último penal salió el 11 de abril de 2001, al haber obtenido beneficio de libertad preparatoria “respecto a la sanción de VEINTICINCO AÑOS CON SEIS MESES de prisión, que le impuso el Juez Quinto de Defensa Social de los de esta Capital, dentro del proceso número 113/89…”, concedido por acuerdo del “Titular del Ejecutivo del Estado”. Desde esa fecha permaneció, en cuanto a su libertad personal, a disposición del poder ejecutivo que le impuso, entre otras obligaciones, la de: “9.- Observar una conducta intachable en forma permanente. Apercibiéndole que en caso de incumplimiento de alguna de estas obligaciones, será motivo suficiente para la revocación de su libertad y su reinternamiento al Centro de Readaptación Social que se designe por la autoridad competente.”
Con esa situación jurídica vigente, Simitrio es encarcelado el viernes 19 de diciembre; es decir, faltándole menos de un mes para la total extinción de la referida condena. El mecanismo simple de una petición: “Dieciocho de Diciembre del año 2014 dos mil catorce, la Secretaria da cuenta a la Jueza, con el escrito de la Agente del Ministerio Público de la adscripción; a fin de dictar el acuerdo correspondiente. CONSTE”; y, una resolución: “…a 18 dieciocho de diciembre del año 2014 dos mil catorce…se resuelve: “PRIMERO.- Se REVOCA LA LIBERTAD derivada de la quinta fase del tratamiento preliberacional otorgada por el entonces Secretario de Gobernación, por acuerdo del Gobernador del Estado, con fecha 05 cinco de abril del año 2001 dos mil uno. SEGUNDO.- Se libra orden de DETENCIÓN en contra del sentenciado RUBEN SARABIA SÁNCHEZ y/o SIMITRIO ZEMPOASQUELLO ZITLA, para tal efecto gírese oficio al Procurador de Justicia del Estado, para que ordene a quien corresponda de cumplimiento a la presente orden detención, y lograda que sea, lo internen en el Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, debiendo informar a esta autoridad de manera inmediata el cumplimiento de dicha orden, a fin de hacerle saber el motivo de la revocación de libertad preliberatoria.”
Este mecanismo autoritario, no previsto en ley alguna, que priva de la libertad primero para hacer saber el motivo después, merece adjetivarse, nada más, como un inmoral y disparatado trámite judicial. No sólo es violatorio de derechos humanos y garantías constitucionales sino exhibe, por el sentido y términos de la resolución, la imperiosa necesidad de que algunos funcionarios del ejecutivo y judicial obtengan beca escolar. Como ya ha sido difundido en medios, dicha resolución abrió la puerta para imponerle ¡¡una nueva pena!! que compurgaría hasta el año 2050. También la abrió para seguir comentando el asunto. ¡Dan pena!


