Así fue el intento golpista en Ecuador

Blanche Petrich
Enviada/I
Periódico La Jornada
Lunes 1º de noviembre de 2010, p. 25
Las nubes no terminaban de despejar la cumbre del volcán Pichincha, a cuyas faldas se extiende esta ciudad, cuando una paciente del Hospital de la Policía Militar se asomó a la ventana ese jueves. Eran las 6.45 a.m. del 30 de septiembre. Divisó sobre la Avenida Mariana de Jesús las antenas retransmisoras de las principales televisoras, entre ellas Teleamazonas y Ecuavisa. “¿Será que va a haber algún evento por acá?”, pensó sin imaginar que el nosocomio sería ese día teatro de una de las crisis políticas más dramáticas de Ecuador. Evidentemente los dueños de los medios electrónicos estaban sobre aviso.

7:15: en el programa televisivo Contacto directo, Galo Lara, líder opositor, hace un comentario críptico: “El presidente Rafael Correa le quitó sus juguetes a los hijos de los policías –en alusión a la ley de servidores públicos que se había aprobado la víspera y que suprimía condecoraciones y algunas prestaciones a las fuerzas del orden–; es por eso que tiene temor que lo linchen, es por eso que ya está haciendo las maletas para irse del país”.

8:00: en un salón de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) se dan cita académicos y funcionarios de alto nivel –entre ellos Francisco Jijón, secretario de Seguridad Interna y Externa, y los ministros de Seguridad Interna, Miguel Carvajal; Defensa, Javier Ponce, y del Interior Gustavo Jalkh– para debatir temas de estabilidad del Estado. A ninguno le han sonado las alarmas de lo que está a punto de ocurrir.

Se necesita una izquierda con los pies en la tierra

“En el mundo flacsionano –evalúa posteriormente el analista Alexis Ponce– se hacen mapas conceptuales y escenarios de crisis muy buenos. Pero a la hora de una confrontación de verdad, como la del 30-S, estos caballeros no saben qué hacer. Aquí se necesita que la izquierda tenga los pies en la tierra. En esta revolución ciudadana no podemos estar por encima de la lucha de clases.”

(Tres semanas después Correa reconocería en entrevista con este diario que su gobierno está “a ciegas y en ceros” en materia de seguridad y hace el primer relevo de gabinete después de la crisis, sustituyendo a Jijón por el vicealmirante Homero Arellano.)

8:15: suena el teléfono en casa de María Augusta Calles, asambleísta de Alianza PAIS. Una colega periodista –ella lo es– le avisa: “Cuidado ahora que salgas, porque hay una sublevación, ese es el rumor”. Enciende la televisión y algunos canales informan ya que militares tomaron el control del aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Desde esa hora y hasta la tarde todos los vuelos de llegada y salida fueron suspendidos.

Hay amotinamiento en el Ministerio de la Defensa. No se sabe todavía, pero también está tomada la estratégica base aérea de Tacunga, de la Fuerza Aérea. La carretera que une a Quito con Sangolquí, sede del principal destacamento de caballería, está cerrada. Si fuera necesario enviar tanques a la ciudad no podrían pasar. Y en Guayaquil, ciudad principal, están cerrados todos los aeropuertos e incluso el puerto, paralizado por piquetes de marinos. En total fueron 24 regimientos de policía en todo el país sublevados.

“El pueblo quiteño se autoconvocó”

8:30: desde la cabina de Radio La Luna, de tendencia “antiderechosa”, su director, Ataúlfo Tobar, concluye después de los primeros datos: “Entendimos que se estaba viviendo una sublevación y que el presidente estaba bajo ataque. A partir de ese momento arrancamos una transmisión ininterrumpida de 11 horas a micrófono abierto. El pueblo quiteño se autoconvocó en defensa de la democracia”.

Se supo entonces en todo el mundo que ante el amotinamiento en el Regimiento I de la policía quiteña, el presidente Correa había decidido ir y negociar personalmente con ellos. Que había sido rodeado, golpeado y gaseado. Y que él los había desafiado, abriéndose la camisa: “¡Mátenme si quieren!”

¿Imprudencia? Algunos analistas así lo estiman. Un asesor en cuestiones de inteligencia opina lo contrario: “Si se hubiera quedado en el Palacio de Carondelet, con un simple bloqueo de las calles García Moreno y Guayaquil del casco histórico, el presidente hubiera quedado encerrado. Y hubiera caído en 45 minutos, no más”.

¿Por qué lo dice? “Como movimiento social protagonizamos tres sublevaciones que culminaron con la caída de tres presidentes sucesivamente. Algo hemos aprendido de los manuales del buen golpista. Al salir hacia la avenida Mariana para resolver personalmente lo que supuestamente era una protesta laboral de la policía, lo que Correa hizo, quizá sin estar consciente, fue salirse de una trampa mortal”.

9:00: refiere el abogado quichua Floresmilo Simbaña que a esa hora delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador arrancaban un foro sobre educación pluricultural. Ante los hechos, el potente movimiento indio se declara en asamblea permanente. Queda expectante. CONAIE no se pronunciaría hasta las 4 de la tarde, rechazando la violencia pero condicionando su apoyo al presidente. No convoca a salir a las calles ni se deslinda de las declaraciones de Lourdes Tibán, asambleísta del Partido Pachakutik, quien aplaudió la asonada: “¡Bien, mil veces bien!”, dijo a las 9:30. “Correa nunca estuvo en peligro de caer... pero sí de morir”, admite Simbaña.
9:00: María Augusta avanza trabajosamente en su auto por las calles desquiciadas. Por la radio escucha que entre las 9:15 y 9:30, el presidente finalmente logra ser ingresado por la puerta de atrás del hospital después de un forcejeo que lo deja en malas condiciones físicas. Los videos hoy conocidos demuestran que incluso dentro del hospital había elementos que recibieron al mandatario con bombas de gas.

10:00: Fernando Garzón, asesor de la Defensoría del Pueblo, ha logrado acercarse a la puerta trasera del Hospital de la Policía. En una bitácora detallada que redactó después –y que facilitaría a este diario– relata la sucesión de hechos. Le informan que el presidente ya se encuentra, acosado por agentes hostiles, en la habitación 302.

10:15: María Augusta está a tres cuadras de la Asamblea cuando recibe una llamada: “No llegues. Hay orden de matarte”. En lugar de llegar a su oficina se encamina al palacio presidencial.

En el camino topa con bloqueos. Piquetes de encapuchados intentan evitar que la gente llegue a la Plaza Mayor, que sin embargo a esa hora ya está casi llena. Las oficinas y escuelas suspenden actividades. Finalmente la legisladora alcanza entrar al despacho del presidente en Carondelet. En el recibidor encuentra, crispados, a Miguel Carvajal, ministro de Seguridad, y al alcalde Augusto Barrera. Comentan que ya se está negociando con los militares, que las fuerzas armadas se van a pronunciar contra la asonada. “Ahí supe que el golpe había abortado.”

Los hilos de Lucio, el titiritero

En Brasilia, en tanto, el coronel Lucio Gutiérrez, ex presidente derrocado por la llamada “revolución forajida” en 2005, “predice” el fin del modelo de Correa. Hay un antecedente: el líder de la opositora Sociedad Patriótica –partido de corte autoritario-populista que aglutina sobre todo a familias de policías y militares– había participado una semana antes en Miami en una conferencia. El tema: El derrumbe de los modelos de socialismo del siglo XXI. Su anfitrión es el opositor cubano Carlos Montaner. Lo escuchan atentamente, entre otros, Roberto Isaías, banquero prófugo, y varios líderes de la derecha ecuatoriana.

10:15: es entrevistado su lugarteniente Fidel Araujo en el Regimiento I. “Vengo a apoyar a los policías que han sido ofendidos”, dice. Más que apoyar, parece coordinar el operativo. Usa chaleco antibalas. (Ocho días después sería detenido.)

