Presentación
Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos es motivo de gran satisfacción conmemorar el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, abordando un tema crucial para México:
los retos y perspectivas de la cobertura periodística.
Las libertades de expresión y de prensa se han convertido en uno de los
principales temas en la agenda nacional. Para los organismos internacionales
de derechos humanos el respeto a ambas libertades constituye uno de los
temas de mayor preocupación. El Comité de Derechos Humanos de la onu
resaltó en marzo del 2010 la situación que enfrentan las y los periodistas.
Porsu parte, en el ámbito del sistema interamericano, hace un par de semanas
se hizo público el informe anual de la Relatoría sobre Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el balance
acerca de la situación imperante en México es sacudidor y sin duda obliga al
Estado mexicano a tomar medidas y acciones tendientes a mejorar el respeto
y salvaguarda de dos libertades claves para una sociedad democrática.
Los años recientes han sido particularmente violentos para el periodismo
en México. Las y los periodistas se han vuelto especialmente vulnerables
a recibir ataques y agresiones provenientes de diversas latitudes. Tan sólo
en lo que va del año 2010, cuatro periodistas han sido asesinados. Valentín
Valdés, Evaristo Pacheco, Jorge Ochoa y José Luis Romero fueron ejecutados
en entornos de inseguridad y violencia como los que imperan en los
estados de Coahuila, Guerrero y Sinaloa. A la ejecución de periodistas, se
suma la desaparición. A inicios del mes que corre, Ramón Ángeles Zalpa
desapareció en el estado de Michoacán, lo que engrosa a diez el número de
periodistas cuya localización se desconoce desde el año 2000.
Es preciso atender información recabada por organizaciones de la sociedad
civil, como Artículo 19 y cencos, en la que se identifican a personas
vinculadas con el crimen organizado, funcionarias/os estatales y fuerzas de
seguridad como presuntos/as responsables de las agresiones. Ante este escenario
el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad por acción y/u
omisión e investigar los hechos, procesar a las/os presuntos responsables,
juzgarlos y, en su caso, aplicarles las sanciones correspondientes; así como
reparar a las víctimas y sus familiares.
Por tratarse de una función social de primer orden, no es necesario esperar
a que la agresión se presente para que el Estado asuma su responsabilidad
en materia de prevención. Por ello, es crucial dar nacimiento a un mecanismo
nacional de protección para periodistas, defensores y defensoras de
derechos humanos, tal y como lo ha recomendado la Oficina en su informe:
“Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”.
Las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos implican
también la responsabilidad de crear y generar las condiciones para que
todas las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la
libertad de expresión y de prensa. Esto supone la obligación de crear un
marco jurídico capaz de garantizar la pluralidad y diversidad en los medios
de comunicación.
En los últimos años hemos presenciado en México un debate público
interesante en torno a los principios y criterios que deben inspirar la normatividad
que regula a los medios de comunicación. Toda legislación en
la materia debe tener como uno de sus objetivos centrales el respeto al
derecho a la libertad de expresión, el acceso de todas las personas a los medios
de comunicación sin ningún tipo de restricción (especialmente a las
radios indígenas y comunitarias); la perspectiva de género, teniendo como
principio la igualdad entre las mujeres y los hombres sin discriminación de
ninguna índole y bajo ninguna circunstancia; así como la pluralidad y libre
competencia de los medios de comunicación que evite la concentración
del espectro radioeléctrico.
En este sentido, nuestra Oficina lamenta que el Estado haya perdido
una vez más la oportunidad de generar una reforma integral a la legislación
de medios, que ofrezca certezas y garantice el derecho a la libertad de expresión
y a la libertad de prensa.
Hacemos un especial señalamiento a la persecución legal de la expresión.
Si bien es cierto que a nivel federal se han dado pasos importantes
para de-criminalizar la libertad de expresión, derogando los así denominados
“delitos contra el honor” (difamación, calumnias e injurias), aún hay
estados que mantienen vigentes algunos de los citados tipos penales. Por
ello es necesario realizar con prontitud las reformas locales para que desaparezcan
los delitos contra el honor, tal y como lo refiere el Comité de
Derechos Humanos en sus conclusiones sobre México.
Frente a la despenalización de la libertad de prensa ha surgido un nuevo
reto: el relativo a los efectos que la responsabilidad derivada de demandas
civiles puede tener sobre la libertad de expresión. Casos como los de la revista
“Contralínea” o las demandas que enfrentan otras personas dedicadas
al periodismo dan muestra de cómo el acoso judicial se ha convertido en
obstáculo para que los medios y las y los periodistas satisfagan el derecho
de la sociedad a estar informada.
Finalmente, quiero señalar que mientras algunas violaciones a las libertades
de expresión y de prensa han merecido una relativa atención pública, las
restricciones indirectas a los medios de comunicación permanecen en la mayoría
de los casos invisibilizadas. En particular, para nuestra Oficina genera
una profunda preocupación la asignación o el retiro de la publicidad oficial
como mecanismo de premio o castigo ante la línea editorial de los medios.
El uso abusivo y arbitrario que pueden llegar a realizar los gobiernos
para asegurar o condicionar coberturas favorables e inhibir la crítica, junto
con la manipulación en la asignación de la publicidad oficial, puede socavar
la independencia de los medios y minar las libertades de expresión y prensa.
Ante ello es preciso que el Estado mexicano impulse la adopción de
una normatividad que establezca procesos de contratación en la publicidad
oficial claros, justos, imparciales y no discriminatorios.
Ante este escenario es necesario recalcar que los obstáculos a la libertad
de prensa y de expresión inciden en el derecho a la información plural que
tiene nuestra sociedad y son libertades sustanciales para tener un Estado
democrático.
Alberto Brunori,
Representante en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(octubre 2008-junio 2010)
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