jueves, 10 de febrero de 2011

Carta de Carmen Aristegui, tras su despido de MVS Noticias



Versión íntegra de la carta de Carmen Aristegui, tras su despido de MVS Noticias
Muy buenos días amigos ciudadanos, colegas y periodistas…
Me permitiré dar lectura a un texto que he escrito para asumir una postura pública sobre mi despedida del noticiero matutino de Noticias MVS ocurrida este fin de semana, asunto que ha generado múltiples muestras de solidaridad que desde aquí agradezco. Este es un suceso que, si bien afecta la vida profesional y laboral de un grupo de personas, entre las que me incluyo, tiene una trascendencia mayor a ese mero alcance limitado.
Sobre lo que quiero pronunciarme es sobre el alcance mayor de este evento, que impacta de maneras diversas a la sociedad mexicana. Una sociedad que en estos días y horas ha dado muestras de determinación y capacidad de respuesta frente a un hecho que agravia y que lesiona sus derechos fundamentales. La vigorosa, fuerte y decidida voz de miles de personas en las redes sociales –Twitter, Facebook-, otras modalidades y las manifestaciones en las calles son, en sí mismas, un gran acontecimiento. La gran noticia de que estamos vivos. De que los mexicanos a pesar de la espiral de violencia, muerte y horror que nos acompaña todos los días estamos aquí para reconocernos en el espejo y luchar por un México mejor.
Agradezco todas estas expresiones y celebro aquí, entusiasmada, su existencia y el signo vital que las acompaña. Abrazo a quienes en todos los tonos y con diferentes lenguajes se han manifestado en contra de lo que es a todas luces un hecho autoritario, desmedido e inaceptable. Un hecho así, sólo es imaginable en las dictaduras que nadie desea para México. Castigar por opinar o por cuestionar a los gobernantes.
El tema nos pega a todos. No sólo nos afecta a nosotros como profesionales, y a los ciudadanos a los que se les quita un espacio, se afecta también a este medio de comunicación y al grupo empresarial que desarrolla diversas actividades productivas a favor del país.
Este grupo está encabezado por una familia a quien estimo y valoro. Fundada por uno de los hombres más queridos y respetados de la industria, como fue Don Joaquín Vargas Gómez. Lamento sinceramente que sus nombres estén siendo acribillados con insultos en las redes sociales por la decisión tomada.
El pasado viernes 4 de febrero, en mi libre derecho a la expresión formulé un comentario editorial que aludía a un incontrovertible hecho noticioso. A raíz de lo ocurrido en la Cámara de Diputados el día anterior, cuando un grupo de legisladores exhibió una manta con la foto de Felipe Calderón con los ojos enrojecidos en la que se leía: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No, Verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?" , naturalmente se produjo una gran rispidez que orilló a suspender la sesión en el recinto legislativo.
Había ahí ya una historia que contar a nuestras audiencias. Mi compañero Omar Aguilar presentó con gran profesionalismo ese hecho noticioso con pulcritud, con claridad y con suficiencia, jamás ocultó ni la manta, ni el contenido de la manta, ni a los autores de la manta, ni truqueo nada para que televidentes y radioescuchas no se enteraran de lo que decía la manta. No trampeó a nadie y presentó al público, como el público merecía, todas las expresiones que en diferentes sentidos se emitieron al respecto. Nuestro auditorio quedó perfectamente informado del acontecimiento y con elementos suficientes para hacer su propia valoración.
La información presentada me sirvió a mí de base para formular el citado comentario editorial: “Dejemos a un lado la caricatura, tomemos el asunto con seriedad”, e hice algunas otras consideraciones. Terminé con un cuestionamiento formal a las autoridades: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”
Yo no tengo manera de corroborarlo pero, si fuera el caso, sería algo delicado que debiéramos saber. No hay nada de ofensivo en la interrogante, especialmente si se trata de algo que, de existir, afectaría por su naturaleza la toma de decisiones que impactan en todo momento a millones de personas en el país.
El comentario editorial cerraba diciendo que el tema –y dada su exposición pública a través de la manta de los legisladores – merecía una respuesta sería, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.
La Presidencia no respondió a la periodista, de inmediato exigió a los dueños –que no a la periodista- una disculpa pública inmediata por tremenda osadía.
Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia que por sí mismas hablan de algún tipo de problemática, que por supuesto, también debe ser analizada.
Reconozco que el cuestionamiento era duro, pero de ningún modo injurioso o difamatorio, tampoco se transgredía en ningún punto al código de ética que ha sido aludido. Era simple y llanamente la formulación de una pregunta válida. Pregunta hecha por una periodista cuya intención quedaba perfectamente delimitada.
El estado de salud y grado de equilibrio de un mandatario, por supuesto que es un asunto de claro interés público. La sociedad mexicana tiene derecho a saber con certeza, sin ofensas, sin caricaturizaciones, sobre las condiciones de salud de quien ha tomado y seguirá tomando todos los días decisiones gravísimas que impactan sobre el destino de una nación. Y vaya que sí ha impactado el destino de la nación las decisiones tomadas desde Los Pinos en este sexenio.
El motivo de mi despido, se dijo, fue haberme negado a ofrecer una disculpa y transgredir el código de ética, cosa que es falsa y se convirtió sólo en una coartada. En este momento no sólo no rectifico, ni me disculpo, porque no hay nada que disculpar; por el contrario, ratifico la pertinencia de que la presidencia de la República se manifieste al respecto.
Lamento si personalmente que el presidente y su familia se hayan sentido ofendidos por el cuestionamiento. No hay en la formulación de mi pregunta ninguna intención o ánimo de ofender. Lamento que ellos se sientan ofendidos, pero aún así, la pregunta sigue vigente.
El ejercicio del poder hace que las figuras públicas sean sujetas de escrutinios e interrogantes a los que no estarían sujetas otras personas por razón, precisamente, de sus responsabilidades y del impacto de sus decisiones. En una democracia esto forma parte del juego.
¿No tuvo Bill Clinton que hablar del semen depositado en el vestido azul de una muchacha ante una audiencia de millones de personas? ¿No acaso el estado de salud de Dilma Rousseff fue motivo de debate público antes de llegar a ser la presidenta de Brasil? ¿Acaso no son las francachelas y excesos de Silvio Berlusconi materia del debate nacional? ¿Por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones indebidas para que silencien a sus comunicadores? ¿Por qué la sociedad mexicana se tiene que conformar con una sola visión de las cosas? ¿Por qué fatalmente tenemos que vivir con la existencia de un duopolio televisivo que no sólo envilece las pantallas con programas denigrantes y nocivos como los de reciente estreno, sino que es ya en sí mismo un poder que ha dañado la vida democrática nacional?
¿Por qué México está entrampado en una espiral de degradación e infamia sin que hagamos nada al respecto? ¿Por qué seguimos dejándolos conducir de esta manera al país?
¿Qué clase de democracia es ésta que por un comentario editorial, que irritó al gobernante, se le corta la cabeza a quien opinó? ¿Por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo, escalando el conflicto, deliberadamente, hasta lograr hacerle las cosas imposibles tanto al empresario como al periodista ocasionando la ruptura?
La pregunta es: ¿Cómo es que pudieron elevar, desde Los Pinos, el grado de exigencia pidiendo casi la humillación por un hecho absolutamente sobredimensionado? ¿Cómo es que a un empresario a quien tenemos como decente lo llevaron a comportarse de esta manera? ¿Cómo pudieron lograr que se sintiera obligado a tal punto como para exigirme la lectura de una carta –obviamente no escrita por mí, en términos que me eran ajenos y que por supuesto no empataban con lo que dicta mi conciencia- para calmar la ira presidencial?
Una exigencia de la lectura indigna de esa carta que quien me lo formuló sabía de antemano que yo la rechazaría. Se llegó a ese extremo por el grado de vulnerabilidad en el que quedan quienes tienen negocios o concesiones en el mundo de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. En este caso hay un conjunto de concesiones en juego y la resolución final sobre lo que pase con ellas se encuentra en el cajón del Presidente.
Lo que debería ser técnico, jurídico y legal, en realidad es un asunto político y discrecional. La aprobación que ha pasado por todos los filtros legales y técnicos está sujeta a los poderes dominantes en las telecomunicaciones, cuyo poder desmedido impide la entrada de nuevos competidores y a los que existen les hace la vida imposible.
Persiste hasta nuestros días, un elemento que condiciona y distorsiona la relación de los medios con el gobierno que es la discrecionalidad política en la toma de decisiones en materia de refrendo y otorgamiento de concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones. Es ésta una de las razones fundamentales por las cuales en México no se despliega a plenitud un derecho fundamental como la libertad de expresión.
Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica, en materia de plazos, planes de cobertura, plan de negocios y de inversión, terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia. Es el caso de las concesiones que en la banda de 2.5 GHz tienen varios operadores en el país del que MVS Comunicaciones posee la mayoría de ellas.
No obstante haber desahogado todos los requerimientos técnicos en materia de competencia, y de la opinión favorable de algunos comisionados de la Cofetel, de la opinión favorable de la Cofeco, y de tener a la espera –con riesgo de perderlas- cantidades millonarias de inversionistas nacionales y extranjeros a pesar de tener todo en regla y un mercado demandante.