10:20: Ese día no sesionaba el parlamento. La congresista María Paula Romo, de Alianza PAIS, estaba presente cuando se amotinó la guardia legislativa, respaldada por policías de otros destacamentos y por trabajadores de Petroecuador.

Relata cómo entraron al plenario blandiendo armas y palos, insultando a los correligionarios de Correa –“¡comunistas!”– impidiendo la entrada y salida de asambleístas del partido oficial (la oposición transitaba sin restricción). Desconectaron las cámaras de seguridad y gasearon el recinto.

11:40 Rueda de prensa del alto mando de las fuerzas armadas. El jefe del Comando, general Ernesto González, declara: “Estamos subordinados a la autoridad del presidente Correa”. Sin embargo no habrá movimien- to de tropas para resguardar al jefe de Estado hasta pasadas las siete de la noche. Para entonces el jefe del ejecutivo ya ha decretado el estado de emergencia nacional y, bajo este amparo, ordena la cadena nacional para los medios de comunicación.

13 horas. En cuanto entra al aire la cadena nacional, otro grupo de opositores se dirige hacia la emisora oficial, entra violentamente, rompe vidrios y llega hasta el estudio. La asambleísta del partido Social Cristiano Alejandra Cevallos exige al aire la renuncia de Correa. Otros líderes cercanos a Lucio dirigen el operativo.

13.30 Congresistas de oposición exigen aprobar una amnistía anticipada para que los sublevados “no sufran retaliación alguna, porque lo único que han hecho es interpretar el clamor del pueblo contra la tiranía”, según dice el opositor Gilmar Gutiérrez.

Ésa era la señal inequívoca que el Plan A había fallado. Faltaba el Plan B, el magnicidio. Queda para el expediente la grabación de la voz del agente Luis Martínez Viláñez ordenando por el transmisor de su radiopatrulla a los policías apostados fuera del hospital: “¡Mátenle, mátenle al presidente!” Y el cristal estrellado por un balazo en la ventana de la habitación 312, donde se resguarda Correa.

Sobre los juvenicidios

Ciudad Juárez, Chih. Como cada viernes, a las 4 de la tarde la plaza de San Lorenzo reunió a un puñado de juarenses que han logrado vencer el miedo y el terror. Poco después empezó la Caminata contra la muerte. Esta vez, la marcha era la primera actividad del Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, por una Cultura Diferente. La manifestación había transcurrido en forma pacífica, y cuando llegaba a las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas, la avenida se llenó de camionetas de la Policía Federal. Uniformados de la unidad 12428 dispararon contra los participantes y una bala hirió de gravedad al estudiante de sociología José Darío Álvarez dentro del campo de la Universidad. La principal exigencia de los marchistas era la retirada de los federales y los militares de Ciudad Juárez, por proteger a los escuadrones de la muerte.

Ante el perfil de una mortandad que cada año rompe récords en el Valle de Juárez, Víctor Quintana acuñó el término juvenicidios. Los juvenicidios se multiplican hoy por todo el país. Las dos últimas semanas de octubre fueron pródigas en ejecuciones sumarias grupales de ese tipo. El 23 de octubre, un grupo de encapuchados vestidos de negro y con armas de alto poder llegó en un convoy de siete vehículos a una fiesta en la colonia Horizontes del Sur, acribilló a balazos a 14 jóvenes y dejó heridos a 20. Entre los muertos había ocho mujeres, una embarazada. Dos niños de siete y 11 años resultaron heridos. Vecinos denunciaron que tres minutos después de la matanza una patrulla de federales pasó por el lugar sin prestar auxilio.

Dos días después, otro comando ingresó al centro de rehabilitación para adictos El Camino, en Tijuana, Baja California, y fusiló a 13 internos. Un par de días antes Tijuana había sido elevada por Felipe Calderón a “ejemplo” de su guerra contra la criminalidad. El 27 de octubre, encapuchados provistos con rifles de asalto AK-47 y AR-15 asesinaron a 15 jóvenes en un centro de lavado de autos en Tepic, Nayarit. De las víctimas, 11 trabajaban en el lugar como parte de su rehabilitación en el Centro Alcance Victoria AC. Esa noche, en el barrio de Tepito, Distrito Federal, tres sujetos acribillaron a seis jóvenes. Según el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, los homicidios se dieron en un área de “alta complejidad”.

Tras la última matanza grupal en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, responsabilizó a grupos de vengadores anónimos. A raíz de la aparición sin vida de una mujer que había confesado en un video ser cobradora de una banda de extorsionadores y fue “escarmentada”, De la Rosa escribió en un diario de circulación nacional que “personas civilizadas y honorables”, incluso algunos “funcionarios de gobierno”, le dijeron que “eso es lo que hay que hacerles a los delincuentes”. ¡Matarlos!

“A la basura social hay que tirarla al caño”, dice De la Rosa que le dijo uno de ellos, en tácita alusión al accionar de grupos ilegales, civiles y gubernamentales, que hacen justicia por propia mano. Por esa vía, el Estado abdica de su responsabilidad de impartir justicia e investigar delitos para llegar al nivel de la barbarie de los criminales que dice combatir, en un país, México, donde según el artículo 22 de la Carta Magna está prohibida la pena de muerte.
En septiembre pasado, el Senado solicitó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), informes sobre la existencia de escuadrones de la muerte. Según el senador Ricardo Monreal, grupos de “paramilitares adiestrados” actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano. Afirmó incluso que algunos gobernadores y empresarios tienen grupos de exterminio o de limpieza social, que seleccionan como grupos de elite para librarse de potenciales extorsionadores y secuestradores.

El Frente Nacional Contra la Represión denunció que durante 2010, de los 7 mil homicidios contabilizados en Ciudad Juárez, más de la mitad fueron de jóvenes pandilleros e infractores menores, por lo que, más que una guerra entre cárteles o pandillas (Calderón dixit), lo que rige es una “limpieza social”. La hipótesis del exterminio de jóvenes considerados “desechables” es avalada por Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien citó una matanza de 17 personas en una quinta de Torreón, Coahuila, durante “una fiesta lésbico-gay” en julio. Otro caso reseñado por la veterana luchadora fue la exhumación de 51 personas de una fosa clandestina en el municipio de Juárez, Nuevo León, que reunían un rasgo particular: todos estaban tatuados, lo que respaldaría la teoría de la limpieza social.

En ese contexto, el 3 de octubre surgió en Morelia, Michoacán, un grupo autodenominado Pelotones Omega. En un volante de presentación firmado “en el nombre de Dios” por el “Comandante Miguel”, se advertía que comandos de ajusticiamiento, adiestrados, concientizados, adoctrinados y pagados por ciudadanos, empresarios y propietarios rurales michoacanos, ejercerán la “justicia divina” contra políticos, gobernadores, militares, jueces, comandantes policiales y empresarios cómplices de narcotraficantes y otros grupos criminales. Según la Biblia, la lacra, la escoria de la sociedad no merece el perdón de Dios y tampoco el de los Pelotones Omega, dijo en su escrito el “Comandante Miguel”.

Por pura coincidencia, tal vez, a mediados de octubre, la consultora texana Stratfor divulgó que empresas estadunidenses de contratistas de seguridad privada, integradas por milicias de mercenarios cuyos métodos quedaron evidenciados en Afganistán e Irak, al perder su negocio en esa región, están presionando a Barack Obama para que gestione ante Calderón la apertura del mercado mexicano. Se entiende por qué, en Juárez, pugnan por una cultura diferente.

En 2012, la Iglesia y Televisa buscarán erigirse en árbitros, advierte Muñoz Ledo

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Lunes 1º de noviembre de 2010, p. 9
Frente al proceso electoral de 2012, la Iglesia católica y Televisa pretenderán ubicarse en el centro del espectro político para fungir de árbitros en los comicios federales, afirma Porfirio Muñoz Ledo, actor y crítico del poder político, quien observa en su reciente libro, La vía radical para refundar la República, que a la gobernabilidad en México le urgen las reformas en el Congreso, el Estado y en los medios de comunicación, precedidas de la movilización social como único vehículo de cambio.

