En 1989, el gobierno de Salinas de Gortari acelero esas tendencias con una serie de reformas institucionales, que también estuvieron relacionadas estrechamente con las directivas del Banco Mundial para la agricultura mexicana. Ese banco condiciono el desembolso de nuevos préstamos de ajuste estructural a una revisión radical del sector agrícola, con la recomendación de privatizar las empresas propiedad del estado y de eliminar gradualmente los apoyos a los precios y otros subsidios en los insumos.
El nuevo discurso sobre la construcción de consensos, o “concertación”, en principio fue bien visto por las organizaciones campesinas que llevan años quejándose de las demoras burocráticas y de la manipulación política. Sin embargo, las reformas no fueron acompañadas por el tipo de apoyo financiero ni de comercialización que se requería para reactivar la economía rural. En cambio, en la mayoría de los casos, tales reformas fueron simplemente medios para abandonar a su suerte a los productores en pequeño- eso sí, todo dentro de discurso de las responsabilidades y la concertación.
La transición al libre mercado en el México rural estuvo regida por decisiones macroeconómicas muy alejadas de la realidad de los campesinos. Hacia finales de 1989, era evidente que el futuro del sector agrícola estaría subordinado a los objetivos económicos del gobierno de Salinas: la reducción de la inflación a través del control de los precios y los salarios, la privatización de las empresas estatales y la liberalización del comercio.
Después de 1989 solo el maíz y el frijol continuaron gozando de un precio de garantía. En os casos de otros granos, como el sorgo, la soya, el arroz, el trigo y cártamo, se sustituyeron los precios de garantía por un nuevo esquema en el que los precios son fijados mediante negociaciones entre el gobierno, los productores y los compradores. Pero este nuevo esquema se implanto a ismo tiempo que dejaron de exigirse permisos de importación, lo cual tuvo efectos catastróficos para muchos ejidatarios. En 1990, por ejemplo, miles de productores de soya y sorgo en Sonora, Guanajuato y Tamaulipas se vieron imposibilitados de vender su cosecha debido a la repentina llegada de granos más baratos provenientes de Estados Unidos.
La relativa protección a la producción de maíz y frijol se subordino finalmente a los imperativos del libre mercado. A pesar de la oposición de todas las organizaciones campesinas nacionales, los dos cultivos se incluyeron en las negociaciones del TLC. Reconociendo que en la nueva área de libre comercio el maíz y el frijol son “cultivos sensibles”, el Tratado de Libre Comercio otorga quince años para eliminar por etapas los aranceles y las cuotas de importación. Los fundamentos del TLC parten de que cada país debería producir bienes y servicios en los cuales pueda tener ventajas comparativas. Ese argumento implica que más de dos millones de pequeños productores en México no podrán sobrevivir como productores de maíz. En México, los rendimientos promedio son de 1.7 toneladas por hectárea, en comparación de las 6.9 toneladas que se producen en Estados Unidos. Las disparidades en términos de desarrollo tecnológicos también sitian a los productores mexicanos en gran desventaja. Esos puntos no se les escaparon a los zapatistas, quienes sincronizaron su rebelión con la entrada en vigor del TLC, el 1° d enero de 1994.
Para determinar cuántos productores de maíz perderían a causa de TLC, el punto crucial seria la fijación de nuevos mecanismos de precios. Con el TLC, el gobierno mexicano decidió que los precios de garantía tendrían que eliminarse por etapas, permitiendo que el precio internacional se impusiera gradualmente. Después de varios meses de debate, Salinas anuncio en octubre de 1993 el Programa Nacional de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), descrito por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos como “un nuevo programa de apoyo para el sector campesino mexicano”. No de los rasgos característicos de PROCAMPO era que incluía a 2.2 millones de agricultores que producían únicamente para la subsistencia de sus familias y que habían carecido del apoyo oficial, en especial del crédito.
A primera vista parecía que los campesinos de Los Altos y de la Selva Lacandona esperaban ganar con PROCAMPO. Se trata de zonas deficitarias en maíz, y la baja de los precios de este grano teóricamente debía conducir a una reducción del hambre, especialmente en los Altos, donde los rendimientos pueden no pasar de 0.5 toneladas por hectáreas.
En cambio, los grupos afectados de manera más negativa parecían ser los ejidos pequeños y medianos en la Frailesca y en el Valle Grijalva, que dependen de la venta de maíz, pues esta es una parte importante de su ingreso.
Por su parte, el subsidio de PROCAMPO generalmente era visto como un paliativo. Los pagos simplemente eran utilizados para cubrir cualquiera de las varias necesidades urgentes – como mida, vestido o atención medica- en vez de brindar un estimulo a la producción. De esa manera el subsidio tendía a encontrar su camino de regreso a las manos de los comerciantes locales y de los intermediarios privados, que a su vez controlaban los precios y la comercialización de los productos básicos. En síntesis, sin cambios políticos, la nueva política de precios habría de beneficiar más a los comerciantes que a los productores o los consumidores rurales.
EL RESURGIMIENTO DE LA LUCHA POR LA TIERRA
La rebelión Zapatista tuvo efecto de reanimar los movimientos campesinos independientes en Chiapas. La formación, a finales de enero de 1994, del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) dio lugar a un periodo de movilización campesina que involucro a por lo menos ocho mil solicitantes de tierras de once organizaciones. Durante los primeros seis meses de 1994 fueron invadidos trescientos cuarenta predios privados que abarcan más de cincuenta mil hectáreas.
En algunos casos hubo confrontaciones violentas y en marzo fue asesinado un dirigente del CEOIC, Mariano López. La OCEZ-CNPA invadió más de cuatro mil hectáreas en los municipios de la Independencia y la Trinitaria. Recordaron a su fundador al nombrar los predios “Arturo Albores”, “Albores de Zapata” y “6 de Marzo”.
Debido a la gravedad de la crisis política que ya se vivía en Chiapas, el gobierno del estado llamo a los dirigentes del CEOIC y de las asociaciones ganaderas para negociar. El 14 de abril, el gobernador Javier López Moreno firmo un acuerdo con ambas partes en que prometía investigar caso por caso las demandas de cada grupo de solicitantes. Mientras tanto se suspendería los desalojos de aquellos predios invadidos antes del 14 de abril. Por su parte, El CEOIC acepto no promover más invasiones. El gobierno también ofreció una indemnización mensual de cuarenta y cinco nuevos pesos (en esa época el equivalente a unos trece dólares) por cada hectárea invadida. Evidentemente esa compensación favorecía a los grandes propietarios. Por ejemplo, las propiedades de trescientas hectáreas fueron indemnizadas con un pago equivalente a 3 900 dólares mensuales durante el tiempo en que se mantuvieron las invasiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario