El escenario que vivimos en Guerrero es atroz: la violencia y la pobreza extremas nos están devastando, no por un destino divino, sino por un sistema económico voraz que ha permitido la concentración de la riqueza global en pocas manos, a cambio de la exclusión de millones de familias que no cuentan con techo, empleo, educación, salud y alimentos básicos.
La indignación y las manifestaciones de protesta que se están dando en varios países del primer mundo, tienen como denominador común la marginación y la exclusión social. Son los jóvenes quienes protagonizan estas luchas, los que increpan al poder y trastocan la supuesta legalidad de un sistema que atenta contra sus derechos fundamentales. Vislumbramos los estragos de las políticas de ajuste estructural y de la economía de mercado que hinchó de dinero a los grandes banqueros. Este sistema, además de despojar el patrimonio de los pueblos, desmanteló las estructuras estales orientadas a brindar protección social. Adelgazó y debilitó al mismo Estado e impuso la dictadura del capital, que mata de hambre a las mayorías empobrecidas.
La precarización de la vida se ha generalizado en todo el orbe, a causa de la privatización de los derechos fundamentales. Esta situación ha cancelado el futuro de las nuevas generaciones; ya no es posible imaginar un horizonte donde el bienestar sea parte de los sueños forjados con el trabajo y la educación. El descontento popular se manifiesta de diferentes maneras. tomando las calles, enfrentando a los policías, realizando asambleas populares en las plazas públicas, protestando en los congresos y exigiendo la salida de las autoridades. En todos los manifestantes jóvenes existe coraje y rabia contra los que gobiernan. Ya no hay confianza en los políticos, porque no representan los intereses de los excluidos. Los que ostentan el poder son simples administradores que sólo cumplen las órdenes de la banca multilateral y de los grandes corporativos trasnacionalizados. La democracia representativa no garantiza ninguna mejoría a una juventud que ya no está dispuesta a ser clientela sumisa de los grupos políticos que se han amafiado para secuestrar el poder público.
Las nuevas generaciones ya no necesitan tutela de nadie. Están convencidos de que las leyes impuestas por las elites políticas fueron aprobadas a espaldas de la sociedad, para arrebatarles derechos, y de esta forma legalizar la exclusión social. Los jóvenes han sido capaces de identificarse en la indignación, en el coraje y en las ganas de manifestar públicamente su inconformidad y su rabia. Están hartos de las poses autoritarias de los gobernantes, de sus actitudes vánales y racionamientos torpes. Ya ningún político tiene autoridad para persuadirlos de que el sistema capitalista es el mejor de los mundos posibles. Han mandado al carajo la cultura de la hipocresía burguesa, el lenguaje falaz y traicionero de los políticos electoreros. Lo inédito de su movimiento es que existe un profundo sentimiento anticapitalista. Ya no creen en los dogmas del neoliberalismo y mucho menos le dan crédito a planes de desarrollo ni a las políticas privatizadoras de quienes ostentan el poder. Ninguno está dispuesto a ser humillado ni desplazado, a padecer políticas deshumanizantes que reducen a la persona a su mínima expresión, como un simple objeto de conmiseración y asistencia social. No necesitan de líderes ni de representantes populares, no esperan que alguien los organice, ni mucho menos pasa por su mente la idea de que tienen que agachar la cabeza ante los verdugos que los oprime. Emergen como nuevos sujetos capaces de organizarse de manera autónoma, de reactivar nuevas redes de solidaridad y de reencontrarse en el ciberespacio y en las plazas públicas. De usar un lenguaje propio, con un espíritu combativo que los define como una generación de jóvenes que construyen una nueva ciudadanía cosmopolita, que lucha por su emancipación contra los gobiernos neoliberales anclados en el concenso de Washington.
En Guerrero, en la misma semana del Día Internacional de la Juventud, varios jóvenes que fueron rechazados por la Universidad Autónoma de Guerrero, con gran dignidad ejercieron su derecho a la protesta, encadenándose y crucificándose. El nuevo gobierno por más que se esfuerza para crear una imagen bonachona, sigue cumpliendo al pie de la letra los dictados de las políticas privatizadoras que ha impuesto el gobierno federal en los ámbitos educativos, de salud, empleo y vivienda. La orden de los políticos empresarios es crucificar a los jóvenes para salvar la ganancia exorbitante de las elites. Ningún político puede poner en riesgo la economía de mercado, por lo mismo, tienen que racionalizar el número de matrículas para estudiantes de nivel superior, con el fin perverso de que no ejerzan presión en el mercado laboral. La instrucción tajante es reducir el número de los aspirantes, y el mecanismo más eficaz, es la aplicación de exámenes de admisión. Esta prueba es el primer filtro de la exclusión social. Lo que está de fondo es la visión privatizadora de la educación. El gobierno impone normas excluyentes para no verse obligado a garantizar el acceso a la educación superior a toda la población que lo requiera. Deja de ser una obligación constitucional y más bien se atiene a los criterios del mercado elitista. Con esta prueba se busca legitimar la desigualdad social y remarcar que sólo ciertos sectores tienen derecho a ingresar. Subrepticiamente lo que están defendiendo es que el grueso de la población, que presenta el examen y no logra aprobarlo, es tonta. Vemos como las mismas universidades públicas forman parte del entramado político para reproducir una sociedad elitista, asumiendo el encargo de rechazar a los jóvenes para desactivar cualquier presión social y laboral en el mercado capitalista. Con la aplicación de estos exámenes introyectan en los jóvenes la idea de que no son aptos para estar dentro de una institución educativa de nivel superior, se autoexcluyen y de algún modo aceptan la estigmatización de ser parte de la población predestinada a vivir en la marginalidad social.
¿De qué sirve tener un gobierno que se dice de izquierda moderna, si aplica sumisamente las políticas privatizadoras de los gobiernos de derecha? ¿Cuáles son los beneficios que han encontrado los jóvenes con este gobierno perredista? ¿Dónde quedó el proyecto de la universidad-pueblo que tanta represión y persecución costó, a maestros y estudiantes que pensaron en un mejor futuro para las generaciones del siglo XXI? ¿De qué valió la lucha por la autonomía de esta Universidad, que costó sangre, para que ahora escuchemos de sus autoridades argumentos burdos que rayan en argumentos venales? ¿Sabrá el rector que el prestigio que alcanzó esta Universidad se debió al sacrificio de muchos jóvenes que no sólo protestaron con huelgas de hambre, sino que entregaron su vida por la universidad?
Es desconcertante escuchar argumentos simplistas de funcionarios perredistas para resolver la demanda educativa de los estudiantes rechazados. A los que sueñan con estudiar Medicina, Enfermería, Odontología, Química o para ser maestros, la solución es mandarlos a otras regiones para incorporarlos a los tecnológicos. La intención de fondo es desactivar la protesta, dividirlos, ofrecer la incorporación de algunos alumnos para desarticular su movimiento. Lo importante es invisibilizar este problema y desentenderse de los más de tres mil jóvenes que existen en el estado que aspiran a estudiar en una institución pública de nivel superior.
En esta lucha, las que ganan son las universidades privadas, porque saben que varias familias estarán dispuestas a hacer lo imposible con tal de apoyar a sus hijos para que tengan una formación profesional; la alternativa es la educación privada. Si logran el objetivo de concluir sus estudios podrán cruzar la frontera de los excluidos y formarán parte de otro eslabón más que les dará la oportunidad de estar más cerca de las elites, para luchar por un empleo mejor remunerado.
Lo que las autoridades educativas defienden como los estándares de calidad, no es más que una apología de la privatización educativa. Son las cadenas que los funcionarios públicos a imagen de los verdugos les imponen a los jóvenes; son los nuevos soldados romanos que crucifican a la gente que lucha por una demanda justa; son los que cierran las puertas de las universidades públicas y obligan a que el futuro de Guerrero ponga en riesgo su propia vida, como sucede con los jóvenes rechazados que se han instalado en el kiosco de Acapulco en huelga de hambre.
Por defender los dogmas del neoliberalismo, al nuevo gobierno de Aguirre Rivero poco le interesa que en La Montaña no haya médicos, medicinas, enfermeras ni alimentos. No interesa tanto que las víctimas de la guerra contra el narcotráfico sean en su mayoría jóvenes. No relacionan, mucho menos aceptan que esta forma de exclusión social de los jóvenes, está relacionada con la pobreza extrema, con la expansión del crimen organizado, la migración, el desempleo, las muertes violentas y los suicidios. Ya no es noticia saber que 43 jóvenes menores de 30 años hayan sido ejecutados en 2011 en la región de la Tierra Caliente y que varios de ellos estaban estudiando la preparatoria.
Los guerrerenses no podemos permitir que este gobierno, que se ufana por ser de izquierda, siga reproduciendo políticas educativas excluyentes y que asuma posturas que causan vergüenza, porque en lugar de asumir la causa de los hombres y mujeres que dignifican nuestro estado, con gran cobardía permite que estos jóvenes sigan postrados en el kiosco. Ellos son un ejemplo que inspira esperanza, porque su lucha generosa está desenmascarando la mezquindad de los políticos y porque su sacrificio despertará la conciencia de más jóvenes que sabrán abanderar en su momento movimientos que acaben con la exclusión y la desigualdad social.
Artículo de opinión del Centro de Derechos Humanos de la Montaña publicado en el periódico El Sur.
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