En entrevista, ubica la vía radical en política: “Estaba satanizada –aduce– pero no es otra cosa que ir a la raíz de las cosas; hacerlas a fondo. Era importante reivindicar esa palabra. Toda posición convencional nos lleva a la catástrofe; imagina con la política dónde va ahora el país. La Cámara de Diputados es un desperdicio de mayoría; le llamé mayoría de chisguete, sólo sirve para miaditos de reformitas y cochupitos”.

Recuerda su paso por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), organismo político que en su fundación se negó a considerarse de izquierda –consta en sus estatutos de 1989–, y “fue hasta 1999 cuando logré que se llamara partido de izquierda. Y ahora todas las tribus perredistas se llaman izquierda nueva, izquierda antigua, izquierda renovadora, todas se dicen izquierdas. He logrado, perdóname, desacralizar, desatanizar la palabra izquierda en México”.

–¿Usted es partidario del régimen parlamentario?

–En la reforma del Estado se trataba, por iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones, de cambiar la forma de gobierno. Esto porque va a ganar quien tenga una mayoría en la Cámara que le permita gobernar, una mayoría monocolor; la única forma es que el gobierno sea investido por el Congreso.

–El equilibrio entre mayoría social y la mayoría política…

–Es imposible que salga de aquí un gobierno que cambie el rumbo del país, las estructuras, que modifique las instituciones que están naufragando cuando se depende del repunte de la economía de Estados Unidos; quiere decir que estamos condenados a crecer 3 por ciento. ¿A qué estamos jugando, si Perú y Panamá ya crecen a 9 por ciento? Hay una crisis nacional profunda. Por este camino no va salir el mundo, ¡no es cierto! Y nadie quiere cambiar el modelo económico.

–¿El servilismo en política interior y exterior?

–El problema fue cómo los tecnócratas convencieron a Miguel de la Madrid, y antes a José López Portillo; se los comieron. De la Madrid era muy dubitativo y tenía ciertas vetas pusilánimes de carácter. Y nos impuso al que lo indujo a la práctica neoliberal, a (Carlos) Salinas, y lo hizo a la mala, aunque se haya retractado de esa decisión.

–¿Se ha envilecido la política? –se le insiste.

–Nunca ha sido muy pura en México, pero sí hay una degradación grave de la política, y mira, el fracaso más grande en este país, aparte de la debilidad de De la Madrid y de la frivolidad de López Portillo, fue Vicente Fox, quien conjuntó frivolidad, entreguismo y pasión por los negocios. Generó descrédito y a la alternancia, a la pluralidad las convirtió en desorden, no hizo las reformas del Estado a que se comprometió conmigo.

“Y (Felipe) Calderón es fruto de todo eso, es la ilegitimidad. Llega Calderón porque Fox le tomó verdadera vesania a Andrés Manuel López Obrador. El pleito lo comenzó Fox, le vino el temor porque estaba metido en negocios turbios y por eso empezó a decir que iba a parar a López Obrador.

Porfirio Muñoz Ledo, durante la entrevistaFoto Carlos Ramos Mamahua
“Una vez me dijo: ‘¿y tu amigo López Obrador?’, y le contesté: ‘qué tienes contra él, es mejor que tengas buena relación con el jefe de Gobierno de la ciudad’, y me respondió: ‘no es que es esto y es lo otro’, y le comenté que ya le habían metido una jiribilla que le iba a costar mucho al país.

“No sabía él qué evidencias había contra el jefe de Gobierno. Y todavía me invita a cenar para decirme que necesita operadores políticos, y me suelta: ‘yo quiero desaforar a este cabrón’, ya comenzó a usar palabras más fuertes, y le dije: ‘¿qué te pasa, cómo lo vas a desaforar tú? Y dijo: ‘sí, mira, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ya están de acuerdo. Uno lo va a acusar, ya tenemos arreglados a los del PRI y luego ya hablamos con el Judicial’. Y le respondí que iba a destrozar el sistema democrático del país. Le señalé: ‘te equivocaste’. Y así Fox generó la ilegitimidad, habiendo tenido la más alta legitimidad desde Madero.”

–¿El servilismo encuadra en la idiosincrasia del mexicano?

–Somos valientes, pero a veces no nos atrevemos; somos contestatarios, nos quejamos, pero no acabamos de ser buenos ciudadanos. Obviamente hay que crear ciudadanía, tenemos bajo nivel (…) porque sólo se participa en elecciones; la crítica política es baja y 80 por ciento está sometida a la radio y a la televisión. No hay pelea. Ha sido castrada por el autoritarismo. El presidencialismo castró a los mexicanos.

–Y el sistema político se enfila a seguir reproduciéndolo...

–Se necesita sacar al Ejército de las calles o en 2012 se dudará de la validez de las elecciones. Eso impediría que ese año se dé una salida y sí influirá en lo que sería una posibilidad de confrontación nacional que no sabemos qué proporciones pueda tener.

–¿Una mínima paz pública?

–De aquí a las elecciones no están excluidos incidentes; Luis Donaldo Colosio se murió en una campaña, sobre todo estando el narco en la calle y el Ejército también. Necesitamos garantías para llegar, pero sobre todo una gran movilización social; a eso lo llamo la vía radical, porque no pienso que una revolución armada sea posible y deseable en México, porque las armas las tienen los narcos y el Ejército.

–¿La administración actual pretende borrar de un plumazo las ideologías?, ¿prescindir de la izquierda o la derecha?

–Quieren reivindicar el centro. En México es un espacio de operación política, es la maniobra. Es un centro operacional que es abusivo. Esto se está viendo en las alianzas. El verdadero centro ético no existe en México y lo quiere recuperar la Iglesia. Y te adelanto que, bajo otra modalidad, Televisa se va a presentar como el centro. Tal como lo hizo con su Iniciativa México y con Javier Aguirre anunciándose en el Ángel; este tipo de propaganda hueca, patriotera, vacía, infantil del ‘vamos a salir adelante’, con ello va a buscar, con la Iglesia católica y empresarios importantes, ser el centro para arbitrar y agarrar más poder.