Inexplicablemente, la decisión se ha retrasado por cinco años. Teniendo todo en regla, no hay razón técnica, jurídica, ni económica, que hoy no este satisfecha. La única razón que hoy impide a MVS Comunicaciones desplegar una red nacional de ancho de banda para Internet que compita con los grandes conglomerados es total y absolutamente política.
Se coloca como una espada de Damocles en la vieja tesis autoritaria de la zanahoria y el garrote: Te portas bien, te refrendo la concesión. Te portas mal, te la niego. Este es el ambiente de presión en el que se desenvuelve la relación no sólo de concesionarios con el gobierno, sino es el ambiente en el que se desenvuelve el trabajo y el desempeño de cientos de profesionales en su relación con las empresas de comunicación.
Esa es la batalla diaria. En la medida en que los comunicadores y los empresarios batallan frente al gobierno, las audiencias ganan o pierden información. Lo más grotesco y paradójico es que los únicos beneficiados de esta herencia del viejo régimen son los grandes monopolios que ahora son capaces de mantener este diseño para evitar nuevos competidores.
Y aquí aparece de nueva cuenta la enorme responsabilidad de un poder legislativo que ha preferido el mantenimiento de reglas no escritas en lugar de una legislación moderna que de certidumbre jurídica a los empresarios, que tutele los derechos de los periodistas y garantice el acceso a la información de todos los ciudadanos.
Agradezco desde aquí el debate y los pronunciamientos que desde el Congreso se hicieron ayer por parte de los legisladores sobre el caso de nuestra despedida del noticiario; sin embargo, no sirve mucho a la democratización de los medios de comunicación condenar la censura por un hecho como este, al mismo tiempo que se coexiste con leyes que podrían y deberían ser modificadas en beneficio de toda la población y no de unos cuantos.
Sobre este ambiente de presión del gobierno hacia algunas empresas de comunicación actúa un fenómeno aún más grave que el antiguo control estatal sobre los medios. Se trata del debilitamiento del Estado y de sus instituciones por virtud de una supeditación política que parte desde el presidente de la República, atraviesa las Cámaras, amplias franjas del Poder Judicial, órganos reguladores a manos de nuevos poderes informales o fácticos que han logrado imponer su lógica de chantaje e intimidación, que los ha llevado a niveles de audacia y en un cálculo de poder, para sustituir –por lo menos parcialmente a poderes de la República.
Ahí está, por ejemplo, una tele bancada en el Congreso, algunos sujetos reguladores capturadas por sus regulados. Como nunca en la historia del Estado mexicano se han dejado crecer a estos poderes en México, que han llegado al punto, a la osadía, diría yo, de querer también apropiarse de la propia presidencia de la República. De otra manera no se explicaría la multimillonaria inversión que han hecho de construirle una candidatura presidencial al gobernador mexiquense.
El trasfondo de lo sucedido en nuestro caso y que ha generado todas estas reacciones tiene que ver, precisamente, con este clima. Por esa razón es que una empresa decide, en sentido contrario a sus intereses, cancelar en el momento de mayor expansión, de mayor prestigio, de mayor influencia, un espacio de información crítica, de debate y opinión, que ha sido valorado por anunciantes y audiencias. Por eso toma una decisión suicida.
Como tantas obras ésta es una empresa sometida indebidamente a una presión incompatible con un régimen democrático y de Estado de Derecho. Mientras no cambiemos las estructuras que están en la base de esta relación insana, los espacios con influencia crítica se ven permanentemente hostilizados y en su conjunto los medios de comunicación terminan por estandarizar o uniformar sus coberturas informativas. Se achata la libre opinión, se merma el debate y se inhibe la conducta crítica. Eso daña seriamente la democracia y, por supuesto, los derechos fundamentales de las y los ciudadanos de este país.
¿Y bueno, me dirán, ahora que hacemos con lo sucedido? Aceptamos lo sucedido, que no le viene bien a nadie, u optamos por la ética de la responsabilidad y buscamos un camino? Sin claudicar pero sin exigir que el otro se arrodille.
Joaquín Vargas sabe perfectamente que yo no infringí ningún código de ética, sabe lo que sucedió, sabe que fue un coartada, sabe, porque las sufre todos los días, de las razones verdaderas que están detrás de la decisión que está a punto de costarnos la cabeza, y digo a punto porque voy a plantearle una salida, digna, decorosa e inteligente. Ya sabrá si la toma.
Joaquín sabe como pocos de lo que yo estoy hablando. Le digo a MVS que no le demos el gusto a los que saborean este fracaso.
Lo sucedido entre el viernes y el fin de semana entre Los Pinos, nuestras oficinas, no sé si también otras -La Destilería y el Meridien-, es algo que no se merece nadie, que nos daña a todos, y que para lo único que va a servir es para el desahogo absurdo de un berrinche presidencial y para beneplácito de los que prefieren que nadie compita, que nadie cuestione o que se cuestione poquito.
No se lo merece un grupo de profesionales que estaba haciendo su trabajo que se ve brutalmente interrumpido. No se lo merecen, por supuesto las audiencias, no se lo merece la familia Vargas porque han sido colocados en una disyuntiva perversa en donde tienen que calibrar como grupo empresarial qué les cuesta más frente al gobierno y poderes que lo presionan: si la cabeza de Aristegui o la banda de los 2.5 gigahertz. No se lo merece el país.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, a la que pertenezco y que preside el maestro Raúl Trejo Delarbre ha dicho que la salida nuestra del aire es una pésima noticia para la sociedad mexicana. La decisión tomada es desafortunada para todos. “Pierde MVS, cuya independencia editorial queda en entredicho debido a la suspensión de este espacio; pierde la periodista y su amplia audiencia. Pierde la Presidencia de la República, de donde surgieron las exigencias para que Carmen Aristegui se disculpara por el comentario que hizo el viernes 4 de febrero”.
AMEDI exigió a la Presidencia “que con hechos, y específicamente en este caso, garantice el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos a la información”. Solicitó a MVS “que reconsidere el despido de Aristegui”. Y es exactamente lo mismo que solicito yo a ellos ahora desde aquí.
El país no está más para seguir perdiendo los espacios que hemos ganado; el país no está para que se nos sigan regateando los derechos que nos pertenecen. México atraviesa por un momento crítico, el nivel de descomposición, de violencia y de debilitamiento institucional es profundamente grave… como para quedarse parado… No nos puede ganar el pasmo cuando el futuro de México se ha ensombrecido. Nos necesitamos informados, en alerta, críticos, no nos podemos dar el lujo de tirar por la borda lo ganado ¿A cuenta de que lo justificaríamos?
Nuestra transición democrática ha adquirido un cariz trágico. Los niveles de violencia, de descomposición y de degradación de la vida pública están llegando a niveles de escándalo. La clase política mexicana, que no ha estado a la altura de los retos y desafíos nacionales, parece no darse cuenta del avance de estos nuevos fenómenos de poder que la han carcomido y debilitado como nunca antes. ¿Dejamos que sigan avanzando sin contraponer una fuerza social que, por lo menos los identifique, los discuta y los analice?
¿Nos quedamos a la sombra de políticos sometidos a intereses particulares porque antes que gobernar bien, hay que salir en la tele… o de gobernantes timoratos e irresponsables que lejos de atemperar concentraciones monopólicas, las han hecho crecer más creando monstruos de poder que los tienen sometidos y frente a los cuales no se atreven a dar ni un paso.
Esta mañana hago un llamado para revertir los efectos de este hecho ominoso. Yo tiendo la mano y escucho a los que están en la calle y me dicen “tienes que regresar”. Estoy dispuesta a regresar al aire este próximo lunes, siempre y cuando se cumpla una condición básica y única: Que MVS anuncie que retira de forma oficial el comunicado emitido junto con mi salida en el cual afirma falsamente que “transgredí nuestro código de ética y que promoví la difusión de rumores como noticias”.
Como consecuencia de ello, pido que se publique otro comunicado oficial de la empresa en donde la valoración sobre mi integridad ética que pretendieron dejar en entredicho quede resarcida.
Si MVS acepta hacerlo, se reconocerá tácitamente la naturaleza real de lo sucedido. Eso sería suficiente.
Joaquín lo sabe muy bien. Mi integridad profesional y ética nunca estuvo en entredicho realmente, que fue una coartada para tomar una decisión que le imponían, que el verdadero problema está en otro lado. Regresemos al aire y quedará evidenciado.
La Presidencia tendrá que hacer una valoración de lo sucedido. Serenamente. Sin odios. Con la seriedad que implica tomar decisiones a nombre de los otros, y aceptando, aunque no agrade, que los ciudadanos y los periodistas tenemos derecho a preguntar, inquirir y criticar sobre lo que juzguemos pertinente.
Estoy aquí para hacer este llamado, para revertir un hecho ominoso como el que sucedió, de manera digna, decorosa e inteligente, apostando por la verdad pero sin romper lo construido.
Mi estimado amigo Jorge Ramos escribió un texto magnífico que tituló “El derecho a preguntar”, recordaba ahí a la maestra Oriana Fallacci quien decía que no debía existir ninguna pregunta prohibida. Todo se puede preguntar, con mayor razón si se trata de preguntarle a gente con poder.
Jorge contaba también de una entrevista realizada al presidente Vicente Fox, había interrogantes en el ambiente de por qué aparecía desanimado, sin ímpetu, sin grandes propuestas. El periodista le preguntó al mandatario, sin alimentar rumores: “¿Toma Prozac?” Fox miró al periodista y contestó simplemente: “No”. Por supuesto no le gustó la pregunta, pero la contestó. Tal como escribió Ramos: No hay pregunta prohibida. No hay pregunta tonta. Y cuando surge la oportunidad hay que hacerla, aunque sea la última vez.
A partir de aquí cierro mi comentario, no agregaría más porque el planteamiento esta formulado y lo que resta es esperar la respuesta…
Gracias a todos y buenos días.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Gente apoyando a carmen Aristegui

