lunes, 8 de agosto de 2011

[Urgente!] Panamá: Policía reprime a niños estudiantes en Colón (Video y fotos)


¿Qué dice de esto la flamante Ministra de Educación, la colonense Lucy Molinar?


Policías antidisturbios reprimieron con gases lacrimógenos a niños estudiantes, docentes y padres de familia de la Escuela República de Bolivia, de enseñanza primaria, ubicada en Calle 16 de la ciudad de Colón.

Los manifestantes se pronunciaban por la cantidad de aguas negras acumuladas frente a la Escuela. Pese a denuncias previas las autoridades no habían hecho nada.

Cuatro docentes fueron detenidos y una educadora tuvo que ser llevada al hospital por los golpes recibidos.

Posteriormente, representantes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) llegaron al lugar y se comprometieron a hacer una limpieza de la zona.

Pese a su propagandizado proyecto de transformación curricular inconsulto, el Ministerio de Educación no logra satisfacer las necesidades básicas de los planteles educativos, por lo que a diario se suceden manifestaciones de estudiantes, docentes y padres de familia por doquier.

¿La ministra colonense Lucy Molinar que dirá de esta represión? Cuestionada ampliamente como prepotente y autoritaria, esta ministra, connotada miembro del Opus Dei, ha estado en el centro de la denuncia pública por el acaparamiento de tierras que realizó para luego legalizarlas a precios irrisorios, por el tráfico de influencias que efectúa para favorecer con contratos a hermanos y allegados y por la campaña sucia que lleva adelante contra los educadores panameños.

Condenamos este nuevo atropello y violación a los derechos humanos por parte del Gobierno de Ricardo Martinelli.

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MÁS DE 300 DELEGADOS DE LA COCYP CELEBRARON SU PRIMER ANIVERSARIO DE GESTIÓN EN CHIAPAS.



Más de 300 delegados de la Central de Organizaciones Sociales y Populares (COCyP) de 48 municipios celebraron su primer aniversario de gestión en la entidad chiapaneca.

En el acto su dirigente nacional José `Rafael Jacobo, en un balance de 5 años del gobierno calderonista de orientación neoliberal y sustentado en la alianza con Elba Esther, PRI, Iglesia Católica y EEUU, afirmo que ha crecido la miseria y el desempleo y se han fortalecido las mafias, los monopolios económicos, así como los cacicazgos políticos. Asentó que la tarea de la COCyP es impulsar la construcción de un frente social organizado que avance por una ruta política que permita trasformar el país.

Por su parte, Martin Longoria asesor de diversas organizaciones indígenas presento un estudio comparativo de los acuerdos de San Andrés respecto a las propuestas de la COCOPA, el Gobierno Federal y el PAN, planteando una crítica jurídica.

En el marco de la salutación fraterna, con la representación de la Coordinación de Organizaciones Sociales de ENCUENTRO AC y del Movimiento Social Chiapaneco Javier Yau Dorry asumió que la resistencia ancestral indígena, reseñando el acontecimiento de la ORCAO_UNORCA en Ocosingo, es un efecto de los agravios ancestrales que vienen padeciendo los pueblos de Chiapas desde la colonia y que en el mundo actual sustentado en un modelo económico absurdo y deshumanizante.

El académico de izquierda refirió que por esto, hoy veo un país quebrado económicamente, socialmente dividido, culturalmente mediatizado y políticamente indiferente, por lo cual este saludo fraterno es un llamado a la solidaridad; un llamado a la articulación de las conciencias de izquierda que no compartimos la visión de un mundo egoísta; un llamado a respaldar el proyecto alternativo de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y por enésima ocasión una demanda por la libertad de los compañeros Caralampio, Pathistan, el Marrito y demás hermanos de otras organizaciones sociales.

En el plan de acción se destacan la participación de delegados de Chiapas en la cumbre de los pueblos indígenas a realizarse del 18 al 21 de agosto en Papantla Veracruz, la participación solidaria con la OPEZ, los días 4 y 5 de septiembre en Frontera Comalapa y la movilización de 1200 delegados deCOCyP en la concentración de los pueblos en resistencia del 12 al 17 de septiembre en el Zócalo de la capital del país.

Con Calderón, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia


Posted by Proyecto Ambulante


En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista.

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras

El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

Militares implicados

En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó aContralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.

Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.

Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.

En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.

Para la realización de este trabajo, se solicitó una entrevista con Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; con Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, y con Ricardo Nájera Herrera, coordinador General de Investigaciones de la misma dependencia. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Restricción del fuero militar: “sólo un paso”

El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.

Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.

Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.

No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.

A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.

El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.

Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.

La guerra de Calderón y el hostigamiento a La Otra Campaña en Chiapas.



Kaik Julio 2011



En Medio de un panorama geopolítico de crisis ambiental, energética y social, los dueños del dinero tienen puestas sus expectativas en generar ganancias a lo largo de todo el territorio mesoamericano.

Para ello oponen diversos planes como el Proyecto Mesoamérica e IRSSA así como el acaparamiento de varios tipos de mercados que van desde la explotación y control de áreas estratégicas en recursos naturales prioritarios, pasando por los mercados armamentistas, y llegando hasta todos los mercados ilegales (tráfico de armas, drogas y personas).

Hay ganancias multimillonarias en este negocio y dichos mercados son fundamentales para el mantenimiento del sistema capitalista.