Simitrio: El derecho al revés/II

Lunes, Enero 19, 2015
En Puebla, la ciencia social está de plácemes mirando como el objeto de su estudio avanza y se desenvuelve. La ciudadanía podrá estar asombrada de  constatar la altísima eficiencia de las instituciones de procuración y administración de justicia para encarcelar a este hombre, de un día para otro. En viernes, después de mediodía, diciembre, próxima la navidad y año nuevo. Politólogos,  sociólogos y psicólogos sociales tendrán mucho material de análisis. Pero los estudiosos del derecho: estudiantes, docentes e investigadores; licenciados, maestros y doctores; podrán darse un gran festín teórico, dogmático o filosófico, sobre las novedosas formas jurídicas inauguradas para que una juez penal revocara el acto administrativo de un gobernador; o, tal vez, el verdadero significado del debido proceso y la protección de los derechos humanos, cuando se ordena encarcelar a un individuo para, tras la reja, hacerle saber los motivos de su prisión. Temas para grandes tesis, sin duda. Hay otros como…
El motivo expuesto por la agente del ministerio público para solicitar (aquí significa: petición ejecutiva) a la juez quinto penal “revocar” el beneficio de libertad preparatoria fue, que Simitrio no observó buena conducta…en el Estado de Tlaxcala. La juez valida el argumento: “Para acreditar que el sentenciado incumplió uno de los requisitos establecidos…la fiscal acompaña a su escrito copia certificada de la orden de aprehensión librada en contra de RUBEN SARABIA SANCHEZ ALIAS “SIMITRIO” como probable responsable de la comisión del delito de DESPOJO previsto y sancionado por los artículos  308 fracción I del código Penal del estado de Tlaxcala, por el Juez cuarto de lo penal del distrito judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala…Así las cosas, estas obligaciones, así como el requisito de observar buena conducta, han sido incumplidas por el sentenciado RUBÉN SARABIA SÁNCHEZ y/o SIMITRIO ZEMPOASQUELLO ZITLA como se desprende del hecho de que por sus conductas se haya librado una orden de aprehensión  en el Estado de Tlaxcala, como se desprende de la aludida documental.” ¡Qué grande es la procuración y administración de justicia poblana que, en Tlaxcala, cuida las malas conductas!
Otra veta que no tiene desperdicio es la que se relaciona con la interpretación y aplicación de la ley. La reforma constitucional de 2008 introdujo en México el juicio oral y el sistema procesal acusatorio; su regulación en Puebla, en 2011, se logró con las reformas del, ahora, Código de Procedimientos Penales, entre otras leyes. Tales reformas fijaron la postura que deben asumir los jueces respecto de los procedimientos penales y la ejecución de sentencias que se siguieron bajo la normativa de anterior vigencia. Sin embargo, la interpretación jurídica mostrada por la juez penal ¡¡para pasar por encima de ellas!! ronda las alturas de la genialidad. Me hizo recordar viejas lecciones de los nunca bien ponderados filósofos griegos “Sóplates” y “Galimatías”. Será, por ello, digno objeto de estudio para la ciencia del derecho. Toda revista especializada en tópicos filosóficos de derecho apreciará bien este notable aporte judicial.
Es menester recordar que Simitrio, durante la gestión del gobernador Piña Olaya, estuvo sujeto a varios procesos penales: 113/1989 del Juzgado Quinto de Defensa Social; 337/1985 del Juzgado Primero de Defensa Social; 507/1986 del Juzgado Segundo de Defensa Social; 156/1989 del Juzgado Séptimo de Defensa Social; 37/89 del Juzgado Cuarto de Distrito; en los cuales, en su tiempo, fue juzgado y sentenciado. Compurgadas con prisión efectiva todas las sentencias, conforme a la legislación vigente en aquellos años, quedó pendiente la de más alta condena; del primeramente indicado por 25 años y medio que, con el beneficio de libertad preparatoria de que gozaba, debió extinguirse el pasado 11 de enero. Sobre ésta actuó la juez penal.
El artículo cuarto transitorio, de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, dispuso: “Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.”
El correlativo, de la reforma al código de procedimientos penales poblano de 18 de junio de 2011, en congruencia, determinó: “Las disposiciones del Código en materia de ejecución de sentencias, no serán aplicables a aquellos asuntos cuya sentencia haya causado ejecutoria antes del 18 de junio de 2011; empero, los beneficios a los que se refiere el artículo 531 se aplicarán a los ya sentenciados dando la intervención que corresponda al Juez de Ejecución.”
Constitucional y legalmente todo está claro. La última sentencia que compurgaba Simitrio causó ejecutoria el seis de febrero de 1992. ¿Acaso tendemos a que los jueces obedezcan más a su arbitrario capricho que a la disposición establecida? ¿Eso es interpretación jurídica? Mucha razón tuvo Kelsen al afirmar que la interpretación jurídica es, realmente, un problema político. Ya verán. ¡Qué clase de interpretación jurídica!


