Radio Proletaria Chiapas
Juan
Danell Sánchez
ALAI AMLATINA, 09/10/2014.- En historia, como en política, no existen las
coincidencias. Los hechos registrados son producto de proyectos y planes bien
definidos y que pueden estar diseñados para que sucedan a corto, mediano o
largo plazos. Todo depende de los objetivos que se persigan. Son producto de
estrategias de los grupos de poder, Estados y gobiernos. Un ejemplo de esto es
lo que vivimos hoy los mexicanos: el caos como catarsis del sistema
capitalista.
Hace 20 años y diez meses, al igual que hoy día, México experimentó la zozobra
y el miedo a la guerra, la sociedad vivió el pavor ante una posible revuelta
armada generalizada. En 1994 la razón de ello fue la aparición del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, con el Subcomandante
Marcos al frente, que por cierto resultó ser una botarga.
En estos días del otoño de 2014, el origen está en el desgobierno que ha
criminalizado al país, lo cual ha desencadenado sucesos abominables como la
masacre de estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y la violencia
desenfrenada de las bandas criminales en todo el territorio.
En aquel año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por
México, Estados Unidos y Canadá, que, no obstante la evidente asimetría de las
economías, en teoría catapultaría a nuestro país para pertenecer al grupo de
las naciones desarrolladas.
Se pusieron sobre la mesa todas las ramas y actividades productivas para su
libre comercio entre los tres países. Sólo se dejó fuera el petróleo mexicano.
En la IV Reunión Ministerial, realizada en Chantilly, Virginia (8 al 11 de
febrero de 1992), se logró un acuerdo tripartita para que las restricciones
constitucionales en materia de petróleo y petroquímica de México no se llevarán
a la mesa de negociación.
El resultado de eso, hoy, es que el vecino del Norte se convirtió en nuestro
principal socio comercial, dependemos en más de 80% de sus importaciones, la
producción nacional de exportación se concentró en aquella frontera, además de
que 60% de los alimentos que consumimos provienen de allá. Es decir, estamos
atados al mercado de los Estados Unidos.
Además, también, creció la pobreza, a 53% de la población total, y la quiebra
de medianas y pequeñas empresas. El campo está prácticamente desmantelado, así
lo demuestra la creciente importación de alimentos; y las oportunidades de
elevar la condición de vida del grueso de la población, cada vez se alejan más,
tanto que ahora son los empresarios quienes demandan que se aumente el salario
mínimo, porque ya entendieron que con el actual ingreso promedio de las
familias nunca se podrá dinamizar al mercado nacional.
En 1994 el miedo a la guerra fue la herramienta del Estado para sofocar la
protesta, la inconformidad y posible oposición a la entrada en vigor del TLC.
Veinte años después, es decir, en estos días de 2014, el Gobierno está
comprometido a hacer realidad lo que quedó pendiente en Virginia 20 años atrás,
con las grandes empresas petroleras y energéticas trasnacionales, que es
abrirles las reservas naturales de combustibles fósiles y generación de
electricidad, para lo cual estructuró la Reforma Energética y sus Leyes
Secundarias, que ya fueron aprobadas por el poder legislativo, pero que, sin
embargo, no cuentan con la aceptación de una gran parte de la sociedad, sobre
todo de aquellos que serán afectados en su patrimonio de manera directa y
contundente, como son las comunidades indígenas y campesinas.
Y aunque no se difunde en los medios de comunicación la protesta y resistencia
de los pueblos, a los planes de explotación de sus tierras por las
transnacionales, los hechos saldrán a la luz pública de una u otra forma, como
sucede con el desalojo de los habitantes de los terrenos de Texcoco, donde se
construirá el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y cuando esto suceda, el
Estado tendrá que contener las expresiones de inconformidad y la solidaridad
que pueda despertar en el resto de la sociedad esa lucha.