Para los empresarios de la industria de la guerra, México se ha vuelto prioritario. De manera legal, implementando planes de seguridad como la iniciativa Mérida, o de manera ilegal, encubriendo operaciones, en donde el paso de armas por la frontera norte es franco beneficiándose, como siempre, los proveedores de armamento que venden su producto a ambos bandos: alrededor del 70% de las armas incautadas en México en lo que va de la guerra de Calderón, provienen y fueron fabricadas en estados unidos.

La guerra que está viviendo México no es producto de una insurrección popular sino que viene dictada desde arriba y es en contra de todo el pueblo. La estrategia de Calderón no va a cambiar aunque cambie el partido en el poder. A la intervención militar y política de Estados Unidos se le ha dotado de un marco legal (plan de seguridad nacional) que le da permanencia y legitimidad. Estos son elementos de reflexión que nos indican que la estrategia de guerra parece no tener fin, porque como cualquier negocio, se mantendrá mientras siga generando ganancias.

Lo que en realidad se está disputando en esta guerra “contra el crimen organizado” es el monopolio de los mercados legales e ilegales a lo largo de todo el país. El aparato estatal en su totalidad esta infiltrado: la policía, el sistema de justicia, el ejército y la clase política. Es decir el Estado mismo es parte del crimen organizado.

Esta situación de violencia está rompiendo todas las relaciones sociales. Se vive con miedo y desconfianza, la mayoría de las y los muertos son civiles, se pisotean los derechos humanos todos los días. Incluso también se castiga con el delito de “crimen organizado” a quien se atreve a rebelarse y desobedecer este escenario de violencia que no decidió ninguno/a de nosotros/as.


Chiapas

Como parte de este contexto nacional, las comunidades, rancherías, pueblos y ciudades de Chiapas vivimos una guerra silenciosa de despojo. Además de la militarización en el estado y el reforzamiento de la frontera sur, la lucha por el control territorial se vive diariamente. La necesidad de las empresas, organismos internacionales, grupos criminales y gobiernos por disputarse y disponer de territorios enteros para beneficio económico, ha provocado el desplazamiento y usurpación de poblaciones enteras, violando su derecho al territorio y a la libre determinación. Los megaproyectos turísticos, de infraestructura y de “desarrollo” son parte de este reordenamiento territorial diseñado desde organismos multinacionales como el banco mundial.

Pero es en otra geografía y otro calendario, el de abajo, en donde viven las víctimas de su guerra que van sembrando redes de organización fuera de la lógica de la violencia y el dinero. Es abajo en donde los intereses comunes a todas y todos son los que cobran importancia. Y también es abajo donde se intentan crear redes propias, que desde la autonomía, respondan a las necesidades de la comunidad tomando control y decisión sobre su territorio. El ejemplo más claro son los Municipios Autónomos Zapatistas (MAREZ) que tejen redes construidas desde la autonomía y alimentadas día a día para levantar así una red sanitaria, una red educacional, una red cultural y una red de justicia. Del mismo modo hay comunidades con órganos de administración civil elegidos por la propia comunidad, rotativos y sin salarios, son las Juntas de Buen Gobierno.

Otra iniciativa que se está naciendo desde abajo es la Otra Campaña.

La Otra Campaña nace a partir de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN como un esfuerzo por construir una nueva forma de organizarnos entre todas y todos, desde abajo y a la izquierda, para luchar contra el sistema capitalista. Y desde entonces, en todo el país, todas las organizaciones, grupos, colectivos e individuos que se sumaron están soportando un acoso constante, en forma de detenciones ilegales a sus integrantes, acusaciones falsas, tortura, abuso de autoridad, ataque de grupos paramilitares, así como la negación de la impartición de justicia. Es decir, que cualquier forma legítima de protesta ahora es trasformada en delito y que cualquier persona que exprese su indignación ahora es parte de una “conspiración”. Cualquier persona que se organice con otras en público seguro está cometiendo “motín” y cualquier persona que denuncie por medio de una acción informativa es acusada de “ataque a las vías de comunicación”. Igualmente, cualquier proceso organizativo que salga desde abajo, es invisibilizado por un cerco mediático que esconde y disfraza de “avances” y “desarrollo” esta guerra de despojo.

Por eso, para nosotras las compañeras de Kaik, es importante visibilizar las denuncias que desde La Otra Campaña en Chiapas se hacen, para hacer volar su palabra y ayudar a entrelazar esas redes entre las y los de abajo.

(Primera de 5 partes)



Demasiado tarde para la sustentabilidad: necesitamos un cambio de sistema


Por Nicola Bullard


El mayor desafío que enfrentamos no es cómo entendemos la sustentabilidad, sino más bien cómo entendemos el desarrollo. Cuando consideramos el estado del mundo y el fracaso sistemático del "desarrollo" en proveer de alimentos, vivienda, educación y cuidado a la mayoría invisible, la palabra deja de tener contenido moral o incluso práctico.


Al tratar de encontrar un equilibrio entre el presente y el futuro sin plantearse una reformulación fundamental del desarrollo, el enfoque de la sustentabilidad de la Comisión Bruntland, hoy, en retrospectiva, resulta ingenuo. No obstante, en aquel momento parecía esperanzador. Creo que simplemente subestimamos la voraz capacidad del capital de cooptar y desvirtuar las ideas para ponerlas al servicio de sus propios intereses. Y puede ser que el problema radique no tanto en el término "sustentable" en sí mismo, sino en la dudosa compañía que lo rodea. Consideremos lo absurdo de la promoción doctrinaria que hace el Banco Mundial de un “crecimiento sustentable” a través de políticas que básicamente autorizan a las grandes empresas a arrebatar y vender la riquezas naturales como si no hubiera un mañana. Como consecuencia, nos enfrentamos hoy a la posibilidad de que nuestros mañanas estén contados, o al menos los mañanas que se parezcan al hoy.

