Sobre la piedra de los sacrificios

LUNES 08 DE AGOSTO DE 2011 11:50 TLACHINOLLAN

La decadencia del modelo civilizatorio de Occidente se manifiesta en la fascinación que tienen los poderosos por hacer la guerra contra los indefensos, por destruir a los enemigos del sistema y por infligir graves sufrimientos a los sectores excluidos. El espectáculo más redituable para los que buscan perpetuarse en el poder es la exaltación de la violencia, la exacerbación de la venganza y el gozo por la sangre derramada. El ajusticionamiento en los lugares públicos y el morbo por el suplicio de los desamparados es el indicador impúdico de la ingobernabilidad.

Todo sistema de gobierno fincado en la desigualdad, la discriminación y la injusticia genera sus propias víctimas, las necesita para fortalecer su poder, para reivindicarse, y para sentirse idolatrados. El espectáculo del poder se complace en el sufrimiento y la destrucción contra quienes atentan contra la estabilidad del sistema. Los protagonistas del circo político constituyen el genio perverso de la ingobernabilidad.

No es el circo de Roma sino el circo de la guerra contra el narcotráfico. Son los espectáculos crueles donde los nuevos gladiadores son personificados por un Ejército fuertemente apertrechado y por las bandas del crimen que tienen como la arena circense las avenidas, las carreteras y los puentes.

Con esta guerra, constatamos que el deseo de los gobernantes es que la sangre corra, que los cuerpos sean mutilados y que el lamento siga siendo el espectáculo. El circo de la muerte parece ser el círculo que llama la atención, en medio de este caos gubernamental, para gozar del espectáculo del dolor, y quedar a expensas de las fuerzas destructoras de las fieras del poder.

Nuestra sociedad se desplaza del respeto a las leyes y los derechos fundamentales hacia la vida lúgubre de las mazmorras y cloacas que han cavado los poderes impúdicos. El juego de la sangre ha degradado y generado odios entre los que se sienten dueños de este circo político. Han devastado la vida pública. Nos han sumido en el cráter de la muerte y nos han encerrado en la jaula de los animales enfurecidos.

Este monstruoso extravío en que nos han sumido los encorbatados de la política, los hace creer que están actuando como salvadores del pueblo. Son los nuevos inquisidores de la farsa del poder. Los que organizan el sufrimiento del pueblo, los que se hacen cómplices de las muertes de gente inocente y quienes se asumen como nuevos patrones de la esclavitud.

La nueva elite política se especializa en hacer negocios con el patrimonio del pueblo; en equipar a las fuerzas policiacas y militares para ponerlas a su servicio; en aprobar leyes para legalizar los actos del Ejército que violan los derechos humanos. Se busca endurecer las penas para tratar como delincuentes a cualquier movimiento de ciudadanos que se organiza y defiende sus derechos. Se busca criminalizar a los pobres y crear más terror entre la población que se rebela y que se resiste a vivir de las migajas del poder. El carácter sádico que predomina en los que controlan las instituciones y las leyes, los hace poseedores de una naturaleza execrada, porque no defienden el derecho de los oprimidos.

Este teatro político de la crueldad ha enfermado a nuestra sociedad. La violencia es la epidemia que corroe a nuestras instituciones. La impunidad y la corrupción forman parte del trastorno colectivo que padecen los gobernantes. La vida de los ciudadanos y ciudadanas ahora parece estar destinada para el suplicio, para ser víctimas de los espectáculos sangrientos y para vivir sumergidos en el dolor, el miedo y la inanición.

El gran conflicto que enfrentamos los ciudadanos es que por parte de los gobiernos, se siguen multiplicando los problemas a causa de los intereses mafiosos. En nombre del desarrollo, las autoridades se arrogan el derecho de atentar contra el patrimonio colectivo, que viene siendo la reserva que han sabido cuidar por siglos los pueblos originarios de nuestro estado. Estos pueblos siempre han sido catalogados por los gobiernos criollos y mestizos, como enemigos del desarrollo, porque resisten y generan mecanismos de autodefensa para evitar el etnocidio y el ecocidio.

