· El CDHM/Tlachinollan ha documentado, en 11 meses, más de 500 casos de violencia contra las mujeres.
· El caso de una menor de 7 años que fue violada sexualmente, en riesgo de quedar impune por ineficacia de las autoridades
· Las sentencias de la CoIDH en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo todavía no son acatadas por el Estado mexicano
Tlapa de Comonfort, a 24 de noviembre de 2010- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la montaña de Guerrero los derechos de las mujeres son violados de manera flagrante. La pobreza ancestral que padecen, la violencia doméstica que sufren a diario, la indolencia de las autoridades encargadas de investigar sus casos y de hacer justicia, son hechos que hacen de la vida de la mujer un martirio que parece interminable.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado más de 500 casos de violencia contra las mujeres de enero a noviembre de este año que muestran claramente la violencia que día a día sufren las mujeres indígenas. De estos 500 casos, el 50 por ciento se refiere a casos de violencia doméstica; el 25 por ciento a casos de discriminación por parte de autoridades, el 15 por ciento se refiere a falta de debida diligencia por parte de autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y el 10 por ciento son casos de agresión sexual. Los casos documentados, son de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Cochopa el Grande, Malinaltepec, Atlamalcingo del Monte, Acatepec, Tlacoapa, Cualác, Olinalá, Huamuxtitlán, Atlixtác y Copanatoyac.
Más allá de las cifras, hay una miríada de casos concretos en los que la violación de derechos humanos que sufren las mujeres es muy patente. A pesar de que el derecho internacional ha recogido en diversos instrumentos los derechos de las mujeres, así como la obligación de los estados de respetarlos, la realidad contrasta con el marco normativo y con las dependencias que debieran proteger a la mujer.
Lo que sufrió una menor de tan solo 7 años, que fue violada sexualmente en Tlapa de Comonfort el 9 de noviembre de este año, es un caso emblemático de la ineficacia y corrupción de las autoridades. A pesar de que sus progenitores denunciaron la violación que sufrió, la Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales del sexo femenino, con argucias legales insostenibles, favoreció los intereses del inculpado con graves perjuicios para la menor. A pesar de que existían pruebas contundentes de violación consumada, clasificó el delito en grado de tentativa como quedó consignado en el expediente 216-2010-II. El centro de Derechos Humanos Tlachinollan solicitó al Juez la reclasificación del delito y, dado el grado, de las pruebas este terminó accediendo.
Este caso muestra el poco compromiso, la ineficacia, la corrupción y la falta de una perspectiva de género en los funcionarios que procuran y administran justicia, así como la impunidad que gozan a pesar de cometer flagrantes faltas en su trabajo. De nada sirven los estándares internacionales, si las autoridades de nuestro estado carecen de una perspectiva de género, discriminan, estereotipan el rol inferior de las mujeres y vulneran lo que establecen los tratados internacionales y las leyes de nuestros que protegen los derechos de las mujeres.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido el 25 de noviembre por la Asamblea General de Naciones Unidas, los institutos, secretarías, direcciones y fiscalías permanecen impasibles ante la vorágine de casos de violencia. Cuando el Estado mexicano es acusado por una mujer de haber violado sus derechos, estas dependencias cumplen la función de justificar las violaciones y de elaborar informes, haciendo análisis jurídicos que niegan las imputaciones que hacen las víctimas.
En este sentido, son igualmente significativas las sentencias que recientemente emitió La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, donde quedó al descubierto la ineficacia de las autoridades que procuran justicia, así como la falta de debida diligencia en que incurrieron las autoridades encargadas de las investigaciones.
A pesar de que estas omisiones hicieron más lacerante durante años el sufrimiento de las víctimas, todos los poderes del Estado mexicano han hecho causa común para evitar que se haga justicia a las mujeres cuyos derechos fueron vulnerados por las autoridades: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mostrado reticencias para considerar la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH. El poder legislativo ha sucumbido ante las presiones de los mandos militares y se aprestan aprobar una reforma al Código de Justicia Militar que no solucionaría el problema de impunidad de los que han sido y son víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares. El Estado todavía no ha sido capaz siquiera de dar las indemnizaciones a las víctimas.
Por todo lo anterior, como CDHM/Tlachinollan solicitamos a las autoridades:
1.- Cumplir con los tratados internacionales y las leyes que protegen los derechos de la mujer.
2.- Acatar las recomendaciones de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que debe existir un acceso pleno a una adecuada protección judicial, garantizar la debida diligencia a fin de que los casos de violencia por razón de genero sean investigados de manera oportuna, completa e imparcial y un compromiso del estado por abatir la impunidad.
3.- Cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
4.- Sancionar de manera efectiva a los funcionarios que hayan incurrido en falta de debida diligencia, que hayan negado el acceso a un recurso judicial y que haya incurrido en acto de violencia contra las mujeres.