En este caso, los signos de la estrategia gubernamental son claros. Se muestra
condescendiente, incluyente y hasta paternal, con las expresiones de
inconformidad de movilizaciones como la de los estudiantes del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y les resuelve a su favor el pliego petitorio que le
presentaron.
En el caso del asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
manifiesta su indignación por los hechos y sentencia que el crimen no quedará
impune. Remite la responsabilidad de los hechos a la autoridad local y estatal
de Guerrero. Destaca la complicidad, en la masacre, de esos poderes con las
bandas criminales que dominan la entidad, y gran parte del país.
Se hace del asesinato un teatro del terror, para que todo mundo lo vea. Exhiben
los cadáveres descarnados y la desolación de los deudos. Se juega con los
sentimientos de la sociedad e inspira a la protesta, al reclamo, pero sobre
todo se deja patente el horror de que la violencia llegue a generalizarse.
Anidan, así, el miedo en la conciencia de la sociedad, que por otro lado le
proyectan la benevolencia del Estado justiciero.
Y la voz del gobierno mexicano se escucha en los foros internacionales, de los
que recibe apoyo, aprobación y promesa de colaboración para el esclarecimiento
del crimen, como lo expresaron los Estados Unidos y la Organización de Estados
Americanos (OEA).
Así, los hechos justifican la presencia e incursión del Ejército y cuerpos
policiacos federales en todas partes para dar con los culpables, y éstos
podrían estar en cualquier lado, puesto que las bandas criminales han permeado
todos los sectores sociales y gran parte del territorio nacional.
En esa búsqueda, que en caso de que se dificulte podría recibir el apoyo
policiaco y militar del extranjero, también, de paso, se pueden apagar las
protestas y resistencias de los pueblos que se oponen a que las empresas
trasnacionales los despojen de sus tierras, haciéndolos pasar como cómplices de
los criminales. De esa forma se limpiaría el camino para que se cumpla con los
compromisos adquiridos en la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias, como
sucedió con el TLC hace dos décadas. El sistema sigue firme.
- Juan Danell Sánchez es reportero mexicano, especializado en temas del campo,
indígenas y derechos humanos. jdanell1@hotmail.com
URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/77874
viernes, 10 de octubre de 2014
Ex-funcionario sabinista y juez abusan de mujer (detenida con irregularidades en Tonalá)
Radio Proletaria Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 9 de octubre de
2014.
Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna
Ochoa ha recibido información grave y preocupante a través de su área jurídica
en donde se denuncia que el exfuncionario sabinista del de nombre Pedro
Remigio López Ayanegui, quien se desempeñó como director del Centro de
Control de Confianza de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas (PGJE), y que actualmente es coordinador de campañas políticas del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y quien a través de su influencia
que presume abiertamente en el gobierno de Chiapas encabezado por Manuel
Velasco Coello, logró que el día sábado 4 de octubre del 2014 aproximadamente
de las 15:30 horas, policías ministeriales detuvieran con uso de
violencia a la señora Luz Hortensia Castro Mendoza de 58 años de edad (con
padecimiento de taquicardia y que presenta rotura del quinto disco de la
vértebra lumbar) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y
posteriormente fuera recluida en el penal de la ciudad de Tonalá por un supuesto
delito de DESPOJO que nunca se cometió, y hoy en día se encuentra con una
fuerte infección, sin la atención médica que se requiere, ya que en el CERS
Número 13, se le ha negado la atención médica.
Ante estos hechos graves, compareció la señora Karla Castro
Mendoza, hija de la señora Luz Hortensia Castro Mendoza, ante el área de
documentación de casos del Comité Digna Ochoa, en donde narra cómo sucedieron
los hechos y como la autoridad del poder judicial del Estado de Chiapas, por la
influencia del señor Pedro Remigio López Ayanegui en complicidad con el
juez del ramo penal de Tonalá Juan Manuel García Flores, están a punto de
consumar un abuso de poder en contra de su señora mamá.
