El pasado 6 de octubre de 2011, en presencia del Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y del Secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, Alejandra Sota, Vocera de Seguridad Nacional del Gobierno Federal, anunció la puesta en marcha de la Operación Coordinada “Guerrero Seguro”, en este anunció también estuvieron presentes Marisela Morales, Procuradora General de la República, el Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal, así como de el Secretario de Marina Mariano Francisco Saynez Mendoza y de Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, en un intento por responder a la grave crisis de seguridad que se vive en la entidad.
De acuerdo con la escasa información que hasta ahora se ha hecho pública, el nuevo operativo conjunto implica el despliegue de 2 mil elementos de la entidad, a razón de mil elementos del Ejército, 300 de la Marina, 650 de la Policía Federal y 50 de la Procuraduría General de la Republica (PGR), a los que se sumarían mil policías estatales y 500 más que se incorporarán al servicio en noviembre.
En Guerrero, cabe recordar, la violencia ha privado de la vida a más de mil personas en lo que va del año, acumulándose cerca de seis mil homicidios que se han cometido desde que la administración del Presidente Felipe Calderón inició la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, según cifras de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM).
Para las organizaciones firmantes, el anuncio del nuevo Operativo “Guerrero Seguro” no implica ninguna novedad; por el contrario, supone repetir una estrategia que ha mostrado ser ineficaz para abatir la violencia, y que además incrementa los riesgos de que ocurran nuevas violaciones a derechos humanos. Programas semejantes no sólo han mostrado ser ineficaces en Guerrero, sino también en otros estados como Chihuahua.
En Guerrero durante el año 2007 se anunció e implementó, la “Operación Conjunta Guerrero” de proporciones considerables y muy similar al que se ha dado a conocer, justificada en aquel momento por virtud del incremento de la violencia, consistente en el despliegue masivo de elementos federales en la entidad. Inclusive, el 19 de enero de ese año, en el puerto de Acapulco, el propio Presidente Calderón formalizó el inicio de este operativo y dio a conocer el envío a la entidad de 7,600 elementos federales de seguridad, mayoritariamente adscritos a las Fuerzas Armadas, según fue difundido en diversos medios de comunicación.
Respecto de dicho operativo, nunca se han dado a conocer oficialmente ni su culminación ni sus resultados, de tal manera que a la fecha no se ha realizado una evaluación integral sobre su éxito ni mucho menos sobre la pertinencia de repetir una acción similar.
En cuanto a la previsible ineficacia de un operativo de esta naturaleza, es preciso recordar que en Guerrero, y en otros estados donde se han implementado operativos de esta índole, las operaciones conjuntas no sólo no han abatido los índices de violencia sino que incluso los han incrementado. De acuerdo con diversos análisis que se han difundido en la opinión pública nacional, hay un efecto causal entre los operativos y el aumento de la tasa de los homicidios en estados como Guerrero[1]. Así, de acuerdo con los mismos estudios, en nuestra entidad la tasa de homicidios previa a la puesta en marcha del operativo conjunto de 2007 aumentó en los meses posteriores a su inicio.
Finalmente, en cuanto al incremento de las violaciones a derechos humanos que puede propiciar la nueva operación conjunta, es preciso señalar que después de que se implementó el anterior operativo, la propia CODDEHUM documentó en sus informes anuales, el dramático aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano en ese período, lo que motivó que en su informe correspondiente de 2008 el Ombudsman estatal hiciera notar que los abusos castrenses aumentaban día a día.
En suma, para las organizaciones firmantes el anuncio de una nueva operación conjunta hace patente el modo en que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno Estatal recurren una y otra vez a acciones que han mostrado ser ineficaces en la medida en que no logran responder a los problemas de fondo, ni tampoco logran disminuir los índices de violencia, asimismo generan condiciones en que se vulneran aún más los derechos humanos de la población, renunciando a diseñar e instrumentar políticas integrales que se adscriban a la lógica de la seguridad ciudadana; es decir, que pongan al centro la garantía de los derechos de todas las personas por encima de la protección de las propias instituciones y al margen de las prevalecientes concepciones belicistas. En tanto se persista en esta orientación, operativos como el recientemente anunciado, únicamente aumentan nuestra alerta por el previsible incremento de la violencia y la anticipable alza de las violaciones a derechos humanos.
Por ello, las organizaciones firmantes demandan y proponen al Gobierno del Estado de Guerrero asumir una posición de vanguardia y liderazgo encaminada hacia la transformación radical del paradigma de la seguridad y hacia una verdadera reforma policial, ambos procesos soportados en cinco principios: centralización del ciudadano, promoción y respeto a los Derechos Humanos, respeto a la ley, transparencia y supervisión externa, pues mientras no se transparente la información, la ciudadanía no puede participar en la definición misma de las políticas de seguridad pública.
El nuevo paradigma debe soportarse en un enfoque de desarrollo e inclusión social que coloque a la seguridad justo como parte de los instrumentos para tal fin. Las políticas de seguridad deben seguir a las políticas sociales. Es así como se pueden comenzar a revertir las enormes contradicciones y conflictos derivados de la creciente exclusión y la expansión de los poderes policiales y penales, aplicados principalmente en contra de las poblaciones de menores recursos. No dejamos de subrayar que la llegada del nuevo gobierno estatal debería abrir una oportunidad para el cambio, cuyo inicio radicaría en entender que la construcción de comunidades seguras y libres de violencia se soporta en estrategias modernas de prevención altamente participativas y en la reconciliación entre la sociedad y sus instituciones policiales.
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Román Hernández
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