AMENAZAN Y HOSTIGAN A HIJO DE MARIANO ABARCA ROBLERO EN CHICOMUSELO, CHIAPAS

Posted by Mandujano in jueves, octubre 28, 2010



AMENAZAN Y HOSTIGAN A HIJO DE MARIANO ABARCA ROBLERO EN CHICOMUSELO
Entrevista/Víctor Hugo Roblero Hernández
Motozintla, Chiapas. 22 de octubre de 2010.En entrevista exclusiva para este medio el abogado José Luis Abarca Montejo. Coordinador de la Red de Afectados por la Minería (REMA) en Chicomuselo, Chiapas. Hijo de Mariano Abarca Roblero, líder anti minero asesinado el 27 de noviembre de 2009, en Chicomuselo, ¿Luis, Tenemos entendido que acabas de regresar de Canadá dónde distes a conocer cuál es la situación caótica que vive Chicomuselo, en cuanto a la minería, en cuanto a que la minera BlackFire quiere seguir trabajando ahí ¿ a que fuiste?-
El abogado Abarca Montejo dijo: Bueno, exactamente fuimos hacer las denuncias correspondientes con todas las organizaciones con apoyo de ellas, para que esto se difunda en Canadá, sobre la máscara que tiene la empresa BlackFire aquí en nuestro municipio, sobre el destrozo de nuestro medio ambiente, también estuvimos en el congreso, en la cámara de diputados, fui invitado por un parlamentario del partido nuevo demócrata de Canadá ,donde hay dos leyes que se están proponiendo, una de ellas a partir de finales de octubre, para que estas empresas mineras sean reguladas en sus propios países y no tengan la facilidad de venir y hacer destrozos y afectar a las comunidades donde están extrayendo el material (barita).
Se le preguntó, si ¿son leyes que se quiere implantar?, respondió: son dos leyes una es ley Bill C-300,esta ley permite a las empresas que estén afectando a las comunidades o al medio ambiente o a las personas directamente afectadas por ellas puedan, a estas empresas se les puede retirar los fondos o las inversiones para que no puedan tener la facilidad de inversión, (para la exploración y explotación), esto ayudará a las comunidades para que, para que así la bolsa de valores no les de las facilidades de invertir o aportarles recursos a estas empresas mineras, ya que lo que han hecho han sido destruir el medio ambiente y hacer un desequilibrio social y ecológico aparte de eso la ley Bill C-354 permite a las comunidades afectadas directamente, (esto entraría en vigor a partir de un año y medio) aproximadamente, >está en proceso<, pero esta ley que permite a las comunidades o familiares o personas que estén afectadas directamente por la empresa ,puedan o hacer una demanda ante las cortes de Canadá, demandar a la empresa e indemnizar a las comunidades por los destrozos que se hayan cometido.
Se le pregunto a José Luis Abarca, como abogado? cuál es la visión de los parlamentarios de la república de Canadá en cuanto a la BlackFire, respondió :Bastante apoyo en cuanto a la respuesta que hemos tenido, es de que no es posible (así lo dicen ellos) que las empresas transnacionales o empresas meramente canadienses, estén afectando a otras comunidades en el extranjero como es el caso aquí de Chicomuselo, entonces ellos no permitirán hacer eso, ellos están dispuestos a proponer nuevas leyes para que estas empresas se limiten hacer este tipo de explotación.
Luis Abarca, ¿acaban de haber dos marchas recientes en Chicomuselo?, recientes, una con la iglesia católica y la otra con la OCEZ –CNPA-MLN, donde piden el esclarecimiento del asesinato de tu Padre, y la otra no a la minería, pero la BlackFire se ampara en el estado, pierde el amparo ¿hasta dónde tienes conocimiento? ¿Cuál es la situación? dijo: el proceso que se llevó para la clausura de manera temporal de la mina, viene por parte del gobernador del estado, Lic. Juan Sabines Guerrero, del gobierno del estado por la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn) de Chiapas. Y de la PROFEPA, pero esto las hacen con una disimulación, con un simulacro, con los errores idóneos, con esos huecos para que posteriormente la minera se amparara, desde que la empresa minera como lo hemos visto hasta ahora, se le ha otorgado el juez quinto de aquí de Tuxtla Gutiérrez. le otorgó el amparo a la empresa minera, por el gobierno del estado, por dependencias del medio ambiente, entonces eso significa que la empresa minera, puede regresar a laborar el día en que ellos lo decidan, pero han habido errores, de acuerdo a que el gobierno del estado simplemente clausuró a la minera, por una ampliación del camino que existía entre nueva Morelia, (de siete kilómetros) Por ampliación nada, mas no por la contaminación, aun cuando tenía la facultad de hacerlo, porque es del estado, no se le deslindó ninguna responsabilidad, simplemente por la ampliación del camino, cosa que fácilmente la empresa minera logró el amparo.
Se le preguntó Luis ustedes tienen amenazas, ¿cuál es la vida cotidiana de tu familia? ¿ustedes no temen por su vida, que les pueda pasar algo como le pasó a tu Padre?, bueno :Si tenemos si existen amenazas sobre todo en mi persona por qué eh sido hostigado, pero yo creo que lo que se hace, es manifestación es una lucha en contra de estas empresas que lo único que hacen o lo que han hecho es venir a destrozar, nuestro medio ambiente a desequilibrar nuestro entorno social y ¡sí! tenemos amenazas, hostigamientos pero como lo dijera en principio mi Padre, él lo denunció antes de que ocurriera el hecho del 27 de noviembre de 2009, denunciando que él había sido amenazado por la empresa minera, aun así el gobierno del estado en ningún momento tuvo la precaución o un acercamiento sobre las denuncias hechas por mi Padre estando en vida, ahora en mi persona que tengo hostigamiento de igual forma, aquí la única empresa que se está viendo afectada, por derechos que nos corresponden como personas, como sociedad, es la empresa minera BlackFire, sería la única que pueda estarnos hostigando y en su caso y en su caso también las autoridades del estado porque en base a ellos han podido estar involucradas con la empresa, porque fue así como sucedió con el arraigo de mi Padre en agosto de 2008.
Se le preguntó al abogado Luis Abarca Montejo, si ¿ha presentado alguna demanda por amenazas o las que resulten en contra de la empresa minera BlackFire? dijo: Formalmente ¡no!, pero si algo me pasara estos serían los principales sospechosos, la minera BlackFire, de acuerdo a que eh tomado la lucha de mi padre. Y como lo pronunciamos al principio, los principales responsables de la muerte de mi padre es la empresa minera BlackFire, no existen nadie más.
Los responsables por el asesinato de tu Padre que están detenidos ¿han denunciado a los autores intelectuales? Abarca Montejo dijo: De acuerdo a las personas, o los autores materiales que se encuentran detenidos, ellos no mencionan, no han declarado en contra de la empresa minera, al parecer creemos que se han estado reservando esa declaración; pero el gobierno del estado que tampoco ha hecho lo posible de investigar más a fondo, porque existen personas que se les ha girado oficios, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y no ha hecho nada por mandarlos a citar, mucho menos a declarar nada por el estilo, entonces creemos que el gobierno del estado si tiene intereses también sobre la minera.
¿Algo más que se nos pase, se le pregunto? Para finalizar, dijo: Bueno continuamos, seguimos con la lucha, verdad, de mantener esto en base a un interés social, en base a la comunidad, en base a los intereses, no simplemente de la comunidad sino del estado, que corresponde una cierta parte de territorio forestal la parte que ha estado siendo afectado, entonces este beneficio, esta lucha es en beneficio de todos los chiapanecos y mexicanos.

Fracaso de la política juvenil

El Correo Ilustrado
Fracaso de la política juvenil

La política juvenil que el gobierno federal ha implementado durante los cuatro años de la actual gestión ha fracasado rotundamente. En todo el país 37 por ciento de los adolescentes abandonan la escuela antes de completar la secundaria por falta de recursos, hay 2.4 millones de jóvenes en edad de cursar el bachillerato que no lo hacen por la misma razón. En la UNAM fueron rechazados más de 105 mil aspirantes.

Además de esta grave realidad, la absurda lucha contra el narcotráfico ha generado –entre otras muchas consecuencias negativas– los jovenicidios. Los casos más representativos son los asesinatos de 16 y 13 jóvenes ocurridos el 30 de enero de este año y el pasado sábado 23 de octubre, respectivamente, en Ciudad Juárez.

Exigimos alto a la criminalización de nuestro sector, políticas públicas hechas para y por los j@venes, mayor presupuesto para las universidades publicas y alto a la guerra que mata jóvenes.

Emiliano Álvarez, Diego Hernández, Gabriel Castellanos, Javier Hernández. Ex consejeros estudiantiles de la UAM e integrantes de los Jóvenes de Izquierda Social

Aclaración de Acciones y Valores Banamex

El lunes 25, La Jornada publica en la sección Economía una nota firmada por Victor Cardoso en la que hay una interpretación errónea sobre un documento elaborado por Acciones y Valores Banamex, casa de bolsa.

En ella se afirma que “reportes de Banamex Citigroup” (sic) indican que el gobierno mexicano paga tasas de rendimiento hasta de 18.5 por ciento a inversionistas extranjeros, muy por encima de la tasa líder en el mercado local (“La rentabilidad que se ofrece a los inversionistas extranjeros contrasta significativamente con las dos tasas líderes en el mercado nacional, la de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días, de 4.05 por ciento, y la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), de 4.875 puntos”).