El conflicto de fondo es que ningún gobernante es honesto. De manera sistemática ignoran toda la historia de abusos, saqueos, destrucción y muerte que han ocasionado las políticas públicas plagadas de ambición y de rapiña. Estos mismos gobernantes se atreven a reproducir visiones racistas sobre la inferioridad de los indígenas y de su atraso congénito. Sin ningún miramiento blasfeman para decir que ellos son culpables de su atraso y los responsables del bajo desarrollo que hay en el estado. Estas visiones miopes no sólo justifican la discriminación, sino que alientan acciones de fuerza contra quienes son estigmatizados como los enemigos del desarrollo.

La conflictividad que actualmente enfrentan los pueblos indígenas con las autoridades tiene como causa principal la negativa del gobierno a reconocer y respetar sus derechos. Persiste una actitud intolerante, beligerante y autoritaria por parte de los gobernantes, para imponer programas y proyectos que nada tienen que ver con su beneficio. Además han echado por la borda el derecho y la capacidad que poseen los pueblos para ser consultados y adoptar decisiones sobre cuestiones que afectan su vida y a sus intereses colectivos.

En nuestro Estado, los cuatro pueblos originarios siguen ocupando los últimos lugares en cuanto al índice de desarrollo humano se refiere. La tragedia es que el actual gobierno del estado no tiene contemplado cambiar de fondo las políticas clientelares y asistencialistas que se han aplicado durante más de setenta años. Además, nada representa la nueva ley aprobada por el Congreso del Estado sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Nació deslegitimada, sin la paternidad reconocida por los mismos pueblos. Careció de lo que demanda el principio internacional del deber que tienen los Estados de consultar a los pueblos indígenas, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Las autoridades federales, en contubernio con las del estado, de manera unilateral han decidido impulsar la entrada de las empresas mineras en los territorios indígenas, actuando de manera dolosa y perversa, al no garantizar el derecho a la consulta, ni permitir que la población indígena adopte decisiones autónomas, por encima de los intereses gubernamentales y empresariales. Se siguen reproduciendo los mismos vicios que ya aplicaban los encomenderos de la Colonia.

Actualmente a los Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales les están ofreciendo migajas; a través de dinero en efectivo o con programas gubernamentales para cooptarlos y meterlos a la lógica empresarial y de esta forma transformarlos en voceros de las empresas mineras.

La Procuraduría Agraria (PA), en lugar de promover el derecho de los pueblos a ejercer su libre determinación los engaña, manipula y amedrenta para que aprueben en sus asambleas los trabajos de exploración. Es lamentable que la Secretaria de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado esté al margen de esta problemática, y que ningún actor gubernamental haga valer los derechos de los pueblos indígenas.

Las mismas instituciones públicas están especializadas para discriminar, someter y extorsionar a los indígenas. Existe una relación desigual entre los funcionarios y los ciudadanos, que está mediada por el racismo y el autoritarismo. Son extremadamente graves los problemas de salud, educación, vivienda, acceso a la justicia, el derecho a la alimentación y la infraestructura para el desarrollo, que siguen siendo los problemas más acuciantes que padecen los pueblos originarios. Los migrantes internos e internacionales son invisibilizados. Las muertes de jornaleros agrícolas ni siquiera forman parte de las estadísticas oficiales. Los niños jornaleros no alcanzan a tener el estatus de ciudadanos guerrerenses, porque no existen en los documentos oficiales.

A pesar de tanto atropello, de tanta impunidad y de tantos abusos de militares los hombres y mujeres de los cuatro pueblos originarios, son los que han dado la vida y puesto en juego su seguridad para incidir en cambios estructurales, como ha sido el fuero militar y el acceso a la justicia, por parte de las mujeres indígenas.

En Guerrero se han librado grandes batallas, como las de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Ellas han cimbrado las estructuras del Estado y están obligando a que las autoridades mexicanas realicen cambios de fondo en la legislación federal, para garantizar que los delitos cometidos por los militares sean juzgados en el fuero civil.

En este día Internacional de los Pueblos Indígenas la mejor lección que éstos han dado es que ya no están dispuestos a seguir siendo víctimas de los abusos del Ejército; a no ser engañados por los encomenderos de los gobiernos empresariales, ni a ser víctimas del suplicio para ser inmoladas en el altar de los gobiernos apátridas. Ningún miembro de los pueblos originarios estará dispuesto a dar la vida en la piedra de los sacrificios de los gobiernos neoliberales.