Simitrio: El derecho al revés/III

Miércoles, Enero 28, 2015
La ciudad-negocio crece desmesuradamente mientras la ciudad-convivencia se desploma como un pesado fardo. El capital y la pobreza crecen y coexisten de manera forzada. La irritación social está abajo pero mira hacia arriba. Es la obra pública y sus resultados. La construcción estatal de una realidad social específica marcada por el contraste económico y la división social polarizantes, frente a los cuales la parte más excluida de la población debe adaptarse para sobrevivir; o, inconformarse, arriesgándose a ser castigada con “todo el peso de la ley”. Esta invención política que atribuye fuerza de gravedad a la ley, marca también un derrotero de origen para su aplicación de arriba hacia abajo. En términos de relaciones sociales establece quien ordena y quien es forzado a obedecer; quien  aplica y quien es sometido a su imperio; quien tiene poder y quien carece de él.
La aplicación de la ley que hace una autoridad no cuenta, por sí misma, con un certificado de razón o bondad, ni patente de exactitud o corrección. Con más frecuencia de la deseable adolece de lo contrario generando situaciones individuales, grupales o sociales que lastiman la dignidad humana. El discurso protector de los derechos humanos en nuestra realidad social, se asienta en una paradoja: el jefe de estado tiene bajo su mando tanto a las autoridades que los violan como a las encargadas de su defensa. En este círculo vicioso encuentran explicación real la impunidad y el autoritarismo como partes integrantes de un régimen político.
Los problemas que derivan de la aplicación de la ley, no son problemas entre el hombre y la norma; entre hombre y cosa; son, invariablemente, problemas entre seres humanos que tienen una distinta ubicación política y estratificación social que el derecho garantiza con un orden jurídico determinante del orden social. La ley no es únicamente su letra sino, sobre todo, su interpretación. La interpretación no es búsqueda de intención en abstracto; es dar sentido lógico a un problema entre seres humanos para resolverlo en una circunstancia específica. Interpretar la ley no es retorcer el juicio sobre ella; no es introducir lo que falta ni eliminar lo que sobra. Implica, ante todo, rectitud de ánimo.
La disposición de los artículos cuarto transitorio, de la reforma constitucional y del código de procedimientos penales, expresa un sencillo método para atender los casos surgidos antes y después de tales reformas. Coloquialmente podría  decirse que establecen un parteaguas: “antes como antes, ahora como ahora”. De modo que en el caso de Simitrio, cuyos procesos datan de fines de la década de los ochenta ¿qué tienen que hacer una juez penal y una de ejecución de sanciones, tratándose de procesos definitivamente concluidos para los cuales ni la ley anterior ni la vigente les dan competencia para intervenir? Dicho en lenguaje juvenil: ¿o sea, cómo?
Para que los doctos en derecho prosigan su ilustración y se convenzan de que aún no lo saben todo, esto dijo la juez penal para justificar su actuación: “Sin embargo, aun cuando el transitorio cuarto no lo dispone expresamente, ateniendo al espíritu de esa reforma y al contenido principalmente del transitorio segundo del Código de Procedimientos Penal del Estado de Puebla, precisa que las disposiciones relativas a la materia de ejecución de sentencias ya se encuentra en vigor desde el 18 dieciocho de junio de 2011 dos mil once, se colige que la Autoridad Judicial competente en situaciones como la que expone la autoridad administrativa, lo será el Órgano Jurisdiccional que instruyo y dicto  la sentencia respectiva en la causa penal relativa. Considerarlo de otra manera controvendría la intención del poder reformador…De lo anterior es dable concluir que opera una competencia concurrente diferenciada en la fase de ejecución de sentencias, entre nuevo órgano especializado y los juzgados penales que conozcan de los procesos en esa materia, cuya aplicación depende de la fecha en que haya causado ejecutoria la sentencia emitida en la causa y cuya temporalidad dirime en conocimiento y aplicación  de las disposiciones en tal fase que requiera la participación judicial en el ámbito de su jurisdicción.” Literal. Sintaxis, ortografía y sombreados son de la autoría judicial. “Sóplates” y “Galimatías” juntos ¡¡jamás lo hubieran expresado mejor!!
Los conceptos jurídicos ya no obligan a la autoridad pues bajo licencia del “espíritu de la reforma” o la “intención del poder reformador”, no se duda en pasar encima de ellos hasta dar a la interpretación jurídica el alcance de invención. Si la claridad, crítica, sana lógica, hermenéutica, exégesis y la ética salieran juntas a la calle a protestar, invocando violación a sus derechos humanos por argumentos como estos, sería altamente probable que las mandaran a encarcelar, sin oírlas también, para luego hacerles saber el motivo de su encierro. Nadie parece ruborizarse por la existencia de esta resolución judicial. Pero los poblanos deberíamos estar espantados por ver que el poder ejecutivo y judicial sostienen este gazapo jurídico como “legal” para respaldar el nuevo encierro de Simitrio.