La interpretación es errónea ya que el rendimiento de 18% al que se refieren nuestros analistas obedece a la reevaluación de los títulos por el descenso en las tasas de interés que paga el gobierno, como sin lugar a dudas deja de manifiesto nuestra publicación La Semana. Deuda Gubernamental, del 18 al 22 de octubre de 2010 (que me permito anexar).

Por lo anterior, y con el objetivo de ofrecer a sus lectores información cierta, de “primera mano”, y a sus reporteros reiterarles la invitación a contactarnos directamente cuando hubiera alguna duda, agradezco de antemano la publicación de estas líneas.

Paulo Carreño, director de Comunicación, Grupo Financiero Banamex

Respuesta del reportero

Respecto al correo de Paulo Carreño, director de Comunicación de Grupo Financiero Banamex, quisiera precisar que no existe tal “interpretación errónea”. El documento dice textual: “Durante la semana, el mercado de bonos gubernamentales a tasa fija nominal no presentó ganancias ni pérdidas, por lo que el rendimiento acumulado por estos instrumentos en lo que va del año permaneció en 14.55 por ciento, equivalente a una tasa anualizada de 18.50 por ciento.”

Víctor Cardoso

Repudian asesinato de líderes sociales

En Oaxaca la represión criminal del Estado es alarmante y no parece tener límite. Este sábado 23 fue asesinado en la capital de la entidad, mediante una acción sofisticada, el dirigente del Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT) y el Partido para la Unidad Popular (PUP), Heriberto Pazos, a pesar de que contaba con protección policiaca. Repudiamos este nuevo crimen. Apenas un día antes había sido ejecutado en Tuxtepec el dirigente chinanteco Catarino Torres Pereda.
Del mismo modo que hemos expresado nuestras diferencias con Pazos y el PUP en relación al conflicto en San Juan Copala y el municipio autónomo, repudiamos su asesinato y reiteramos nuestra exigencia de justicia y castigo a los responsables de estos hechos lamentables que atentan contra la organización y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Suplemento Ojarasca: Hermann Bellinghausen, Gloria Muñoz Ramírez, Yuriria Pantoja Millán y Ramón Vera Herrera

Denuncian compra de votos

Durante las elecciones vecinales del pasado domingo, en la delegación Venustiano Carranza, predominaron la compra de votos y el uso de recursos públicos para fines electorales por parte de funcionarios delegacionales. El reparto de despensas, pintura y dinero en efectivo fue la constante, además que se condicionaron becas sociales.

Ante lo anterior, diversas planillas y ciudadanos presentaron quejas ante el coordinador distrital del IEDF en el distrito XII, Héctor Porfirio González Jiménez, quien aseveró que se trataba de “fantasías”, no obstante los diversos testimonios ofrecidos antes, durante y después de la jornada.

Tan clara fue la intervención de la delegación en el proceso que diversos funcionarios fungieron como candidatos “ciudadanos” como Armando Federico Granados Nieto, Sandra Luz García León y Aldo Javier Almada, entre otros.

La elección vecinal tuvo un costo para la ciudadanía de decenas de millones de pesos y ante situaciones como las descritas –además de la escasa participación vecinal, de la cual el IEDF no tiene datos precisos– es un hecho que algunos comités carecen de legalidad y legitimidad, por lo que acudiremos a los tribunales para impugnar este fallido proceso.

Javier García, Mayra Cárdenas (Frente Social por la Igualdad), Evelin Cedillo (Propuesta Humanista), Enrique Ruiz, Cruz, Agustín Ramírez, Marisol Ortega y Lourdes Castro

Invitaciones

Atenco: el camino recorrido

Conferencia: Atenco: el camino recorrido; participan Carmen Huete, Antonio Cerezo y Víctor García Zapata. Hoy, a las 19 horas, en el Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes: 55 54 62 28.

Esperanza de Huete, Vladimir Sánchez, Ángel Flores, Zoia Fernández, Gustavo Ávila, Francisco Alcántara, Elisa Bucio, Iván Sánchez, Cassandra Cárdenas, Lilia Zueck, Yamilé Paz, Nadia Velázquez, Margarita Hernández, Rafael Cárdenas, Fabiola Velázquez y Leticia Castillo.

Mitin de jubilados

Mitin de trabajadores, jubilados y pensionados en las oficinas de la Secretaría de Hacienda para demandar aumento de pensiones y jubilaciones y rechazar la subrogación de la seguridad social. Hoy, a las 11 horas, en Valerio Trujano esquina con Hidalgo.

J. Antonio Vital Galicia.

Audiencia pública sobre la Ley del Maíz será esta mañana paraguay

Asunción, 29 de octubre de 2010

GACETILLA DE PRENSA


Audiencia pública sobre la Ley del Maíz será esta mañana

En el marco de la Campaña por el rescate y la defensa de las semillas autóctonas y criollas, y con el respaldo de las demás instituciones y organizaciones inmersas en la Campaña Paraguay Libre de Maíz Transgénico, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), lleva a cabo esta mañana una audiencia pública para discutir ampliamente sobre la Ley de Protección de las Variedades Locales del Maíz, cuyo proyecto está en estudio desde 2008 en el Parlamento Nacional.

El objetivo de la audiencia es compartir, discutir, confrontar ideas, pensar con parlamentarios, parlamentarias; expertos y expertas en el asunto; autoridades del MAG, SEAM, SENAVE, MSP, Mujeres; ONGs, organizaciones fraternas, campesinas, indígenas y populares, la ciudadanía en general, sobre la importancia de esta ley para garantizar la protección del maíz, base importante de nuestra alimentación y de nuestra forma de ser campesina e indígena. A su vez se pretende, a través del diálogo, extraer insumos que servirán de argumento para los legisladores y legisladoras en el momento de tomar decisiones respecto del tema.
El programa contempla que a partir de las 9 de la mañana del día de hoy, 29 de octubre, el Presidente del Congreso, Senador Óscar González Daher y una representante de la CONAMURI ofrecerán las palabras de apertura.
Seguidamente se dará lugar al panel sobre la Ley del Maíz, que estará a cargo de la Dra. Silvia González, de CEIDRA, haciendo la presentación del proyecto de Ley del Maíz. Así también, en representación de las organizaciones campesinas, Ricarda Romero, de la MCNOC, dará testimonio sobre los alcances materiales, los impactos socioambientales que el cultivo de maíz transgénico podría tener en el territorio nacional, haciendo una mirada empírica de la realidad. Guillermo Ortega, de BASE IS, disertará sobre el maíz en el marco de la soberanía y la seguridad alimentaria. La Ing. Agr. Liz Rojas, de SENAVE, tratará sobre la contaminación floral del maíz y, finalmente, Alicia Amarilla, de CONAMURI, presentará una ponencia sobre el maíz y las mujeres campesinas e indígenas.
Al finalizar el panel de exposición, se dará curso al debate, recogiéndose impresiones, preguntas, dudas, complementos y aportes de la concurrencia.
A esta actividad está invitada toda la ciudadanía en general. Los organizadores consideran que el problema del maíz, y demás cultivos transgénicos, no interesa sólo a las comunidades campesinas e indígenas que habitan el campo y que sufren los efectos de la contaminación genética, de las aguas y del suelo, además de los efectos sociales como la migración forzosa, el desarraigo y el desempleo, sino que también compete a las personas que viven en las ciudades, porque allí es donde se recoge el producto de la tierra una vez acabado el proceso de producción, y es en las ciudades donde se debe tomar más consciencia sobre lo que una familia está llevando a su mesa.

Libertad de Prensa conversatorio entre periodistas

Presentación

Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos es motivo de gran satisfacción conmemorar el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, abordando un tema crucial para México:
los retos y perspectivas de la cobertura periodística.

Las libertades de expresión y de prensa se han convertido en uno de los
principales temas en la agenda nacional. Para los organismos internacionales
de derechos humanos el respeto a ambas libertades constituye uno de los
temas de mayor preocupación. El Comité de Derechos Humanos de la onu
resaltó en marzo del 2010 la situación que enfrentan las y los periodistas.