Ejidatarios de Tíla, Chiapas, piden que la SCJN respete su Derecho al Territorio

Posted by Mandujano in martes, febrero 08, 2011

EJIDO TILA, CHIAPAS. A 8 DE FEBRERO DEL 2011


A LA OPINION PÚBLICA

A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

A LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

A LA COMISION SEXTA INTERNACIONAL.

AL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE ATENCO

AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

A LA OTRA CAMPAÑA DEL EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN


Compañeros y compañeras, un saludo fraterno y combativo del pueblo indígena Ch´ol de Tila, Chiapas, y nuestro agradecimiento por su solidaridad con nuestra lucha por la defensa de nuestro territorio, autonomía y la libre determinación de nuestro pueblo.


Hacemos de su conocimiento que los malos gobiernos del municipio de Tila, el gobierno del estado de Chiapas, Congreso del Estado y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio siguen sin respetar a nuestra madre tierra y de manera racista y prepotente quieren obligarnos a recibir una indemnización económica por nuestras 130 hectáreas de tierras que en 1980 fueron despojadas inconstitucionalmente por el ex gobernador Juan Sabines Gutiérrez.


Estos malos gobiernos han comprado al Lic. Alejandro Jiménez López, Juez Primero de Distrito del Estado de Chiapas, encargado del cumplimiento del amparo 259/1982 que ganamos el pasado 16 de diciembre de 2008 y que ordena que se devuelva al ejido Tila el control político y administrativo de las 130 hectáreas despojadas. Este Juez corrupto, ha permitido que las autoridades estén tranquilas mientras violan de manera impune las propias leyes que están para proteger al pueblo. Como un ejemplo claro de que el Juez Primero de Distrito ha sido comprado por el gobierno, el pasado 11 de noviembre de 2010 solicitó en representación del ayuntamiento de Tila y las demás autoridades del gobierno de Chiapas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordene el pago de una indemnización al ejido Tila por sus 130 hectáreas despojadas.


Es por eso que nuestras autoridades del ejido, se encuentran en este momento en audiencia con la Ministra Olga María Sánchez Cordero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para manifestarle que la voluntad del máximo órgano del ejido que es la Asamblea es que se respete nuestro territorio, que se respete nuestra autonomía, que se respete la paz y tranquilidad de nuestro pueblo. La Suprema Corte tiene en sus manos la decisión de que se respete la autonomía de nuestro pueblo, que se restituya el control político y administrativo al ejido Tila de las 130 hectáreas y que ya no sigan los malos gobernantes vendiendo y comprando tierras ejidales como si fueran propiedad privada. Ya basta de tanta injusticia, corrupción y abuso de nuestro pueblo.


Este problema que ya tiene muchos años nos ha traído el desprecio, la discriminación, como indígena para los malos gobernantes somos un atraso social que no podemos embellecer nuestras viviendas para que sea un centro turístico. Por eso el gobierno quiere limpiar al territorio de indígenas y quedarse nada más ellos y los grandes empresarios a explotar a nuestra madre tierra. Esto está pasando ya en Agua Azul en donde han encarcelado a muchos compañeros adherentes de la Otra Campaña y les han despojado de su caseta de cobro y banco de grava, para quedárselo ellos utilizando la represión, la policía, la amenaza, el terror. También quieren acabar con los pueblos que resisten a la minería, a las autopistas, presas y todos los proyectos de muerte que no benefician a las comunidades indígenas y no indígenas, porque son un obstáculo para sus negocios económicos, en esta situación todos los partidos políticos son lo mismo, porque no sirven al pueblo, solo lo exprimen, lo utilizan, lo quieren controlar y callar su boca con el oportunidades, procampo, fanar, Chiapas solidario.


El sufrimiento de nuestros abuelos y abuelas para darnos el territorio que tenemos es una herencia que cuidamos y guardamos en nuestra memoria como pueblo. Antes había finqueros alemanes en nuestras tierras que nos hacían trabajar como mozos, pero con la lucha revolucionaria de 1910 de Zapata y Villa se hizo respetar nuestros derechos. Estamos con el corazón fuerte y organizando a nuestro pueblo porque es ahí donde verdaderamente se conoce el significado de justicia.

Compañeras y compañeros les pedimos que estén muy atentos a los resultados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es un momento muy importante para nuestro ejido. Seguiremos luchando y defendiendo nuestra autonomía como pueblo y hacemos responsable al gobierno y a la Suprema Corte de Justicia de cualquier agresión a nuestras autoridades, ejidatarios y ejidatarias, así como de cualquier conflicto social que se genere en nuestro pueblo por la represión y la injusticia.


Finalmente queremos decir que tatik Samuel Ruiz sigue viviendo con nosotros en nuestra lucha, le dio reconocimiento al ejido Tila por caminar con él. Nos dio un buen ejemplo para caminar con los compañeros marginados, a los despojados, discriminados, despreciados por la ambición del poder, por la avaricia que ciega al hombre, el se llevó todo el cariño de los pobres indígenas, no amontonó riquezas en este mundo, que el todo poderoso lo tenga en su mansión, que nuestro señor Jesucristo preparó.

Ánimo compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre.

TIERRA Y LIBERTAD

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE

VIVA LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA

VIVA LA CULTURA INDÍGENA

VIVA ATENCO

VIVA OAXACA

VIVA LA POLICIA COMUNITARIA

VIVA SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN

VIVA LA AUTONOMÍA

Zapatistas: "Detención arbitraria", dice Frayba; "Presuntos asesinos", dice el gobierno de Chiapas

Posted by Mandujano in domingo, febrero 06, 2011

A 116 personas que se dicen de “La Otra Campaña”, se les aplicó la prueba de rodizonato de sodio


Cinco personas dan positivo a prueba de “rodizonato de sodio”, luego de agresión a ejidatarios en Agua Azul


  • 5 más fueron sindicados también por testigos al participar en la agresión


  • 106 personas más que estaban presentados, regresan a su comunidad



Luego de la agresión a ejidatarios en Agua Azul, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas confirmó que de las 116 personas que se dicen de “La Otra Campaña”, a quienes se les aplicó la prueba de rodizonato de sodio, practicada por peritos especializados en Química Forense, cinco de ellos dieron positivo de haber disparado armas de fuego.


Además, otros cinco sujetos fueron plenamente identificados como parte del grupo agresor que el día de los hechos portaba machetes, palos, piedras y armas de fuego.


Informó que se encuentra perfeccionando la averiguación previa correspondiente, iniciada por los hechos ocurridos el pasado miércoles dos de febrero en el Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón.


En este sentido, derivado del desahogo de las diligencias practicadas, en las últimas horas los 10 sujetos fueron sindicados por testigos presenciales de haber participado en la agresión en la que perdiera la vida el ejidatario Adolfo Moreno Estrada, resultara gravemente herido Tomás Pérez Deara y 17 turistas nacionales e internacionales fueran retenidos.


La Procuraduría de Chiapas inició la averiguación previa por los delitos de Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio, Privación Ilegal de la Libertad, Ataques a las Vías de Comunicación y Daños.


Destaca que peritos en criminalística y forense hallaron en el lugar de la agresión diversos casquillos percutidos calibre 22 y .223 o R15 (utilizado para armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea), así como 10 cartuchos útiles calibre 22.


Los detenidos responden a los nombres de: Mariano Demeza Silvano, Juan Aguilar Guzmán, Domingo Pérez Álvaro, Pedro García Álvaro, Gerónimo Guzmán Méndez, Miguel López Deara, Pedro López Gómez, Domingo García Gómez, Miguel Álvaro Deara y Pedro Hernández López.

En las próximas horas la Procuraduría General de Justicia del Estado determinará su situación legal conforme a Derecho, al tiempo en que refrenda su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones.


Estimadas, estimados:


Con relación a los hechos ocurridos en San Sebastian Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas, en donde resultaron privados arbitrariamente de su libertad 117 ejidatarios, adherentes a La Otra Campaña, compartimos el siguiente boletín de prensa.

Este Centro de Derechos Humanos continúa en la documentación de los hechos para poder compartirles información que ayude a entender el contexto y estrategias que pretenden controlar el Territorio.

Cordialmente,
Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación


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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

05 de febrero de 2011

Boletín de prensa No. 03


Privan arbitrariamente de la libertad a 117 ejidatarios de San Sebastian Bachajón


  • Graves violaciones al debido proceso y acceso a la justicia a presos indígenas, adherentes a la Otra Campaña.

  • Detenidos afirman que no hubo extranjeros retenidos y que nunca hubo bloqueo carretero.

  • Liberan a 107 personas y mantienen detenidos a 10 ejidatarios.


El pasado 3 de febrero fueron detenidos de manera arbitraria 117 ejidatarios de San Sebastian Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas; las personas detenidas, adherentes a La Otra Campaña, señalaron que entre las múltiples irregularidades en el proceso legal no contaron con abogado defensor ni traductor de oficio, además fueron amenazados por policías estatales y hostigados por autoridades locales encargadas de la procuración de justicia.


Según testimonios documentados, el día de hoy en el Ejido de Bachajón, la detención de las 117 personas ocurrió el pasado jueves 3 de febrero, aproximadamente a las 11:30 a.m, cuando el grupo de ejidatarios se encontraba reunido sobre la carretera, a la altura de la entrada a las Cascadas de Agua Azul, tomando acuerdos sobre la respuesta que darían al gobierno estatal sobre el ofrecimiento de diálogo y negociación que los operadores políticos de la zona les habían ofrecido, “entonces se acercaron aproximadamente 300 elementos de la policía estatal, lanzaron un gas lacrimógeno que cayó en una de las ollas de frijol que estábamos cociendo y después un Comandante (de la misma Policía) se acercó para pedir la respuesta a la negociación; como ya lo habíamos hablado anteriormente se decidió no aceptar entrar en ese diálogo que el gobierno (estatal) había propuesto”.


La negativa de los ejidatarios al diálogo, mencionan en sus testimonios, fue motivado debido a que anteriormente ya habían denunciado públicamente los planes del gobierno estatal de crear un escenario de confrontación entre los pobladores de la región para que el gobierno interviniera reprimiendo y terminara administrando el conflicto tomando control definitivo de la zona el cual tiene un interés territorial estratégico para inversión turística y de despojo hacia los pueblos que habitan en este lugar “cuando el Comandante tuvo nuestra respuesta se alejó, hizo una llamada por teléfono y cuando terminó de hablar dio la orden para que comenzaran a detenernos; nadie de nosotros estaba bloqueando, no teníamos ningún arma, los turistas que dicen nunca los vimos, pensamos que estaban en las Cascadas de Agua Azul; estábamos reunidos tomando acuerdos de no caer en provocaciones ni enfrentamientos cuando nos empezaron a detener a todos”.


Las personas que fueron detenidas refieren que, incluso, los Policías Estatales se metieron a distintas casas para perseguir y detener a los que intentaban refugiarse con vecinos del lugar “en las casas revisaron las cosas que habían (cajas y pertenencias de los pobladores), nos gritaban que quiénes eran los líderes y que nos subiéramos (a los camiones de la Policía) a las buenas o a las malas, hasta dijeron que íbamos a ser quemados”; Quienes vieron la detención masiva refieren que mientras los subían al camión estaban presentes las autoridades oficiales, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalando a las autoridades ejidales, adherentes a La Otra Campaña.