Simitrio: el derecho al revés / IV
Jueves, Febrero 10, 2015
La historia de Puebla ya reserva un lugar para la actuación de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre. Más de 40 años de existencia como organización reivindicativa del ambulantaje han venido dejando huella de su lucha por espacios de trabajo para sus agremiados. En todo ese tiempo ha demostrado, con sus aciertos y desatinos, ser la organización civil de mayor presencia y resistencia política. Esta condición, su declarada inclinación ideológica por la izquierda y su probada capacidad de movilización y protesta en las calles, le han acarreado múltiples conflictos con los distintos gobiernos de la entidad. El más nefasto y violento que se recuerda es del año 1989, con Piña Olaya, cuyo costo para Simitrio fue que le echaran el código de defensa social encima con 10 procesos y su estancia en San Miguel y dos penales de máxima seguridad, donde consumió casi 12 –de los 32 a los 43– años de su vida.
Como cualquier otro líder Simitrio ha concitado una diversidad de posiciones políticas provenientes de los gobiernos y la población. Sus años de preliberación los pasó en actividad política abierta y pacífica; con actos, opinión y manifestación visibles al público; una aceptable relación de negociación en oficinas públicas estatales y municipales; y un lugar fijo de trabajo en el mercado Hidalgo. Sin embargo, ahora, faltando exactamente 24 días para terminar de compurgar la condena más alta en el último de aquellos viejos procesos y recobrar su libertad absoluta, vuelve a ser encarcelado. ¿Por qué elegir un mecanismo jurídico tan poco inteligente, burdo e ilegal, que pone a los funcionarios que intervinieron en la concepción, preparación y ejecución de ese acto, en el filo de la probable comisión de delitos?
El corolario con que la juez quinto penal cerró la resolución que venimos comentando, establece: “Para tal efecto gírese oficio al Procurador General de Justicia del Estado, para que ordene a quien corresponda el cumplimiento de la presente orden detención y lograda lo internen en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, a fin de compurgar la sanción corporal impuesta de 25 años con seis meses por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y robo de vehículo cometidos en agravio de Rodolfo Kiesslich Schlueter en el proceso proceso penal 113/1989.” Para esta juzgadora, como se ve, revocar el beneficio de preliberación significa reimponer la pena de prisión en su totalidad.
Para saber de dónde provino la orden de encarcelar al líder de la organización popular opositora más importante en Puebla, no se debe perder de vista que todo el asunto empezó por una solicitud ministerial presentada a las 16:45 horas del 18 de diciembre pasado. Esta solicitud de la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Quinto Penal, a su vez, está basada en un oficio girado –el 9 de diciembre previo– por el director general Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas, de la Secretaría General de Gobierno. Ambas, dependencias del Poder Ejecutivo.
Fue ahí, en el ámbito del ejecutivo, donde tuvo origen la ingeniosa, aunque poco doctoral, idea de que la agente ministerial solicitara a la juez penal “la revocación del beneficio de modificación de las penas concedido al sentenciado Rubén Sarabia Sánchez y/o Simitrio Zempoasquelli Zitla”. La ejecución de esa ideota quedó consumada mediante una ¡¡complicadísima!! y ¡¡complejísima!! –por supuesto– relación jurídica entre agente y juez que sólo puede describirse mediante la sagrada fórmula de –¿debido proceso? ¿formalidades esenciales del procedimiento? ¿protección de derechos humanos? ¡bah! ¡esas son pamplinas!– “pide y te será concedido”. ¡Cosas de la independencia del Poder Judicial poblano! Y de la orden ejecutiva, claro.
Esta obsecuencia servil deviene de la conclusión formulada por la directora de Sanciones al examinar y hacer, propiamente, un linchamiento del beneficio de preliberación: “De lo anterior se advierte que si bien el entonces Secretario de Gobernación autorizó al sentenciado Ruben Sarabia Sánchez o Simitrio Zempoasquelli Zitla, la quinta fase del tratamiento preliberacional respecto de la pena de prisión impuesta en el proceso 113/89 y declaró extintas las diversas sanciones privativas de la libertad dictadas en las causas 337/85; 507/86; y 156/89; lo cierto es, que las penas de prisión no debieron contarse en su totalidad en la forma establecida; es decir, de manera simultánea, sino sucesivamente…” ¡Eeeh! ¿qué tal? Esta es la declaración formal, solemne, feroz de este gobierno que considera que los actos de las autoridades de “entonces” son responsabilidad imputable y reclamable… ¡al sentenciado! ¡Zas! ¡Ha dicho!

jueves, 12 de febrero de 2015

VOTAR O NO VOTAR: ¿ES ÉSE REALMENTE EL DILEMNA EN MÉXICO?

Radio Proletaria Chiapas

Gilberto López y Rivas, Rebelión, 12 de febrero de 2015

Expreso mis reflexiones y divergencias en torno al artículo de Armando Bartra “Votar o no votar: ¿he ahí el dilema?” (La Jornada, 8 de febrero de 2015). Coincido con el breve diagnóstico en que inicia su texto, al considerar que el gobierno de Peña Nieto ha colapsado. No creo que pueda sustentarse, en cambio, que la renuncia del presidente haya sido la “bandera más flameante” del movimiento nacional por la vida de los jóvenes de Ayotzinapa. Más bien constituyó una consigna que cobra fuerza entre algunos contingentes que participan en las marchas solidarias, la cual no necesariamente se formula como una demanda orgánica de los padres, normalistas y maestros de Guerrero, quienes se han centrado en la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes, en el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, en la exigencia de investigar a los militares y al entorno político más allá de Iguala y Cocúla. Tampoco puede afirmarse que una demanda generalizada del movimiento surgido en torno a la normal de Ayotzinapa sea no votar. Muchos agrupamientos sociales y comunidades en Guerrero y en el país, eso sí, han decidido instalar gobiernos autónomos que respondan a los intereses de los pueblos. 

También hay una interpretación equivoca que Bartra expresa del movimiento en favor de una nueva Constitución, que no puede ser identificado como compuesto de “personajes principalmente de la izquierda eclesial”. Quienes asistimos el 5 de febrero a la reunión que echó andar un proceso en esa dirección pudimos constatar la variedad de organizaciones y personas que participan en el esfuerzo, en las que se distinguió la intensa actividad de numerosos jóvenes procedentes de todo el país. Afirmar que fue una asamblea de un “comité de honorables”, “personalidades esclarecidas”, “minorías politizadas”, “vanguardistas doctrinarios”, es una falta a la verdad. Hubo un presídium conformado por personas conocidas públicamente pero también por representantes de organizaciones y de numerosos estados de la República. El diagnóstico que se expuso en la reunión sobre el Estado mexicano fue fundado básicamente en la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos(enelvolcan.com/ Número 34, noviembre-diciembre de 2014), en la que se sostiene la existencia de un desvío de poder que da lugar a un Estado criminal. Este cuestionamiento al Estado y sus corruptas y desfondadas instituciones es considerado por Bartra una “radicalización discursiva” y, todavía más, afirma que éste “cuestionamiento integral” al sistema político mexicano dio un supuesto “respiro a Peña” y un “segundo aire al sistema”. Lo paradójico es que la Constituyente no ha planteado, como tal, una posición de boicot a las elecciones, e incluso, ese punto del debate se dejó para que tuviera lugar en marzo. 

No obstante, el enojo y regaño que proyecta esa interpretación radican en que el movimiento de padres, estudiantes y eventuales constituyentes, de acuerdo con Bartra, no va en la dirección políticamente correcta para el cambio de régimen: esto es, la combinación de elecciones y movilización social, como ha ocurrido —se afirma— en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no se hace un análisis de mayor calado para explicar lo realmente acontecido en estos tres casos, esto es, las previas y francas rupturas del sistema político imperante, ya sea por la irrupción de masivos movimientos indígenas, revoluciones ciudadanas o de naturaleza cívico-militar que desde abajo impusieron nuevas reglas del juego y se trasformaron, con esa fuerza inicial, en poderosas y enraizadas opciones electorales.

Además, no todos los procesos electorales tienen un carácter decisivo. Las elecciones de este año en el México de los crímenes de Estado, son elecciones intermedias que evidentemente no traerán un cambio notable en la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, gubernaturas y otros cargos de elección popular. Tampoco se vislumbra una transformación de la naturaleza autoritaria, clientelar, corrupta y tramposa del sistema electoral mismo, con la coacción de la ciudadanía por patrones y sicarios, la compra del voto con dinero en efectivo, despensas, cemento o tarjetas de prepago, las encuestas que no miden sino norman intenciones de voto, la dictadura mediática que construye y destruye candidatos y que, de paso, se embolsa exorbitantes sumas de dinero; además de las autoridades y tribunales electorales omisos a sus obligaciones y cómplices de esas prácticas de corrupción extendida y masiva.

Es verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo la electoral, ni a la forma partido como instrumento organizativo al servicio de la trasformación social, siempre y cuando elecciones y partido tengan a los trabajadores y a los pueblos su propósito y razón de ser. El fallecido presidente Hugo Chávez participó en los múltiples procesos electorales con abiertas posiciones socialistas, que refrendó en el último periodo un 55% del electorado, con un 80% de participación ciudadana.

Bartra subraya la falta de coordinación entre movimientos sociales y organizaciones electorales como si no existiera en México una historia muy reciente de varias décadas de luchas democráticas que establecieron por la vía del voto “gobiernos de izquierda” en varios estados de la República, incluyendo la capital, mismos que se corrompieron hasta perder su fisonomía, e incluso sus principios fundacionales, y sus gobiernos no se distinguieron precisamente por ser ejemplos de cambio de régimen (Guerrero, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Distrito Federal, Oaxaca); la profusión de críticas se hace cómo si no hubieran tenido lugar singulares procesos ciudadanos en defensa del voto, administrados finalmente por sus dirigentes en función de sus intereses personales, partidarios o de grupos, olvidando, de paso, los más de 600 muertos del PRD, entre las filas de los más pobres, principalmente. 

Las izquierdas electorales mexicanas, pese a las traumáticas experiencias de 1988 y 2006, y sin que mediara una autocrítica sobre su actuación en esas coyunturas, no se organizaron ni tampoco organizaron a la sociedad para revertir el fraude que venía preparándose meses antes de las elecciones del 2012; entrampadas en la institucionalidad de la que forman parte, asumieron nuevamente —sin fundamento alguno—, actitudes triunfalistas, mientras sus intelectuales, muchos de ellos ahora en Morena, perdieron el sentido de la crítica hacia su candidato a la presidencia, sus posiciones equivocas en temas fundamentales y el contenido ambivalente de una campaña salvada no del todo por la irrupción juvenil del Yo soy 132, que vino a darle una impronta inesperada. Esa izquierda que se alejó de los movimientos sociales importantes, como el de los pueblos indígenas (al que traicionó), o el que se pronuncia contra la renovada guerra sucia, o el que denuncia la abierta injerencia de Estados Unidos en nuestro país, firmó “pactos de civilidad” en el 2012, a sabiendas de que los operativos fraudulentos de Peña Nieto estaban en marcha, y actuó durante la campaña muy amorosamente indulgentes con grupos empresariales, clericales y con priístas recientemente conversos, entre ellos, nada menos que quien en 1988 operó la “caída del sistema”, y otro caso significativo de acomodo, el del fue subsecretario de Gobernación, y hoy gobernador de Tabasco. 