Porsu parte, en el ámbito del sistema interamericano, hace un par de semanas
se hizo público el informe anual de la Relatoría sobre Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el balance
acerca de la situación imperante en México es sacudidor y sin duda obliga al
Estado mexicano a tomar medidas y acciones tendientes a mejorar el respeto
y salvaguarda de dos libertades claves para una sociedad democrática.

Los años recientes han sido particularmente violentos para el periodismo
en México. Las y los periodistas se han vuelto especialmente vulnerables
a recibir ataques y agresiones provenientes de diversas latitudes. Tan sólo
en lo que va del año 2010, cuatro periodistas han sido asesinados. Valentín
Valdés, Evaristo Pacheco, Jorge Ochoa y José Luis Romero fueron ejecutados
en entornos de inseguridad y violencia como los que imperan en los
estados de Coahuila, Guerrero y Sinaloa. A la ejecución de periodistas, se
suma la desaparición. A inicios del mes que corre, Ramón Ángeles Zalpa
desapareció en el estado de Michoacán, lo que engrosa a diez el número de
periodistas cuya localización se desconoce desde el año 2000.

Es preciso atender información recabada por organizaciones de la sociedad
civil, como Artículo 19 y cencos, en la que se identifican a personas
vinculadas con el crimen organizado, funcionarias/os estatales y fuerzas de
seguridad como presuntos/as responsables de las agresiones. Ante este escenario
el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad por acción y/u
omisión e investigar los hechos, procesar a las/os presuntos responsables,
juzgarlos y, en su caso, aplicarles las sanciones correspondientes; así como
reparar a las víctimas y sus familiares.

Por tratarse de una función social de primer orden, no es necesario esperar
a que la agresión se presente para que el Estado asuma su responsabilidad
en materia de prevención. Por ello, es crucial dar nacimiento a un mecanismo
nacional de protección para periodistas, defensores y defensoras de
derechos humanos, tal y como lo ha recomendado la Oficina en su informe:
“Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”.

Las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos implican
también la responsabilidad de crear y generar las condiciones para que
todas las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la
libertad de expresión y de prensa. Esto supone la obligación de crear un
marco jurídico capaz de garantizar la pluralidad y diversidad en los medios
de comunicación.

En los últimos años hemos presenciado en México un debate público
interesante en torno a los principios y criterios que deben inspirar la normatividad
que regula a los medios de comunicación. Toda legislación en
la materia debe tener como uno de sus objetivos centrales el respeto al
derecho a la libertad de expresión, el acceso de todas las personas a los medios
de comunicación sin ningún tipo de restricción (especialmente a las
radios indígenas y comunitarias); la perspectiva de género, teniendo como
principio la igualdad entre las mujeres y los hombres sin discriminación de
ninguna índole y bajo ninguna circunstancia; así como la pluralidad y libre
competencia de los medios de comunicación que evite la concentración
del espectro radioeléctrico.

En este sentido, nuestra Oficina lamenta que el Estado haya perdido
una vez más la oportunidad de generar una reforma integral a la legislación
de medios, que ofrezca certezas y garantice el derecho a la libertad de expresión
y a la libertad de prensa.

Hacemos un especial señalamiento a la persecución legal de la expresión.
Si bien es cierto que a nivel federal se han dado pasos importantes
para de-criminalizar la libertad de expresión, derogando los así denominados
“delitos contra el honor” (difamación, calumnias e injurias), aún hay
estados que mantienen vigentes algunos de los citados tipos penales. Por
ello es necesario realizar con prontitud las reformas locales para que desaparezcan
los delitos contra el honor, tal y como lo refiere el Comité de
Derechos Humanos en sus conclusiones sobre México.

Frente a la despenalización de la libertad de prensa ha surgido un nuevo
reto: el relativo a los efectos que la responsabilidad derivada de demandas
civiles puede tener sobre la libertad de expresión. Casos como los de la revista
“Contralínea” o las demandas que enfrentan otras personas dedicadas
al periodismo dan muestra de cómo el acoso judicial se ha convertido en
obstáculo para que los medios y las y los periodistas satisfagan el derecho
de la sociedad a estar informada.

Finalmente, quiero señalar que mientras algunas violaciones a las libertades
de expresión y de prensa han merecido una relativa atención pública, las
restricciones indirectas a los medios de comunicación permanecen en la mayoría
de los casos invisibilizadas. En particular, para nuestra Oficina genera
una profunda preocupación la asignación o el retiro de la publicidad oficial
como mecanismo de premio o castigo ante la línea editorial de los medios.

El uso abusivo y arbitrario que pueden llegar a realizar los gobiernos
para asegurar o condicionar coberturas favorables e inhibir la crítica, junto
con la manipulación en la asignación de la publicidad oficial, puede socavar
la independencia de los medios y minar las libertades de expresión y prensa.
Ante ello es preciso que el Estado mexicano impulse la adopción de
una normatividad que establezca procesos de contratación en la publicidad
oficial claros, justos, imparciales y no discriminatorios.

Ante este escenario es necesario recalcar que los obstáculos a la libertad
de prensa y de expresión inciden en el derecho a la información plural que
tiene nuestra sociedad y son libertades sustanciales para tener un Estado
democrático.

Alberto Brunori,
Representante en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(octubre 2008-junio 2010)

Tira TEPJF las elecciones municipales en San Juan Chamula, Chiapas

Posted by Mandujano in martes, octubre 26, 2010

Xalapa, Veracruz, a 26 de octubre de 2010

40/2010

Ordena Sala Xalapa elecciones extraordinarias en San Juan Chamula, Chiapas

· Decreta recuento de votos en 32 casillas relacionadas con la elección municipal de Fortín de las Flores, Veracruz

La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección municipal de San Juan Chamula, Chiapas, y ordenó al Congreso local y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) realizar las acciones necesarias para celebrar comicios extraordinarios en el citado municipio.

Las Magistradas de la Sala Xalapa consideraron fundados los agravios presentados por la coalición “Unidad por Chiapas” en contra de la resolución que Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa (TJEA) de esa entidad, que confirmó el triunfo a la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Unidad por Chiapas” argumentó falta de congruencia, de exhaustividad y de fundamentación en la sentencia del TJEA, en la que se desestimó analizar las irregularidades acontecidas en 41 casillas y decretar con ello la nulidad de la elección.

Entre las irregularidades demostradas estuvieron la inexistencia de boletas electorales suficientes para cubrir el total de electores en posibilidad de votar conforme a las listas nominales de diversas casillas, casillas en las que se registraron más votos que votantes; dos casillas en las cuales, a pesar de instalarse, no se recibió votación alguna por ausencia absoluta de boletas.

Además, la coalición demostró la quema de documentación electoral y un indebido manejo de documentación oficial por parte de la autoridad administrativa electoral, así como una acusación en contra de un funcionario del IEPC que intentó introducir boletas en una urna.

Por lo anterior y dado que se comprobaron irregularidades en el 42 por ciento de las casillas, y con ello, se vulneró la objetividad, legalidad y certeza de los resultados de la elección, el pleno de la Sala Xalapa revocó la sentencia del Tribunal local y decretó la nulidad de la elección en el municipio de San Juan Chamula.

Xalapa-Enríquez, Ver., 26 de octubre de 2010.

Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Regional Xalapa correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, celebrada en la Sala de Plenos de la propia institución en esta ciudad.

Secretario Carlos Antonio Neri Carrillo, dé cuenta con el proyecto de la ponencia a cargo de la Magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle, por favor.

S.E.C. Carlos Antonio Neri Carrillo: Con su autorización Magistrada Presidenta, señoras magistradas.

Doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 119 de este año promovido por la coalición “Unidad por Chiapas”, en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad promovido para impugnar los resultados y la declaración de validez de la elección de integrantes del ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas.

