Radio Proletaria Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 09 de Septiembre del 2014
A la opinión pública nacional e internacional
A la sociedad civil
A los pueblos y naciones que integramos a la nación mexicana
Todo apunta a que la masacre de estudiantes y
civiles ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser tipificada como crimen
de Estado. Más allá del involucramiento directo de policías y paramilitares
pertenecientes al municipio de Iguala, existen múltiples indicios que sugieren
el montaje de una provocación mayor. La existencia de un plan deliberado,
coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del
Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos,
policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan
cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense como la DEA, la CIA, el
FBI, la ASN y el mismo ejército estadounidense.
No debe descartarse que el baño de sangre y el
terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías
corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo
sobre la masacre perpetrada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de
México, donde fueron ejecutadas 22 personas. Se comete un crimen mayor para
ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre las mafias de la
clase política local, entre figueroistas y perredistas.
Por el contexto político y social que vive el país
y por la larga cadena de antecedentes represivos del PRI y de quienes
gobiernan, tampoco debe excluirse que estamos entrando a nueva fase represiva
contra la sociedad civil, donde las operaciones de los grupos de paramilitares
y las fuerzas armadas se dirigen también contra los movimientos sociales y
civiles.
Peña Nieto, el responsable de crimen de
estado perpetrado en Atenco en mayo de 2006, tomó posesión en medio de una
provocación el 1º de diciembre de 2012, en la que se coludieron los mandos de
las fuerzas federales y las del Gobierno del Distrito Federal. El resultado
arrojó la muerte de Juan Francisco Kuykendall, de
múltiples heridos y detenidos. A la postre salió a relucir la utilización de
grupos paramilitares y de policías y militares que se disfrazaron de
manifestantes para provocar disturbios.
Lo acaecido en Iguala es la otra cara de las
reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el capital
trasnacional; y, al igual que la masacre de Atlatlaya, no son eventos
excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de ocupación neocolonial de
nuestro país. Es una extensión de la violencia desatada por los últimos
gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre
desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas
“colaterales”. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que
en medio de la violencia. La matanza de normalistas de Ayotzinapa es una
lección ejemplar dirigida a quienes se atreven a disentir y protestar. Una
provocación para incitar a que los oprimidos respondan a balazos y así
justificar la represión a gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra,
el capital trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa
pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.
La elección de las víctimas —los estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa— no fue accidental. Tampoco la forma en que
previamente se les criminalizó para luego masácralos, torturarlos y
desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen perpetrado en Iguala que puede ser
comparado con las masacres cometidas por el Estado mexicano en épocas
recientes: con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 y las
masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; equiparable a la
matanza de Acteal en 1997, a las masacres de Aguas Blancas y el Charco en
Guerrero; a los más de 500 asesinatos cometidos en contra de perredistas
durante el gobierno de Carlos Salinas, y la toma
violenta de San Salvador Atenco. entre otros. La condena de la ONU, la OEA y las
recomendaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos ante este
hecho atroz y genocida, muestran la gravedad del crimen.
En cualquier otro país que se precie de
democrático, el presidente y su gobierno habrían renunciado ante un suceso como
el de Tlatlaya o el de Ayotzinapa. Aquí Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre
Rivero, con la abierta complicidad del poder judicial y legislativo, de los
medios de comunicación y del grueso de la clase política, manipulan las
indagatorias y evaden sus responsabilidades, creando chivos expiatorios. Sin
embargo, no pueden ocultar los nexos que guardan los grupos criminales con el
estado mexicano y un sector de empresarios. Sin el patrocinio y la tutela de
ambos no sería posible la sobrevivencia de la “delincuencia organizada”. Son
ellos, además de la DEA o la CIA, quien los surte de armas, de canales
financieros para el lavado de dinero y de protección, tanto en el territorio
nacional como en Estados Unidos y más allá.
El terrorismo de estado nos ha colocado a todos y
todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total.
Nuestra vida no les merece la menor importancia; todos y todas somos
potenciales víctimas. Quienes hoy mal gobiernan ya no deben permanecer al
frente de las instituciones de la Republica; todos ellos son responsables del
desastre nacional; ellos abandonaron todo principio ético de respeto por la
vida humana sin importar las banderas y colores partidistas que ostentan. Señor
Enrique Peña Nieto y Señor Ángel Rivero, les exigimos que presenten a los
desaparecidos; les pedimos, les demandamos, les exigimos que renuncien a sus altos
cargos y comparezcan ante la justicia junto a todos sus cómplices.
A todos y todas les pedimos estar atentos
a las acciones que promoveremos en los próximos días; además, llamamos a
participar en todo tipo de acciones de resistencia civil pacífica que desde la
sociedad civil se vienen impulsando. Las actividades, que por nuestra parte
promoveremos, serán anunciadas en la página, el correo y el Facebook de la
Constituyente.
Favor de ENVIAR
SUS FIRMAS DE ADHESIÓN a este pronunciamiento al correo mencionado.
Primeras firmas:
Obispo José Raúl
Vera López, Gabriela Juárez, José Guadalupe Suárez, Alfonso Anaya, Patricia Santiago, Luz María
Montoya, Leonor Cortés, Hildelisa Preciado, Rocío Eslava, Pablo Velarde, Hilda
Goicochea, Eva Cárdenas, Minerva Andrade, Lázaro González, Graciela Rangel,
Leticia Guerrero, Guadalupe Luquín. Leonel Ávila. Raciel Gutiérrez, Juan
Melchor, Lied Miguel, Yury Zareth, Estela Cabrera, Isabelle Cauzard, Víctor
Manzanares, Francisco Chew, Pedro Ramírez, Marcos Tello, Magdiel Sánchez, Romeo
Cartagena, Jessica Alcázar, Fernando Márquez, Daniela Fontaine, Fernanda
Tomasini, Ximena Ponce,
Firmas
internacionales:
Rainer Stoeckelmann (Alemania), Silvia
Tenorio (El Salvador)
Correo: constituyenteciudadana@gmail.com
Página: www.constituyenteciudadana.org
Face: @constituyenteciudadana