Que Andrés Manuel López Obrador “lleva diez años recorriendo el país, dialogando con la gente y creando una organización de ciudadanos”, como afirma Bartra, no me queda duda. La pregunta es si ésta organización de ciudadanos se ha enraizado en los movimientos populares y de resistencia, aparte de dedicarse a construir estructuras para el nuevo partido político, con sus eventuales prerrogativas económicas nada desdeñables y sus políticos profesionales que van conformando esa estructura partidaria. Si tomamos en cuenta el perfil de algunos precandidatos, como el secretario de salud del gobierno de Aguirre, o el del empresario que ha militado en partidos de todo color y que en Morelos pretende ser gobernador por Morelos, surgen algunas dudas. Según se ha venido conociendo, en otros estados, los precandidatos o candidatos de Morena para las elecciones de este año son empresarios o “personalidades”, “gente famosa”, sin ninguna trayectoria de lucha ni relacionados orgánicamente a ningún movimiento social, mientras las plurinominales serán rifadas “para inhibir la ambición de la condición humana”. ¿Es con este tipo de candidaturas y procedimientos fortuitos que se pretende cambiar al mal gobierno y elegir uno bueno? ¿Qué se busca crear poder popular abajo? ¿Es realmente Morena partido-movimiento? 

Claro que todos quisiéramos para México potentes organizaciones sociales unificadas a organizaciones políticas que se ganen el apoyo masivo en las urnas porque no abandonan la calle; esta combinación que Bartra considera invencible y visionaria, verso y prosa. Desgraciadamente, no es el caso. Pero el divorcio no provino del movimiento social que ha estado resistiendo, con muchos costos en vidas humanas, presos y desaparecidos, la criminalidad del poder y el embate de las corporaciones, que incluyen ambos al crimen organizado. La responsabilidad del rechazo al régimen de partidos de Estado, cada vez más extendida, recae en quienes no han sabido ganarse la confianza masiva de la ciudadanía a partir de su compromiso con las luchas populares del día a día, y no sólo para las coyunturas electorales, como las que ahora se aproximan.

Sin esperar a salvadores providenciales, los pueblos se organizan y buscan maneras inéditas de lucha y resistencia. Sin comparaciones que extrapolan situaciones, geografías, personajes y condiciones históricas disimiles, me pregunto: ¿es realmente,el dilema en México, votar o no votar en este año 2015? No lo creo. Sin embargo, están en todo su derecho quienes quieren organizarse nuevamente por esa vía, y me refiero especialmente a las bases de Morena, siempre y cuando, se espera, sea por el bien del país y por las trasformaciones de fondo que México necesita. El tiempo lo dirá.
En lo que si coincido plenamente con Bartra es en el clamor que ha dado la vuelta al mundo: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Fuente Artículo de Gilberto López y Rivas: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195374


Entrevista “Jorge Castorena” precandidato a Diputado Federal distrito IX "Tuxtla Gutiérrez". Movimiento Ciudadano

Radio Proletaria Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 12 de Febrero del 2015

por Antonio Hernández

Debemos construir ciudadanía desde abajo. "Jorge Castorena Martinez"

¿Cuál ha sido tu trayectoria Jorge?

Yo soy del distrito federal nací en Azcapotzalco, mi mama,  mi abuela y los abuelos de mi papa son de Chiapas, llevo viviendo siete años de manera permanente en Tuxtla Gutiérrez, Estudie periodismo en la escuela Carlos septién Garcia.
Desde el movimiento del  99 en la UNAM he estado participando en el activismo social, acá en Chiapas nos integramos al movimiento Yo Soy 132 en la coyuntura del 2012, hemos estado conociendo los diferentes movimientos sociales de activistas sociales que han estado integrándose y nos estamos empapándonos de las diferentes demandas ciudadanas de la protesta civil que sea dado dentro de las calles, hemos tenido la fortuna de convivir con estos movimientos sociales y ala par que hemos estado haciendo alianzas con todo estos sectores que buscan un Chiapas, un Tuxtla, un México Mejor. Mi trayectoria política estuvimos unos meses con morena dentro de su fundación y me invita el movimiento ciudadano para representar la precandidatura del distrito IX de Tuxtla, pero este proyecto no es particular mío sino es un proyecto en conjunto que se debe de ver como un todo acá esta todas las ideas que hemos enmarcado como 132 recae en mi yo tengo la suerte la fortuna de encabezar este movimiento pero no dejo de pensar que este es un nosotros no un tú.

¿Cómo nace la inquietud de ser diputado y por qué?

Yo pertenezco a esta generación que carece de oportunidades que difícilmente puede acceder a un trabajo digno bien remunerado que se le respete las horas de trabajo, que se les pague las horas extras eso ya no existe en el país, se han aprobado una serie de contra reformas por que no van para adelante sino es un retroceso de las luchas sociales históricas de nuestro país, nos han quitado seguridad social, acceso a la educación, a la salud a los empleos dignos nos están quitando acceso a una vida digna, a pesar de que pensamos de que no caminaríamos en los partidos políticos pero también hay que comprender que para incidir hay que estar dentro del monstruo, “José Martí” decía yo conozco al monstruo por que viví en el ahora quiero derribarlo. Señala Castorena Martinez.

Corre Video.


miércoles, 28 de enero de 2015

5 de febrero: Presentación pública de la Constituyente Ciudadana-Popular

Radio Proletaria Chiapas


Convocatoria

Las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, coronan la montaña de agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas trasnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años; tiempo en que se profundizaron el despojo y la ocupación neocolonial de nuestro país. Dichos “Crímenes de Estado” y de “Lesa Humanidad” expresan a plenitud el sentido profundo de las llamadas “reformas estructurales” y de los tratados de “libre comercio” bajo las órdenes de los gobiernos de los Estados Unidos.
El desastre económico, ambiental, los fraudes electorales, la corrupción y la violencia, que devinieron en catástrofe humanitaria, fueron provocados por las decisiones de las oligarquías capitalistas neoliberales y la clase política reinante. Son ellos quienes en aras de intereses antinacionales sembraron el caos y provocaron una crisis del Estado nacional que pone en riesgo el futuro de nuestro país, de la sociedad civil mexicana y de cada una de las personas, hombres y mujeres, que constituimos el pueblo de México.
En tales circunstancias, la superación de la crisis pasa por la necesaria refundación del Estado nacional. Por la reconstrucción-transformación de los soportes éticos, económicos, políticos y culturales necesarios para garantizar la independencia nacional, la justicia y el bienestar social, la democracia desde el pueblo, la paz y la libertad.
Una salida de este tipo, basada en las necesidades y anhelos de las mayorías nacionales, de las mujeres, los trabajadores del campo y la ciudad, las clases medias y los indígenas e indígenas-mestizos, no podrá venir de la putrefacta clase política reinante, ni de sus partidos e instituciones que sólo han servido para perpetuar la impunidad de sus integrantes. Y, mucho menos, de las empresas trasnacionales que hicieron de la economía una actividad criminal en la que despojo, delincuencia organizada y ganancias empresariales son una y la misma cosa.
La superación del desastre nacional y de la catástrofe humanitaria sólo podrá venir de nosotros la sociedad civil, de los agraviados y víctimas, no de sus victimarios. Así, la discusión de los contenidos sociales esenciales de lo que fue la Constitución de 1917, de cómo surgió, de qué le suprimieron los políticos y empresarios, es el primer paso para la formulación de un nuevo texto constitucional fincado en las necesidades de las mexicanas y los mexicanos. Es una de la vías que proponemos para generar las bases de un nuevo Proyecto de Nación y la organización de un sujeto social, integrado por millones de personas que haga valer en todo momento nuestro “derecho de alterar o modificar la forma de (…) gobierno” como reza el artículo 39° de la Constitución.
El crimen contra la legalidad y el pueblo cometido por los integrantes del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y Judicial, al usurpar las funciones que por derecho nos pertenecen. Al reformar contenidos esenciales de la Constitución alterando la forma y el sentido nacional y social del Estado surgido de la Revolución Mexicana, sin que mediara un proceso equiparable al Constituyente de 1917. El grado de ilegitimidad y de ilegalidad alcanzado los inhabilita como representantes de la nación, al faltar a su juramento de respetar y hacer valer la “Ley Suprema” que rige a mexicanas y mexicanos.
Así, nuestra iniciativa de Constituyente Ciudadana asume como propia la tarea de generar las condiciones para el desarrollo de un “Proceso Constituyente” que elabore una propuesta de nueva Constitución y restaure la legalidad. Que sea capaz de construir las condiciones necesarias para que las ciudadanas y ciudadanos nombren a las y los representantes de un Congreso de la Unión renovado, desde cada comunidad y desde todos los espacios ciudadanos que forman parte de cada distrito electoral.
Como construcción social desde la base, este proceso marchará de la mano de las iniciativas de lucha social y civil pacífica, por dar paso a un proceso de Refundación Nacional y hacer realidad el clamor de que se vayan todos los responsables de la tragedia nacional. De llevarlos ante la justicia por su responsabilidad en la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala y por la violencia que, de forma directa, ha cobrado la vida de más de 150 mil personas y la desaparición de 30 mil en los últimos 8 años. Sin contar feminicidios y sus crímenes económicos y sociales en contra de los derechos de los pueblos.
Insistimos, nuestra vía es la constitucional, la resistencia y la desobediencia civil pacífica ante un régimen ilegal y crecientemente dictatorial, al margen de los partidos políticos. Nuestra vía es la edificación de la unidad a través de la comunidad y la ciudadanía, distinguiendo claramente entre la minoría carente de sentimientos de humanidad y nosotros las mayorías nacionales.
Convocamos a la sociedad civil, a mujeres y hombres, sin importar credos, diversidad de género o clase social a poner en marcha la Refundación Nacional; a dar los pasos necesarios hacia la elaboración de una nueva Constitución que siente las bases democráticas para la elección de las y los representantes de un nuevo congreso sujeto a la voluntad de la ciudadanía, que destierre para siempre todo tipo de ordenamiento jurídico y económico que hace de la gestión pública un botín. Y que ponga fin a la impunidad, el racismo y el patriarcalismo. Servir y mandar obedeciendo ha de ser la nueva condición de quienes ocupen la representación de la sociedad civil.
El próximo 5 de febrero diversos grupos de ciudadanas y ciudadanos daremos a conocer el proyecto de construcción de la Constituyente Ciudadana-Popular, encabezado por el Obispo Raúl Vera López. Las actividades de la Constituyente Ciudadana-Popular iniciaran con el registro de las y los asistentes a la 9 am y se prolongaran hasta las 3 pm en el Centro Universitario Cultural, ubicado en Odontología #35, Copilco Universidad, Coyoacán, Ciudad de México.

Hacia la Constituyente Ciudadana-Popular
Atentamente

Comisión de facilitadoras y facilitadores de la Constituyente Ciudadana-Popular

Página: www.constituyenteciudadana.org

martes, 27 de enero de 2015

Marcha en Tuxtla Gutiérrez, En la Octava Accion Global por Ayotzinapa

Radio Proletaria chapas


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 26 de enero del 2015

Hoy 26 de enero se cumplen  cuatro  meses de la desaparición forzada y del crimen de estado en contra de los normalistas de Ayotzinapa, más de 2 mil personas de diversas Organizaciones Sociales, CNTE, la Normal Rural MATUMACZA  y sociedad civil se manifiestan  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para exigir la aparición con vida de los 43 desaparecidos y castigo a los culpables.

Ante los hechos sangrientos ocurridos el paso 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la ciudad de Iguala, donde Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, Fueron Emboscados y
masacrados por parte de los policías Municipales de Iguala y Cocula en coordinación con la Policía Federal y el ejército  dejando sin vida a cuatro estudiantes, así también resultando dos gravemente heridos uno de ellos con muerte cerebral y de igual manera provocando la desaparición de 43  Normalistas que hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

#AcciónGlobalporAyotzinapa  #YameCase26


VIDEO MARCHA

miércoles, 21 de enero de 2015

Trabajadores de la educación inician Jornada de Lucha a nivel Nacional y paro indefinido

Radio Proletaria Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 21 de enero del 2105

Trabajadores de la educación en Chiapas, Sección VII, sección 40, secundarias técnicas, normal Jacinto Kane´c y la Normal Rural Matucza, realizaron una marcha que partió a las 10 de la mañana en el puente de Chiapa de corzo con destino al parque central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Más de 40 mil maestros marcharon de Chiapa de corzo para el parque central de Tuxtla Gutiérrez, en el marco de la jornada nacional convocado por la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. en el estado de Chiapas más de 5 mil maestros fueron negados sus salarios por las pretensiones de Emilio Chaufet secretario de Educación Pública de centralizar la nómina educativa de todos los estados, la pretensión del gobierno es de imponer a toda costa las reformas estructurales.

El secretario general de la sección 7 del CNTE Adelfo Alejandro Gómez López dio a conocer que se quedara en plantón y por la tarde se instalará la asamblea estatal permanente que permita analizar todas las condiciones posibles para esta jornada de lucha de carácter unificado que permita ir viendo los problemas inmediatos, también exigimos  justicia por los 43 normalistas desaparecidos y los 6 estudiantes asesinados de Ayotzinapa Guerrero.






VIDEO 

Marcha