Conforme a dicha sentencia se confirmó el triunfo del Partido Revolucionario Institucional en dicha elección. Al respecto la actora aduce como agravio principal la falta de congruencia exhaustividad, motivación y fundamentación de la sentencia reclamada, pues en ella se desestimó la configuración de la causal genérica de nulidad de la elección controvertida, sólo con base en consideraciones en abstracto, esto es, sin analizar los hechos concretos acontecidos en 41 casillas objetadas, ya sea hechos relativos a la falta de boletas suficientes en casillas, a casillas en que no fue posible la recepción de la votación aún cuando fueron instaladas o bien a la existencia de un mayor número de boletas que de electores.

El planteamiento se considera fundado y suficiente para revocar la sentencia impugnada. Ello es así, pues de la lectura de tal resolución e aprecia que, en efecto, la responsable omitió realizar un análisis conjunto de todo lo alegado por el actor, así como de los elementos probatorios por el allegados al proceso, para evidenciar violaciones generalizadas y trascendentes en el resultado de la elección.

Por tanto, como se expone en el proyecto, se procede en plenitud de jurisdicción al estudio de las razones expuestas por la coalición actora en el juicio precedente.

En ese sentido la demandante asegura que la causal invocada de nulidad de la elección se presenta, además de acreditarse su determinancia para el resultado de la misma, si se toman en cuenta de manera conjunta las siguientes irregularidades: inexistencia de boletas electorales suficientes para cubrir el total de electores en posibilidad de votar conforme a las listas nominales de diversas casillas, casillas en las que se registraron más votos que votantes; dos casillas en las cuales, a pesar de instalarse, no se recibió votación alguna por ausencia absoluta de boletas.

Quema de documentación electoral e indebido manejo de documentación oficial, por parte de la autoridad administrativa electoral. Acusación en contra de un funcionario del Instituto de Elección y Participación Ciudadana de Chiapas que intentó introducir boletas en una urna.

Las anteriores irregularidades se tuvieron por demostradas con base en lo siguiente: Lo acontecido en 23 casillas en las que hicieron faltas boletas, quedó evidenciado a partir de la información consignada en las actas de incidentes y actas de jornada electoral, en las que se hicieron constar los cierres anticipados de casillas o la interrupción de la votación por la falta de boletas.

El contenido de tales actas fue adminiculado con los datos arrojados por las listas nominales de electores, en cuanto al número de ciudadanos que votaron y que dejaron de votar, y las actas de escrutinio y cómputo en casilla, o bien, el acta de sesión de cómputo municipal, respecto a la votación emitida en cada casilla.

Así, la falta de un alto número de boletas en varias casillas pone en duda los resultados de la votación en ellas captada y, desde luego, atenta contra los principios certeza, objetividad y legalidad, rectores en la materia, ya que no puede asegurarse que tales resultados serán los mismos en caso de no haber ocurrido esa carencia de papeletas, situación impeditiva del sufragio aunado al anterior en dos casillas más instaladas en el municipio de San Juan Chamula, no fue posible recibir la votación ante la falta de boletas, irregularidad grave que privó del ejercicio del voto a los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores de la sección electoral 357, de dicho municipio, cuya cantidad total asciende a 886 ciudadanos, los cuales sumados a los electores que no pudieron votar en las mencionadas 23 casillas, hace un total de seis mil 502 cantidad superior a la diferencia entre primer y segundo lugar de la elección, la cual fue de dos mil 281.

En adición a tales irregularidades, la coalición actora aportó elementos suficientes para probar de manera indiciaria la indebida intervención de al menos un servidor público del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas en la casilla 363 básica, intentando alterar la votación contenida en la urna, situación que originó la suspensión de la votación.

Asimismo, se acreditó la quema de boletas en un lugar del municipio de Chamula, llamado Yutniotik. Situación a permite suponer un debido resguardo y control de la documentación comicial, por parte de la autoridad administrativa electoral, ya que las referidas boletas, evidentemente, no fueron entregadas a las casillas donde debieron ser usadas para convertirse en votos, o bien, pudieron tratarse de boletas utilizadas por electores, pero extraídas de alguna urna.

Razones por las cuales ese hallazgo sigue para demostrar una afectación real y trascendente a los resultados de la elección objeto de reclamo.

Por último, también se probó que, en cuando menos, 11 casillas se registró una votación atípica, pues el número de votos emitidos y, por tanto, de boletas utilizadas superó el total de electores inscritos en la respectiva lista nominal, o el total de electores que sufragaron conforme al mismo listado. De manera que, la diferencia entre estos rubros autoriza suponer una alteración de los resultados, en virtud a que no encuentra justificación un mayor número de votos, que de votantes.

Por lo tanto, los hechos aducidos por la Coalición “Unidad Por Chiapas” son suficientes para incidir en los comicios municipales materia de reclamo, dado que la actora demostró la capacidad de tales irregularidades para afectar la votación emitida en, por lo menos, el 42 por ciento de las casillas instaladas en Chamula y, por ende, la objetividad, legalidad y certeza en los resultados de la elección. O bien, su trascendencia determinante como para revertirlos, al no haber votado todos los ciudadanos con derecho a hacerlo.

Por consiguiente, acreditada la existencia de violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes que afectan gravemente los principios de legalidad, certeza y objetividad, por la situación de incertidumbre que se generó, en términos de la legislación del estado de Chiapas, se propone decretar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Chamula, Chiapas.

Es la cuenta, señores magistrados.

Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla: Gracias. Magistradas, está a su consideración el proyecto de la cuenta.

Al no haber intervención. Secretario, por favor, tome la votación.

Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruiz Villegas: Con su autorización, Magistrada Presidente.

Magistrada Yolli García Alvarez.

Magistrada Yolli García Alvarez: Conforme con el proyecto.

Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruíz Villegas: Gracias, Magistrada.

Magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle, ponente en el asunto de cuenta.

Magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle: En favor del proyecto.

Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruiz Villegas: Gracias Magistrada.

Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla.

Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla: Conforme con el proyecto.

Secretario General de Acuerdos, Víctor Ruiz Villegas: Gracias Magistrada.

Magistrada Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Magistrada Presidente Claudia Pastor Badilla: Gracias.

En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 119 se revoca la resolución impugnada, se declara la nulidad de la elección de los miembros del ayuntamiento de Chamula, Chiapas; se revoca la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancias de mayoría respectiva y se ordena al Congreso del Estado de Chiapas y al Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana, de dicha entidad, que en el ámbito de sus respectivas competencias tome las medidas necesarias para la celebración de elecciones extraordinarias en el ayuntamiento referido en los términos de la legislación aplicable.

Una vez emitida la convocatoria el mencionado Instituto deberá informar a esta Sala Regional en un plazo de tres días contados a partir de su emisión.

Al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos listados se da por concluida la sesión.

Buenos días.

Astillero

Operación Cocoa

Cargada PAN-gobierno

Hermana (casi) candidata

Familia contra Familia

Julio Hernández López

Familiares y amigos velan los restos de los hermanos Sotero e Ismael Reyes Ricario, quienes murieron acribillados durante una fiesta el viernes pasado en Ciudad JuárezFoto Reuters
El ejecutivo hermano de Luisa María Calderón Hinojosa, llamada Cocoa, no ha tenido cuidado en evitar que parezca motivada por aspiraciones panistas y fraternas la peculiar campaña federal contra el narcotráfico en Michoacán (y, por sus presuntas vinculaciones, contra la estructura local dominante, la del perredismo-cardenista).

Por el contrario, el hermano Felipe ha tomado su entidad natal como plataforma de lanzamiento de sus proyectos guerreros: apenas 11 días después de haber tomado posesión, el 11 de diciembre de 2006, anunció con aires de improvisación la Operación Conjunta Michoacán, que con cinco mil soldados sería el arranque de la pesadilla de sangre y violaciones a los derechos humanos que se ha vivido hasta hoy en todo el país, y en Apatzingán apareció el 3 de enero de 2007 vistiendo una holgada casaca militar y una gorra con las estrellas de su máximo mando formal, en un muy caricaturizado intento indumentario de mostrar poder y autoridad a partir de las armas.