Según información proporcionada por Karla Castro Mendoza,
señala que por una información extrajudicial se enteraron que su madre Luz
Hortensia Castro Mendoza tenía una orden de aprehensión girada por el Juez del
ramo penal de Tonalá Juan Manuel García Flores, por lo que el día 1 de agosto
del presente año presentaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito
con sede en la ciudad de Tapachula de Córdova Ordoñez, recayendo con el
Número 800/2014.
Ante el inicio del juicio de amparo, la autoridad Federal le
requiere informe justificado al Juez del Ramo Penal de Tonalá; esta
autoridad se infiere que al darse cuenta que se promovió un amparo contra la
orden de aprehensión, mañosamente en el expediente penal Número 283/2014, el
día 6 de agosto, dicta una resolución donde manifiesta que según faltan unas
fojas de la averiguación previa e informa que niega la orden de aprehensión,
cuando se vislumbra que es una estrategia para no informar la existencia
del acto reclamado a la autoridad federal, ya que el día 12 de agosto del 2014,
recibe el informe justificado el Juez de Distrito, donde el Juez del Ramo
Penal, niega la existencia de la orden de aprehensión, con lo que causa el
Sobreseimiento del juicio de garantías.
Sin embargo, el día 8 de Septiembre emite nuevamente
la orden de aprehensión en contra de la señora Luz Hortensia Castro Mendoza por
el supuesto delito de despojo agravado en agravio del influyente Pedro Remigio
López Ayanegui, en la cabecera municipal de Pijijiapan, para no otorgar el
derecho de fianza. Fue entonces que el día 4 de octubre, elementos de la Policía
especializada con uso excesivo de violencia ejecutaron la orden de aprehensión.
Por lo que en la declaración preparatoria de la señora Luz
Hortensia Castro Mendoza, su abogado defensor quién es miembro de este Comité
Digna Ochoa, solicitó la ampliación del término constitucional feneciendo el 10
de octubre; dentro del plazo constitucional el abogado al presentar pruebas en
favor de su defendida, solicitó hora y fecha para la inspección judicial del
lugar de los hechos; no admitiendo esta petición la autoridad judicial
bajo el único argumento de que no cuenta con los peritos que se requiera para
la práctica de dicha diligencia, violando de esta manera derechos humanos como
al debido proceso y a la defensa, particularmente lo que establece el artículo
142 del Código de Procedimientos Penales para Chiapas, por lo que se consigna
una grave violación de las garantías constitucionales, ya que según el abogado
es una prueba principal, puesto que el terreno que supuestamente se le despojó
al influyente Pedro Remigio López Ayanegui se encuentra amparado por una
escritura inscrita en el registro público de la propiedad desde el año 1979 a
favor de Luz Hortensia Castro Mendoza, actitud de la autoridad judicial que
violenta flagrantemente las garantías constitucionales, ya que también en
el momento de la declaración preparatoria el abogado solicitó copia simple de
todo el expediente penal y únicamente le dieron una parte, por lo que
está latente de que desaparezcan fojas del expediente para protegerse la autoridad
judicial de las graves irregularidades cometidas, y se teme que exista la
intención de dictarle auto de formal prisión a Luz Hortensia Castro
Mendoza.
Ante este hechos de suma gravedad, este Comité de Derechos
Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, manifiesta públicamente su
preocupación ante las injusticias cometidas el gobierno del Estado y las
autoridades de justicia de Chiapas encabezadas por Manuel Velasco Coello,
Raciel López Salazar y Rutilio Escandón Cadenas por lo que exigimos su inmediata
intervención para que actúen en consecuencia para que no se siga violando los
derechos humanos en el estado de Chiapas y particularmente de la señora Luz
Hortensia Castro Mendoza ya que su caso constituye un caso paradigmático de que
la procuración de justicia en Chiapas sigue persistiendo el abuso, el
influyentismo y la violación de derechos humanos.
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS DIGNA OCHOA
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