Durante los interrogatorios y el desahogo de pruebas, realizados en Palenque, los testimonios refieren lo siguiente: “al bajarnos del camión nos tomaron fotos a todos, hubo revisión de mochilas y revisión corporal, no hubo abogado o Ministerio Público presentes, no había traductor, nos tuvieron en un lugar chico donde dormimos parados mientras los mismos policías daban ordenes de sentarse y pararse siempre burlándose”. Ahí mismo, refieren, les hicieron la prueba de rodizonato de sodio y fueron obligados a dar muestras de orina para exámenes toxicológicos.


A las 2:00 pm del 4 de febrero, según los testimonios, comenzaron a llamar de cinco en cinco a las personas detenidas y llevadas ante el Ministerio Público encargado; establecen que en ningún momento fueron asistidos por abogado defensor, ni auxiliados por traductores de lengua indígena, por el contrario fueron amenazados de “meternos una bolsa con agua en la cabeza y sacarnos los testículos”.


Apróximadamente a las 2:00 am, del día 5 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas liberó a 107 ejidatarios; sin embargo a las 20:00 horas, del mismo día, fueron consignados 10 personas, entre ellos un menor de edad, al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 17 del Municipio de Playas de Catazajá.


Las ejidatarios de San Sebastian Bachajón, adherentes a La Otra Campaña, que permanecen detenidos son:

  1. Mariano Demeza Silvano (menor de edad, tiene 17 años)

  2. Domingo Pérez Álvaro (Forma parte de la Comisión de Promoción de La Otra Campaña)

  3. Pedro Hernández López (Secretario del Comisariado ejidal, adherente a La Otra Campaña)

  4. Miguel López Deara (Suplente del Consejero ejidal)

  5. Domingo García Gómez (Integrante del Comité de Defensa de Derechos)

  6. Juan Aguilar Guzmán (Principal cajero)

  7. Pedro García Álvaro (con problemas de deficiencia mental, sin asistencia médica y legal)

  8. Jerónimo Guzmán Méndez (Ejidatario, adherente a La Otra Campaña)

  9. Pedro López Gómez ((Ejidatario, adherente a La Otra Campaña)

  10. Miguel Álvaro Deara (Ejidatario, adherente a La Otra Campaña)


Por la información documentada este Centro de Derechos Humanos confirma las violaciones al debido proceso que todas las personas detenidas sufrieron, consistentes en no contar con abogado o representante legal, no tuvieron traductor, entre otras violaciones. Es clara la acción represiva del gobierno del estado de Chiapas el cual actúa junto con las autoridades oficiales (priistas) para señalar y detener de manera arbitraria a los ejidatarios adherentes de La Otra Campaña, acción en la que se han provocado hechos de violencia por el interés del territorio en la región.


Este Centro de Derechos Humanos condena las acciones del gobierno estatal al perseguir y criminalizar a los ejidatarios, adherentes de La Otra Campaña, toda vez que fueron estos últimos quienes fueron agredidos y despojados de la caseta de cobro por un grupo numeroso de ejidatarios, militantes del PRI, que de manera violenta tomaron el pasado 2 de febrero la caseta de cobro que hoy en día esta bajo control de la Policía Estatal.




Denuncian tortura indígenas zapatistas de Chiapas


Posted by Mandujano in lunes, febrero 07, 2011

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 07 de febrero de 2011 AU 01

Acción Urgente
Privación Arbitraria de la Libertad a ejidatarios en Chiapas Gobierno estatal mantiene detenidos a 10 ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña.

El pasado 3 de febrero fueron detenidos de manera arbitraria 117 ejidatarios, indígenas tseltales, de San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas; las personas detenidas, adherentes a La Otra Campaña (en adelante LOC), señalaron que entre las irregularidades en el proceso legal no contaron con abogado defensor ni interprete calificado, además fueron amenazadas por policías estatales y hostigados por el Ministerio Público.

Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos, la detención de los ejidatarios ocurrió mientras se encontraban reunidos, a la altura de la entrada a las Cascadas de Agua Azul, acordando la respuesta que darían al gobierno estatal sobre el ofrecimiento de iniciar una mesa de diálogo entre las partes; fue entonces cuando policías estatales realizaron la detención masiva, persiguiendo a los que buscaban refugio en las casas de los vecinos de la zona.

Al día siguiente, 4 de febrero, comenzaron los interrogatorios y el desahogo de pruebas, les hicieron la prueba de rodizonato de sodio y fueron obligados a dar muestras de orina para exámenes toxicológicos; durante todo el proceso refirieron que en ningún momento fueron asistidos por abogado defensor, ni auxiliados por interpretes calificados de acuerdo a su lengua y cultura. Los testimonios señalan que durante la recepción de sus declaraciones ministeriales, recibieron amenazas por parte de policías estatales y hostigamiento de servidores públicos responsables de la procuración de justicia.

Según datos, aproximadamente a las 02:00 hrs., del día 5 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas liberó a 107 ejidatarios y a las 20:00 horas, del mismo día, fueron consignadas 10 personas, entre ellas un menor de edad, al Juzgado Penal de Playas de Catazajá y trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17) en el Municipio de Playas de Catazajá, Chiapas, bajo las acusaciones de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del Estado, bajo el expediente penal No. 39/2011.

Las ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a LOC, que permanecen detenidos son:
Mariano Demeza Silvano (menor de edad, tiene 17 años)
Domingo Pérez Álvaro (forma parte de la Comisión de promoción)
Pedro Hernández López (secretario del comisariado ejidal)
Miguel López Deara (suplente del consejero ejidal)
Domingo García Gómez (integrante del Comité de Defensa de Derechos)
Juan Aguilar Guzmán (Principal cajero)
Pedro García Álvaro (con discapacidad mental)
Jerónimo Guzmán Méndez (ejidatario)
Pedro López Gómez (ejidatario)
Miguel Álvaro Deara (ejidatario)

El día 6 de febrero, el gobierno del estado de Chiapas anunció públicamente el inicio de una mesa de diálogo entre las partes; sin embargo los ejidatarios adherentes a LOC no se presentaron debido a que la propuesta no respetó que ya existía un proceso de diálogo para llegar a un acuerdo comunitario, además indicaron haber sido agredidos y despojados violentamente de la caseta de cobro por el grupo de ejidatarios ?oficialistas?; que el gobierno estatal mantiene a 10 ejidatarios presos y que cuerpos policiacos mantienen ocupado el territorio que ancestralmente les pertenece.

Ante estos hechos, este Centro de Derechos Humanos considera que se violaron el derecho a la integridad personal, derecho a la presunción de inocencia, derecho al debido proceso, garantías judiciales y protección judicial.

Debido a que el próximo viernes 11 de febrero, se vence el plazo jurídico, exhortamos a la comunidad nacional e internacional que se pronuncie para que:

Se garanticen los derechos humanos de las personas detenidas, particularmente el derecho a la presunción de inocencia, de protección judicial y garantías judiciales, así como el respeto al debido proceso legal.

A los colectivos, organizaciones y personas, realicen actos de solidaridad a favor de las personas detenidas y por el respeto al territorio de los pueblos indígenas.

Pedimos el envío de sus acciones urgentes a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México DF
Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55) 5277.2376
Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 ? + 52 961 6188056 begin_of_the_skype_highlighting + 52 961 6188056 end_of_the_skype_highlighting
Extensión 21120. 21122
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx


Dr. Noé Castañón León
Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2do Piso
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47 begin_of_the_skype_highlighting + 52 (961) 61 2-90-47 end_of_the_skype_highlighting, 61 8-74-60
Extensión: 20003
Correo: secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx

Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Edificio A, 2do. Piso
Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fracc. El Bosque
CP 29047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Teléfono:+ 52 (961) 61-6-53-54 begin_of_the_skype_highlighting + 52 (961) 61-6-53-54 end_of_the_skype_highlighting, 61-653-55 Fax: + 52 (961) 61-6-53-50
Correo: cdominguezb@poderjudicialchiapas.gob.mx

Favor de enviar copia a:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.
Calle Brasil 14, Barrio Mexicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Tel: 967 6787395 begin_of_the_skype_highlighting 967 6787395 end_of_the_skype_highlighting, 967 6787396 begin_of_the_skype_highlighting 967 6787396 end_of_the_skype_highlighting, Fax: 967 6783548
Correo: accionurgente@frayba.org.mx

Video testimonio de detenidos de Bachajòn:
http://www.youtube.com/watch?v=XycaQMSxwcE

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Código Postal: 29240
Tel +52 (967) 6787395 begin_of_the_skype_highlighting +52 (967) 6787395 end_of_the_skype_highlighting, 6787396, 6783548
Fax +52 (967) 6783551
accionurgente@frayba.org.mx
www.frayba.org.mx

Queja masiva a la CNDH por la censura a Carmen Aristegui


QUEJA MASIVA




RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS




QUIENES SUSCRIBIMOS LA PRESENTE QUEJA, señalamos como domicilio para oír y recibir todo tipo de comunicaciones el ubicado en la calle Gómez Farías, número ciento dos, despacho uno, colonia del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, Código Postal 04100, y autorizamos para los mismos efectos al también quejoso SERGIO ANTONIO MÉNDEZ SILVA, a quien designamos como nuestro abogado en el presente procedimiento, ante usted con el debido respeto comparecemos para exponer:


Que con fundamento en los artículos XVII, XXII, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ; los artículos 1 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ; los artículos 1, 20.1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos ; los artículos 2, 3, 16 y 22.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ; los artículos 1, 8, 17 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 25 a 49 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; los artículos 1 a 16 y 75 a 139 y de más relativos y aplicables del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, venimos a interponer formal QUEJA por diversos actos que conculcan los derechos fundamentales de los/as suscritos/as, cuya perpetración son atribuibles a diversas autoridades administrativas federales.


A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestamos los datos siguientes:


I. Los nombres y domicilios de los agraviados y de las personas que presentan la queja. Todos/as los/as que suscriben la presente queja, cuyos nombres están al final del documento.


II. Los hechos presuntamente constitutivos de violación a los derechos humanos. Se precisarán más adelante.


III. Los servidores públicos o autoridades a quienes se imputen los hechos.

• EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

• EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.

• EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

• LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.


IV. Las pruebas en las que sustenta su dicho la parte quejosa. Se precisan más adelante.


HECHOS


1. El tres de febrero de dos mil once, un grupo de diputados federales, entre los que se encontraban Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Constanzo y Jaime Cárdenas Gracia, realizaron una protesta pacífica en la Cámara de Diputados. Dicha protesta consistió en exhibir una manta con la foto del señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con una leyenda que decía: “Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, verdad? Y por qué lo dejas conducir el país?”.

Además de denunciar el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón, la protesta fue motivada también por la reciente aprobación de un reglamento de sesiones de la Cámara de Diputados, por medio del cual se pretende impedir, mediante sanciones, las manifestaciones de los diputados que generen alguna afectación al orden de las deliberaciones de la asamblea.

2. La protesta pacífica de los diputados federales, que fue reprimida por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Ramírez Marín, al grado que ordenó suspender ilícitamente la sesión de la Cámara de Diputados, constituyó un hecho público y notorio del que dieron cuenta los medios de comunicación del país, la mayoría al siguiente día, el cuatro de febrero de dos mil once. Uno de los medios de comunicación que dio cuenta de la protesta fue MVS Noticias, cuyo noticiero matutino era encabezado por la periodista Carmen Aristegui.

3. El cuatro de febrero del presente año, la periodista Carmen Aristegui dijo públicamente, en su espacio noticioso en MVS Noticias, lo siguiente:

“Estamos también revisando lo ocurrido ayer en el Congreso. A ver… Por dónde le entramos al asunto? La sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida, momentos después de haber iniciado, después de que legisladores del PT se manifestaron al pie de la tribuna en contra del gobierno de Felipe Calderón. Pero no fue una manta cualquiera; no fue una crítica cualquiera; no fue un señalamiento propio, digamos, del debate legislativo y de las discusiones de los temas del interés del país y de las leyes y las reformas, etc. Fue un señalamiento, específico, duro, sobre algo, que de ser cierto, tendría que ser analizado de otra manera. Nos habla del asunto, Omar Aguilar. En esta parte el reportero expone la información sobre la protesta pacífica y refiere el contenido de la manta en la que se criticaba el alcoholismo del señor Felipe Calderón.”

Después de la nota del reportero, Aristegui dijo:

"Este día de ayer en San Lázaro fue muy duro, como se puede apreciar, mientras que se reprochaba a los petistas por esta manto donde se leía la frase: “Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, verdad? Y por qué lo dejas conducir el país?” Mientras que se reprochaba a los petistas por una manta con estas características, pues por otro lado también, en otro lugar de San Lázaro, pues los panistas Manuel Clouthier y Julio Castellanos estaban en este jaloneo y en este intercambio de empujones (…) fue Clouthier quien empujó a Castellanos, ahora se sabe que porque no le estaba dando la palabra que el pedía en una reunión interna de los panistas (…) Pero regresemos al punto de la manta. Es durísimo lo que ahí se plantea (…) pero dejémoslo ahí; dejemos el tema que fue el zafarrancho o la situación crispada en San Lázaro y pongámosle atención al asunto y dejemos la pregunta abierta: no es la primera vez que se habla de este tema de un PRESUNTO alcoholismo de Felipe Calderón. Si usted es usuario de las redes sociales, por ejemplo, en ese circuito de comunicación de la sociedad mexicana es frecuente ver expresiones que aluden a esa circunstancia, QUE NO PODEMOS CORROBORAR, NO HAY INFORMACIÓN ESPECÍFICA, POR LO MENOS QUE NOSOTROS DISPONGAMOS DE ELLA, para saber si efectivamente el Presidente de la República tiene o no problemas de alcoholismo. Pero es un tema delicado. Por supuesto que hay que verlo con la gravedad del asunto: saber si hay o no ese problema, si hay o no esa problemática, en la persona de Felipe Calderón Hinojosa. En las democracias del mundo, suele verse de vez en vez, que se piden estudios médicos para saber cuál es la condición de los gobernantes, qué tipo de salud tienen, pues porque al final de cuentas están en una posición de altísima responsabilidad y las sociedades, hablemos en genérico, las sociedades requieren necesariamente saber cuál es la condición, precisamente, de quien está tomando decisiones a nombre del interés general. Por eso, lo que ayer pasó, por lo que en el clima de la redes sociales se puede percibir, con razón o sin ella, sí merecería una atención seria, una atención particular sobre esta interrogante: TIENE O NO PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Debería, realmente, la propia Presidencia de la República dar una respuesta clara y nítida formal, al respecto. No hay nada de ofensivo, me parece, cuando alguien, SI ES QUE FUERA EL CASO, atraviesa por un problema de esta naturaleza. El alcoholismo que es un fenómeno de salud, muy estudiado y muy conocido tiene diferentes explicaciones cuando sucede en las personas, requiere tratamiento, en fin, es una situación que no debe ser vista con caricatura. Si es el caso, si efectivamente hay elementos firmes que hagan presumir, efectivamente, un problema de alcoholismo en Felipe Calderón, tendría que ser tratado con la seriedad del caso, y me parece que frente a lo que pasó ayer, la respuesta más fácil es denostar el asunto y criticarlo y decir que no es la manera en que los legisladores deben comportarse (...).”

4. El día seis de febrero, en las redes sociales, principalmente en Twitter, empezó a rumorarse que la periodista Carmen Aristegui había sido despedida de Noticias MVS. Esta información sería corroborada, el mismo día, por el dueño de MVS, Alejandro Vargas, por medio de su cuenta de Twitter.

5. Quienes integramos la audiencia del programa noticiosos de Carmen Aristegui, nos esteraríamos, horas después, que la periodista había sido despedida porque se había negado a expresar públicamente una disculpa al señor Calderón, por lo que ella había dicho sobre el presunto problema de alcoholismo de éste.

Supimos, por información que la propia empresa MVS hizo pública el siete de febrero de dos mil once, que la periodista había sido despedida porque supuestamente había violado el código de ética de la empresa de comunicación; código que ninguno de nosotros/as, que formamos parte de la audiencia del programa de Carmen Aristegui, conocemos, pues jamás se hizo público.

6. Se ha difundido en las redes sociales, que Carmen Aristegui fue despedida de Noticias MVS, por la presión ilícita e ilegítima que el señor Calderón ejerció en contra de la empresa de comunicación, con motivo de la furia que al presidente le causaron los comentarios de la periodista.

Se ha dicho, en las redes sociales, que el señor Calderón y el señor Alejandro Vargas, dueño de la empresa MVS, acordaron despedir a Carmen Aristegui a cambio de que la empresa no enfrente problemas con el gobierno, respecto del futuro refrendo de las concesiones de radio y televisión de las cuales es titular la citada empresa privada de comunicación.
Estos hechos, por tratarse de la materia de radio y televisión, involucran también al Secretario de Gobernación, al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

7. Quienes suscribimos la presente queja, todos/as integrantes de la audiencia de la señora Carmen Aristegui, consideramos extraordinariamente preocupante y agraviante que la periodista haya sido despedida por los comentarios objetivos, críticos e imparciales que realizó respecto del hecho noticioso del presunto alcoholismo del señor Calderón.

Consideramos que la periodista Carmen Aristegui ha sido víctima de la censura gubernamental y privada, con lo que se ha violado no sólo el derecho a expresarse de la propia periodista (dimensión individual de la libertad de expresión), sino también nuestro derecho a la información (dimensión social de la libertad de expresión), pues, como lo hemos dicho, somos miembros de la audiencia del programa noticioso de la señora Aristegui.

Tenemos derecho a recibir información de la persona de nuestra elección, que en este caso es la periodista Aristegui, por lo que este acto de censura proveniente del señor Felipe Calderón, es también un ataque a nuestro derecho a la información y a vivir en una sociedad democrática en la que se respeten los derechos humanos.

8. Asimismo, consideramos que el señor Calderón, por ser el Presidente de la República, debe ser especialmente tolerante con las críticas que se le formulen en los medios de comunicación y en las redes sociales.

El umbral de protección del patrimonio moral del señor Calderón, que incluye su derecho a la vida privada, es menor al que tiene cualquier ciudadano, por ser un funcionario de alto nivel del Estado mexicano.

Es por ello que sugerir, y no afirmar, como lo hizo Carmen Aristegui en su programa, que el señor Calderón padece un problema de alcoholismo, es un asunto de pleno y total interés público, pues un posible problema de salud del Presidente, sin duda puede repercutir en el destino de nuestro país, lo que es de absoluto interés para todos/as nosotros/as, ciudadanos libres y conscientes de México. Tenemos derecho a saber sobre la salud de quien dirige la administración pública federal.

9. Por todo lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos, todos/as integrantes de la audiencia del programa noticioso de Carmen Aristegui, consideramos que el acto de censura del que ha sido víctima la periodista, constituye una afectación directa a nuestro derecho a la información sin discriminación, así como a nuestra prerrogativa a vivir en una sociedad democrática en la que se protejan ampliamente los derechos fundamentales de todos/as, por lo que se han violado en nuestro perjuicio, y en perjuicio de la propia periodista Aristegui, los artículos 1, 3 (por lo que se refiere a la democracia como forma de vida), 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. Asimismo, le solicitamos, como efecto inmediato de la presentación de esta queja, que dé inicio a un procedimiento de investigación por los hechos que denunciamos en este escrito.


Manifestamos que durante la secuela del procedimiento aportaremos un desarrollo más amplio y detallado de las violaciones de las que somos víctimas, así como un amplio número de pruebas para demostrar lo que decimos y denunciamos.


PRUEBAS


1. VIDEO. Mediante el cual se da cuenta de la protesta realizada en el recinto de la Cámara de Diputados, el tres de febrero de dos mil once, por parte de los legisladores del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, Mario di Constanzo y Jaime Cárdenas. En este video se aprecia la manta que se empleó en la protesta pacífica y que hace referencia del presunto alcoholismo del señor Calderón.

Este video está disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=oSLP9BKRoHE&feature=related


2. VIDEO. Mediante el cual se da cuenta de la información expuesta por la periodista Carmen Aristegui, el día cuatro de febrero del presente año, en la que hace referencia a la protesta legislativa pacífica llevada a cabo en la Cámara de Diputados un día anterior y se refiere al presunto problema de alcoholismo del señor Felipe Calderón.

Este video está disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=M4mi7c4WpM0


Por lo expuesto y fundado, a usted Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respetuosamente pedimos:


PRIMERO. Tenernos por presentada en sus términos la presente queja y darle trámite.


SEGUNDO. Realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados, con la finalidad de precisar a todas las autoridades responsables de violar los derechos humanos de los suscritos y de la periodista Carmen Aristegui, así como para determinar qué otros derechos humanos se han violado en nuestro perjuicio y en perjuicio de la señora Aristegui, además de los ya expuestos en la presente queja, ya sea que estén contemplados en la legislación interna o bien en los diversos tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.


TERCERO. Solicitar los informes respectivos a las autoridades señaladas como responsables.


CUARTO. Tenernos por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones.


QUINTO. En su oportunidad y previos los trámites de ley, resolver emitir una recomendación a las autoridades responsables, en el sentido de hacer cesar sus conductas violatorias de los derechos humanos de los suscritos y de la periodista Carmen Aristegui y garantizar a nuestro favor el respeto pleno a nuestros derechos fundamentales. Asimismo, que la comisión a su cargo presente las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública, en aquellos casos en que la conducta prevaricadora de los servidores públicos denunciados, tipifiquen delitos o bien constituyan faltas administrativas, sancionadas por la ley correspondiente.


SEXTO. Admitir, desahogar y valorar las pruebas aportadas con la presente queja, así como permitir la aportación de más pruebas a favor de los suscritos y de la periodista Carmen Aristegui.




A T E N T A M E N T E
México, Distrito Federal, al día de su presentación.



FIRMAS DE TODOS/AS LOS/AS AGRAVIADOS/AS

Detienen 121 personas al desalojar bloqueo de la otra campaña en Chiapas


Mantenían cerrada la carretera Ocosingo-Palenque porque priístas tomaron el control de la caseta de cobro al centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul.

Elio Henríquez, corresponsal
Publicado: 03/02/2011 17:29

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Cerca de medio millar de policías estatales y federales, apoyados por elementos del Ejército Mexicano, desalojaron esta mañana a cientos de indígenas del municipio de Chilón, adherentes de la otra campaña, que mantenían bloqueada la carretera Ocosingo—Palenque y detuvieron a 121 personas que están en calidad de presentadas, informaron fuentes extraoficiales.

Los indígenas cerraron la vía en protesta porque ayer decenas de priístas del mismo municipio de Chilón, los despojaron del control de la caseta de cobro al centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul, ubicadas a más de 150 kilómetros de esta ciudad.

Las fuentes agregaron que autoridades estatales y federales rescataron hoy a las 10 horas por vía a aérea a 17 turistas de Estados Unidos, Francia y Argentina y mexicanos que no habían podido salir desde ayer debido a que los adherentes bloquearon la entrada a las cascadas.

Integrantes de la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón, Chilón, se enfrentaron ayer tarde con priístas de ese lugar por la disputa de la caseta de cobro al centro turístico, con saldo de un muerto y dos heridos pertenecientes a este último grupo.

Autoridades estatales informaron hoy en un comunicado de prensa, que el operativo conjunto de retiro de los inconformes se realizó de manera “pacífica” y en apego al “protocolo de desalojos”.

Señalaron que la Procuraduría de Chiapas a través de la Fiscalía de Distrito Selva inició la averiguación previa número 80/SE74-T2/2011 “para determinar a los responsables de los delitos de homicidio, lesiones, daños, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación”.

Añadieron que la Procuraduría General de la República (PGR), inició la averiguación previa número AP/PGR/CHIS/OCO/03/2011, para indagar delitos de su competencia.

Las fuentes consultadas informaron que la situación en el centro turístico ubicado a más de 150 kilómetros de esta ciudad es de relativa calma y que la policía estatal tiene el control de la caseta en disputa, que desde hace dos años estaba en manos de los adherentes.

Acuerdan pueblos indígenas impedir que mineras extranjeras exploren sus tierras


jueves, 3 de febrero de 2011

Preocupa a la CDHDF que la Ley criminalice la radiofusión comunitaria.



Boletín 34/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sobre la detención del comunicador comunitario José Maza, en seguimiento a un proceso penal por la utilización del espectro radioeléctrico sin permiso.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), manifiesta su preocupación por lo que considera la criminalización de la radiodifusión comunitaria por la legislación federal, impidiendo con ello el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión de todas las personas, y el derecho de la sociedad de recibir información plural y diversa.
Ejemplo de lo anterior es la detención del comunicador José Maza de “Radio Diversidad”, emisora de la comunidad campesina Paso de Macho en el estado de Veracruz. José Maza fue aprehendido en cumplimiento a una orden judicial, como parte de un proceso penal abierto en su contra por la utilización de la frecuencia de radio sin el permiso correspondiente.
A partir de este caso, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank la Rue, señaló a los medios de comunicación que “el uso de una frecuencia no autorizada, no debiera constituir delito, sino una falta administrativa, por lo que los Estados no deben criminalizar este acto”.
La CDHDF se une a la solicitud del Relator Especial de la ONU para que el Estado mexicano tome en cuenta los instrumentos internacionales relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Hay que anotar que, derivado de su visita conjunta a México, ocurrida en agosto pasado, las Relatorías para la Libertad de Expresión de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaron un Informe preliminar donde señalaron que en nuestro país “existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas”.
Añade el Informe que no existe un órgano regulador independiente, y que el marco jurídico vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. En particular, no existe un marco legal que reconozca a las emisoras comunitarias y establezca procedimientos claros, precisos y equitativos por medio de los cuales dichas emisoras puedan solicitar y obtener frecuencias para operar.
En este sentido, la CDHDF considera urgente que el Estado mexicano acate las recomendaciones de la ONU y la OEA en materia de pluralidad y garantías para el ejercicio democrático de la libertad de expresión.
Para ello, estima fundamental que se adopte un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población, especialmente a la radiodifusión comunitaria para que pueda operar sin discriminación.
La Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CDHDF subraya que este caso es una muestra de cómo las deficiencias del sistema penal en México se suman a los vacíos legales para la criminalización de la radiodifusión comunitaria y las agresiones derivadas de la libre expresión de las ideas, particularmente en comunidades rurales cuyos problemas sociales se remontan a décadas de marginación y discriminación.


El máximo tribunal abre la posibilidad de sentar un precedente en materia de libertad de expresión, derecho a informar e igualdad.
México D.F., a 3 de febrero de 2010.- Este miércoles 2 de febrero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con cuatro votos a favor de los cinco Ministros que la integran, decidió atraer, por razones de interés y trascendencia, un caso sobre la negativa de otorgamiento de publicidad oficial para la Voladora Radio, medio comunitario integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC-México).
Con ello, la SCJN abrió la posibilidad de sentar un precedente en materia de publicidad oficial en un país como México, en el que los medios comunitarios de comunicación se encuentran en una situación de desventaja, dado que históricamente se les ha negado ese recurso restringiéndoles el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a informar.
El 30 de octubre de 2009, La Voladora, emisora de Amecameca de Juárez, asesorada por la organización Litiga OLE, solicitó a la Secretaría de Salud que contratara con ella la publicidad oficial que resulte razonable a fin de que participe equitativamente en la promoción de las campañas de comunicación social de los programas de gobierno, a cargo de esa dependencia.
La dependencia de la administración pública federal respondió el 8 de febrero de 2010, mediante un oficio simple de una cuartilla, que respecto los mensajes que difunde “invariablemente busca medios de amplia cobertura”, y que “en el caso de la Voladora Comunicación A.C., se trata de una radiodifusora comunitaria, que no cubre las expectativas de difusión de la Secretaría de Salud para lograr sus objetivos, y aunque cuenta con registro, se encuentra en etapa de
proyecto” (sic).[1]
La negativa de la Secretaría de Salud para contratar publicidad oficial con la radio comunitaria implica la contravención de las obligaciones de respeto y promoción de la libertad de expresión y el derecho a informar consagrados en la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, en tanto las radios comunitarias son el medio idóneo para llevar la información de los programas gubernamentales de atención social a la población meta.
La negativa reiterada de contratar publicidad oficial con medios comunitarios atenta contra la pluralidad de los medios de comunicación en el país, ya que al privilegiar a los grandes medios comerciales al contratar con ellos la publicidad oficial, no sólo hay un manejo arbitrario de los recursos públicos sino se discrimina a los medios alternativos, como son los medios comunitarios.
Es obligación de un estado democrático velar porque todo medio de comunicación goce efectivamente, y en términos equitativos, de la libertad de expresión y del derecho a informar, de lo contrario la asignación de la publicidad oficial se puede convertir en un instrumento de coerción para favorecer determinadas líneas editoriales.
Por lo anterior es que la radio interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa del Distrito Federal, quien el 30 de agosto resolvió negativamente; en consecuencia, la radio, asesorada de Litiga OLE y AMARC-Méx, interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado quien lo remitió a la SCJN donde su Segunda Sala decidió atraerlo por su interés y trascendencia.
AMARC-México y Litiga OLE hacen un llamado a la SCJN para que resuelva este caso en concordancia con los criterios internacionales de equidad y pluralidad que se incluyen para la libertad de expresión y el derecho a informar.
Para mayor información:
Luis Miguel Cano, codirector Litiga OLE
Cel. 5519191889
luismiguel@litigaole.org.mx
María Eugenia Chávez, oficina ejecutiva AMARC México
56724961
Nextel. 36195414