Ese planteamiento de riguroso combate al narcotráfico en una entidad marcadamente perredista, mientras en otras entidades se mantenía una laxitud que ha sido incapaz de tocar a personajes locales de primer nivel, desembocó en la máxima apuesta felipista de castigo a políticos supuestamente metidos en el negocio de las drogas, el llamado Michoacanazo que el 26 de mayo de 2009 inició una escandalosa recolección con destino carcelario de presidentes municipales y funcionarios estatales que, sometidos a proceso en 35 casos, acabaron siendo liberados sin demostración jurídica de culpabilidad en 34, lo cual ha sido tomado como inequívoca demostración de que el calderonismo retorció mecanismos judiciales para dar golpes políticos pensados en términos electorales.

También ha dado pie a que la estructura perredista de gobierno haya ido subiendo de tono su rechazo y crítica al calderonismo, al grado de pelear los ámbitos estatal y federal por el uso del micrófono en ceremonias históricas o de hacerle escuchar al jefe de Los Pinos discursos de clara descalificación, como el que pronunció el diputado local perredista Raúl Morón este viernes 22, denunciando la “politización de la justicia” (léase en http://bit.ly/aya7e9 la nota de Alonso Urrutia en La Jornada), al que Calderón respondió allí mismo valiéndose de José María Morelos, el que no habría pactado nunca con el “enemigo”, y agregando más tarde, ya en reunión en zona más propicia, con la organización patronal llamada Coparmex, y muy motivado por la presencia de su “querido” amigo, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que hay gobernadores –sin mencionar a Leonel Godoy– que ante las evidencias del narcotráfico actúan como en la canción interpretada por Pedro Infante, agachándose y yéndose de lado.

El ostentoso acento federal en contra del tráfico de drogas en Michoacán ha tenido como más reciente protagonista al políticamente indefendible Julio César Godoy, medio hermano del gobernador del estado, en una especie de obsesión judicial que plausible sería si tuviera como objetivo el castigo fundado de políticos relacionados con el narcotráfico que en Michoacán abundan desde que Lázaro Cárdenas júnior permitió la consolidación de ese imperio. Pero los últimos forcejeos del licenciado Felipe con sus paisanos pertenecientes al sol azteca han tenido como desenlace la opacada pretensión de destapar de manera multitudinaria a la hermana Luisa María, llamada Cocoa, como una especie de candidata oficial al gobierno de Michoacán.

Este sábado reciente, en una comida masiva en la hacienda Tzintzimeo, ubicada en la carretera Morelia-Zinapécuaro, se produjo una “cargada” oficial digna de los mejores momentos del PRI-gobierno. Centenares de líderes panistas de los municipios y las regiones, legisladores locales y federales, dos gobernadores (los de Morelos y Guanajuato) y tres secretarios de Estado (los de Salud, el Medio Ambiente y la Economía) en torno a quien fue presentada por el maestro de ceremonias como “futura gobernadora de Michoacán” y a quien los presentes halagaban coreando “Cocoa/gobernadora”.

Llama la atención la presencia de personajes relacionados con la ultraderecha y El Yunque, como Marco Antonio Adame, con más méritos que muchos otros políticos para ser tratado con rigor judicial en asuntos de narcotráfico en el Morelos asiento de capos, y Juan Manuel Oliva, del Guanajuato de un Yunque dividido pero reconciliable.

El programado festejo feliz del cumpleaños 54 de Cocoa convertido en destape (La Familia panista contra La Familia perredista) tuvo, sin embargo, una nota luctuosa accidental.
El diputado local priísta Eduardo Villaseñor (hijo del ex gobernador del mismo nombre, muerto también en un accidente de tránsito), fue atropellado por un tráiler cuando salía de la comida de Cocoa y cruzaba la carretera, casi a la misma hora que era asesinado un coordinador de la policía estatal en otra vía de alta velocidad. La muerte del priísta precipitó el final de la comida e incluso impidió saber si, como se rumoraba en la reunión, estaría por llegar el hermano Felipe para apuntalar a la hermana Cocoa.

Una nota de El Sol de Morelia señaló que “La gran cantidad de elementos del Ejército Mexicano, del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal hizo pensar que en cualquier momento el presidente Felipe Calderón Hinojosa se sumaría a la lista de los mil 500 invitados, sin embargo no fue así”. Operación Cocoa.

Y, mientras se han dado dos reapariciones polémicas en torno a Roberto Gil, el diputado federal que fue subsecretario de Gobernación, regresó a San Lázaro y ahora es mencionado como el “caballo negro” de Calderón para presidir el PAN, con Germán Martínez diciendo que Gil tejería el “poscalderonismo” y Fernando Gómez Mont anunciando que podría regresar al blanquiazul si el mencionado legislador queda como dirigente del partido que formalmente está en el poder, ¡hasta mañana, con la nueva masacre de jóvenes en Ciudad Juárez y con la violencia en aumento en cada vez más lugares!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://twitter.com/julioastillero

Temen posible desalojo de la OPDDIC en Agua Azul, Chiapas

Posted by Mandujano in domingo, octubre 24, 2010

A las organizaciones Independiente, Nacional e Internacional de AC.
A las compañeras y compañeros Adherentes de la otra campaña y la sexta declaración de la selva Lacandona
A los Centros de derechos humanos Nacional e Internacional
A la Org. Interamericana de Derechos Humanos EE.UU. DC.
A la Org. De las Naciones Unidas ONU
A las juntas del bueno Gobierno de Morelia y los altos

Por este medio y, de la manera mas atenta, Nos dirigimos ustedes como organismos no gubernamentales. Todas la anomalías que está aconteciendo en este Ejido Jotolá, Chilón, Chis

1.- Denunciamos al C. Jeronimo Demeza Hernandez, sobre nombre (Boj Ch´um) juntamente con la org. OPDDIC grupo paramilitar por la participación de querer sacar a los presos de la familia Cruces, actualmente recluidos en el Cereso de Ocosingo. Haciendo tramites de amparos a los verdaderos delincuentes y haciéndose complices del delito acontecido anteriormente.

2. Se sabe que están prefabricando delitos mediante demandas en contra de la compañera Rosa Díaz Gómez y a Cándido Cruz Gómez, Abogando al C. Jerónimo Demeza Hernández juntamente con las señoras Eva Guzmán Hernández, María Pérez Álvarez, Ofelia Cruz Guzmán, María Elena López Gómez;

La demanda que están haciendo se basan mediante la denuncia falsa, fechado el día 13de abril de 2010. A donde firman las siguientes personas. Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Domingo Guzmán Pérez, presidente Yip jlumaltic, Pascual Sánchez Pérez, comisariado Leandro Hernández Toledo, presidente de ARIC Unión de Uniones, Jerónimo Moreno Hernández consejo de vigilancia, estamparon sus firmas y sellaron dicho documento faltar por analizar y verificar ante la autoridad competente. Todos son falsos lo que plasman en la denuncia.

3. Denunciamos al C. Agustín Hernández Sántiz, por estar involucrando a personas ajenas, autoridades ejidales ayuntamiento y la Delegación de gobierno de Chilón. Para un despojo de nuestra tierra que se adquirió por via subsidiaria. Hacemos mención a Carmen Aguilar Gómez I y Francisco Guzmán comisariado del Ejido Bachajón sobre nombre (el Goyito).

Todas estas personas se están organizando para un desalojo en la caseta de cobro en Agua Azul que actualmente los compañeros de la organización e la otra campaña están administrando.

Grupo de minoría de la org. OPDDIC amenazan por querer cerrarnos los registros de agua que conduce en líneas de tuberías de los compañeros. Nosotros estamos trabajando en la reparación de los daños que acontece los fenómenos, lluvias, derrumbes.

No queremos mas humillaciones intimidaciones por parte de estos grupos y autoridades antes citados.

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!

¡Zapata vive la lucha sigue!

EJIDO JOTOLA ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA