Presentación
Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos es motivo de gran satisfacción conmemorar el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, abordando un tema crucial para México:
los retos y perspectivas de la cobertura periodística.
Las libertades de expresión y de prensa se han convertido en uno de los
principales temas en la agenda nacional. Para los organismos internacionales
de derechos humanos el respeto a ambas libertades constituye uno de los
temas de mayor preocupación. El Comité de Derechos Humanos de la onu
resaltó en marzo del 2010 la situación que enfrentan las y los periodistas.
Porsu parte, en el ámbito del sistema interamericano, hace un par de semanas
se hizo público el informe anual de la Relatoría sobre Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el balance
acerca de la situación imperante en México es sacudidor y sin duda obliga al
Estado mexicano a tomar medidas y acciones tendientes a mejorar el respeto
y salvaguarda de dos libertades claves para una sociedad democrática.
Los años recientes han sido particularmente violentos para el periodismo
en México. Las y los periodistas se han vuelto especialmente vulnerables
a recibir ataques y agresiones provenientes de diversas latitudes. Tan sólo
en lo que va del año 2010, cuatro periodistas han sido asesinados. Valentín
Valdés, Evaristo Pacheco, Jorge Ochoa y José Luis Romero fueron ejecutados
en entornos de inseguridad y violencia como los que imperan en los
estados de Coahuila, Guerrero y Sinaloa. A la ejecución de periodistas, se
suma la desaparición. A inicios del mes que corre, Ramón Ángeles Zalpa
desapareció en el estado de Michoacán, lo que engrosa a diez el número de
periodistas cuya localización se desconoce desde el año 2000.
Es preciso atender información recabada por organizaciones de la sociedad
civil, como Artículo 19 y cencos, en la que se identifican a personas
vinculadas con el crimen organizado, funcionarias/os estatales y fuerzas de
seguridad como presuntos/as responsables de las agresiones. Ante este escenario
el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad por acción y/u
omisión e investigar los hechos, procesar a las/os presuntos responsables,
juzgarlos y, en su caso, aplicarles las sanciones correspondientes; así como
reparar a las víctimas y sus familiares.
Por tratarse de una función social de primer orden, no es necesario esperar
a que la agresión se presente para que el Estado asuma su responsabilidad
en materia de prevención. Por ello, es crucial dar nacimiento a un mecanismo
nacional de protección para periodistas, defensores y defensoras de
derechos humanos, tal y como lo ha recomendado la Oficina en su informe:
“Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”.
Las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos implican
también la responsabilidad de crear y generar las condiciones para que
todas las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la
libertad de expresión y de prensa. Esto supone la obligación de crear un
marco jurídico capaz de garantizar la pluralidad y diversidad en los medios
de comunicación.
En los últimos años hemos presenciado en México un debate público
interesante en torno a los principios y criterios que deben inspirar la normatividad
que regula a los medios de comunicación. Toda legislación en
la materia debe tener como uno de sus objetivos centrales el respeto al
derecho a la libertad de expresión, el acceso de todas las personas a los medios
de comunicación sin ningún tipo de restricción (especialmente a las
radios indígenas y comunitarias); la perspectiva de género, teniendo como
principio la igualdad entre las mujeres y los hombres sin discriminación de
ninguna índole y bajo ninguna circunstancia; así como la pluralidad y libre
competencia de los medios de comunicación que evite la concentración
del espectro radioeléctrico.
En este sentido, nuestra Oficina lamenta que el Estado haya perdido
una vez más la oportunidad de generar una reforma integral a la legislación
de medios, que ofrezca certezas y garantice el derecho a la libertad de expresión
y a la libertad de prensa.
Hacemos un especial señalamiento a la persecución legal de la expresión.
Si bien es cierto que a nivel federal se han dado pasos importantes
para de-criminalizar la libertad de expresión, derogando los así denominados
“delitos contra el honor” (difamación, calumnias e injurias), aún hay
estados que mantienen vigentes algunos de los citados tipos penales. Por
ello es necesario realizar con prontitud las reformas locales para que desaparezcan
los delitos contra el honor, tal y como lo refiere el Comité de
Derechos Humanos en sus conclusiones sobre México.
Frente a la despenalización de la libertad de prensa ha surgido un nuevo
reto: el relativo a los efectos que la responsabilidad derivada de demandas
civiles puede tener sobre la libertad de expresión. Casos como los de la revista
“Contralínea” o las demandas que enfrentan otras personas dedicadas
al periodismo dan muestra de cómo el acoso judicial se ha convertido en
obstáculo para que los medios y las y los periodistas satisfagan el derecho
de la sociedad a estar informada.
Finalmente, quiero señalar que mientras algunas violaciones a las libertades
de expresión y de prensa han merecido una relativa atención pública, las
restricciones indirectas a los medios de comunicación permanecen en la mayoría
de los casos invisibilizadas. En particular, para nuestra Oficina genera
una profunda preocupación la asignación o el retiro de la publicidad oficial
como mecanismo de premio o castigo ante la línea editorial de los medios.
El uso abusivo y arbitrario que pueden llegar a realizar los gobiernos
para asegurar o condicionar coberturas favorables e inhibir la crítica, junto
con la manipulación en la asignación de la publicidad oficial, puede socavar
la independencia de los medios y minar las libertades de expresión y prensa.
Ante ello es preciso que el Estado mexicano impulse la adopción de
una normatividad que establezca procesos de contratación en la publicidad
oficial claros, justos, imparciales y no discriminatorios.
Ante este escenario es necesario recalcar que los obstáculos a la libertad
de prensa y de expresión inciden en el derecho a la información plural que
tiene nuestra sociedad y son libertades sustanciales para tener un Estado
democrático.
Alberto Brunori,
Representante en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(octubre 2008-junio 2010)
martes, 26 de octubre de 2010
Tira TEPJF las elecciones municipales en San Juan Chamula, Chiapas
Posted by Mandujano in martes, octubre 26, 2010
Xalapa, Veracruz, a 26 de octubre de 2010
40/2010
Ordena Sala Xalapa elecciones extraordinarias en San Juan Chamula, Chiapas
· Decreta recuento de votos en 32 casillas relacionadas con la elección municipal de Fortín de las Flores, Veracruz
La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección municipal de San Juan Chamula, Chiapas, y ordenó al Congreso local y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) realizar las acciones necesarias para celebrar comicios extraordinarios en el citado municipio.
Las Magistradas de la Sala Xalapa consideraron fundados los agravios presentados por la coalición “Unidad por Chiapas” en contra de la resolución que Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa (TJEA) de esa entidad, que confirmó el triunfo a la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Unidad por Chiapas” argumentó falta de congruencia, de exhaustividad y de fundamentación en la sentencia del TJEA, en la que se desestimó analizar las irregularidades acontecidas en 41 casillas y decretar con ello la nulidad de la elección.
Entre las irregularidades demostradas estuvieron la inexistencia de boletas electorales suficientes para cubrir el total de electores en posibilidad de votar conforme a las listas nominales de diversas casillas, casillas en las que se registraron más votos que votantes; dos casillas en las cuales, a pesar de instalarse, no se recibió votación alguna por ausencia absoluta de boletas.
Además, la coalición demostró la quema de documentación electoral y un indebido manejo de documentación oficial por parte de la autoridad administrativa electoral, así como una acusación en contra de un funcionario del IEPC que intentó introducir boletas en una urna.
Por lo anterior y dado que se comprobaron irregularidades en el 42 por ciento de las casillas, y con ello, se vulneró la objetividad, legalidad y certeza de los resultados de la elección, el pleno de la Sala Xalapa revocó la sentencia del Tribunal local y decretó la nulidad de la elección en el municipio de San Juan Chamula.
Xalapa-Enríquez, Ver., 26 de octubre de 2010.
Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Regional Xalapa correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, celebrada en la Sala de Plenos de la propia institución en esta ciudad.
Secretario Carlos Antonio Neri Carrillo, dé cuenta con el proyecto de la ponencia a cargo de la Magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle, por favor.
S.E.C. Carlos Antonio Neri Carrillo: Con su autorización Magistrada Presidenta, señoras magistradas.
Doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 119 de este año promovido por la coalición “Unidad por Chiapas”, en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad promovido para impugnar los resultados y la declaración de validez de la elección de integrantes del ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas.
Conforme a dicha sentencia se confirmó el triunfo del Partido Revolucionario Institucional en dicha elección. Al respecto la actora aduce como agravio principal la falta de congruencia exhaustividad, motivación y fundamentación de la sentencia reclamada, pues en ella se desestimó la configuración de la causal genérica de nulidad de la elección controvertida, sólo con base en consideraciones en abstracto, esto es, sin analizar los hechos concretos acontecidos en 41 casillas objetadas, ya sea hechos relativos a la falta de boletas suficientes en casillas, a casillas en que no fue posible la recepción de la votación aún cuando fueron instaladas o bien a la existencia de un mayor número de boletas que de electores.
El planteamiento se considera fundado y suficiente para revocar la sentencia impugnada. Ello es así, pues de la lectura de tal resolución e aprecia que, en efecto, la responsable omitió realizar un análisis conjunto de todo lo alegado por el actor, así como de los elementos probatorios por el allegados al proceso, para evidenciar violaciones generalizadas y trascendentes en el resultado de la elección.
Por tanto, como se expone en el proyecto, se procede en plenitud de jurisdicción al estudio de las razones expuestas por la coalición actora en el juicio precedente.
En ese sentido la demandante asegura que la causal invocada de nulidad de la elección se presenta, además de acreditarse su determinancia para el resultado de la misma, si se toman en cuenta de manera conjunta las siguientes irregularidades: inexistencia de boletas electorales suficientes para cubrir el total de electores en posibilidad de votar conforme a las listas nominales de diversas casillas, casillas en las que se registraron más votos que votantes; dos casillas en las cuales, a pesar de instalarse, no se recibió votación alguna por ausencia absoluta de boletas.
Quema de documentación electoral e indebido manejo de documentación oficial, por parte de la autoridad administrativa electoral. Acusación en contra de un funcionario del Instituto de Elección y Participación Ciudadana de Chiapas que intentó introducir boletas en una urna.
Las anteriores irregularidades se tuvieron por demostradas con base en lo siguiente: Lo acontecido en 23 casillas en las que hicieron faltas boletas, quedó evidenciado a partir de la información consignada en las actas de incidentes y actas de jornada electoral, en las que se hicieron constar los cierres anticipados de casillas o la interrupción de la votación por la falta de boletas.
El contenido de tales actas fue adminiculado con los datos arrojados por las listas nominales de electores, en cuanto al número de ciudadanos que votaron y que dejaron de votar, y las actas de escrutinio y cómputo en casilla, o bien, el acta de sesión de cómputo municipal, respecto a la votación emitida en cada casilla.
Así, la falta de un alto número de boletas en varias casillas pone en duda los resultados de la votación en ellas captada y, desde luego, atenta contra los principios certeza, objetividad y legalidad, rectores en la materia, ya que no puede asegurarse que tales resultados serán los mismos en caso de no haber ocurrido esa carencia de papeletas, situación impeditiva del sufragio aunado al anterior en dos casillas más instaladas en el municipio de San Juan Chamula, no fue posible recibir la votación ante la falta de boletas, irregularidad grave que privó del ejercicio del voto a los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores de la sección electoral 357, de dicho municipio, cuya cantidad total asciende a 886 ciudadanos, los cuales sumados a los electores que no pudieron votar en las mencionadas 23 casillas, hace un total de seis mil 502 cantidad superior a la diferencia entre primer y segundo lugar de la elección, la cual fue de dos mil 281.
En adición a tales irregularidades, la coalición actora aportó elementos suficientes para probar de manera indiciaria la indebida intervención de al menos un servidor público del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas en la casilla 363 básica, intentando alterar la votación contenida en la urna, situación que originó la suspensión de la votación.
Asimismo, se acreditó la quema de boletas en un lugar del municipio de Chamula, llamado Yutniotik. Situación a permite suponer un debido resguardo y control de la documentación comicial, por parte de la autoridad administrativa electoral, ya que las referidas boletas, evidentemente, no fueron entregadas a las casillas donde debieron ser usadas para convertirse en votos, o bien, pudieron tratarse de boletas utilizadas por electores, pero extraídas de alguna urna.
Razones por las cuales ese hallazgo sigue para demostrar una afectación real y trascendente a los resultados de la elección objeto de reclamo.
Por último, también se probó que, en cuando menos, 11 casillas se registró una votación atípica, pues el número de votos emitidos y, por tanto, de boletas utilizadas superó el total de electores inscritos en la respectiva lista nominal, o el total de electores que sufragaron conforme al mismo listado. De manera que, la diferencia entre estos rubros autoriza suponer una alteración de los resultados, en virtud a que no encuentra justificación un mayor número de votos, que de votantes.
Por lo tanto, los hechos aducidos por la Coalición “Unidad Por Chiapas” son suficientes para incidir en los comicios municipales materia de reclamo, dado que la actora demostró la capacidad de tales irregularidades para afectar la votación emitida en, por lo menos, el 42 por ciento de las casillas instaladas en Chamula y, por ende, la objetividad, legalidad y certeza en los resultados de la elección. O bien, su trascendencia determinante como para revertirlos, al no haber votado todos los ciudadanos con derecho a hacerlo.
Por consiguiente, acreditada la existencia de violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes que afectan gravemente los principios de legalidad, certeza y objetividad, por la situación de incertidumbre que se generó, en términos de la legislación del estado de Chiapas, se propone decretar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Chamula, Chiapas.
Es la cuenta, señores magistrados.
Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla: Gracias. Magistradas, está a su consideración el proyecto de la cuenta.
Al no haber intervención. Secretario, por favor, tome la votación.
Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruiz Villegas: Con su autorización, Magistrada Presidente.
Magistrada Yolli García Alvarez.
Magistrada Yolli García Alvarez: Conforme con el proyecto.
Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruíz Villegas: Gracias, Magistrada.
Magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle, ponente en el asunto de cuenta.
Magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle: En favor del proyecto.
Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruiz Villegas: Gracias Magistrada.
Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla.
Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla: Conforme con el proyecto.
Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruiz Villegas: Gracias Magistrada.
Magistrada Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad.
Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla: Gracias.
En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 119 se revoca la resolución impugnada, se declara la nulidad de la elección de los miembros del ayuntamiento de Chamula, Chiapas; se revoca la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancias de mayoría respectiva y se ordena al Congreso del Estado de Chiapas y al Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana, de dicha entidad, que en el ámbito de sus respectivas competencias tome las medidas necesarias para la celebración de elecciones extraordinarias en el ayuntamiento referido en los términos de la legislación aplicable.
Una vez emitida la convocatoria el mencionado Instituto deberá informar a esta Sala Regional en un plazo de tres días contados a partir de su emisión.
Al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos listados se da por concluida la sesión.
Buenos días.
Xalapa, Veracruz, a 26 de octubre de 2010
40/2010
Ordena Sala Xalapa elecciones extraordinarias en San Juan Chamula, Chiapas
· Decreta recuento de votos en 32 casillas relacionadas con la elección municipal de Fortín de las Flores, Veracruz
La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección municipal de San Juan Chamula, Chiapas, y ordenó al Congreso local y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) realizar las acciones necesarias para celebrar comicios extraordinarios en el citado municipio.
Las Magistradas de la Sala Xalapa consideraron fundados los agravios presentados por la coalición “Unidad por Chiapas” en contra de la resolución que Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa (TJEA) de esa entidad, que confirmó el triunfo a la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Unidad por Chiapas” argumentó falta de congruencia, de exhaustividad y de fundamentación en la sentencia del TJEA, en la que se desestimó analizar las irregularidades acontecidas en 41 casillas y decretar con ello la nulidad de la elección.
Entre las irregularidades demostradas estuvieron la inexistencia de boletas electorales suficientes para cubrir el total de electores en posibilidad de votar conforme a las listas nominales de diversas casillas, casillas en las que se registraron más votos que votantes; dos casillas en las cuales, a pesar de instalarse, no se recibió votación alguna por ausencia absoluta de boletas.
Además, la coalición demostró la quema de documentación electoral y un indebido manejo de documentación oficial por parte de la autoridad administrativa electoral, así como una acusación en contra de un funcionario del IEPC que intentó introducir boletas en una urna.
Por lo anterior y dado que se comprobaron irregularidades en el 42 por ciento de las casillas, y con ello, se vulneró la objetividad, legalidad y certeza de los resultados de la elección, el pleno de la Sala Xalapa revocó la sentencia del Tribunal local y decretó la nulidad de la elección en el municipio de San Juan Chamula.
Xalapa-Enríquez, Ver., 26 de octubre de 2010.
Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Regional Xalapa correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, celebrada en la Sala de Plenos de la propia institución en esta ciudad.
Secretario Carlos Antonio Neri Carrillo, dé cuenta con el proyecto de la ponencia a cargo de la Magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle, por favor.
S.E.C. Carlos Antonio Neri Carrillo: Con su autorización Magistrada Presidenta, señoras magistradas.
Doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 119 de este año promovido por la coalición “Unidad por Chiapas”, en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad promovido para impugnar los resultados y la declaración de validez de la elección de integrantes del ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas.
Conforme a dicha sentencia se confirmó el triunfo del Partido Revolucionario Institucional en dicha elección. Al respecto la actora aduce como agravio principal la falta de congruencia exhaustividad, motivación y fundamentación de la sentencia reclamada, pues en ella se desestimó la configuración de la causal genérica de nulidad de la elección controvertida, sólo con base en consideraciones en abstracto, esto es, sin analizar los hechos concretos acontecidos en 41 casillas objetadas, ya sea hechos relativos a la falta de boletas suficientes en casillas, a casillas en que no fue posible la recepción de la votación aún cuando fueron instaladas o bien a la existencia de un mayor número de boletas que de electores.
El planteamiento se considera fundado y suficiente para revocar la sentencia impugnada. Ello es así, pues de la lectura de tal resolución e aprecia que, en efecto, la responsable omitió realizar un análisis conjunto de todo lo alegado por el actor, así como de los elementos probatorios por el allegados al proceso, para evidenciar violaciones generalizadas y trascendentes en el resultado de la elección.
Por tanto, como se expone en el proyecto, se procede en plenitud de jurisdicción al estudio de las razones expuestas por la coalición actora en el juicio precedente.
En ese sentido la demandante asegura que la causal invocada de nulidad de la elección se presenta, además de acreditarse su determinancia para el resultado de la misma, si se toman en cuenta de manera conjunta las siguientes irregularidades: inexistencia de boletas electorales suficientes para cubrir el total de electores en posibilidad de votar conforme a las listas nominales de diversas casillas, casillas en las que se registraron más votos que votantes; dos casillas en las cuales, a pesar de instalarse, no se recibió votación alguna por ausencia absoluta de boletas.
Quema de documentación electoral e indebido manejo de documentación oficial, por parte de la autoridad administrativa electoral. Acusación en contra de un funcionario del Instituto de Elección y Participación Ciudadana de Chiapas que intentó introducir boletas en una urna.
Las anteriores irregularidades se tuvieron por demostradas con base en lo siguiente: Lo acontecido en 23 casillas en las que hicieron faltas boletas, quedó evidenciado a partir de la información consignada en las actas de incidentes y actas de jornada electoral, en las que se hicieron constar los cierres anticipados de casillas o la interrupción de la votación por la falta de boletas.
El contenido de tales actas fue adminiculado con los datos arrojados por las listas nominales de electores, en cuanto al número de ciudadanos que votaron y que dejaron de votar, y las actas de escrutinio y cómputo en casilla, o bien, el acta de sesión de cómputo municipal, respecto a la votación emitida en cada casilla.
