Agosto de 2013
Jovel, Chiapas, México
Venimos con dolor porque no quisiéramos que pasaran estas
cosas lamentables. Hay gente que no nos entiende y no razona. Hay compromisos e
intereses personales muy fuertes. Eso es la causa de los hechos lamentables.
Somos fuertes por nuestras tierras, aguas, bosques. Nuestra producción. Desde
los 70s hay historia. Los caciques de la región siempre han tenido interés en nuestras
tierras comunales. Vencimos esa etapa, recuperamos nuestra tierra. Pensamos que
iban a cambiar, que iba a haber desarrollo productivo, artesanal, etc. pero
buscaron otras tácticas de como querernos destruir. Ahí nace la compra y
corrupción de líderes. Como indígenas caemos en ambición. Es lo que ha hecho
que pasen tantas cosas, las expulsiones. Pero eso ha sido la razón que vemos.
Tengo 45 años de pertenecer a la Casa del Pueblo.
Me queda claro que la situación
es porque nos dejamos engañar, ambicionar por alguien que nos ofrece
comprarnos, entregar a propios compañeros y destruir nuestra organización, eso
ha desparramado el agua.
Comunero de la Casa del Pueblo, mayo del 2013. El presente
informe busca aclarar los hechos de violencia que tuvieron lugar en la cabecera
municipal de Venustiano Carranza el pasado 5 de mayo de 2013. A pesar de la
serie de denuncias de amenazas y agresiones que los antecedieron el gobierno
del estado de Chiapas no fue capaz de generar condiciones que garanticen protección
a la integridad y seguridad personal de los pobladores de dicho municipio.
Los hechos del 5 de mayo ocurrieron entre campesinos de la
Organización Campesina Emiliano Zapata – Casa del Pueblo integrante del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ–CP-FNLS) y la Organización Campesina
Emiliano Zapata – Chiapas (OCEZ-Chiapas). En sus raíces se encuentra la falta
de interés del gobierno estatal en resolver de fondo demandas añejas de ambos
grupos. Las acciones gubernamentales, incluso, antes, durante y después del 5
de mayo, generaron polarización y una escalada de violencia en el municipio.
Resultado de ello son: el asesinato de dos personas,
Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez; el desplazamiento de 49
familias –que al día de hoy viven en una situación de alta vulnerabilidad sin
que el gobierno sea capaz de garantizar las condiciones necesarias para su
regreso o reubicación–; daños en 42 viviendas, 22 vehículos y ocho tiendas de
abarrotes; la detención arbitraria de 19 campesinos por efectivos de la Policía
Estatal y Ministerios Públicos bajo las órdenes de la Secretaria General de
Gobierno; nueve personas privadas arbitrariamente de su libertad; dos personas
torturadas; y 167 órdenes de aprehensión aún pendientes de ejecutar.
Los hechos reflejan una constante en la región: grupos de
poder, entre ellos partidos políticos y el gobierno de Chiapas, que generan
conflictividad y confrontación comunitaria con el fin de movilizar las
correlaciones de fuerza en el escenario político cuando están en disputa el
control territorial – la población, la tierra y sus recursos–, puestos públicos
del gobierno, o la posesión de tierras productivas, en detrimento de los
pueblos campesinos e indígenas que durante décadas han dado la vida para que la
tierra sea de quien la trabaja.
Ubicación y contexto político El municipio de Venustiano
Carranza se ubica en la Región Socioeconómica IV De Los Llanos, abarca desde las
cumbres de los Altos hasta las vastas llanuras de la depresión central del
estado de Chiapas. Colinda con nueve municipios. La superficie municipal es de
1,363.37 km2. Por su tamaño ocupa el 13º lugar estatal entre los municipios más
grandes y representa el 1.86% del territorio Chiapaneco. Tiene una población de
61,341 habitantes, 30,774 hombres y 30,567 mujeres1 1 INEGI. Censo de Población
y Vivienda, 2010.
La población del municipio encuentra su signo de identidad
en la lucha organizada por la tierra: históricamente la han reivindicado y
recuperado de latifundistas y caciques de la región. Muestra de ello son los
Bienes Comunales de Venustiano Carranza, en el momento del reparto agrario
cuando les fueron entregados el control de 46 909 hectáreas2, tierras
restituidas tras el reconocimiento de su posesión ancestral y proceso de
articulación con actores sociales en lo colectivo e individual.
Desafortunadamente diversos grupos de poder local se
disputan el control de los recursos territoriales de Venustiano Carranza –
incluidos su posición geoestratégica, los minerales del subsuelo o su amplia
extensión de tierras productivas – y los utilizan para negociar con el gobierno
estatal en turno a cambio de puestos políticos o apoyos económicos, tras los
cuales reprimen y abusan de los campesinos y procesos organizativos de los
bienes comunales de la región.
Antecedentes Según información con la que cuentan las
organizaciones firmantes del presente informe, la problemática actual comienza
en diciembre del 2010, con la elección de una nueva Mesa Directiva de los
Bienes Comunales de la Casa del Pueblo. En aquel momento la Asamblea de
comuneros eligió como Comisariado a José Vázquez Hernández, hecho que se
legalizó mediante el Registro Agrario Nacional (RAN). Con esta nueva dirigencia
se promovieron y realizaron diversas acciones por la defensa del territorio en
contra del programa llamado Fondo de Apoyo Para Núcleos Agrarios sin
Regularizar (Fanar), antes Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares (Procede), así como manifestarse en contra de proyectos
mineros en la región.
Por otro lado, esta nueva dirigencia cuestionó la actuación
de los líderes que encabezaron la Casa del Pueblo en la etapa previa a su
mandato, incluyendo la venta de tierras y la presunta desaparición de 67 de las
575 cabezas de ganado propiedad de los Bienes Comunales. Ante ello, el 25 de
septiembre de 2012, comuneros inconformes con la nueva Mesa Directiva tomaron
por asalto la Asamblea Extraordinaria en la que se iba a discutir sobre estos
temas. La OCEZ-CP denunció que los inconformes irrumpieron con armas de fuego, varillas,
tubos, piedras y palos, que ocuparon las oficinas y lesionaron a golpes a nueve
de sus miembros. Al día siguiente, cientos de comuneros de la Casa del Pueblo
recuperaron por la fuerza las oficinas del Comisariado Ejidal. Indicaron que 28
invasores fueron entregados a un agente del Ministerio Público, mientras la
policía estatal encontró a otros tres en una casa por la que habían intentado
escapar.
Posteriormente fueron prontamente liberados por las
autoridades sin que quedara cargo alguno en contra de los agresores.
El gobierno de Chiapas, a través de funcionarios de la
Secretaría General del Gobierno, impulsó al grupo de la OCEZ-CP-FNLS que, por
éste y otros agravios, realizarán acciones jurídicas agrarias para expulsar a
los inconformes. En Asamblea General se determinó la expulsión de miembros de
la OCEZ- Chiapas. Toda la documentación se envió al entonces gobernador de Chiapas,
Juan José Sabines Guerrero, con el fin de que impulsara el proceso de
depuración de la lista agraria de estos comuneros. El juicio agrario
interpuesto al respecto aún permanece sin resolverse.
Por otro lado, testimonios refieren que funcionarios de la
Secretaría General del Gobierno ofrecieron proyectos y asesoraron al grupo
inconforme para actuar en contra de quienes tienen la representatividad ante 2 Reyes
Ramos, María Eugenia. El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas:
1914-1988. Universidad Autónoma de México la Asamblea de la Casa del Pueblo,
promoviendo de esta manera un clima de encono y tensión entre las partes.
La violencia que estalló en mayo de este año pudo haberse
evitado. Es la explosión de meses de confrontación en aumento que pasaron por
amenazas, difamaciones, robos y matanzas de ganado, destrucción de milpas, quemas
de pastura, destrozo de alambres, el intento de asesinato a integrantes de
Bienes Comunales y el asesinato del señor Luis Ángel Hidalgo Vázquez, sucedida
el 25 de noviembre de 2012, con ambos grupos inculpándose de los hechos.
Hechos recientes
Según información documental con la que cuentan las
organizaciones firmantes, los hechos de violencia que tuvieron lugar en
Venustiano Carranza el 5 de mayo de 2013, son producto de la incertidumbre ante
demandas y promesas de solución incumplidas por el gobierno de Chiapas cuyas
acciones, por el contrario, promovieron aún más la confrontación de las partes
en conflicto.
Los testimonios de lo sucedido ese día están llenos de
contradicciones. Las versiones de testigos de cada uno de los grupos se
contraponen, cada organización implicada acusa a la otra del origen de las
acciones de violencia.
Coinciden sin embargo cuando confirman la presencia de
personas armadas que amenazaban y agredían a la población ligada a su
organización. Integrantes de la OCEZ-Chiapas afirman que el 5 de mayo: […] me
quemaron mi casa, destrucción total, con fuego y bomba casera, dos de mis casas
y una camioneta de modelo 93 y todas mis cosas fue quemado: comedor, cama, más
100 litros de liquido, mini componente dvd, dos caballos motosierra, bicicleta
tipo montaña. Lo vimos esas personas; le dimos confianza a Noé Castañón.
Los vi las personas
iban descubierto son muchas gentes, la policía no intervino, confiamos mucho
con el gobierno, en presencia de la policía gente armada, es una vergüenza que
hayan hecho en presencia de las policías se burlaron de la ley, son siete
personas que conocí. Alrededor de 30 personas armadas venían, conocí a varios
de ellos, iban aventando bombas caseras y ellos iban con armas largas de alto
calibre. La policía dice que es cuerno de chivo. En todo en el barrio de San Francisco, hubo 14 carros
quemados y casas como 39, 43 familias corrieron en el barrio de San Francisco,
afectadas.
A las 3:00 hrs. de la mañana estaba en mi casa como soy
agricultor, a las 4:00 hrs. de la mañana fui a mi milpa, a como tres o cuatro
cuadras se escuchaban los gritos de otras familias, pero ya teníamos aviso
antes de que iba a pasar algo. En eso llegó una patrulla con policías como
observadores. Cuando empezaron a quemar mi casa, estaba mi familia adentro, la
policía estaba parada como una columna de ellos estaban sin hacer nada. Ese día
había como 800 policías, sólo en una cuadra, la policía no nos protegió en el
momento. No hay otros responsables más que las autoridades, ellos son los
responsables. Pedimos que Noé Castañón pague los daños porque ellos no
intervinieron y si hubieran intervenido no hubiera pasado esto.
Una integrante OCEZ-CP-FNLS menciona que el 5 de mayo: A las
4:00 hrs. de la madrugada vimos que había balacera, escuchamos tiros. Vi por la
ventana […] iba bajando con una mochila como si pesara mucho, y al ratito nada
más fue que en la colonia empezó la balacera. Le dije a mi hijo que será algún
santito, y le dije que no ves que es balacera, y además había humo, y vi hartos
hombres que iban bajando con sus palos y piedras, y los otros con armas y
encapuchados, eran como ocho personas y un viejito sin capucha que es el
principal […]. Le dijo este hombre, mujer métete en tu casa, no ves que se va a
poner peor. Ella estaba bien nerviosa, y escuchó la campana y pensó que además
iba a haber misa, y como a las 8:30 hrs. de la mañana empieza de nuevo la
balacera otra vez fuerte. Otra mujer dijo, ustedes que son de la iglesia vayan
allá, porque van a reventar a los representantes de la Iglesia. En la tarde ya
volvió a bajar a su casa, porque se había ido a la Iglesia.
Las víctimas de los hechos del pasado 5 de mayo son
Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez, asesinados durante la jornada
de violencia, y 49 familias desplazadas, todos y todas pertenecientes a la
OCEZChiapas. Los hechos se iniciaron cerca de las 2:00 hrs. de la madrugada, en
el barrio de San Francisco, sin embargo, las acciones de violencia se
extendieron hacia ocho barrios más.
Es preciso señalar que ambos grupos coinciden que esta
situación se hubiera podido evitar si el gobierno de Chiapas cumpliera con su
función de garantizar la seguridad e integridad personal, ya que éste tenía la información
de una posible confrontación entre las partes, además, unos días antes en todos
los sectores se corrió la información de que iban a suceder hechos de violencia
y los dos grupos ahora en conflicto avisaron al gobierno de Chiapas de esta
situación.
Otros testimonios aseguran que los dos grupos se encontraban
armados con armas de alto calibre y que el grupo de la OCEZ-CP-FNLS actuó de
manera deliberada acudiendo a las casas de la OCEZ-Chiapas, para desplazarlos
porque el gobierno no había cumplido su promesa de hacerlo.
Al contrario, la OCEZ-CP- FNLS menciona que, en el barrio de
San Francisco, les dispararon a varios de sus compañeros con armas de alto
calibre y por ello se tuvieron que organizar. Afirma que posteriormente, como a
las 4:00 hrs., estos mismos hechos se cometieron por personas encapuchadas y
armadas de la OCEZChiapas, quienes en sus barrios comenzaron a disparar a sus
propios domicilios en puertas y ventanas para provocar y responsabilizar
nuevamente a los comuneros de la Casa del Pueblo. Situación que provocó las reacciones
de integrantes de la OCEZ-CP-FNLS de los barrios para tomar acuerdos y
enfrentar los disturbios.
De los hechos del 5 de mayo las organizaciones firmantes
ubican diversas violaciones a los derechos humanos en donde es responsable el
gobierno de Chiapas, por no hacer lo necesario para impedir el desplazamiento forzado
por causa de la violencia generalizada; el asesinato de dos personas de nombres
Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez; la quema y destrucción de por
lo menos 42 casas, 22 vehículos y el robo en ocho tiendas de abarrotes, todos
los actos en contra de los integrantes de la OCEZ-Chiapas.
Además, cabe señalar
que una serie de agravios de los grupos actualmente en conflicto nunca fueron
investigados. Por lo anterior ubicamos la responsabilidad clara de la
Secretaria General de Gobierno, (en ese entonces encabezada por Noé Castañón),
por acción y omisión para impedir los hechos violentos que generaron violaciones
de difícil reparación, ya que ellos tenían conocimiento pleno de la situación
imperante en Venustiano Carranza, además de que cada uno de los grupos alertó
de la posibilidad de los hechos sucedidos el 5 de mayo, sin que el gobierno
actuara. Por lo tanto vemos que se violentaron de esta manera el derecho a la vida,
integridad y seguridad personal de los ciudadanos que están bajo jurisdicción
del Estado.
Patrón represivo del gobierno de Chiapas a través de
Detenciones Arbitrarias y Tortura
Después de los hechos del 5 de mayo, testigos de la región y
fuentes periodísticas, confirman que el clima en la región se tensó aún más; el
gobierno mexicano introdujo de manera desproporcionada elementos de fuerzas de
seguridad, sitiando la cabecera municipal con efectivos de la Marina, Policía
Estatal y Ministerios Públicos.
El 23 de mayo de 2013, integrantes de la OCEZ-CP-FNLS se
encontraban manifestándose en un plantón en la Plaza de la Paz en la ciudad de
San Cristóbal de Las Casas, cuando 11 campesinos fueron privados arbitrariamente
de la libertad por efectivos de la Policía Estatal y Ministerios Púbicos, bajo
las órdenes de la Secretaria General de Gobierno con la finalidad de orillar a
la OCEZ-CP-FNLS a negociar de acuerdo a los intereses que se disputan en la
región. Los nueve detenidos actualmente se encuentran recluidos en el Centro Estatal
para la Reinserción Social de Sentenciados CERSS No.14 del municipio de
Cintalapa.
El día miércoles 23 de mayo salí con una comisión de la
comunidad para una manifestación a la plaza de la catedral en San Cristóbal.
Íbamos a denunciar la persecución y hostigamiento, años anteriores habían problemas.
El día miércoles allí nos quedamos somos ocho compañeros, como a las 10:00 u
11:00 hrs. de la noche pusimos nuestros nailitos, estaba lloviendo, para
regresar al día siguiente. Como a las 3:00 o 3:30 hrs. de la mañana entró la
policía en nuestro campamento, nos empezaron a golpear, no sabía quiénes eran,
pensábamos que eran ladrones pero nos dimos cuenta que eran muchos, habían unos
100 elementos y nos sacaron del campamento, me aventaron en un carro doble
cabina color azul, mis compañeros ya no los vi si iban en el carro, nos
llevaron a la procuraduría y allí encontré a mis compañeros de nosotros. No
sabía porque la detención, en la procuraduría nos interrogaron los agentes, nos
amenazó que como sabíamos por qué estamos detenidos sobre el 5 de mayo. No
sabía porque no estuve allí y el agente dice que yo estuve quemando casas, que
me iban a partir la madre, eso dicen los agentes, los agentes estaban tapados
de la cara.
Según testimonios de las víctimas, de las 11 personas
detenidas, dos de ellas fueron torturadas y cuatro liberadas. La finalidad de
la tortura fue que denunciarán a los líderes del FNLS.
Nos llevaron a Chiapa de Corzo para declarar de lo que pasó
en Carranza, que confesáramos y de allí me metieron en un cuartito con dos
agentes y me dice quítate la ropa y me golpeó en el pecho y me tuve que quitar todo,
pantalón y camisa, me vendó la cara y las manos amarradas para atrás, escuché
que estaban mojando algo y me dio tres golpes en el pecho, tres en la espalda y
tres en la cabeza con la mano, mientras me preguntaban quienes son los lideres
y dónde están las armas y quien mueve todo este desmadre. Y les dije que no sé
y me pusieron boca abajo y me pusieron un trapo en la boca, con la misma camisa
mojada me taparon, sentí que se me iba la respiración. Me preguntaban qué
actividades hice el día 5 de mayo, les dije que en mi parcela estaba trabajando
y no me creyeron.
Y allí entró otra persona y ésta dijo ya no lo golpeen,
porque tienen una visita, me soltó la mano y me vestí. Antes de salir del
cuarto me quitaron la venda, en la computadora me mostraron nombres si los
conocía, me amenazaban mucho, una persona estaba haciendo mi declaración a su
modo yo le dije que eso no fue así. Me dice que culpe a otra persona que eso me
beneficia para que salga libre pronto.
La otra persona torturada refiere lo siguiente: Me
despertaron con un puño en el ojo izquierdo, luego fui arrastrado, por parte de
un policía a una camioneta, tipo lobo, de color blanco, sujetado boca abajo y
de ahí trasladado junto a las otras 11 personas en la procuraduría de Tuxtla
Gutiérrez donde me quitaron mi celular. Después de dos horas, me trasladaron a
Chiapa de Corzo, me quitaron la camiseta, esposaron, me pusieron una venda, y,
por dos personas, me tiraron en el piso, con una bolsa de plástico en la cabeza
con agua y fui amenazado para que diera el nombre de los líderes del movimiento
y quienes llevaban las armas.
Por la noche fui amenazado por una licenciada quien me dijo
que si no hacía los nombres de los líderes no me soltaban.
El 26 de mayo de 2013, integrantes de la OCEZ-CP-FNLS se
trasladaban en tres camionetas a San Cristóbal de Las Casas, cuando en el
entronque conocido como el Carmelito, que se encuentra casi a la entrada de la ciudad
de Teopisca, la Policía Estatal les hizo la parada y de manera selectiva detuvo
de manera arbitraria a cinco integrantes más de la OCEZ-CP-FNLS, quienes se
encuentran privados arbitrariamente de la libertad en el CERSS No.14 del
municipio de Cintalapa.
El 26 de mayo, aproximadamente a las 10:00 u 11:00 hrs. de
la mañana me detuvieron. Llevaba ocho blusas que iba a ir a vender, llegamos al
Carmelito, yo iba en una combi de pasajeros, cuando ahí estaban personas
vestidas de azul y otras de negro; estaban armados y no se identificaron y
pararon a las combis, yo iba en el asiento de delante de la combi y me pidieron
identificación, la mostré mi credencial y mi curp y mi identificación de artesanías,
me bajaron del carro y empecé a platicar con ellos y me dijeron que me subiera
a un carro blanco, era una patrulla y me subí. No me mostraron ninguna orden
cuando me agarraron. Llegamos a Tuxtla como a las una de la tarde, ahí nos
tomaron fotos de frente y de perfil, después de tres horas. No declaré ahí, me preguntaban
los policías por qué tapé, que por qué quemé. No me permitieron hacer llamadas.
Después como a las 5:00 hrs. de la tarde fui trasladado al Amate.
El 17 de junio de 2013, se realizaron tres detenciones más
con el mismo patrón de acción en contra de integrantes de la OCEZ-CP-FNLS. El
17 de junio comenzaron de nuevo las agresiones por parte del gobierno,
comenzaron allanando la casa del Comisariado de Bienes Comunales, el compañero José Vázquez
Hernández para detenerlo, pero no lo encontraron en su casa; desde ahí
empezaron de nuevo los sobrevuelos de helicópteros y la incursión de la Policía
Estatal y Ministerial en los barrios de Venustiano Carranza.
El martes 18 de junio a las 4:30 hrs. de la tarde, alrededor
de 30 camiones tipo 'torton' con cientos de elementos de la Policía Estatal
Preventiva arribaron a las entradas de la cabecera municipal, entrando por el
barrio de San Francisco y de San Pedro con lujo de violencia, tirando gases
lacrimógenos, realizando disparos al aire, golpeando y deteniendo a personas
que se encuentran a su paso; estas acciones son apoyadas por dos helicópteros
que también lanza gas lacrimógeno a la población en general, afectando
gravemente a mujeres, niños y ancianos que quedaron atrapados en sus casas.
Todo esto está ocurriendo justo cuando se iba a instalar la
segunda mesa de diálogo de la OCEZ Casa del Pueblo con el gobierno estatal, y
se tenía otra programada para el miércoles 19 de junio, por lo que vemos que no
hay voluntad mínima para respetar el acuerdo de los temas a tratar.
Actualmente de todos los detenidos nueve personas son las
que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad. Además existen
aproximadamente 167 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, con lo que
se ve la intención de mantener un clima de alerta y terror permanente en la
cabecera municipal de Venustiano Carranza.
Conclusiones:
De lo documentado, las organizaciones firmantes
responsabilizan al gobierno de Chiapas, específicamente a los funcionarios de
la Secretaria General de Gobierno por ser omiso en atender la problemática, ya
que tenía pleno conocimiento de la situación, por las siguientes
consideraciones:
1.-El estado de Chiapas tiene como responsabilidad básica el
deber de garantizar la vida humana y de prevenir que alguien sea privado de la
vida ilegalmente. Por lo que concierne a este hecho el estado de Chiapas - lo
cual se ha reiterado en este informe - tenía conocimiento de las tensiones en
Venustiano Carranza y no actuó en conformidad. Como resultado, la situación se
empeoró y dos personas, Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez,
fueron asesinadas. En vez de investigar, el estado respondió con acciones
penales en contra de un grupo políticamente no favorecido él. Por lo
consiguiente el gobierno ha omitido investigar las circunstancias y las
identidades de los verdaderos perpetradores que asesinaron a las dos personas
referidas.
Por lo cual se violaron los diversos instrumentos legales
como son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 14, párrafo segundo, y párrafos primero y cuarto; Convención Americana
sobre Derechos Humanos, art 4º; entre otros tratados internacionales.
2.- Ante el fracaso de evitar los hechos de violencia
generalizada, el gobierno permitió y fomentó que se desataran acciones
desmedidas a la vida privada y en los domicilios de los afectados. Esto
constituye una violación al derecho a la integridad, a la libertad y a la
seguridad personal, a la honra y a la dignidad, derechos garantizados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Arts. 16, 18 y 19; en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 5º, 7º, 11,
14 y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
entre otros instrumentos internacionales.
3.-Los hechos aquí reflejados son una constante en la
región; en donde se involucran una serie de intereses en disputa del territorio
y del poder para el control poblacional en la zona. Dichos intereses tienen una
constante de despojo a los pueblos y represión a quienes luchan por una vida
digna. Los problemas cíclicos en Venustiano Carranza son consecuencia de la
acción constante de tales grupos de poder.
Ante los hechos de violencia generalizada en la región de
Venustiano Carranza, las organizaciones que suscribimos el presente informe
instamos al gobierno del estado de Chiapas a: Primero: Realizar acciones de
justicia efectiva para detener a la persona o personas que privaron de la vida
a los señores Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez, ambos
integrantes de la OCEZ-Chiapas.
Segundo: Dar condiciones dignas a las 42 familias, 344
personas desplazadas, debido a su situación de emergencia; esto para atenuar
las precarias condiciones de vida, atendiendo principalmente a niños, niñas, ancianos,
ancianas y mujeres, mientras se propicia el resarcimiento y restitución pleno
de derechos que les corresponde de acuerdo a los Principios Rectores de las
Personas Internamente Desplazadas marcada por la Organización de Naciones
Unidas, el cual considera imperante atender la situación de manera integral,
debido a que se trata de violaciones a los derechos humanos múltiples y
continuadas.
Tercero: Una investigación efectiva que dé como resultado la
detención de quienes actuaron en el desplazamiento forzado de las 42 familias,
así como en los actos de destrucción y robo a bienes materiales pertenecientes
a miembros de la OCEZ- Chiapas. Así mismo, proporcionarles condiciones de
retorno o de reubicación digna.
Cuarto: La liberación inmediata de las personas privadas
arbitrariamente de la libertad, que fueron detenidas en una estrategia de
represión selectiva para obligar a la OCEZ-CP-FNLS a ceder de acuerdo a los
intereses políticos; y la cancelación de las 167 órdenes de aprehensión que
fueron emitidas de manera indiscriminada en la mayoría de los casos y de manera
selectiva a los líderes de la región.
Quinto: Una investigación efectiva para el castigo a los
responsables de los dos actos de tortura, realizados por la Policía Estatal y
Ministerios Públicos, junto al apoyo y cobertura de la Marina Nacional.
Sexto: Generar condiciones que garanticen el derecho a la
integridad y seguridad personal de los pobladores, tanto de la OCEZ-CP-FNLS,
así como de la OCEZ-Chiapas, que vaya encaminado a acuerdos que restituyan el
tejido social para la convivencia pacífica entre los pobladores de la región
del municipio de Venustiano Carranza.
Centro de Derechos Indígenas, AC (Cediac),
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria,
AC (Coreco),
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC
(Desmi),
Educación Para la Paz, AC (Edupaz),
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, AC (CDMCH),
Servicio Internacional Para la Paz (S!paz),
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC
(Frayba).
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