En primer lugar, se temía que la venta de las parcelas ejidales pudiese conducir a la reconcentración de tierras. Aunque la nueva ley prohibía de manera expresa los latifundios, al mismo tiempo permitía potencialmente que compañías privadas de por lo menos veinticinco individuos poseyeran haciendas de hasta dos mil quinientas hectáreas de tierras irrigadas, cinco mil hectáreas en el caso de tierras de temporal, diez mil hectáreas de tierras para pastura o veinte mil hectáreas de tierra arbolada. Una compañía compuesta por veinticinco ganaderos podía poseer fácilmente un área equivalente a doce mil quinientas hectáreas.
No obstante, para que las tierras ejidales fueran accesibles para los propietarios privados, la asamblea de miembros del ejido debería aprobar la medida por una mayoría de dos tercios. El control y la manipulación de las asambleas, ya tradicionales, podía conducir a que se forzaran los votos a favor de la privatización. En Chiapas, la posibilidad de una nueva concentración de la tierra existe a causa de las asociaciones ganaderas políticas poderosos, que representan a más de doce mil ganaderos organizados en sesenta asociaciones locales. Los ganaderos aplaudieron las reformas al artículo 27, argumentando que la mayor seguridad en la tenencia de la tierra atraería a los inversionistas extranjeros que desearan crear plantas procesadoras de carne en la región. En ese contexto debe entenderse la competencia por la tierra con los campesinos indígenas.
En segundo lugar, el uso de la tierra como garantía o en asociaciones con inversionistas privados entrañaba el riesgo de que se llevara a juicios hipotecarios y a la perdida de los derechos sobre la tierra. La exclusión real de gran parte del sector social en lo que toca a las fuentes tradicionales de crédito podían influir en que los ejidatarios dieran sus tierras como garantía. Las mujeres se veían colocadas en una situación aun mas riesgosa, pues la cabeza masculina del hogar podía decidir unilateralmente como se disponía de lo que era patrimonio de la familia. El único derecho especial con que contaban las mujeres era el de tener la primera opción de compra de las tierras ejidales que su esposos decidieran vender. En Chiapas es posible que los ejidatarios más ricos puedan concentrar tierras dentro de las comunidades como resultado de los embargos hipotecarios.
En tercer lugar, se teme que la mayoría de las peticiones de tierra no resueltas (el llamado rezago agrario) simplemente sean rechazadas. Varias organizaciones sostienen que no es cierto que ya no haya más tierras que repartir como dice el gobierno. Algunas han demandado que se investigue las fincas privadas que supuestamente exceden los límites legales. Es significativo que esa demanda fuese adoptada por el movimiento campesino y reafirmada a la luz de la rebelión zapatista. De hecho, en vez de proceder a la inmediata expropiación y redistribución de las propiedades que rebasan esos límites, la nueva ley concedió a los propietarios un año para vender sus propiedades excedentes. El final de la reforma agraria en Chiapas y en otros estados ha cancelado también la esperanza de miles de campesinos de tener un pedazo de tierra. Al respecto, debemos distinguir entre los efectos directamente cuantificables en términos de adquisiciones de tierras, y aquellos que obran más bien al nivel de las esperanzas, los deseos y los temores. Parece evidente que al final de la reforma agrarias constituyo un rompimiento simbólico con el pasado, pero se trato de un rompimiento que no ofrecía garantías de un futuro mejor.
GRANOS BASICOS Y LIBERACION DEL MERCADO
Otra de las reformas institucionales tuvo que ver con la reestructuración de la intervención del estado en apoyo a la producción y comercialización de granos básicos. Como sucede con el café, Chiapas es el mayor productor de maíz de México. El proceso de reforma comenzó con la crisis de la deuda en 1982. Bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, los subsidios gubernamentales al sector agrícola disminuyeron un promedio de 13 por ciento por año, después de haber aumentado 12.5 por ciento por año durante los setenta. Los productores de maíz enfrentaron mayores costos en los insumos y un descenso del crédito. Para 1987 el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) proporciono crédito solo a 37 por ciento del área dedicada al cultivo de sorgo y 43 por ciento en el caso del frijol. En cambio, financio 52 por ciento del área cultivada de soya y 49 por ciento del cultivo de sorgo. La devaluación del peso hizo más costosos los insumos, pero los precios de garantía –que aumentaron más o menos de acuerdo con la inflación protegieron en parte a los productores entre 1983 y 1986-. Sin embargo, para poder pagar sus deudas, la mayoría de los pequeños productores tuvo que vender sus cultivos inmediatamente después de cosecharlos. Con una inflación de 100 por ciento y precios oficiales que solo se ajustaron dos veces en un año, en la práctica eso significaba que los productores se veían forzados a vender 20 o 30 por ciento por debajo del valor real. Fue esa situación la que llevo a os productores a protestar en varios estados entre 1984 y 1986, pero principalmente en Chihuahua, Nayarit y Chiapas.
Esta situación comenzó a deteriorarse con la firma del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE) en diciembre de 1987, diseñado primordialmente para controlar la inflación que alcanzo casi 200 por ciento en 1987. Las varias renovaciones del Pacto tenían por objeto controlar los salarios y los precios, así como limitar devaluaciones ulteriores del peso. Aunque la inflación se redujo a menos de 20 por ciento en 1991, el sector agrícola sufrió desproporcionadamente. El valor real de los precios de garantía del maíz tuvo un desfase con respecto a la tasa de incremento de los costos de los insumos. El resultado fue que la proporción de productores de maíz que operaba con perdidas aumentó de 43 por ciento en 1987 a 65 por ciento en 1988.
En Chiapas, el retiro del apoyo estatal tuvo un efecto negativo no solo en la producción y la productividad, sino en el ambiente. En la Selva Lacandona muchos campesinos, sin poder capitalizar su producción, continuaron talando tierras boscosas con propósitos de subsistencia. Los suelos tropicales son notoriamente impropios para la agricultura sustentable una vez que se ha destruido la biomasa. La tierra se conserva bien tres o cuatro cosechas antes de convertirse e pastizales, dando lugar al inicio de un nuevo ciclo de deforestación. Así, aunque el área dedicada al cultivo de maíz en Chiapas aumento en 20.6 por ciento entre 1982 y 1987 (de 600 374 a 795 053 hectáreas), el volumen de este cultivo en el mismo periodo cayó en 19.6 por ciento (de 1.5 millones a 1.25 millones de toneladas). La misma tendencia se observo con el frijol: el área dedicada a su cultivo aumento en 10 por ciento, pero el volumen de la producción cayó en 18 por ciento. El café presento un ligero aumento en el volumen de su producción, lo cual quizás pueda explicarse tomando en cuenta el desempeño de las grandes plantaciones.
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