Así, la falta de un alto número de boletas en varias casillas pone en duda los resultados de la votación en ellas captada y, desde luego, atenta contra los principios certeza, objetividad y legalidad, rectores en la materia, ya que no puede asegurarse que tales resultados serán los mismos en caso de no haber ocurrido esa carencia de papeletas, situación impeditiva del sufragio aunado al anterior en dos casillas más instaladas en el municipio de San Juan Chamula, no fue posible recibir la votación ante la falta de boletas, irregularidad grave que privó del ejercicio del voto a los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores de la sección electoral 357, de dicho municipio, cuya cantidad total asciende a 886 ciudadanos, los cuales sumados a los electores que no pudieron votar en las mencionadas 23 casillas, hace un total de seis mil 502 cantidad superior a la diferencia entre primer y segundo lugar de la elección, la cual fue de dos mil 281.
En adición a tales irregularidades, la coalición actora aportó elementos suficientes para probar de manera indiciaria la indebida intervención de al menos un servidor público del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas en la casilla 363 básica, intentando alterar la votación contenida en la urna, situación que originó la suspensión de la votación.
Asimismo, se acreditó la quema de boletas en un lugar del municipio de Chamula, llamado Yutniotik. Situación a permite suponer un debido resguardo y control de la documentación comicial, por parte de la autoridad administrativa electoral, ya que las referidas boletas, evidentemente, no fueron entregadas a las casillas donde debieron ser usadas para convertirse en votos, o bien, pudieron tratarse de boletas utilizadas por electores, pero extraídas de alguna urna.
Razones por las cuales ese hallazgo sigue para demostrar una afectación real y trascendente a los resultados de la elección objeto de reclamo.
Por último, también se probó que, en cuando menos, 11 casillas se registró una votación atípica, pues el número de votos emitidos y, por tanto, de boletas utilizadas superó el total de electores inscritos en la respectiva lista nominal, o el total de electores que sufragaron conforme al mismo listado. De manera que, la diferencia entre estos rubros autoriza suponer una alteración de los resultados, en virtud a que no encuentra justificación un mayor número de votos, que de votantes.
Por lo tanto, los hechos aducidos por la Coalición “Unidad Por Chiapas” son suficientes para incidir en los comicios municipales materia de reclamo, dado que la actora demostró la capacidad de tales irregularidades para afectar la votación emitida en, por lo menos, el 42 por ciento de las casillas instaladas en Chamula y, por ende, la objetividad, legalidad y certeza en los resultados de la elección. O bien, su trascendencia determinante como para revertirlos, al no haber votado todos los ciudadanos con derecho a hacerlo.
Por consiguiente, acreditada la existencia de violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes que afectan gravemente los principios de legalidad, certeza y objetividad, por la situación de incertidumbre que se generó, en términos de la legislación del estado de Chiapas, se propone decretar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Chamula, Chiapas.
Es la cuenta, señores magistrados.
Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla: Gracias. Magistradas, está a su consideración el proyecto de la cuenta.
Al no haber intervención. Secretario, por favor, tome la votación.
Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruiz Villegas: Con su autorización, Magistrada Presidente.
Magistrada Yolli García Alvarez.
Magistrada Yolli García Alvarez: Conforme con el proyecto.
Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruíz Villegas: Gracias, Magistrada.
Magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle, ponente en el asunto de cuenta.
Magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle: En favor del proyecto.
Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruiz Villegas: Gracias Magistrada.
Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla.
Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla: Conforme con el proyecto.
Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruiz Villegas: Gracias Magistrada.
Magistrada Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad.
Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla: Gracias.
En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 119 se revoca la resolución impugnada, se declara la nulidad de la elección de los miembros del ayuntamiento de Chamula, Chiapas; se revoca la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancias de mayoría respectiva y se ordena al Congreso del Estado de Chiapas y al Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana, de dicha entidad, que en el ámbito de sus respectivas competencias tome las medidas necesarias para la celebración de elecciones extraordinarias en el ayuntamiento referido en los términos de la legislación aplicable.
Una vez emitida la convocatoria el mencionado Instituto deberá informar a esta Sala Regional en un plazo de tres días contados a partir de su emisión.
Al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos listados se da por concluida la sesión.
Buenos días.
lunes, 25 de octubre de 2010
Astillero
Operación Cocoa
Cargada PAN-gobierno
Hermana (casi) candidata
Familia contra Familia
Julio Hernández López
Familiares y amigos velan los restos de los hermanos Sotero e Ismael Reyes Ricario, quienes murieron acribillados durante una fiesta el viernes pasado en Ciudad JuárezFoto Reuters
El ejecutivo hermano de Luisa María Calderón Hinojosa, llamada Cocoa, no ha tenido cuidado en evitar que parezca motivada por aspiraciones panistas y fraternas la peculiar campaña federal contra el narcotráfico en Michoacán (y, por sus presuntas vinculaciones, contra la estructura local dominante, la del perredismo-cardenista).
Por el contrario, el hermano Felipe ha tomado su entidad natal como plataforma de lanzamiento de sus proyectos guerreros: apenas 11 días después de haber tomado posesión, el 11 de diciembre de 2006, anunció con aires de improvisación la Operación Conjunta Michoacán, que con cinco mil soldados sería el arranque de la pesadilla de sangre y violaciones a los derechos humanos que se ha vivido hasta hoy en todo el país, y en Apatzingán apareció el 3 de enero de 2007 vistiendo una holgada casaca militar y una gorra con las estrellas de su máximo mando formal, en un muy caricaturizado intento indumentario de mostrar poder y autoridad a partir de las armas.
Ese planteamiento de riguroso combate al narcotráfico en una entidad marcadamente perredista, mientras en otras entidades se mantenía una laxitud que ha sido incapaz de tocar a personajes locales de primer nivel, desembocó en la máxima apuesta felipista de castigo a políticos supuestamente metidos en el negocio de las drogas, el llamado Michoacanazo que el 26 de mayo de 2009 inició una escandalosa recolección con destino carcelario de presidentes municipales y funcionarios estatales que, sometidos a proceso en 35 casos, acabaron siendo liberados sin demostración jurídica de culpabilidad en 34, lo cual ha sido tomado como inequívoca demostración de que el calderonismo retorció mecanismos judiciales para dar golpes políticos pensados en términos electorales.
También ha dado pie a que la estructura perredista de gobierno haya ido subiendo de tono su rechazo y crítica al calderonismo, al grado de pelear los ámbitos estatal y federal por el uso del micrófono en ceremonias históricas o de hacerle escuchar al jefe de Los Pinos discursos de clara descalificación, como el que pronunció el diputado local perredista Raúl Morón este viernes 22, denunciando la “politización de la justicia” (léase en http://bit.ly/aya7e9 la nota de Alonso Urrutia en La Jornada), al que Calderón respondió allí mismo valiéndose de José María Morelos, el que no habría pactado nunca con el “enemigo”, y agregando más tarde, ya en reunión en zona más propicia, con la organización patronal llamada Coparmex, y muy motivado por la presencia de su “querido” amigo, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que hay gobernadores –sin mencionar a Leonel Godoy– que ante las evidencias del narcotráfico actúan como en la canción interpretada por Pedro Infante, agachándose y yéndose de lado.
El ostentoso acento federal en contra del tráfico de drogas en Michoacán ha tenido como más reciente protagonista al políticamente indefendible Julio César Godoy, medio hermano del gobernador del estado, en una especie de obsesión judicial que plausible sería si tuviera como objetivo el castigo fundado de políticos relacionados con el narcotráfico que en Michoacán abundan desde que Lázaro Cárdenas júnior permitió la consolidación de ese imperio. Pero los últimos forcejeos del licenciado Felipe con sus paisanos pertenecientes al sol azteca han tenido como desenlace la opacada pretensión de destapar de manera multitudinaria a la hermana Luisa María, llamada Cocoa, como una especie de candidata oficial al gobierno de Michoacán.
Este sábado reciente, en una comida masiva en la hacienda Tzintzimeo, ubicada en la carretera Morelia-Zinapécuaro, se produjo una “cargada” oficial digna de los mejores momentos del PRI-gobierno. Centenares de líderes panistas de los municipios y las regiones, legisladores locales y federales, dos gobernadores (los de Morelos y Guanajuato) y tres secretarios de Estado (los de Salud, el Medio Ambiente y la Economía) en torno a quien fue presentada por el maestro de ceremonias como “futura gobernadora de Michoacán” y a quien los presentes halagaban coreando “Cocoa/gobernadora”.
Llama la atención la presencia de personajes relacionados con la ultraderecha y El Yunque, como Marco Antonio Adame, con más méritos que muchos otros políticos para ser tratado con rigor judicial en asuntos de narcotráfico en el Morelos asiento de capos, y Juan Manuel Oliva, del Guanajuato de un Yunque dividido pero reconciliable.
El programado festejo feliz del cumpleaños 54 de Cocoa convertido en destape (La Familia panista contra La Familia perredista) tuvo, sin embargo, una nota luctuosa accidental.
El diputado local priísta Eduardo Villaseñor (hijo del ex gobernador del mismo nombre, muerto también en un accidente de tránsito), fue atropellado por un tráiler cuando salía de la comida de Cocoa y cruzaba la carretera, casi a la misma hora que era asesinado un coordinador de la policía estatal en otra vía de alta velocidad. La muerte del priísta precipitó el final de la comida e incluso impidió saber si, como se rumoraba en la reunión, estaría por llegar el hermano Felipe para apuntalar a la hermana Cocoa.
Una nota de El Sol de Morelia señaló que “La gran cantidad de elementos del Ejército Mexicano, del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal hizo pensar que en cualquier momento el presidente Felipe Calderón Hinojosa se sumaría a la lista de los mil 500 invitados, sin embargo no fue así”. Operación Cocoa.
Y, mientras se han dado dos reapariciones polémicas en torno a Roberto Gil, el diputado federal que fue subsecretario de Gobernación, regresó a San Lázaro y ahora es mencionado como el “caballo negro” de Calderón para presidir el PAN, con Germán Martínez diciendo que Gil tejería el “poscalderonismo” y Fernando Gómez Mont anunciando que podría regresar al blanquiazul si el mencionado legislador queda como dirigente del partido que formalmente está en el poder, ¡hasta mañana, con la nueva masacre de jóvenes en Ciudad Juárez y con la violencia en aumento en cada vez más lugares!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://twitter.com/julioastillero
Cargada PAN-gobierno
Hermana (casi) candidata
Familia contra Familia
Julio Hernández López
Familiares y amigos velan los restos de los hermanos Sotero e Ismael Reyes Ricario, quienes murieron acribillados durante una fiesta el viernes pasado en Ciudad JuárezFoto Reuters
El ejecutivo hermano de Luisa María Calderón Hinojosa, llamada Cocoa, no ha tenido cuidado en evitar que parezca motivada por aspiraciones panistas y fraternas la peculiar campaña federal contra el narcotráfico en Michoacán (y, por sus presuntas vinculaciones, contra la estructura local dominante, la del perredismo-cardenista).
Por el contrario, el hermano Felipe ha tomado su entidad natal como plataforma de lanzamiento de sus proyectos guerreros: apenas 11 días después de haber tomado posesión, el 11 de diciembre de 2006, anunció con aires de improvisación la Operación Conjunta Michoacán, que con cinco mil soldados sería el arranque de la pesadilla de sangre y violaciones a los derechos humanos que se ha vivido hasta hoy en todo el país, y en Apatzingán apareció el 3 de enero de 2007 vistiendo una holgada casaca militar y una gorra con las estrellas de su máximo mando formal, en un muy caricaturizado intento indumentario de mostrar poder y autoridad a partir de las armas.
Ese planteamiento de riguroso combate al narcotráfico en una entidad marcadamente perredista, mientras en otras entidades se mantenía una laxitud que ha sido incapaz de tocar a personajes locales de primer nivel, desembocó en la máxima apuesta felipista de castigo a políticos supuestamente metidos en el negocio de las drogas, el llamado Michoacanazo que el 26 de mayo de 2009 inició una escandalosa recolección con destino carcelario de presidentes municipales y funcionarios estatales que, sometidos a proceso en 35 casos, acabaron siendo liberados sin demostración jurídica de culpabilidad en 34, lo cual ha sido tomado como inequívoca demostración de que el calderonismo retorció mecanismos judiciales para dar golpes políticos pensados en términos electorales.
También ha dado pie a que la estructura perredista de gobierno haya ido subiendo de tono su rechazo y crítica al calderonismo, al grado de pelear los ámbitos estatal y federal por el uso del micrófono en ceremonias históricas o de hacerle escuchar al jefe de Los Pinos discursos de clara descalificación, como el que pronunció el diputado local perredista Raúl Morón este viernes 22, denunciando la “politización de la justicia” (léase en http://bit.ly/aya7e9 la nota de Alonso Urrutia en La Jornada), al que Calderón respondió allí mismo valiéndose de José María Morelos, el que no habría pactado nunca con el “enemigo”, y agregando más tarde, ya en reunión en zona más propicia, con la organización patronal llamada Coparmex, y muy motivado por la presencia de su “querido” amigo, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que hay gobernadores –sin mencionar a Leonel Godoy– que ante las evidencias del narcotráfico actúan como en la canción interpretada por Pedro Infante, agachándose y yéndose de lado.
El ostentoso acento federal en contra del tráfico de drogas en Michoacán ha tenido como más reciente protagonista al políticamente indefendible Julio César Godoy, medio hermano del gobernador del estado, en una especie de obsesión judicial que plausible sería si tuviera como objetivo el castigo fundado de políticos relacionados con el narcotráfico que en Michoacán abundan desde que Lázaro Cárdenas júnior permitió la consolidación de ese imperio. Pero los últimos forcejeos del licenciado Felipe con sus paisanos pertenecientes al sol azteca han tenido como desenlace la opacada pretensión de destapar de manera multitudinaria a la hermana Luisa María, llamada Cocoa, como una especie de candidata oficial al gobierno de Michoacán.
Este sábado reciente, en una comida masiva en la hacienda Tzintzimeo, ubicada en la carretera Morelia-Zinapécuaro, se produjo una “cargada” oficial digna de los mejores momentos del PRI-gobierno. Centenares de líderes panistas de los municipios y las regiones, legisladores locales y federales, dos gobernadores (los de Morelos y Guanajuato) y tres secretarios de Estado (los de Salud, el Medio Ambiente y la Economía) en torno a quien fue presentada por el maestro de ceremonias como “futura gobernadora de Michoacán” y a quien los presentes halagaban coreando “Cocoa/gobernadora”.
Llama la atención la presencia de personajes relacionados con la ultraderecha y El Yunque, como Marco Antonio Adame, con más méritos que muchos otros políticos para ser tratado con rigor judicial en asuntos de narcotráfico en el Morelos asiento de capos, y Juan Manuel Oliva, del Guanajuato de un Yunque dividido pero reconciliable.
El programado festejo feliz del cumpleaños 54 de Cocoa convertido en destape (La Familia panista contra La Familia perredista) tuvo, sin embargo, una nota luctuosa accidental.
El diputado local priísta Eduardo Villaseñor (hijo del ex gobernador del mismo nombre, muerto también en un accidente de tránsito), fue atropellado por un tráiler cuando salía de la comida de Cocoa y cruzaba la carretera, casi a la misma hora que era asesinado un coordinador de la policía estatal en otra vía de alta velocidad. La muerte del priísta precipitó el final de la comida e incluso impidió saber si, como se rumoraba en la reunión, estaría por llegar el hermano Felipe para apuntalar a la hermana Cocoa.
Una nota de El Sol de Morelia señaló que “La gran cantidad de elementos del Ejército Mexicano, del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal hizo pensar que en cualquier momento el presidente Felipe Calderón Hinojosa se sumaría a la lista de los mil 500 invitados, sin embargo no fue así”. Operación Cocoa.
Y, mientras se han dado dos reapariciones polémicas en torno a Roberto Gil, el diputado federal que fue subsecretario de Gobernación, regresó a San Lázaro y ahora es mencionado como el “caballo negro” de Calderón para presidir el PAN, con Germán Martínez diciendo que Gil tejería el “poscalderonismo” y Fernando Gómez Mont anunciando que podría regresar al blanquiazul si el mencionado legislador queda como dirigente del partido que formalmente está en el poder, ¡hasta mañana, con la nueva masacre de jóvenes en Ciudad Juárez y con la violencia en aumento en cada vez más lugares!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://twitter.com/julioastillero
Temen posible desalojo de la OPDDIC en Agua Azul, Chiapas
Posted by Mandujano in domingo, octubre 24, 2010
A las organizaciones Independiente, Nacional e Internacional de AC.
A las compañeras y compañeros Adherentes de la otra campaña y la sexta declaración de la selva Lacandona
A los Centros de derechos humanos Nacional e Internacional
A la Org. Interamericana de Derechos Humanos EE.UU. DC.
A la Org. De las Naciones Unidas ONU
A las juntas del bueno Gobierno de Morelia y los altos
Por este medio y, de la manera mas atenta, Nos dirigimos ustedes como organismos no gubernamentales. Todas la anomalías que está aconteciendo en este Ejido Jotolá, Chilón, Chis
1.- Denunciamos al C. Jeronimo Demeza Hernandez, sobre nombre (Boj Ch´um) juntamente con la org. OPDDIC grupo paramilitar por la participación de querer sacar a los presos de la familia Cruces, actualmente recluidos en el Cereso de Ocosingo. Haciendo tramites de amparos a los verdaderos delincuentes y haciéndose complices del delito acontecido anteriormente.
2. Se sabe que están prefabricando delitos mediante demandas en contra de la compañera Rosa Díaz Gómez y a Cándido Cruz Gómez, Abogando al C. Jerónimo Demeza Hernández juntamente con las señoras Eva Guzmán Hernández, María Pérez Álvarez, Ofelia Cruz Guzmán, María Elena López Gómez;
La demanda que están haciendo se basan mediante la denuncia falsa, fechado el día 13de abril de 2010. A donde firman las siguientes personas. Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Domingo Guzmán Pérez, presidente Yip jlumaltic, Pascual Sánchez Pérez, comisariado Leandro Hernández Toledo, presidente de ARIC Unión de Uniones, Jerónimo Moreno Hernández consejo de vigilancia, estamparon sus firmas y sellaron dicho documento faltar por analizar y verificar ante la autoridad competente. Todos son falsos lo que plasman en la denuncia.
3. Denunciamos al C. Agustín Hernández Sántiz, por estar involucrando a personas ajenas, autoridades ejidales ayuntamiento y la Delegación de gobierno de Chilón. Para un despojo de nuestra tierra que se adquirió por via subsidiaria. Hacemos mención a Carmen Aguilar Gómez I y Francisco Guzmán comisariado del Ejido Bachajón sobre nombre (el Goyito).
Todas estas personas se están organizando para un desalojo en la caseta de cobro en Agua Azul que actualmente los compañeros de la organización e la otra campaña están administrando.
Grupo de minoría de la org. OPDDIC amenazan por querer cerrarnos los registros de agua que conduce en líneas de tuberías de los compañeros. Nosotros estamos trabajando en la reparación de los daños que acontece los fenómenos, lluvias, derrumbes.
No queremos mas humillaciones intimidaciones por parte de estos grupos y autoridades antes citados.
¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!
¡Zapata vive la lucha sigue!
EJIDO JOTOLA ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA
A las organizaciones Independiente, Nacional e Internacional de AC.
A las compañeras y compañeros Adherentes de la otra campaña y la sexta declaración de la selva Lacandona
A los Centros de derechos humanos Nacional e Internacional
A la Org. Interamericana de Derechos Humanos EE.UU. DC.
A la Org. De las Naciones Unidas ONU
A las juntas del bueno Gobierno de Morelia y los altos
Por este medio y, de la manera mas atenta, Nos dirigimos ustedes como organismos no gubernamentales. Todas la anomalías que está aconteciendo en este Ejido Jotolá, Chilón, Chis
1.- Denunciamos al C. Jeronimo Demeza Hernandez, sobre nombre (Boj Ch´um) juntamente con la org. OPDDIC grupo paramilitar por la participación de querer sacar a los presos de la familia Cruces, actualmente recluidos en el Cereso de Ocosingo. Haciendo tramites de amparos a los verdaderos delincuentes y haciéndose complices del delito acontecido anteriormente.
2. Se sabe que están prefabricando delitos mediante demandas en contra de la compañera Rosa Díaz Gómez y a Cándido Cruz Gómez, Abogando al C. Jerónimo Demeza Hernández juntamente con las señoras Eva Guzmán Hernández, María Pérez Álvarez, Ofelia Cruz Guzmán, María Elena López Gómez;
La demanda que están haciendo se basan mediante la denuncia falsa, fechado el día 13de abril de 2010. A donde firman las siguientes personas. Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Domingo Guzmán Pérez, presidente Yip jlumaltic, Pascual Sánchez Pérez, comisariado Leandro Hernández Toledo, presidente de ARIC Unión de Uniones, Jerónimo Moreno Hernández consejo de vigilancia, estamparon sus firmas y sellaron dicho documento faltar por analizar y verificar ante la autoridad competente. Todos son falsos lo que plasman en la denuncia.
3. Denunciamos al C. Agustín Hernández Sántiz, por estar involucrando a personas ajenas, autoridades ejidales ayuntamiento y la Delegación de gobierno de Chilón. Para un despojo de nuestra tierra que se adquirió por via subsidiaria. Hacemos mención a Carmen Aguilar Gómez I y Francisco Guzmán comisariado del Ejido Bachajón sobre nombre (el Goyito).
Todas estas personas se están organizando para un desalojo en la caseta de cobro en Agua Azul que actualmente los compañeros de la organización e la otra campaña están administrando.
Grupo de minoría de la org. OPDDIC amenazan por querer cerrarnos los registros de agua que conduce en líneas de tuberías de los compañeros. Nosotros estamos trabajando en la reparación de los daños que acontece los fenómenos, lluvias, derrumbes.
No queremos mas humillaciones intimidaciones por parte de estos grupos y autoridades antes citados.
¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!
¡Zapata vive la lucha sigue!
EJIDO JOTOLA ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA
viernes, 22 de octubre de 2010
50 años de bloqueo Hostilidad de EU a Cuba, una historia de fracasos
Washington hizo ilegal desde 1962 cualquier transacción con La Habana
El pacto de la isla con la URSS, razón para “justificar” el aislamiento impuesto
Fidel Castro platica con miembros de las fuerzas armadas de Cuba en abril de 1962, en el contexto de la invasión a Playa Girón por tropas anticastristasFoto archivo
Gerardo Arreola
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 2
La Habana, 21 de octubre. “Cincuenta años de fracaso”. Así resumió esta semana su visión sobre el bloqueo estadunidense contra Cuba el comentarista John Stossel, uno de los de mayor audiencia en la conservadora cadena televisiva Fox.
La hostilidad de Washington hacia la isla se ampara en una norma tan lejana como la Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917, que fue parte del arsenal estadunidense en la Primera Guerra Mundial; se desarrolló como uno de los focos de tensión de la guerra fría y tiene nuevas expresiones en el mandato de Barack Obama, el undécimo presidente que prolonga la coerción contra la isla.
Stossel fue uno de los comentaristas que citaron el pasado 19 de octubre como el día en que se cumplieron 50 años del bloqueo. En realidad, en esa fecha de 1960 el presidente Dwight Eisenhower prohibió a los barcos de Estados Unidos efectuar exportaciones a Cuba.
El 3 de febrero de 1962, John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva presidencial 3447, amparada en la Ley de Asistencia Extranjera del 4 de septiembre de 1961, estableciendo como política gubernamental el bloqueo económico, comercial y financiero de la isla.
“El comunismo colapsó en países con los que tuvimos relaciones comerciales porque el comunismo no funciona”, señaló Stossel en su blog. “Sería mejor para los cubanos y el mundo ver el desenvolvimiento del comunismo cubano sin la intervención de Estados Unidos”.
A estas alturas, un amplio sector de los medios informativos en Estados Unidos cree, por las más diversas causas, que su gobierno debe levantar las represalias contra La Habana. Hace más de dos décadas se rompió el consenso bipartidista que apoyaba el bloqueo y es creciente la oposición a esa medida en ambas cámaras del Congreso.
Aunque son un fósil de los conflictos estratégicos del siglo pasado, las sanciones contra Cuba están vigentes. Con algunas excepciones, impiden a la isla exportar e importar libremente productos y servicios hacia Estados Unidos, su mercado natural; emplear el dólar estadunidense en operaciones internacionales o tener acceso a créditos de bancos de ese país, de sus filiales y de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.
El impacto extraterritorial de las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) impide el comercio de Cuba con subsidiarias de firmas estadunidenses en terceros países; prohíbe a empresas de cualquier nacionalidad exportar a Estados Unidos productos de origen cubano o que tengan algún componente de esa procedencia, o bien, vender bienes o servicios a la isla con más de 10 por ciento de componentes estadunidenses y cierra la entrada durante seis meses a buques que hayan atracado en la nación caribeña o transporten mercancías por cuenta de La Habana. Entre otras implicaciones, las medidas prohíben a bancos de terceros países abrir cuentas en dólares estadunidenses a personas jurídicas o naturales cubanas, las que, a su vez, no pueden realizar transacciones en esa moneda.
La historia ya se escribe con información abundante, por la desclasificación de documentos en Estados Unidos. La apertura significativa más reciente fue en 1991, cuando se publicó un volumen de la serie de memorias del Departamento de Estado, que comprende las relaciones con Cuba entre 1958 y 1960.
Desmenuzando esa parte de documentación disponible, Ricardo Alarcón, líder parlamentario y experto en las relaciones con Estados Unidos, explicaba que los papeles muestran que Eisenhower emprendió la defensa activa del gobierno de Fulgencio Batista. “Al acentuarse la bancarrota de aquel régimen, ocultar el respaldo que seguía entregándole pasó a ser una prioridad para la administración (…) junto al empeño por detener la victoria popular”.
Desde el primero de enero de 1959, cuando multitudes salieron a las calles cubanas, fundiendo la celebración del Año Nuevo con el triunfo de la revolución, se escalonaron las acciones hostiles de Washington. Funcionarios del régimen depuesto llegaron a Miami con fondos públicos de la isla, que Estados Unidos se negó a devolver al nuevo régimen; los cálculos de la época los cifraron en más de 400 millones de dólares.
El mismo año, el gobierno revolucionario tomó decisiones que golpearon directamente intereses estadunidenses: rebaja de la tarifa eléctrica, intervención de la empresa telefónica, una reforma agraria, límite a la repatriación de beneficios, una ley de petróleo y otra de minas.
En 1960, Cuba firmó el primer convenio comercial con la Unión Soviética y disparó la reacción que durante décadas sería el paraguas bajo el cual Estados Unidos explicaría sus represalias: la isla pasaba a ser una “amenaza comunista”.
A lo largo del tiempo el discurso cambió según la época. Como condición para levantar el bloqueo, el gobierno de Washington quiso, sucesivamente, que Cuba saliera de la órbita soviética; que dejara de apoyar a las guerrillas latinoamericanas; que saliera de Angola o que cambiara su sistema político.
1960 fue un año de ascenso en la espiral del conflicto. Las petroleras estadunidenses se negaron a refinar crudo soviético y La Habana las intervino. Eisenhower suspendió la cuota azucarera para la zafra en curso. La isla nacionalizó la banca extranjera y 382 empresas privadas. Washington reaccionó con las prohibiciones a los barcos.
La contienda transcurrió entre sabotajes a objetivos económicos, de los que Cuba responsabilizó al gobierno de Estados Unidos y a los exiliados. Todavía en 1960, Washington aprobó un plan de presiones contra la isla y recomendó a sus ciudadanos abstenerse de viajar al país vecino, salvo casos de emergencia.
Con Kennedy, embargo total
John F. Kennedy avivó la hoguera. En 1961 suspendió por completo la cuota azucarera cubana y el Congreso lo autorizó a establecer un embargo total sobre el comercio con la isla. Tras el fracaso de la invasión a Playa Girón, en abril de ese año, el jefe de la Casa Blanca autorizó el Proyecto Cuba (u Operación Mangosta), un plan de ataques que incluyó sabotajes contra ese país.
El Proyecto Cuba se desarrolló durante 1962, año en que se declaró formalmente el bloqueo. Las represalias se endurecieron en 1963, cuando el Departamento del Tesoro invocó la Ley de Comercio con el Enemigo para establecer unas Regulaciones de Control de Activos Cubanos, que detallaron cómo sería el cerco.
Durante las décadas siguientes, la coerción arreció; se fueron precisando hasta los detalles y sólo en algunas épocas llegó a tener alivios parciales. En 1988, con el gobierno de Ronald Reagan, se penalizaron las violaciones al bloqueo y para ello aumentó la actividad de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
George W.H. Bush refrendó en 1992 la Ley para la Democracia en Cuba (o ley Torricelli), que prohíbe el comercio de las subsidiarias estadunidenses con la isla; prohíbe a los barcos que toquen puertos cubanos con fines comerciales, atracar en puertos estadunidenses en los siguientes 180 días y establece el “Carril II” o incremento de información e intercambio entre habitantes de ambos países.
Bill Clinton firmó en 1996 la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Helms-Burton), que consolida toda la política de hostilidad económica contra Cuba. Desde entonces, las opciones para eliminar el bloqueo contra la isla son una decisión del Congreso, que derogue esa norma, o acciones ejecutivas presidenciales, que dispongan y acumulen excepciones.
El pacto de la isla con la URSS, razón para “justificar” el aislamiento impuesto
Fidel Castro platica con miembros de las fuerzas armadas de Cuba en abril de 1962, en el contexto de la invasión a Playa Girón por tropas anticastristasFoto archivo
Gerardo Arreola
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 2
La Habana, 21 de octubre. “Cincuenta años de fracaso”. Así resumió esta semana su visión sobre el bloqueo estadunidense contra Cuba el comentarista John Stossel, uno de los de mayor audiencia en la conservadora cadena televisiva Fox.
La hostilidad de Washington hacia la isla se ampara en una norma tan lejana como la Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917, que fue parte del arsenal estadunidense en la Primera Guerra Mundial; se desarrolló como uno de los focos de tensión de la guerra fría y tiene nuevas expresiones en el mandato de Barack Obama, el undécimo presidente que prolonga la coerción contra la isla.
Stossel fue uno de los comentaristas que citaron el pasado 19 de octubre como el día en que se cumplieron 50 años del bloqueo. En realidad, en esa fecha de 1960 el presidente Dwight Eisenhower prohibió a los barcos de Estados Unidos efectuar exportaciones a Cuba.
El 3 de febrero de 1962, John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva presidencial 3447, amparada en la Ley de Asistencia Extranjera del 4 de septiembre de 1961, estableciendo como política gubernamental el bloqueo económico, comercial y financiero de la isla.
“El comunismo colapsó en países con los que tuvimos relaciones comerciales porque el comunismo no funciona”, señaló Stossel en su blog. “Sería mejor para los cubanos y el mundo ver el desenvolvimiento del comunismo cubano sin la intervención de Estados Unidos”.
A estas alturas, un amplio sector de los medios informativos en Estados Unidos cree, por las más diversas causas, que su gobierno debe levantar las represalias contra La Habana. Hace más de dos décadas se rompió el consenso bipartidista que apoyaba el bloqueo y es creciente la oposición a esa medida en ambas cámaras del Congreso.
Aunque son un fósil de los conflictos estratégicos del siglo pasado, las sanciones contra Cuba están vigentes. Con algunas excepciones, impiden a la isla exportar e importar libremente productos y servicios hacia Estados Unidos, su mercado natural; emplear el dólar estadunidense en operaciones internacionales o tener acceso a créditos de bancos de ese país, de sus filiales y de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.
El impacto extraterritorial de las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) impide el comercio de Cuba con subsidiarias de firmas estadunidenses en terceros países; prohíbe a empresas de cualquier nacionalidad exportar a Estados Unidos productos de origen cubano o que tengan algún componente de esa procedencia, o bien, vender bienes o servicios a la isla con más de 10 por ciento de componentes estadunidenses y cierra la entrada durante seis meses a buques que hayan atracado en la nación caribeña o transporten mercancías por cuenta de La Habana. Entre otras implicaciones, las medidas prohíben a bancos de terceros países abrir cuentas en dólares estadunidenses a personas jurídicas o naturales cubanas, las que, a su vez, no pueden realizar transacciones en esa moneda.
La historia ya se escribe con información abundante, por la desclasificación de documentos en Estados Unidos. La apertura significativa más reciente fue en 1991, cuando se publicó un volumen de la serie de memorias del Departamento de Estado, que comprende las relaciones con Cuba entre 1958 y 1960.
Desmenuzando esa parte de documentación disponible, Ricardo Alarcón, líder parlamentario y experto en las relaciones con Estados Unidos, explicaba que los papeles muestran que Eisenhower emprendió la defensa activa del gobierno de Fulgencio Batista. “Al acentuarse la bancarrota de aquel régimen, ocultar el respaldo que seguía entregándole pasó a ser una prioridad para la administración (…) junto al empeño por detener la victoria popular”.
Desde el primero de enero de 1959, cuando multitudes salieron a las calles cubanas, fundiendo la celebración del Año Nuevo con el triunfo de la revolución, se escalonaron las acciones hostiles de Washington. Funcionarios del régimen depuesto llegaron a Miami con fondos públicos de la isla, que Estados Unidos se negó a devolver al nuevo régimen; los cálculos de la época los cifraron en más de 400 millones de dólares.
El mismo año, el gobierno revolucionario tomó decisiones que golpearon directamente intereses estadunidenses: rebaja de la tarifa eléctrica, intervención de la empresa telefónica, una reforma agraria, límite a la repatriación de beneficios, una ley de petróleo y otra de minas.
En 1960, Cuba firmó el primer convenio comercial con la Unión Soviética y disparó la reacción que durante décadas sería el paraguas bajo el cual Estados Unidos explicaría sus represalias: la isla pasaba a ser una “amenaza comunista”.
A lo largo del tiempo el discurso cambió según la época. Como condición para levantar el bloqueo, el gobierno de Washington quiso, sucesivamente, que Cuba saliera de la órbita soviética; que dejara de apoyar a las guerrillas latinoamericanas; que saliera de Angola o que cambiara su sistema político.
1960 fue un año de ascenso en la espiral del conflicto. Las petroleras estadunidenses se negaron a refinar crudo soviético y La Habana las intervino. Eisenhower suspendió la cuota azucarera para la zafra en curso. La isla nacionalizó la banca extranjera y 382 empresas privadas. Washington reaccionó con las prohibiciones a los barcos.
La contienda transcurrió entre sabotajes a objetivos económicos, de los que Cuba responsabilizó al gobierno de Estados Unidos y a los exiliados. Todavía en 1960, Washington aprobó un plan de presiones contra la isla y recomendó a sus ciudadanos abstenerse de viajar al país vecino, salvo casos de emergencia.
Con Kennedy, embargo total
John F. Kennedy avivó la hoguera. En 1961 suspendió por completo la cuota azucarera cubana y el Congreso lo autorizó a establecer un embargo total sobre el comercio con la isla. Tras el fracaso de la invasión a Playa Girón, en abril de ese año, el jefe de la Casa Blanca autorizó el Proyecto Cuba (u Operación Mangosta), un plan de ataques que incluyó sabotajes contra ese país.
El Proyecto Cuba se desarrolló durante 1962, año en que se declaró formalmente el bloqueo. Las represalias se endurecieron en 1963, cuando el Departamento del Tesoro invocó la Ley de Comercio con el Enemigo para establecer unas Regulaciones de Control de Activos Cubanos, que detallaron cómo sería el cerco.
Durante las décadas siguientes, la coerción arreció; se fueron precisando hasta los detalles y sólo en algunas épocas llegó a tener alivios parciales. En 1988, con el gobierno de Ronald Reagan, se penalizaron las violaciones al bloqueo y para ello aumentó la actividad de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
George W.H. Bush refrendó en 1992 la Ley para la Democracia en Cuba (o ley Torricelli), que prohíbe el comercio de las subsidiarias estadunidenses con la isla; prohíbe a los barcos que toquen puertos cubanos con fines comerciales, atracar en puertos estadunidenses en los siguientes 180 días y establece el “Carril II” o incremento de información e intercambio entre habitantes de ambos países.
Bill Clinton firmó en 1996 la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Helms-Burton), que consolida toda la política de hostilidad económica contra Cuba. Desde entonces, las opciones para eliminar el bloqueo contra la isla son una decisión del Congreso, que derogue esa norma, o acciones ejecutivas presidenciales, que dispongan y acumulen excepciones.
jueves, 21 de octubre de 2010
Entrevista con el compañero David Valtierra, de la Radio Ñomnda
Entrevista con el compañero David Valtierra, de la Radio Ñomnda, La Palabra del Agua, en el marco de la criminalización que están sufriendo las radios comunitarias en el país. David explica la situación de la Radio Ñomnda y expresa su solidaridad con otras radios comunitarias; enviando también un saludo a lxs compañerxs de Radio Proletaria.
AUDIO http://chiapas.indymedia.org/article_176673
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AUDIO http://chiapas.indymedia.org/article_176673
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Chiapas: Indígenas violadas por militares en 1994, insatisfechas con indemnización
Posted by Mandujano in miércoles, octubre 20, 2010
Ninguna cantidad es suficiente para aliviar el dolor, responden
Con 500 mil pesos se busca reparar violación a hermanas González
Por Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gtz Chis. 20 oct. 10 (CIMAC).-Después de 16 años de guardar silencio, en torno a la violación sexual cometida por militares contra tres hermanas tzeltales, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció reparar el daño causado a las hermanas González con 500 mil pesos para cada una.
En conferencia de prensa en Ocosingo, la primera y única que darán las hermanas González, informaron que en agosto pasado, el gobernador les envió por escrito una propuesta de reparación del daño, dándoles de plazo dos meses para responder si la aceptan o no.
La propuesta ofrece por concepto de reparación a cada una de las hermanas, 500 mil pesos, además de seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y proyectos productivos.
Las hermanas tzeltales advirtieron que aceptarán la propuesta siempre y cuando incluya a su madre, quien, dijeron, también sufrió daños a causa de la violación sexual de sus hijas y que se haga justicia.
A través de un traductor, puesto que las hermanas son monolingües, únicamente hablan tzeltal señalaron:
“En estos 16 años que ha tardado el proceso, ni en toda nuestra vida podemos olvidar el dolor, la enfermedad y la rabia que nos causó la violación; nunca podremos perdonar lo que nos hicieron.
“Tampoco habíamos aceptado hacer declaraciones públicas. Ahora lo hacemos para que ninguna autoridad saque provecho de nuestra respuesta”, sostuvieron las hermanas González.
La propuesta es “la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad; sin embargo, la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”.
La madre de las hermanas, que en aquel entonces eran menores de edad, fue obligada a presenciar cómo violaban a sus hijas, fue torturada, y una vez que regresaron a la comunidad, se vio obligada a salir de ella porque se le culpó de lo que les pasó a sus hijas.
“Ninguna cantidad que dé el gobierno será suficiente para sacarnos del corazón el daño y el coraje que se nos ocasionó, aceptaremos la propuesta de reparación como una prueba de la culpabilidad de los militares, pero exigimos que se duplique la cantidad ofrecida lo más pronto posible, para resolver problemas urgentes de subsistencia” manifestaron las hermanas.
Agregaron que continuarán luchando para que se castigue a los militares y que éstos sean juzgados por autoridades civiles y enviaron un mensaje al gobernador diciéndole que no aceptarán estar presentes en ningún acto público, así también, rechazaron los programas ofrecidos por el gobierno, porque aseguran “no resuelven los problemas reales del pueblo”.
LA HISTORIA
El 4 de junio de 1994, un grupo de militares detuvo en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez (nombre ficticios) de 12, 13 y 14 años de edad, y a su madre Delia Pérez de González.
Las cuatro regresaban de vender verduras y se dirigían a su comunidad. Los soldados, como siempre, las detuvieron para interrogarlas, y las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas.
En este lapso, las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares quienes las acusaron de ser zapatistas.
Las hermanas denunciaron el hecho ante el Ministerio Público Federal el 30 de junio de 1994. Se les hizo un examen médico ginecológico y ratificaron su denuncia el 30 de agosto, relata el informe No. 129/99 de la CIDH.
El expediente se trasladó a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, cuando el MP se declaró incompetente para investigar.
El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos mediante un boletín de prensa, donde señalaba que en la investigación que realizó —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E— se desprendió que la imputación a los militares era “completamente falsa”, pues no incurrieron en infracción a la disciplina militar.
El caso, presentado dos años después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), sentó un precedente en el Sistema Interamericano que, por vez primera, reconoció la violación sexual como tortura y determinó que este delito cometido por militares fuera investigado en el fuero civil.
La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999, y en abril de 2001 señaló al Estado mexicano, como responsable por la violación a varios derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y le recomendó que investigara completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, los hechos para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño y que el caso se turnara a la justicia civil.
Nueve años después, la recomendación no se cumple y el caso está archivado en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH mostraron desinterés.
Según el Estado, no se cumplieron las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello decidió cerrar el caso.
Las hermanas González consideraron que esta propuesta del gobernador, no significa el cumplimiento de la recomendación de la CIDH, puesto que únicamente se enfoca a la reparación del daño, ya que falta señalar y castigar a los culpables de la violación y trasladar la investigación al fuero civil.
FUENTE:
http://www.cimacnoticias.com/site/10102009-Con-500-mil-pesos-s.44732.0.html
Ninguna cantidad es suficiente para aliviar el dolor, responden
Con 500 mil pesos se busca reparar violación a hermanas González
Por Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gtz Chis. 20 oct. 10 (CIMAC).-Después de 16 años de guardar silencio, en torno a la violación sexual cometida por militares contra tres hermanas tzeltales, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció reparar el daño causado a las hermanas González con 500 mil pesos para cada una.
En conferencia de prensa en Ocosingo, la primera y única que darán las hermanas González, informaron que en agosto pasado, el gobernador les envió por escrito una propuesta de reparación del daño, dándoles de plazo dos meses para responder si la aceptan o no.
La propuesta ofrece por concepto de reparación a cada una de las hermanas, 500 mil pesos, además de seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y proyectos productivos.
Las hermanas tzeltales advirtieron que aceptarán la propuesta siempre y cuando incluya a su madre, quien, dijeron, también sufrió daños a causa de la violación sexual de sus hijas y que se haga justicia.
A través de un traductor, puesto que las hermanas son monolingües, únicamente hablan tzeltal señalaron:
“En estos 16 años que ha tardado el proceso, ni en toda nuestra vida podemos olvidar el dolor, la enfermedad y la rabia que nos causó la violación; nunca podremos perdonar lo que nos hicieron.
“Tampoco habíamos aceptado hacer declaraciones públicas. Ahora lo hacemos para que ninguna autoridad saque provecho de nuestra respuesta”, sostuvieron las hermanas González.
La propuesta es “la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad; sin embargo, la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”.
La madre de las hermanas, que en aquel entonces eran menores de edad, fue obligada a presenciar cómo violaban a sus hijas, fue torturada, y una vez que regresaron a la comunidad, se vio obligada a salir de ella porque se le culpó de lo que les pasó a sus hijas.
“Ninguna cantidad que dé el gobierno será suficiente para sacarnos del corazón el daño y el coraje que se nos ocasionó, aceptaremos la propuesta de reparación como una prueba de la culpabilidad de los militares, pero exigimos que se duplique la cantidad ofrecida lo más pronto posible, para resolver problemas urgentes de subsistencia” manifestaron las hermanas.
Agregaron que continuarán luchando para que se castigue a los militares y que éstos sean juzgados por autoridades civiles y enviaron un mensaje al gobernador diciéndole que no aceptarán estar presentes en ningún acto público, así también, rechazaron los programas ofrecidos por el gobierno, porque aseguran “no resuelven los problemas reales del pueblo”.
LA HISTORIA
El 4 de junio de 1994, un grupo de militares detuvo en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez (nombre ficticios) de 12, 13 y 14 años de edad, y a su madre Delia Pérez de González.
Las cuatro regresaban de vender verduras y se dirigían a su comunidad. Los soldados, como siempre, las detuvieron para interrogarlas, y las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas.
En este lapso, las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares quienes las acusaron de ser zapatistas.
Las hermanas denunciaron el hecho ante el Ministerio Público Federal el 30 de junio de 1994. Se les hizo un examen médico ginecológico y ratificaron su denuncia el 30 de agosto, relata el informe No. 129/99 de la CIDH.
El expediente se trasladó a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, cuando el MP se declaró incompetente para investigar.
El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos mediante un boletín de prensa, donde señalaba que en la investigación que realizó —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E— se desprendió que la imputación a los militares era “completamente falsa”, pues no incurrieron en infracción a la disciplina militar.
El caso, presentado dos años después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), sentó un precedente en el Sistema Interamericano que, por vez primera, reconoció la violación sexual como tortura y determinó que este delito cometido por militares fuera investigado en el fuero civil.
La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999, y en abril de 2001 señaló al Estado mexicano, como responsable por la violación a varios derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y le recomendó que investigara completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, los hechos para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño y que el caso se turnara a la justicia civil.
Nueve años después, la recomendación no se cumple y el caso está archivado en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH mostraron desinterés.
Según el Estado, no se cumplieron las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello decidió cerrar el caso.
Las hermanas González consideraron que esta propuesta del gobernador, no significa el cumplimiento de la recomendación de la CIDH, puesto que únicamente se enfoca a la reparación del daño, ya que falta señalar y castigar a los culpables de la violación y trasladar la investigación al fuero civil.
FUENTE:
http://www.cimacnoticias.com/site/10102009-Con-500-mil-pesos-s.44732.0.html
miércoles, 20 de octubre de 2010
Organizaciones denuncian violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de integrantes de la Radio Proletaria de Chiapas
Difusión Cencos México D.F., 20 de octubre de 2010
Boletín de prensa
AMARC/Article 19/Amedi
* Anuncian que continuarán con la estrategia de defensa mediante la interposición del amparo Urgen al Estado mexicano a legislar para el reconocimiento de los medios comunitarios a fin de dar una solución estructural a la situación que viven dichos medios
El pasado 12 de octubre de 2010 "Radio Proletaria" fue desmantelada en un operativo arbitrario e ilegal por miembros de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Unidad Especial de la Policía Sectorial del Estado de Chiapas.
Según refieren los integrantes de la radio proximadamente a las 19:30, un grupo de 25 a 30 personas encapuchadas y con armas largas llegaron en cuatro camionetas Ranger a las instalaciones de la radio, ubicadas en el mismo edificio que la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), el grupo ingresó de forma arbitraria y con uso excesivo de la fuerza sin identificarse ni presentar diligencia alguna que fundara y motivara el ingreso a las instalaciones de la radio. Los funcionarios del estado se llevaron todo lo que había en la radio, incluyendo los equipos que utiliza para transmitir y una antena.
El menor Carlos Martínez, integrante de la radio, estuvo desaparecido alrededor de 12 horas y sin posibilidades de contactar a sus padres, a su abogado u otra persona de su confianza, fue gracias a las gestiones de organizaciones de derechos humanos que se logró determinar su paradero hasta un día después del operativo. Durante su detención le informaron que estaba acusado de robo y posteriormente se integró la Averiguación Previa FAR/088/2010-10 remitida a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes; sin embargo, todo el interrogatorio giró en torno a las actividades que realiza la radio y sus integrantes.
Según consta en la Averiguación Previa los cargos contra el menor son por el delito de “ Robo” señalándose como parte ofendida a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; de esta forma la PGJE está fabricando un delito o en su defecto invadiendo la competencia de la federación en materia de regualación de las telecomunicaciones, lo anterior se agrava pues se trata de un menor de edad, al que, de acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño, signada por el Estado Mexicano, las acciones que tome el Estado serán siempre cuidando el interés superior del niño, protegiendolo de cualquier forma de abuso físico o psicolgico toda vez que los menores de edad son un grupo que merece protección y asistencia especiales sobre todo la debida protección legal. Por tanto, las organizaciones continuarán la estrategia de defensa mediante la interposición del amparo.
La Radio Proletaria inició hace cuatro años a fin de trabajar en favor de los derechos humanos de la comunidad. Es un proyecto operado y construido primordialmente por jóvenes habitantes de la colonia 12 de noviembre de la capital chiapaneca, quienes han encontrado en la radio un espacio para encontrarse, crear otros horizontes de vida y construir formas distintas de relacionarse con su comunidad a través del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. La Radio Proletaria es una radio comunitaria integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC).
Ante estos hechos las organizaciones firmantes exigen al Estado mexicano el cumplimiento íntegro de sus compromisos en materia de Derechos Humanos y en especial los respectivos a Libertad de Expresión, suscriben el llamado que hace la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, quién en su informe anual 2009 señala que "es fundamental que los Estados no hagan un uso desproporcionado del derecho sancionador en asuntos relacionados con el derecho a la libertad de expresión y, en este sentido, resulta urgente que los marcos jurídicos se adecuen a los estándares interamericanos en materia de igualdad y no discriminación".
Recordemos que la radiodifusión comunitaria es un espacio fundamental para la participación de los habitantes, su labor ayuda en la construcción de ciudadanía y da cabida a las voces marginadas y que con frecuencia no se ven reflejadas en los grandes medios, constituyéndose en un elemento vital de las comunidades, atentar contra la pluralidad de voces es atentar directamente contra la democracia misma del país.
Es por ello que urgimos al Estado Mexicano a implementar un marco jurídico que legisle a los medios comunitarios, dando certeza legal y claridad legal de la forma en que se asignarán las frecuencias del espectro radioélectrico, bien de la nación por excelencia y del cual el Estado es el administrador, así como crear una política que garantice la sostenibilidad de estos medios, pues la asignación de frecuencias no puede basarse en un mero afán lucrativo sino que tiene que atender criterios sociales. Dicho reconocimiento de los medios comunitarios debe darse sin restricción alguna de potencia, o posibilidades de financiamiento, a fin de garantizar su adecuado desarrollo.
Así lo establecieron las propias Relatorías para la Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA en las observaciones preliminares de la reciente Visita Oficial Conjunta a México: "Los Estados deben contar con un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias, que no exija requisitos tecnológicos severos, admita la posibilidad de utilizar publicidad como medio para financiarse, y no imponga límites discriminatorios en su financiamiento y alcance".
Señalamientos además contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 donde reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para "Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad." Y concretamente el inciso B, fracción VI mandata a la Federación, los estados y los municipios, a "...Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen."
Vale recordar que otras instancias ya han reconocido las características específicas de los medios comunitarios. Es el caso del Instituto Federal Electoral (IFE) quien el pasado 28 de septiembre discutió, por segunda ocasión en la mesa del Consejo General, la necesidad de tomar en cuenta las condiciones en las que operan las radios comunitarias, ya que por sus características que se basan en cumplir un fin social, muchas veces se enfrentan a la imposibilidad material para dar cumplimiento con la transmisión de pauta que impone la ley electoral a partir de la reciente reforma en la materia.
Asimismo, es indispensable que a fin de que exista un pleno reconocimiento de los medios comunitarios, se incluyan en el proceso de migración digital recientemente anunciado por las autoridades.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
http://www.cencos.org/es/node/25265
http://boomerang.amarcmexico.org/
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A UNA SEMANA DEL DESMANTELAMIENTO DE RADIO PROLETARIA!
A una semana de la inconstitucinal intervención de la procuraduria de justicia del estado de Chiapas carente de toda competencia contra radio proletaria la radio comunitaria de Tuxtla Gutiérrez y del injusto encarcelamiento del compañero hendrix menor de edad, hemos visto como el estado bajo argumentos carentes de todo fundamento criminaliza y cierra un medio de expresión ciudadano que se venía desarrollando pacificamente desde hace 5 años.
Pero a una semana del brutal operativo contra la radio ciudadana de Tuxtla como lo dicen los compañeros de Reporteros sin Fronteras, también hemos sido testigos de la digna y generosa solidaridad de compañeros de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales que condenan firmemente tal atropello a la libertad de expresión.
Organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC México, a la cual esta asociada Radio Proletaria , no estan dispuestas a pasar por alto esta violación a los derechos de un medio comunitario, ya que es muy grave que no se le permita a la ciudadanía el acceso a un medio de libre y autogestivo y por lo cual se tiene que dejar el precedente de que el Estado debe de reconocer y respetar a las radios comunitarias en el país. Gracias compañeros de AMARC por su respaldo.
Una mención especial también la hacemos por el enorme apoyo, que se ha recibido desde el inicio de la represión, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAYBA hacia el colectivo de Radio Proletaria. De igual forma queremos darle las gracias a los compañeros de la sociedad civil estatal, nacional e internacional y a todos los medios libres, independientes y autónomos por la difución y solidaridad para romper el cerco mediático y dar a conocer el atropello en contra de este medio comunitario.
Zapata vive, la lucha sigue!
Radio proletaria, frecuencia liberada!
amarcmexico AMARC México
Iniciando la conferiencia de prensa sobre el caso de @radioproletaria
amarcmexico AMARC México
Agradecemos a @A19Media #AMEDI @cencos, @cepet #rtdtt y demás organizaciones que han demostrado su solidaridad, en especial al #frayba
amarcmexico AMARC México
Desde París Reporteros Sin Fronteras reconoce como "brutal" el operativo contra @radioproletaria y exige el regreso de los equipos
amarcmexico AMARC México
En otros casos también se ha hecho uso abusivo del der penal pero a nivel federal: Radio Tierra y Libertad, Radio Uékakua y Radio Diversidad
amarcmexico AMARC México
Desde Amarc México exigimos cese el uso irrazonable y desproporcional del derecho penal para acallar a las #radioscomunitarias
amarcmexico AMARC México
El violento operativo vs @radioproletaria se agrava por las violaciones a los DDHH d niño Carlos Mtz., que estuvo desaparecido por 12 horas
amarcmexico AMARC México
Menos del 1% del espectro radioeléctrico es usado por emisoras con fines sociales, la falta d pluralidad en los medios ataca a la democracia
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@A19Media dice que el Edo. Mex tiene que dar cabida a las voces disidentes y cumplir cabalmente sus obligaciones internacionales
amarcmexico AMARC México
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@A19Media El Edo mex solo esta acumulando recomendaciones de org internales se ha vuelto inmune, desde la Soc debemos Exigir su cumplimiento
amarcmexico AMARC México
Con este operativo Sabines y el Edo. de Chiapas se convierten en represores de una radio que adopta una postura disidente
amarcmexico AMARC México
Art 19 señala que hechos como el operativo contra @radioproletaria enfatiza que los ataques a la lib de exp tiene diversos perpetradores
amarcmexico AMARC México
El reconocimiento de las #radioscomunitarias se ha dado de facto, como el IFE incluyendolas en su reglamento y la propia CIRT
amarcmexico AMARC México
La falta de un marco jurídico que reconozcan a las radios comunitarias en sus características impide a las comunidades de obtener un permiso
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Con este operativo Sabines y el Edo. de Chiapas se convierten en represores de una radio que adopta una postura disidente
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Art 19 señala que hechos como el operativo contra @radioproletaria enfatiza que los ataques a la lib de exp tiene diversos perpetradores
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El reconocimiento de las #radioscomunitarias se ha dado de facto, como el IFE incluyendolas en su reglamento y la propia CIRT
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La falta de un marco jurídico que reconozcan a las radios comunitarias en sus características impide a las comunidades de obtener un permiso
A19Media ARTICLE19 MX-CA
@amarcmexico y Article19 hacen llamado a garantizar pluralidad d medios y reconocimiento a radios comunitaria http://plixi.com/p/51798319
amarcmexico AMARC México
El uso abusivo del derecho penal desinhibe a las personas de ejercer su derecho a la libertad de expresión
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Desde 2009 el Estado Mexicano ha hecho uso desproporcional del derecho penal para desmantelar a las radios q transmiten sin permiso
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A la PEJ de Chiapas se le olvida q la única autoridad competente en el tema de bienes nacionales como lo es el (cont) http://tl.gd/6ipfq2
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La PEJ de Chiapas se fabricaró competencia acusando a un menor de 15 años de robo, esto con el fin de reprimir a la radio
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En violento operativo ingresaron agentes de la Procuraduría del Estado de Chiapas a desmantelar @radioproletaria, sin ser aut competente
http://www.amarcmexico.org/
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Pero a una semana del brutal operativo contra la radio ciudadana de Tuxtla como lo dicen los compañeros de Reporteros sin Fronteras, también hemos sido testigos de la digna y generosa solidaridad de compañeros de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales que condenan firmemente tal atropello a la libertad de expresión.
Organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC México, a la cual esta asociada Radio Proletaria , no estan dispuestas a pasar por alto esta violación a los derechos de un medio comunitario, ya que es muy grave que no se le permita a la ciudadanía el acceso a un medio de libre y autogestivo y por lo cual se tiene que dejar el precedente de que el Estado debe de reconocer y respetar a las radios comunitarias en el país. Gracias compañeros de AMARC por su respaldo.
Una mención especial también la hacemos por el enorme apoyo, que se ha recibido desde el inicio de la represión, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAYBA hacia el colectivo de Radio Proletaria. De igual forma queremos darle las gracias a los compañeros de la sociedad civil estatal, nacional e internacional y a todos los medios libres, independientes y autónomos por la difución y solidaridad para romper el cerco mediático y dar a conocer el atropello en contra de este medio comunitario.
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martes, 19 de octubre de 2010
Invitación a Conferencia de Prensa: Proceso Penal y Operativo e ilegales contra Radio Proletaria en Chiapas
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Invitación a Conferencia de Prensa
Proceso Penal y Operativo e ilegales contra Radio Proletaria en Chiapas
•Tras el inicio del proceso penal y operativo ilegales e infundados llevados a cabo por el gobierno del estado para desmantelar la radio comunitaria de Chiapas, Radio Proletaria
•Y ante la inminente necesidad de legislar para reconocer a los medios comunitarios la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México), se pronuncia públicamente ante esta situación.
• Se darán a conocer detalles del caso y acciones jurídicas a seguir
Estarán presentes:
Darío Ramírez, Artículo 19
Aleida Calleja, Programa de Legislaciones de AMARC ALC
Maria Eugenia Chávez, AMARC- México
Sergio Méndez Silva, abogado de AMARC-México
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
La cita: Miércoles 20 de Octubre de 2010 a las 9:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a las Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
http://www.cencos.org/es/node/25254
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Invitación a Conferencia de Prensa
Proceso Penal y Operativo e ilegales contra Radio Proletaria en Chiapas
•Tras el inicio del proceso penal y operativo ilegales e infundados llevados a cabo por el gobierno del estado para desmantelar la radio comunitaria de Chiapas, Radio Proletaria
•Y ante la inminente necesidad de legislar para reconocer a los medios comunitarios la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México), se pronuncia públicamente ante esta situación.
• Se darán a conocer detalles del caso y acciones jurídicas a seguir
Estarán presentes:
Darío Ramírez, Artículo 19
Aleida Calleja, Programa de Legislaciones de AMARC ALC
Maria Eugenia Chávez, AMARC- México
Sergio Méndez Silva, abogado de AMARC-México
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
La cita: Miércoles 20 de Octubre de 2010 a las 9:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a las Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
http://www.cencos.org/es/node/25254
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