Pero a pesar de las buenas intenciones y los sinceros deseos de la Comisión Bruntland de encontrar un mejor equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, la visión era esencialmente antropocéntrica, ya que su intención era encontrar la forma para hacer posible que la humanidad pudiera vivir digna y decentemente sin destruir el planeta. El desarrollo sustentable, un término profusamente mencionado en todo el Informe Bruntland, depende del crecimiento y la acumulación, aunque además incluye su redistribución y que ocurra dentro de límites “sustentables”.

De modo que quizá el mayor desafío que enfrentamos no sea cómo entendemos la sustentabilidad, sino más bien cómo entendemos el desarrollo. Cuando consideramos el estado del mundo y el fracaso sistemático del "desarrollo" en proveer de alimentos, vivienda, educación y cuidado a la mayoría invisible, la palabra deja de tener contenido moral o incluso práctico.

Del mismo modo, confrontados con el colapso de los ecosistemas, medioambientes tóxicos, el agotamiento de los suelos, el caos climático, la desaparición de especies, y la finitud de los combustibles fósiles, ¿tiene la sustentabilidad algún sentido, cuando es tan poco lo que queda para sostener? Deberíamos estar hablando más bien de regeneración y restauración de lo que se ha destruido, antes que de sustentabilidad.


La falta de imaginación es quizá nuestro mayor obstáculo: no la falta de imaginación para diseñar soluciones tecnocráticas complicadas para absorber los gases de efecto invernadero, construir formas de vida hechas a medida o nuevos instrumentos financieros para comerciar créditos de carbono. Ya hay demasiada imaginación humana abocada a “solucionar” problemas de manera equivocada. Lo que hace falta es imaginación para pensar cómo vivir de modo diferente, cómo desarmar las estructuras de poder que obstruyen el cambio, y cómo repensar el "desarrollo".

Las visiones del futuro que se basan en un progreso lineal hacia la modernidad y la felicidad no son más que ilusiones. Los Pueblos Indígenas y otros pueblos que viven con la Naturaleza ya lo saben. La sustentabilidad es circular, compleja, tiene que ver con armonía, relaciones y ritmos. No es un ejercicio contable cuyo propósito sea racionar la forma en que usamos los recursos del planeta.

Los Pueblos indígenas andinos hablan de la última crisis –la “crisis civilizatoria”- que nos obliga a volver a imaginar qué significa el “vivir bien” o “buen vivir”. El Presidente de Bolivia Evo Morales lo describe como “pensar no sólo en términos de ingreso per cápita, sino de identidad cultural, comunidad y armonía, entre nosotros, y con nuestra Madre Tierra".

Hermosas palabras, pero ¿cómo se pueden hacer realidad?


El Estado Plurinacional de Bolivia ha vuelto a escribir su Constitución. Ha vuelto a nacionalizar recursos claves, está desarrollando nuevas formas de gobierno y Evo Morales es el primer presidente indígena de la Américas. No obstante, los obstáculos a vencer son tremendos. Bolivia sigue profundamente sumergida en una división internacional del trabajo que se remonta al colonialismo del siglo XVI, y que la relega al papel de proveedor de mano de obra barata, tierra y recursos al resto del mundo. Los pueblos de Bolivia reclaman empleo, vivienda, tierras, salud, educación, agua potable y oportunidades de futuro. Estas mismas comunidades también defienden activamente la Naturaleza y los Derechos de la Madre Tierra, bloqueándoles el camino a las compañías mineras, defendiendo los bosques, deteniendo la extracción de petróleo. El Banco Mundial quizás quisiera hacernos creer que estos hechos contradictorios pueden amalgamarse en algo denominado "desarrollo sustentable". Pero en la medida que Bolivia siga atrapada en el sistema mundial donde el poder y los intereses económicos se imponen sobre todo, no habrá ni sustentabilidad ni desarrollo, sólo pobreza y desposesión. Y así termina el vivir bien o el buen vivir.

Los desafíos que enfrenta la sustentabilidad son muchos, pero a continuación presento los tres que quiero subrayar como conclusión.

En primer lugar, nuestra forma de entender el “desarrollo” simplemente es equivocada. No es posible seguir pensando a la sociedad como algo independiente de la naturaleza, ni a la economía separada de la base material de la producción (naturaleza). El crecimiento tal como lo conocemos ya no es posible.

En segundo lugar, el planeta está demasiado degradado y frágil para hablar de sustentabilidad. Debemos comenzar a hablar de regeneración y restauración.

En tercer lugar, el orden político y económico internacional se alza como obstáculo a los derechos de los pueblos y la Madre Tierra, y es necesario transformarlo. Más vale pronto que tarde.

La mayor esperanza de que el sistema cambie radica en el movimiento en constante crecimiento por justicia climática y ambiental. Este movimiento reúne a activistas de la justicia social y ambiental de maneras novedosas para enfrentar a las ortodoxias del desarrollo. Levanta las voces de las comunidades que luchan y resisten en el frente de batalla de las crisis ecológica y social, y está generando nuevas ideas sobre cómo volver a alinear la relación entre naturaleza y sociedad, informado por visiones del mundo que ya llevan demasiado tiempo subordinadas a las nociones occidentales del progreso. Los Pueblos indígenas hablan de crisis civilizatoria y de los Derechos de la Madre Tierra. Debemos escuchar y aprender. www.ecoportal.net

Nicola Bullard es actualmente la directora de Focus on the Global South y editora de Enfoque sobre Comercio. Este artículo apareció por primera vez en Development, Volumen 54, número 2, junio de 2011, “Challenges to Sustainability”, http://www.palgrave-journals.com/(...)







Perdimos a la generación de jóvenes de la primera década del siglo XXI: experto



En cinco años Calderón desapareció de la agenda pública el tema juvenil, señala Pérez Islas
Karina Avilés

Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 41

Al sostener que prácticamente ya perdimos a la generación de jóvenes de la primera década del siglo XXI, el coordinador del seminario de investigación en juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Antonio Pérez Islas, adelantó que esta casa de estudios presentará el próximo año una propuesta en la materia a los candidatos.

Lo anterior, se derivará de una serie de planteamientos producto del debate universitario. Para ello, del 10 al 12 de agosto se llevará a cabo el Seminario internacional de investigación: juventud, cambio generacional y vínculo social, cuya sede será la Torre de Ingeniería, en Ciudad Universitaria.

En entrevista, el experto destacó que la de hoy no es una crisis más, sino todo un cambio de época, en el que “muchos sectores son supernumerarios y no tienen cabida en el nuevo mundo.

Prácticamente ya perdimos a la generación de jóvenes de la primera década del siglo XXI por los vacíos escolares, laborales, el desempleo, la falta de acceso a vivienda, y también porque no llegan a convertirse en adultos plenos, explicó.

Del famoso bono demográfico en México, el cual es un periodo irrepetible en tanto que hay un excedente de mano de obra en razón de que el grueso de la población está en edades juveniles, nos quedan cinco de los 20 años que teníamos que aprovechar y no se ve que esto vaya a suceder, indicó. No obstante, es urgente contar con una política para la juventud, ya que impactará en cuestiones esenciales, como la respuesta que demandarán las personas de la tercera edad, los jubilados, los temas de la pobreza, de la salud, de la educación, en los cuales hay un déficit que se irá complicando cada vez más.

El investigador señaló que el gobierno de Felipe Calderón, abandonó a sus jóvenes. Han transcurrido cinco años en que el tema juvenil desapareció de la agenda pública.

La UNAM, espacio de reflexión para la comprensión de realidades, buscará contribuir para armar una propuesta novedosa en materia de juventud, que genere planteamientos de política pública, los cuales se entregarán a los candidatos a la Presidencia.

El encuentro de esta semana servirá para ese propósito. En el programa se establece que los jóvenes son el grupo poblacional que más ha sentido el impacto de las recientes crisis económicas mundiales. Pareciera ser que los vínculos sociales intra e intergeneracionalmente se están diluyendo, dejando a su suerte a la gran mayoría que busca integrarse a una ciudadanía plena.

Sin embargo, las nuevas generaciones no están cruzadas de brazos: construyen las oportunidades que las instituciones no les dan. Experimentando caminos nuevos, la mayor parte de las veces en el terreno legal, en otras de la paralegalidad y, en el extremo, de la ilegalidad.

El seminario constará de cinco mesas, cuyos temas son, entre otros, Nuevos caminos juveniles: ¿integración en la exclusión? y Estudiantes universitarios en la encrucijada contemporánea: ¿elegidos o resignados?

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Comunicado del Municipio Autónomo de San Juan Copala sobre la masacre del MULT-PUP en Agua Fría Copala el 5 de agosto

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Triquis se plantan frente al palacio de gobierno de Oaxaca con sus muertos, gobierno de Gabino Cué amenaza con desalojarlos
Amenaza el gobierno de Oaxaca al Municipio Autónomo de San Juan Copala
Velorio público de simpatizantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala asesinados frente al Palacio de Gobierno
Condena Sección 22 de la CNTE-SNTE de Oaxaca hechos de violencia contra el pueblo triqui

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO
A LA OTRA CAMPAÑA

Compañeras, compañeros nuevamente la sangre de nuestro pueblo vuelve a ser el botín de quienes en su infinita avaricia, no les importa el dolor del hijo, de la hermana, de la madre, de la esposa, con tal de cumplir sus ambiciones.

El día de ayer se cumplió lo que con anticipación habiamos denunciado otra masacre en nuestras tierras, que enluta y llena de dolor tres hogares de hombres y mujeres dignos que el primero de enero del año 2007 decidieron dejar de ser un numero en una organización clientelar, con una dirigencia palera de los malos gobiernos y de los ricos de este país, que lo único que les importa es saquear las riquezas naturales de nuestros pueblos.

Porque fue eso y solo eso lo que el MULT no perdonó nunca a nuestro movimiento el haber devuelto la palabra a nuestro pueblo para decidir su propio destino con la dignidad que por naturaleza los Triquis tenemos, muchos deslindes podrán decir con su boca llena de mentiras pero la realidad es que desde que nos separamos del MULT y de la UBISORT, muchos hermanos nuestros han muerto por sus manos criminales porque son ellos y solo ellos quienes han estado siempre tras los ataques a nuestro proyecto de Autonomía, son ellos quienes ocuparon el nombre de la UBISORT para junto a algunos criminales atacar sin piedad a SAN JUAN COPALA y desplazar al pueblo entero, son ellos los que hoy ocupan nuestra comunidad y nuestras casas y son ellos los que en complicidad con algunos funcionarios del gobierno quieren hacer creer que en San Juan Copala todo está en calma y se puede vivir con tranquilidad, son ellos quienes han tomado bajo su protección a Toño Pájaro y su grupo de criminales para vestirlos de impunidad.

Esta acción cobarde y criminal ya se venía preparando desde días antes con mentiras que estos criminales habían difundido a través de algunos medios de comunicación donde acusaron a nuestra organización de atacar a balazos la comunidad de la CIENEGUILLA, con esta perversa campaña de difamación solo preparaban las condiciones para masacrar a nuestros hermanos, y seguir gozando de la impunidad que les brinda el gobierno del Estado, porque queremos dejar claro que a pesar de existir órdenes de aprehensión en contra de los asesinos de nuestro pueblo, éstas no se ejecutan porque el poder de la dirigencia del MULT es superior al gobierno del Estado y es por eso que tienen el permiso para masacrar impunemente, y no solamente eso, sino que son premiados con pequeños bonos de 50 millones de pesos otorgados por el propio gobernador, dinero que su base social nunca llega a mirar tan es así que a pesar del tiempo que esta organización dirigida por gente ajena a nuestra cultura e historia lleva en el poder los pueblos Triquis son cada vez más explotados y más saqueados mientras labolsa de estos dirigentes es cada día más gorda.

El día de ayer a las 5 de la tarde nuestros hermanos: ALVARO JACINTO CRUZ, FRANCISCO RAMIREZ MERINO, JOSE LUIS RAMIREZ de 18, 37 y 39 años de edad respectivamente pasaron a ser víctimas de la impunidad que este gobierno del cambio ha permitido en la región Triqui baja, claro está, que también con la complicidad de algunos destacados funcionarios, priistas como diputados, presidentes municipales o secretarias de gobierno, nuestros compañeros fueron atacados de manera cobarde con armas de grueso calibre quedando muertos en la desviación de San Pedro Chayuco a cinco minutos de Agua Fría Copala cuando estaban por adquirir algunos productos de abarrotes.

Es por eso compañeras, compañeros que hacemos el llamado a la solidaridad de todos los que tengan bueno su corazón que nos apoyen a exigir justicia y nos acompañen en este largo camino que los Triquis nos hemos dispuesto a caminar hasta lograr la PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD que los pueblos originarios de este país merecemos, al mismo tiempo pedimos nos apoyen para poder sepultar dignamente a nuestros hermanos, ya que como todos sabemos somos un movimiento independiente que no recibe pequeños bonos ni se sienta con la secretaria de gobierno para suplicar limosnas.

¡YA BASTA DE IMPUNIDAD!

6 de agosto de 2011

RESPETUOSAMENTE

CONSEJO AUTONOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA

Sobre la piedra de los sacrificios


LUNES 08 DE AGOSTO DE 2011 11:50 TLACHINOLLAN

La decadencia del modelo civilizatorio de Occidente se manifiesta en la fascinación que tienen los poderosos por hacer la guerra contra los indefensos, por destruir a los enemigos del sistema y por infligir graves sufrimientos a los sectores excluidos. El espectáculo más redituable para los que buscan perpetuarse en el poder es la exaltación de la violencia, la exacerbación de la venganza y el gozo por la sangre derramada. El ajusticionamiento en los lugares públicos y el morbo por el suplicio de los desamparados es el indicador impúdico de la ingobernabilidad.

Todo sistema de gobierno fincado en la desigualdad, la discriminación y la injusticia genera sus propias víctimas, las necesita para fortalecer su poder, para reivindicarse, y para sentirse idolatrados. El espectáculo del poder se complace en el sufrimiento y la destrucción contra quienes atentan contra la estabilidad del sistema. Los protagonistas del circo político constituyen el genio perverso de la ingobernabilidad.

No es el circo de Roma sino el circo de la guerra contra el narcotráfico. Son los espectáculos crueles donde los nuevos gladiadores son personificados por un Ejército fuertemente apertrechado y por las bandas del crimen que tienen como la arena circense las avenidas, las carreteras y los puentes.

Con esta guerra, constatamos que el deseo de los gobernantes es que la sangre corra, que los cuerpos sean mutilados y que el lamento siga siendo el espectáculo. El circo de la muerte parece ser el círculo que llama la atención, en medio de este caos gubernamental, para gozar del espectáculo del dolor, y quedar a expensas de las fuerzas destructoras de las fieras del poder.

Nuestra sociedad se desplaza del respeto a las leyes y los derechos fundamentales hacia la vida lúgubre de las mazmorras y cloacas que han cavado los poderes impúdicos. El juego de la sangre ha degradado y generado odios entre los que se sienten dueños de este circo político. Han devastado la vida pública. Nos han sumido en el cráter de la muerte y nos han encerrado en la jaula de los animales enfurecidos.

Este monstruoso extravío en que nos han sumido los encorbatados de la política, los hace creer que están actuando como salvadores del pueblo. Son los nuevos inquisidores de la farsa del poder. Los que organizan el sufrimiento del pueblo, los que se hacen cómplices de las muertes de gente inocente y quienes se asumen como nuevos patrones de la esclavitud.

La nueva elite política se especializa en hacer negocios con el patrimonio del pueblo; en equipar a las fuerzas policiacas y militares para ponerlas a su servicio; en aprobar leyes para legalizar los actos del Ejército que violan los derechos humanos. Se busca endurecer las penas para tratar como delincuentes a cualquier movimiento de ciudadanos que se organiza y defiende sus derechos. Se busca criminalizar a los pobres y crear más terror entre la población que se rebela y que se resiste a vivir de las migajas del poder. El carácter sádico que predomina en los que controlan las instituciones y las leyes, los hace poseedores de una naturaleza execrada, porque no defienden el derecho de los oprimidos.

Este teatro político de la crueldad ha enfermado a nuestra sociedad. La violencia es la epidemia que corroe a nuestras instituciones. La impunidad y la corrupción forman parte del trastorno colectivo que padecen los gobernantes. La vida de los ciudadanos y ciudadanas ahora parece estar destinada para el suplicio, para ser víctimas de los espectáculos sangrientos y para vivir sumergidos en el dolor, el miedo y la inanición.

El gran conflicto que enfrentamos los ciudadanos es que por parte de los gobiernos, se siguen multiplicando los problemas a causa de los intereses mafiosos. En nombre del desarrollo, las autoridades se arrogan el derecho de atentar contra el patrimonio colectivo, que viene siendo la reserva que han sabido cuidar por siglos los pueblos originarios de nuestro estado. Estos pueblos siempre han sido catalogados por los gobiernos criollos y mestizos, como enemigos del desarrollo, porque resisten y generan mecanismos de autodefensa para evitar el etnocidio y el ecocidio.

El conflicto de fondo es que ningún gobernante es honesto. De manera sistemática ignoran toda la historia de abusos, saqueos, destrucción y muerte que han ocasionado las políticas públicas plagadas de ambición y de rapiña. Estos mismos gobernantes se atreven a reproducir visiones racistas sobre la inferioridad de los indígenas y de su atraso congénito. Sin ningún miramiento blasfeman para decir que ellos son culpables de su atraso y los responsables del bajo desarrollo que hay en el estado. Estas visiones miopes no sólo justifican la discriminación, sino que alientan acciones de fuerza contra quienes son estigmatizados como los enemigos del desarrollo.

La conflictividad que actualmente enfrentan los pueblos indígenas con las autoridades tiene como causa principal la negativa del gobierno a reconocer y respetar sus derechos. Persiste una actitud intolerante, beligerante y autoritaria por parte de los gobernantes, para imponer programas y proyectos que nada tienen que ver con su beneficio. Además han echado por la borda el derecho y la capacidad que poseen los pueblos para ser consultados y adoptar decisiones sobre cuestiones que afectan su vida y a sus intereses colectivos.

En nuestro Estado, los cuatro pueblos originarios siguen ocupando los últimos lugares en cuanto al índice de desarrollo humano se refiere. La tragedia es que el actual gobierno del estado no tiene contemplado cambiar de fondo las políticas clientelares y asistencialistas que se han aplicado durante más de setenta años. Además, nada representa la nueva ley aprobada por el Congreso del Estado sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Nació deslegitimada, sin la paternidad reconocida por los mismos pueblos. Careció de lo que demanda el principio internacional del deber que tienen los Estados de consultar a los pueblos indígenas, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Las autoridades federales, en contubernio con las del estado, de manera unilateral han decidido impulsar la entrada de las empresas mineras en los territorios indígenas, actuando de manera dolosa y perversa, al no garantizar el derecho a la consulta, ni permitir que la población indígena adopte decisiones autónomas, por encima de los intereses gubernamentales y empresariales. Se siguen reproduciendo los mismos vicios que ya aplicaban los encomenderos de la Colonia.

Actualmente a los Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales les están ofreciendo migajas; a través de dinero en efectivo o con programas gubernamentales para cooptarlos y meterlos a la lógica empresarial y de esta forma transformarlos en voceros de las empresas mineras.

La Procuraduría Agraria (PA), en lugar de promover el derecho de los pueblos a ejercer su libre determinación los engaña, manipula y amedrenta para que aprueben en sus asambleas los trabajos de exploración. Es lamentable que la Secretaria de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado esté al margen de esta problemática, y que ningún actor gubernamental haga valer los derechos de los pueblos indígenas.

Las mismas instituciones públicas están especializadas para discriminar, someter y extorsionar a los indígenas. Existe una relación desigual entre los funcionarios y los ciudadanos, que está mediada por el racismo y el autoritarismo. Son extremadamente graves los problemas de salud, educación, vivienda, acceso a la justicia, el derecho a la alimentación y la infraestructura para el desarrollo, que siguen siendo los problemas más acuciantes que padecen los pueblos originarios. Los migrantes internos e internacionales son invisibilizados. Las muertes de jornaleros agrícolas ni siquiera forman parte de las estadísticas oficiales. Los niños jornaleros no alcanzan a tener el estatus de ciudadanos guerrerenses, porque no existen en los documentos oficiales.

A pesar de tanto atropello, de tanta impunidad y de tantos abusos de militares los hombres y mujeres de los cuatro pueblos originarios, son los que han dado la vida y puesto en juego su seguridad para incidir en cambios estructurales, como ha sido el fuero militar y el acceso a la justicia, por parte de las mujeres indígenas.

En Guerrero se han librado grandes batallas, como las de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Ellas han cimbrado las estructuras del Estado y están obligando a que las autoridades mexicanas realicen cambios de fondo en la legislación federal, para garantizar que los delitos cometidos por los militares sean juzgados en el fuero civil.

En este día Internacional de los Pueblos Indígenas la mejor lección que éstos han dado es que ya no están dispuestos a seguir siendo víctimas de los abusos del Ejército; a no ser engañados por los encomenderos de los gobiernos empresariales, ni a ser víctimas del suplicio para ser inmoladas en el altar de los gobiernos apátridas. Ningún miembro de los pueblos originarios estará dispuesto a dar la vida en la piedra de los sacrificios de los gobiernos neoliberales.

DECLARACIÒN 2011 DE COMUNICACIÒN INDÌGENA



En la tierra que vio nacer el maíz, ahora germinan nuevas transformaciones de lucha en búsqueda del reconocimiento de los derechos en materia de comunicación; en los tiempos actuales en que los pueblos indígenas debemos de estar organizados, consolidados para enfrentar los embates políticos, sociales, económicos y culturales, que han sido limitantes para el desarrollo de nuestros pueblos; conscientes de la importancia de seguir generando espacios para el encuentro y participación en la búsqueda de los derechos para nuestros pueblos; las comunicadoras y comunicadores indígenas de diferentes puntos cardinales de este territorio nacional, con el acompañamiento de hermanos otros pueblos del Abya Yala, reunidos los días 3, 4 y 5 de agosto de 2011, al pie de la sierra Negra del estado de Puebla, sembramos nuevas reflexiones y acciones en cuanto a nuestra libertad para comunicarnos y hacer permanecer la palabra de los pueblos.

Declaramos
• Que ratificamos los acuerdos y resultados de los congresos anteriores y las reuniones de comunicadores de los pueblos originarios para la reforma de Ley de Radio y Televisión, la Ley de Telecomunicaciones, y suscribimos los acuerdos que se han generado, principalmente en los Congresos Nacionales de Comunicación Indígena, en la Cumbre Continental de Comunicación indígena del Abya Yala del 2010, para hacer valer nuestros derechos a la información y comunicación,

• Que La comunicación indígena es un ejercicio social y un derecho inherente de nuestra palabra con autonomía, en sus diversas manifestaciones y posibilidades de difusión, a la que los pueblos originarios damos forma y objetivo de acuerdo a las relaciones que mantenemos tanto al interior de nuestros pueblos y comunidades como con otras sociedades y entidades públicas.

• Así mismo, reconocemos la multiculturalidad y el plurilingüismo que conforma nuestro país, como punto de partida para establecer estrategias que fortalezcan y revaloren la cultura y lengua de nuestros pueblos y comunidades, retomando los puntos de acuerdo que en este cuarto congreso se han generado.

• Que con el fin de fortalecer la comunicación indígena en México en hermandad con los Pueblos Indígenas del mundo, nos hemos articulado a un proceso continental que cada día cobra más fuerza a través de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena iniciada en el Cauca Colombia en noviembre de 2010.

• Que Los comunicadores indígenas seguiremos impulsando propuestas de ley para hacer valer el derecho de la comunicación.


PRONUNCIAMOS:

1. Considerando los hechos de violencia contra las radios comunitarias, comunicadores indígenas en diferentes partes del país, exigimos al gobierno federal, que detenga las agresiones y haga valer el derecho a libertad de expresión.

2. Demandamos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, incorpore una comisión de este Congreso Nacional de Comunicación indígena como integrante del Consejo Consultivo de la CDI.

3. En cuanto a la política de comunicación institucional o pública, se deben abrir espacios para la participación de las comunidades, de tal forma que el indígena y sus organizaciones sean los representantes de su propia cultura, sin necesidad de intermediarios o mediadores.

4. Nos pronunciamos a favor del reconocimiento de la radiodifusión comunitaria que ha hecho el Instituto Federal Electoral en su reglamento en materia de medios.

5. Exigimos el respeto y expresamos nuestro apoyo y total respaldo a los comunicadores de Cherán dada la importante labor que realizan en la situación de violencia que vive su pueblo.

6. Dado que en el 2012, viviremos un proceso electoral para el cambio del ejecutivo federal, es necesario que los pueblos indígenas exijamos la inclusión de propuestas y acciones que respondan al desarrollo propio de los pueblos, incluyendo ahí a la comunicación indígena.

7. Exigimos el respaldo de las políticas públicas para la atención a los pueblos indígenas, en esta tarea, los comunicadores indígenas seremos un medio para generar e informar de las propuestas y exigencias para los gobiernos estatales y los congresos locales.

8. Los comunicadores indígenas reafirmamos el compromiso del respeto y valoración a la diversidad cultural y lingüística, mismos que seremos responsables de consolidar.

9. Refrendamos el compromiso obtenido en Colombia del 2010, para ser sede de la II Cumbre Continental de Comunicación indígena del Abya Yala en 2013, en Tlahuitoltepec, Oaxaca, de la que todos los comunicadores indígenas seremos parte en su organización y ejecución.

10. Acordamos que el Plan Nacional de Comunicación Indígena aprobado por este Congreso, será el eje rector para consolidar los procesos organizativos de la comunicación indígena, y sus acciones trabajarán para generar el ejercicio de la comunicación y hacer valer nuestros derechos. Por ello exigimos nuestro derecho a que dicho plan sea considerado por las instancias correspondientes.

11. La Comisión de Seguimiento será el mecanismo articulador para la búsqueda de espacios donde se exija, proponga y hagan valer los derechos de la comunicación y la ejecución del Plan Nacional.

12. Nos unimos a la celebración del 2012 como Año Internacional de la Comunicación Indígena e invitamos a los compañeros de los medios comunitarios, públicos y concesionados y a toda la población a unirse a los trabajos en el marco de este importante acontecimiento, buscando que contribuyamos juntos a crear condiciones favorables para la libre comunicación de los pueblos.

13. Nos solidarizamos con los pueblos hermanos del Cauca, Colombia que viven crecientes ataques y agresiones por parte del ejército y grupos paramilitares y exigimos al Gobierno de Colombia resguarde su seguridad sin violentar su autonomía. Demandamos de los organismos internacionales atención y vigilancia del respeto a los derechos indígenas en Colombia y la protección de los comunicadores indígenas que han sido amenazados, miembros de la RED AMCIC.

14. Respaldamos y apoyamos las luchas que sostienen los pueblos indígenas hermanos del continente en los diversos países, como lo son la lucha del Pueblo Mapuche en Chile y Argentina, de la Nación Qom en Argentina y ratificamos nuestro compromiso de seguirnos articulando para fortalecer nuestros caminos y avanzar juntos en la libre determinación de nuestros pueblos.

15. A todos los organismos nacionales e internacionales estar atento al seguimiento a los acuerdos establecidos en este cuarto congreso.


A los comunicadores indígenas participantes en este congreso, les pedimos asumir estos compromisos que estamos seguros impactarán positivamente en la comunicación indígena y la fortalecerán para estar al servicio de los pueblos y comunidades indígenas de México y el pueblo.

Lo suscrito por nosotros es nuestra palabra y es un documento con valor moral y cultural para todos los asistentes a este Congreso, quienes llevaremos este mensaje a nuestros pueblos, para que ellos del fuerza a nuestras tareas y a nuestra lucha por el derecho a lao comunicación indígena.

Dado y aprobado en Ajalpan-Puebla, México, a los 3, 4 y 5 días de agosto del 2011.

Padecen escasez alimentaria casi 50 millones de mexicanos: Coneval


Minimizar las cifras de pobreza puede provocar cambios en las políticas sociales: Damián
En inseguridad moderada viven 15.8 millones de personas, esto es, 1.8 millones más que hace dos años
Según sus datos, 55.7% de la población tiene acceso a comida suficiente


De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 40

El 46.1 por ciento de los mexicanos –49.9 millones– padece algún grado de escasez de alimentos y 55.7 por ciento viven con seguridad alimentaria, es decir, tienen acceso a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Los datos de la carencia de inseguridad alimentaria, uno de los seis derechos sociales que considera el Coneval para medir la pobreza, contrastan con las cifras que reportó: hay 11.7 millones de personas en pobreza extrema y 12.2 millones de mexicanos padecen inseguridad alimentaria severa.

El riesgo de minimizar las cifras de pobreza puede provocar cambios en la política social, ya que Oportunidades atiende a alrededor de 21 por ciento de la población nacional, más del doble del porcentaje que, de acuerdo con la medición oficial que reporta el Coneval, vive en pobreza extrema, que es de 10.4 por ciento (11.7 millones de personas). Esto puede provocar que quienes no estén considerados en esta miseria podrían perder esos apoyos, advierte en entrevista Araceli Damián, investigadora de El Colegio de México.

Esto puede llevar a una distorsión en las políticas, porque puede llegar un neoliberal y decir que se gasta mucho en pobreza, y que sólo se deberían dar apoyos a pobres extremos, que son esos 11.7 millones. Ahora hay que ser dos veces pobre: por carencias y por ingreso, lo cual se refleja en estos datos, añade.

Recuerda que hace dos años, de acuerdo con la medición de pobreza por ingresos, en pobreza alimentaria había 20.2 millones de personas y este año se reportaron 21.2 millones: 10 millones más de lo que muestran los indicadores oficiales.

Las cifras del Coneval llevan a la mentira de decir que la pobreza extrema no se incrementó, que se mantiene igual que hace dos años, y es falso, porque el indicador de acceso a la alimentación creció en 5 millones de personas en dos años. Qué más pobres extremos puede haber que alguien con inseguridad alimentaria, que se va a la cama sin alimento, con hambre, que algún miembro del hogar coma menos y los niños carezcan de alimentos, cuestiona. Ahora se ponen más requisitos para ser pobre: se vio que 44.5 por ciento, reportado en 2008, era una cifra más baja que la de la pobreza de ingresos patrimonial, que fue de 47.7.


Un indigente muestra un cartel que dejaron los integrantes del Congreso Popular, Social y Ciudadano durante su protesta en la Plaza de la ConstituciónFoto Marco Peláez
Desde que salió el dato se pensó que la pobreza multidimensional sirvió para bajar y no para profundizar en el problema, dice por su parte Julio Boltvinik.

De acuerdo con la información del Coneval, en inseguridad alimentaria moderada viven 15.8 millones de personas, 1.8 millones más que hace dos años, mientras en grado severo hay 12.2 millones, esto es, 1.4 millones más, que da en total 28 millones de personas: 5 millones más que en 2009.

En tanto, en inseguridad alimentaria leve vive 19.5 por ciento de la población, es decir, 21.9 millones de personas –2.4 millones más que en 2008–, aunque para tener una medida que refleje con la mayor precisión posible la existencia de limitaciones significativas en el ejercicio del derecho a la alimentación se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a los hogares que presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, indica el Coneval en el documento donde detalla la metodología de la medición multidimensional de la pobreza.

Explica que adoptó el criterio de la FAO de seguridad alimentaria, el cual es el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos. Este concepto se encuentra estrechamente vinculado con el acceso a la alimentación, por lo que se considera apropiado para la medición del indicador de carencia para esta dimensión.

Agrega que las escalas de seguridad alimentaria evalúan aspectos como la preocupación por la falta de alimentos, los cambios en la calidad y cantidad de los mismos, e incluso las experiencias de hambre. Detecta cuatro posibles niveles de inseguridad alimentaria: inseguridad alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria leve y seguridad alimentaria.

(Con información de Angélica Enciso L.)